Investigadores de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y de la Universidad de Barcelona (UB) han concluido en un estudio que existe un "sesgo sistemático" en el Tribunal Constitucional (TC) de España a favor del gobierno central, y que este órgano opera como actor político, con un comportamiento estratégico, y no como árbitro neutral. Han llegado a esta conclusión después de analizar casi 1.900 resoluciones del TC relativas a la constitucionalidad de normas estatales y autonómicas, emitidas entre 1981 y 2023.

Los resultados muestran que existe un 55% de probabilidades de que el TC declare inconstitucional una norma cuando es autonómica, mientras que la probabilidad es sólo del 23% si es una norma estatal. También señala que los casos iniciados frente al TC por el gobierno central tienen una probabilidad media de éxito del 68%, mientras que en el caso de los gobiernos autonómicos es del 31%.

Los resultados muestran que existe un 55% de probabilidades de que el TC declare inconstitucional una norma cuando es autonómica, mientras que la probabilidad es sólo del 23% si es una norma estatal

Los autores del estudio, realizado por Joan Josep Vallbé y Daniel Cetrà (Departamento de Ciencia Política de la UB) y Marc Sanjaume-Calvet (Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la UPF), y publicado recientemente en la revista European Journal of Political Research, indican que estos resultados confirman la hipótesis de que el hip la aplicación de mayor severidad en la legislación aprobada por los parlamentos autonómicos".

En las casi 1.900 resoluciones analizadas se han tenido en cuenta variables como el tipo de norma impugnada (origen autonómico o estatal), el actor que presenta el recurso, el tipo de procedimientos, el resultado de la resolución, y el contexto político –orientación ideológica del TC, color político del gobierno central y autonómico, y dependencia parlamentaria o no del gobierno central respecto a partidos nacionalistas.

Análisis de la actividad en función de varios escenarios

El trabajo muestra que la composición ideológica del TC incide de forma significativa en sus resoluciones. Así, cuando tiene una mayoría conservadora, aumenta la probabilidad de declaración de inconstitucionalidad de normas autonómicas, especialmente en el caso de gobiernos autonómicos liderados por partidos nacionalistas.

Por otra parte, los autores también han observado que cuando existe una coincidencia ideológica entre el TC y el gobierno central y, al mismo tiempo, una dependencia de ese gobierno central respecto de partidos nacionalistas, la probabilidad de que el TC anule una norma autonómica se reduce de forma significativa.

Reflexión sobre el rol de los tribunales constitucionales

La visión de los autores, que se basa en datos del papel del TC en la configuración de las relaciones "entre centro y periferia", quiere contribuir al debate sobre el potencial y límites de los tribunales como garantes del pluralismo político y territorial. "¿En qué condiciones pueden los TC servir como árbitros genuinos de los conflictos intergubernamentales? ¿Qué diseños institucionales fortalecen o socavan su capacidad para proteger el pluralismo institucional? ¿Y cómo se adaptan los tribunales a las dinámicas partidistas ya las políticas de coalición?", se preguntan.

Vallbé, Cetrà y Sanjaume afirman que sus hallazgos cuestionan la suposición de que esta tipología de tribunales en sistemas federales o descentralizados operan como árbitros neutrales o como salvaguardias institucionales para las minorías territoriales. Por el contrario, sugieren que pueden reforzar las mayorías políticas nacionales y el dominio político central cuando las preferencias judiciales se alinean con las de las instituciones centrales.

"Las decisiones judiciales no se producen en el vacío; están condicionadas por mecanismos de nombramiento, alineamientos institucionales e incentivos políticos más amplios"

Este patrón que han observado subraya la importancia de considerar a los tribunales no sólo como órganos legales, sino como actores políticos integrados en dinámicas federales más amplias. "Las decisiones judiciales no se producen en el vacío; están condicionadas por mecanismos de nombramiento, alineamientos institucionales e incentivos políticos más amplios", reflexionan los autores.

Para ello, concluyen que el fortalecimiento de la legitimidad de los tribunales constitucionales puede requerir reformas en los mecanismos de designación de magistrados, que garanticen "mayor pluralidad territorial e ideológica", así como la creación de espacios políticos específicos para la resolución de conflictos intergubernamentales "que reduzcan la judicialización sistemática de la política territorial".

Trabajo de referencia: Vallbé, J.J., Cetrà, D., Sanjaume-Calvet, M. (diciembre de 2025) “Judicial review and territorial conflicts: Evidence from Spain”. European Journal of Political Research, 1-32.
DOI: https://doi.org/10.1017/S1475676525100455