La Clínica Jurídica de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) ha obtenido un nuevo éxito judicial al lograr que la Audiencia Nacional haya adoptado la medida cautelar solicitada por un equipo de trabajo de la entidad solidaria de la Facultad de Derecho de la UPF. La resolución ordena al embajador de España en Islamabad (Pakistán) que proporcione la documentación necesaria para el traslado a territorio español de un exfiscal afgano y su familia -integrada por su esposa y cuatro hijos menores- a fin de que puedan formalizar su solicitud de protección internacional conforme al artículo 38 de la Ley 12/2009.

La Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional considera acreditado que la familia se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad, con riesgo real de persecución tanto en su país de origen, Afganistán, como en Pakistán, donde residen actualmente en situación irregular en el contexto del conflicto armado abierto entre ambos países.

Maurici Pérez: "El escrito de oposición de la Abogacía del Estado sostiene que no existe urgencia y que el conflicto bélico entre Pakistán y Afganistán hace "improbable" una deportación cuando, paradójicamente, la guerra ha convertido a los ciudadanos afganos en nacionales de una potencia enemiga"

Sin embargo, la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha presentado recurso de reposición contra el auto y se ha opuesto a la medida cautelar “con argumentos difícilmente sostenibles”, señala Maurici Pérez, profesor del Departamento de Derecho y director de la Clínica Jurídica de la UPF, que ha trabajado en el caso junto a Anna Farrés, estudiante del Máster Universitario en Abogacía y Procura de la UPF-BSM, y la abogada voluntaria Marta Llonch, que han liderado el equipo de trabajo.

“El escrito de oposición de la Abogacía del Estado sostiene que no existe urgencia y que el conflicto bélico entre Pakistán y Afganistán hace "improbable" una deportación cuando, paradójicamente, la guerra ha convertido a los ciudadanos afganos en nacionales de una potencia enemiga, con el consiguiente agravamiento de su desprotección y vulnerabilidad en territorio pakistaní”, afirma Maurici Pérez.

Pruebas acreditadas por la Audiencia Nacional que demuestran la situación de peligro

El recurso de la Abogacía del Estado afirma que las pruebas aportadas son insuficientes, cuando según explica Maurici Pérez, los recurrentes acreditaron documentalmente el ejercicio de funciones de fiscal en una provincia muy conflictiva de Afganistán, mediante cartas oficiales de la Fiscalía General del Estado afgano alertando de ataques contra fiscales y jueces. También aportarn informes de inteligencia que identificaban al fiscal como objetivo directo de los talibanes, documentación hospitalaria de un intento de asesinato que sufrió y del que sobrevivió con heridas graves, así como un informe de la propia Comisaría General de Información española que confirma la persecución sistemática del colectivo de fiscales afganos y la verosimilitud del relato, unas pruebas que la Audiencia Nacional ha considerado plenamente acreditadas.

Maurici Pérez señala que el recurso “llega al extremo de exigir que una familia con cuatro menores, que malvive en situación irregular en una zona de conflicto armado, preste caución económica en forma de fianza para garantizar el coste de su propio traslado”. Para el director de la Clínica Jurídica de la UPF, estas alegaciones, además de resultar incompatibles con la más elemental sensibilidad humanitaria, “contradicen la posición del propio Estado español, que en diciembre de 2022 autorizó el traslado de 25 juezas y fiscales afganas por considerarlas merecedoras de protección, y los llamamientos de ACNUR, que ha activado dispositivos de emergencia en la región y ha instado a todos los países a mantener sus fronteras abiertas y respetar el principio de no devolución”.

La Clínica Jurídica de la UPF, una iniciativa solidaria de aprendizaje y servicio impulsada por la Facultad de Derecho de la UPF y sin ánimo de lucro, ya ha logrado anteriormente resoluciones similares en favor de otros nacionales afganos, cuya vida e integridad física corrían peligro. De esta manera muestra su compromiso con la defensa activa de los derechos fundamentales y su papel como espacio de formación jurídica avanzada, con impacto real y transformador.