Elena Larrauri es catedrática de Derecho Penal y Criminología en la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Estudió Derecho en la Universitat de Barcelona (UB) y se doctoró en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Fue en esta misma universidad donde, poco después de doctorarse, obtuvo la plaza de profesora titular hasta incorporarse a la UPF en 2007. Actualmente, es profesora del grado en Criminología y Políticas Públicas de Prevención y dirige el Máster Universitario en Criminología y Ejecución Penal.

En 2009 fundó el Grupo de Investigación en Criminología y Sistema Penal en la UPF. Entre 2016 y 2019, fue directora del Departamento de Derecho y, desde 2017 hasta 2019, fue investigadora principal de la Red de Excelencia EmpiriC.

A lo largo de su trayectoria, ha sido distinguida con la beca Fulbright-La Caixa como Fulbright Scholar en la Universidad de Santa Bárbara (California) y con la beca Alexander von Humboldt en la Universidad de Fráncfort. Asimismo, ha sido profesora visitante en el All Souls College de la Universidad de Oxford y presidió la Sociedad Europea de Criminología de 2007 a 2010.

Entre sus reconocimientos destacan su nombramiento como doctora honoris causa por la Universidad del País Vasco en 2022 y la Medalla de Honor por servicios excepcionales a la justicia, otorgada por la Generalitat de Cataluña en 2024. Este año, ha recibido la Medalla a la Promoción de los Valores de la Igualdad, concedida por el Ministerio de Igualdad, en reconocimiento a su dedicación a la prevención y el tratamiento de la violencia contra las mujeres desde la criminología y el sistema de justicia penal.

Ha sido galardonada con la Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad (2025). ¿Qué ha significado para usted y cómo valora su trayectoria en este ámbito?

El galardón conmemora los veinte años de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada en 2004. La medalla reconoce la contribución de muchas personas que han trabajado en temas feministas, y recibirla ha sido especialmente significativo para mí.

Hace dos décadas, ya estaba implicada en temas de género, que en aquel entonces no tenían la visibilidad de hoy en día. Aunque no participé directamente en la redacción de la ley, fui invitada al Parlamento español en calidad de experta para elaborar un informe sobre su implementación. Aquella experiencia fue muy enriquecedora y, de alguna manera, esta medalla es un recordatorio del camino recorrido desde entonces.

Es fundadora del Grupo de Investigación en Criminología y Sistema Penal de la UPF. ¿Cuáles son los principales objetivos del grupo y qué estudios destacaría?

El grupo se creó en 2009, coincidiendo con el inicio de los estudios en Criminología en la UPF. Dado que contábamos con un grado en esta disciplina, era lógico aprovechar esta nueva etapa para impulsar la investigación en criminología. Inicialmente, nos especializamos en medidas penales alternativas a la prisión y, posteriormente, abordamos el estudio de la vida en los centros penitenciarios.

Adicionalmente, siempre hemos trabajado temas relacionados con el género. Hemos analizado, por ejemplo, la implementación de la ley integral de violencia de género y su impacto en el contexto de las reformas del Código Penal, y recientemente hemos ampliado el foco hacia la violencia sexual. Así, el grupo ha mantenido dos líneas de investigación fundamentales: el estudio del sistema penitenciario y castigos alternativos, y el análisis de las cuestiones de género en el sistema penal y la criminología.

La Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad reconoce la contribución de muchas personas que han trabajado en temas feministas, y recibirla ha estado especialmente significativo para mí

Entre 2017 i 2019 fue la investigadora principal de la Red de Excelencia EmpiriC. ¿En qué consiste esta red y qué aportaciones hace a la criminología?

El objetivo de esta red es conectar diferentes grupos de investigación en criminología de diversas universidades españolas para favorecer la colaboración e impulsar el desarrollo de estudios en este ámbito.

Con nuestro equipo de investigadores, solicitamos financiación para sumar esfuerzos con otros grupos académicos. Una vez concedidos los fondos, y dado que la iniciativa partió de nosotros, asumimos la dirección de la Red de Excelencia durante su primera convocatoria.

Tanto como directora del Máster Interuniversitario de Criminología y Ejecución Penal como exdirectora del Departamento de Derecho de la UPF, ¿de qué manera ha trabajado para incorporar la perspectiva de género en la formación de los futuros profesionales?

Se han introducido asignaturas específicas que abordan el análisis del sistema penal con una perspectiva de género. En el grado, esta materia se imparte durante el tercer año académico, mientras que en el máster se cursa en el primer trimestre.

La creación de estas asignaturas exclusivas responde a la convicción de que, aunque otras materias pueden incluir aspectos relacionados con la igualdad, la perspectiva de género permite un análisis de todo el sistema penal para detectar posibles desigualdades y favorecer un debate profundo y enriquecedor en la formación académica.

