Mireia Vargas-Urpi, profesora del Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje de la Universidad Pompeu Fabra, ha participado en un proyecto pionero en el Estado sobre la situación de la interpretación judicial. El proyecto TIPp (Traducción e Interpretación en Procesos penales) ha analizado un corpus 55 grabaciones de vistas orales con interpretación al inglés, francés y rumano, y ha detectado importantes deficiencias en la interpretación que se hace para los acusados ​​que no entienden las lenguas vehiculares del juicio. De entre los resultados más destacados, cabe señalar que no se interpreta el 54% de lo que se dice durante la vista oral, ya sea en interpretación de enlace (en voz alta) o mediante el susurro (chuchotage). De hecho, hay una media de 2,7 intervenciones que no se interpretan por minuto, lo cual es alarmante si tenemos en cuenta que el derecho a la interpretación responde al derecho a la información por parte de la persona que está siendo juzgada (ya que, si no recibe la información, se encuentra en situación de indefensión). Además, en los fragmentos que sí se interpretan, se cometen un promedio de 21 errores graves por hora. Estos errores suelen ser adiciones, falsos sentidos y omisiones, aunque también se producen otros errores más relacionados con el lenguaje judicial, como pueden ser el empleo de un registro inadecuado o la falta de precisión. También se han detectado intervenciones de los intérpretes para expresar ideas propias, aconsejar al acusado o advertirle (una media de 45,5 intervenciones con voz propia por hora).