Fulvia Márquez

Es importante reconocer la difícil situación que está viviendo Colombia por la grave crisis humanitaria y de violación de los derechos humanos de los colombianos y las colombianas a raíz del paro nacional convocado por las organizaciones sociales, sindicales, juveniles, estudiantiles y de mujeres, desde el 28 de abril, y que ha continuado de manera indefinida.  Asistimos al levantamiento de un pueblo que marcha unido en una sola voz, demandando justicia, equidad y paz. La movilización social del momento no surge de la nada, si no que tiene una genealogía que podemos trazar en el tiempo, tras décadas de guerra, represión, desapariciones, masacres y políticas neoliberales que afectan directamente a la población más pobre y en particular a las juventudes del país.

La última década en el país (2010-2020), estuvo atravesada por las negociones de paz, hasta la llegada del acuerdo de paz final en el 2016, que, a pesar de no contar con la aprobación mayoritaria en el plebiscito por la paz, — recordamos que en dicho plebiscito ganó el No a los acuerdos de paz —, se consideró una gran esperanza para avanzar en el post-conflicto y hacia la transición a un país en paz. Aunque la movilización actual está centrada contra el presente gobierno del presidente Iván Duque, el país viene arrastrando un historial acumulado de incumplimientos, desmanes, muertes, masacres, reformas económicas y políticas impopulares que se han llevado a cabo y se han agudizado en el marco de la pandemia, develando la situación de precarización, desempleo y  pobreza en particular de la vida de los y las jóvenes del país. En particular hay que reseñar los 6.042 juvenicidios — de los denominados falsos positivos— cometidos principalmente durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, ejecutados por el ejército de Colombia para mostrar resultados frente a la confrontación con la guerrilla de las FARC en esos momentos.

En el año 2011 se reseña la gran movilización estudiantil entre marzo y noviembre dirigida por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE). La sociedad colombiana fue sacudida por la protesta estudiantil, lucha que se centró en el debate y posterior retiro del proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992, contra la privatización de la educación pública, que afectaba de manera directa la autonomía universitaria y la calidad de la educación, se exigía una reforma concertada o su retiro como proyecto Ley, y efectivamente la Reforma finalmente no pasó.

A continuación llegó la movilización de septiembre a diciembre del 2018 convocada por la Unión nacional de Estudiantes de Educación Superior en pro del financiamiento de las universidades públicas. Esta movilización demostró mayor poder de convocatoria e influencia que la misma del 2011. La exigencia al gobierno nacional de mayores recursos para la educación pública superior demandaba subsanar el déficit histórico relacionado precisamente con la Ley 30 de 1992 (El Tiempo, octubre 2018).  Ambos procesos de movilización alcanzaron logros muy importantes en sus exigencias, obtenidos gracias a la organización local y nacional, a las acciones colectivas, la argumentación y las propuestas. 

El paro del 21 de Noviembre del 2019 fue convocado por diferentes organizaciones sociales que exigían al gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos adquiridos, logrados en las movilizaciones anteriores[1]. Este paro nacional se inició el 21 de Noviembre y se alargó en movilizaciones, entre ellas La Minga Indígena, hasta el mes de febrero del 2020 cuando nos llegó la pandemia, nos encerraron, nos metieron miedo, nos amordazaron, y  mientras tanto siguió creciendo el malestar contenido, además de por las reformas impuestas que afectan la vida de las mayorías, con un Congreso sin funcionar, sin sesionar, legisladas a través de decretos presidenciales, lo que nos lleva a un gobierno dictatorial, que en medio de la pandemia continúa con las masacres, la muerte a líderes y lideresas sociales. Toda esta situación generó una reacción masiva el 9 de septiembre de 2020, a raíz de la muerte del abogado Javier Ordoñez. Este asesinato se convierte en el detonante de una protesta que refleja todo un malestar acumulado, y que se desata al primer momento, a la primera posibilidad de volver a la calle.

