La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha ordenado el traslado urgente a España de una exfiscal afgana, su marido y su hijo menor, en situación de riesgo por su trayectoria profesional y por su compromiso con los derechos de las mujeres, para que puedan formalizar su solicitud de protección internacional.

Esta resolución judicial ha sido dictada en un procedimiento por vulneración de derechos fundamentales impulsado por un grupo de trabajo de la Clínica Jurídica de la Universidad Pompeu Fabra, con la participación, como voluntarios, del profesor Maurici Pérez Simeón, director de la Clínica; las abogadas Gemma Arqué Cot y Judith Riera Ortega; el procurador Rafael Ros Fernández, y los estudiantes de la Facultad de Derecho de la UPF Alex Mesalles, Daytona Falcó y Clara Melgosa.

Según Maurici Pérez, "No sabemos exactamente cuándo la exfiscal y su familia llegarán a Barcelona porque depende del tiempo que tarde la embajada de España en Pakistán en cumplir el auto de la Audiencia Nacional. Calculamos que será durante las próximas semanas", explica.

Ésta es la segunda vez en la que la Clínica Jurídica de la UPF consigue una medida cautelar de esta naturaleza en favor de una exfiscal afgana perseguida por los talibanes. La primera vez fue en 2023, cuando, de forma pionera, la Clínica logró que la Audiencia Nacional ordenara el traslado a territorio español de una exfiscal antiterrorista.

En este segundo caso se trata de una fiscal que había destacado por su defensa de los derechos de las mujeres (había llevado casos judiciales de violencia contra este colectivo) y que también huyó a Pakistán en 2021, coincidiendo con la entrada de los Talibanes en Kabul.

Una resolución avalada por el derecho de asilo ante situaciones de grave persecución

La resolución aplica de nuevo el artículo 38 de la Ley 12/2009 de Asilo, así como el principio de unidad familiar, y reconoce la necesidad urgente de garantizar el derecho de asilo ante situaciones de grave persecución. La Audiencia Nacional constata el riesgo inminente para la vida de los recurrentes y ordena a la Embajada de España en Pakistán expedir con carácter urgente la documentación de viaje necesaria.

“Este segundo caso ganado por la Clínica Jurídica de la UPF es muy relevante porque deja establecida como jurisprudencia asentada de la Audiencia Nacional que un tribunal puede ordenar el traslado a España de personas perseguidas por motivos políticos que se encuentran en el extranjero, si el órgano administrativo competente para decidirlo, en este caso, los embajadores de España en todo el mundo, incumplen su deber de examinar y responder a las peticiones recibidas”, explica Maurici Pérez.

Un procedimiento lento, con carencia de recursos de las embajadas

Este caso entró a la Clínica Jurídica de la UPF a finales de 2021, a instancias de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, y a través de la Asociación Internacional de Fiscales, el mismo circuito de entrada que el caso de la primera exfiscal antiterrorista.

Para el director de la Clínica Jurídica de la UPF, que actualmente tiene en marcha otros dos casos de la misma tipología, correspondientes a otras dos exfiscales afganas “la inactividad del embajador en Pakistán básicamente está provocada por la falta de recursos”.

Maurici Pérez comenta que "es difícil que la mera existencia de jurisprudencia agilice la tramitación de las solicitudes. El Gobierno de España, a través del Ministerio, debería considerar que el caso de las mujeres afganas es una prioridad", asegura.

Con esta nueva resolución, la Clínica Jurídica, una iniciativa solidaria de aprendizaje y servicio impulsada por la Facultad de Derecho de la UPF y sin ánimo de lucro, reafirma su compromiso con la defensa activa de los derechos fundamentales y su papel como espacio de formación jurídica avanzada con impacto real y transformador.