El pasado 28 de abril 2021 es la más pura expresión de la resistencia e indignación del pueblo colombiano, y la calle de nuevo se torna en el espacio de denuncia como resultado de la profunda crisis social y económica a la que ha llegado el país, de las erradas decisiones del Ejecutivo en el contexto de crisis actual: el incumplimiento permanente de los acuerdos de paz; la omisión y pasividad para proteger la vida de líderes y lideresas sociales que están siendo asesinados en muchas regiones del país; el incremento de la violencia en los campos y ciudades; una pésima gestión de las estrategias para afrontar la pandemia evidenciada en la falta de UCIs, pues cuando los pacientes llegan a ellas después de espera de días, ya están desgastados y premuertos; el incremento desmedido de las inversiones militares y la disminución significativa de los presupuestos para educación, investigación, cultura y desarrollo social en el país. A todo esto se le añade la presentación en el congreso de una reforma tributaria en beneficio del sector financiero y los ricos del país y en detrimento de la ya precarizada clase media y los sectores más pobres. Igual de lesivo resulta el proyecto de ley para intervenir el sector salud en detrimento de pacientes,  profesionales sanitarios, facultades de medicina y hospitales. Estos dos últimos movimientos del gobierno hicieron rebosar la copa de la paciencia ciudadana y detonaron en la movilización del 28ª, que ya lleva casi 8 días y que ya no tiene reversa. Estamos ante un paro nacional indefinido, que no solo se limita a la derogatoria de la reforma tributaria (que ya se logró), sino que ya exige tumbar el proyecto de reforma a la salud, a las pensiones, al cumplimiento del plan de atención por la pandemia, de vacunación y llega hasta la exigencia de la renuncia del presidente Duque.

Hoy se movilizan las juventudes de manera radical y comprometida, una movilización pacífica, fresca, creativa por sus performances, sus bailes y coreografías, los conciertos públicos en medio de las concentraciones. Proponen acercamientos a las fuerzas del Esmad[2] para demostrarles paz y exigir el derecho a la movilización, con una flor, con un abrazo, pero desafortunadamente estas fuerzas tienen la orden de romper la movilización y de violentar a los y las jóvenes, de matar.  Pocas imágenes son más poderosas que la de miles de jóvenes marchando en las calles; cuando los jóvenes se toman las ciudades se respira cambio, esperanza y futuro. Las respuestas por parte del gobierno en todas siempre han sido a partir de la confrontación, el control, la represión, además de hacer ver públicamente a los y las jóvenes como revoltosos, vándalos, cooptados por el comunismo y las ideologías que generan caos y pérdidas a la sociedad, etc. Sale a relucir de nuevo el fantasma del comunismo, del castrochavismo para desprestigiar y generar miedo a la población en general.

Hoy la juventud está poniendo sus corporeidades al frente, en la calle, en las redes de manera valiente, alegre, con fuerza porque como dicen sus pancartas, sus camisetas “nos movilizamos porque aún no tenemos el país que merecemos”; “no a la militarización de la vida”; “nos están militarizando, no queremos guerra, queremos paz”.

DATOS GENERALES DE LA SITUACIÓN ACTUAL QUE MUESTRA LA CRÍSIS HUMANITARIA Y LA VIOLACIÓN DE DERECHOS

#ColombiaeEnAlertarRoja ? Boletín informativo 7: #ParoNacional

La Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas se permite informar a la opinión pública luego de siete días de protestas a nivel nacional, los registros acumulados sobre violaciones a los Derechos Humanos hasta el 5 de mayo (11:50 am) en el territorio nacional:

1️⃣    24 personas fallecidas presuntamente por el accionar de la fuerza pública (por verificar).

2️⃣  381 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD. 31 sufrieron lesiones oculares. 24 fueron heridas por arma de fuego. 58 personas defensoras de DDHH fueron agredidas en el marco de las movilizaciones.

3️⃣  15 personas fueron víctimas de violencias basadas en género ejercidas por la misma institución.

4️⃣  1.180 personas han sido detenidas, gran parte de ellas por medio de procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a tortura y/o tratos crueles e inhumanos.

5️⃣    8 allanamientos que fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas.

6️⃣    569 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.

Conoce toda la información en ⬇️

https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-7-paronacional/

VIDEOS-ENLACES

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