¿Cree que en los últimos años se han producido avances significativos en materia de igualdad de género dentro del sistema de justicia penal? ¿Qué aspectos aún están pendientes de mejora?

En los últimos veinte años, se han logrado avances relevantes en el ámbito de la justicia penal. Por ejemplo, se han creado juzgados especializados en violencia de género y se han implementado órdenes de protección para garantizar la seguridad de las víctimas. Estas medidas han permitido una respuesta más precisa desde el ámbito judicial, pero aún existen deficiencias en la protección integral.

Es evidente que, más allá del castigo penal, es necesario fortalecer servicios como el asesoramiento jurídico gratuito, el apoyo psicológico y emocional, la reparación de los daños sufridos y la promoción de la autonomía personal de las afectadas. En cambio, lo más sencillo es el titular: 'Condenado a tres años de prisión el agresor de...'. Los titulares acaban eclipsando todo lo demás que es mucho más importante.

Si eres víctima, no solo necesitas que se condene a tu agresor. Tienes muchas otras necesidades: una vivienda, un empleo, sentirte segura... Hay momentos en los que necesitas a alguien que te acompañe en cada pequeño paso. Todo ese apoyo integral es lo que resulta más difícil de implementar, porque no tiene la misma atención mediática que la discusión en torno a las penas y su implementación está repartida entre diversas instituciones.

Es evidente que, más allá del castigo penal, es necesario fortalecer servicios como el asesoramiento jurídico gratuito, el apoyo psicológico y emocional, la reparación de los daños sufridos y la promoción de la autonomía personal de las afectadas

¿Podría mencionar el ejemplo de algún país donde sí se tengan en cuenta las reparaciones de los daños hacia las víctimas?

Siempre comento el caso de Suecia, donde se da mucha importancia al acompañamiento, la restitución y la indemnización de las víctimas. En este país, el foco no se limita al castigo del agresor, sino que se garantiza una respuesta integral a las necesidades de quien ha sufrido los daños. Así, en Suecia, existen seguros privados que, por ejemplo, cubren situaciones tan graves como una violación, complementados por seguros estatales, todo contribuyendo a una protección más completa.

¿Por qué tantas mujeres no denuncian?

El sistema penal actual está pensado para castigar, en lugar de solucionar los problemas sociales. Este enfoque provoca que muchas mujeres tengan miedo de denunciar, por temor a ser revictimizadas o a que no las crean. Por otro lado, independientemente de si el agresor es condenado a prisión o no, los verdaderos conflictos que inciden en la situación de vulnerabilidad no se resuelven.

Y volviendo a la misma idea: el modelo judicial se centra exclusivamente en penalizar al agresor, sin abordar las necesidades que rodean el conflicto. Aumentar el número de jueces, agilizar los procedimientos o imponer penas más severas no soluciona la cuestión; el desafío radica en replantear los mecanismos para dar autonomía a las mujeres, y orientar los esfuerzos a proteger y atender a las víctimas.

Pero el sistema penal no está diseñado para reintegrar a los reclusos de nuevo a la sociedad?

Es cierto que el sistema penal tiene como objetivo la reinserción. Aunque se dice que se pretende orientarse hacia la víctima, esta orientación se traduce principalmente en castigar al agresor. Lo que queremos destacar es que, para abordar de manera real el problema social, es necesario identificar y solucionar las necesidades y las dificultades que afectan a las víctimas, en lugar de continuar confiando solo en castigos y medidas punitivas.

Es cierto que el sistema penal tiene como objetivo la reinserción de los infractores, pero, a la práctica, el enfoque todavía se centra a castigar el agresor [...] hay que identificar y solucionar las necesidades y las dificultades que afectan las víctimas, en lugar de continuar confiando solo en castigos y medidas punitivas

Uno de los retos pendientes es la protección efectiva de las víctimas. ¿Cree que las órdenes de alejamiento y otras medidas de seguridad, como el sistema VioGén, son suficientes, o deberían reforzarse con más mecanismos de prevención?

El sistema VioGén funciona como una herramienta predictiva, ya que evalúa el riesgo de futuras agresiones. Sin embargo, como todo sistema de evaluación, conlleva una cierta probabilidad de error, especialmente en los casos más graves. Así, aunque es eficaz para detectar situaciones de violencia de baja intensidad, resulta menos útil en el contexto de los homicidios, donde hay pocos casos y los análisis estadísticos presentan limitaciones.

La cuestión clave es que muchas mujeres no denuncian los hechos, y por eso no entran en la base de datos del sistema. Año tras año, se observa que aproximadamente un 70% de las víctimas que han muerto no habían presentado denuncia. Por lo tanto, para lograr una protección integral, es necesario complementar las medidas actuales con mecanismos adicionales que aborden las necesidades reales de las víctimas, más allá del castigo al agresor.

¿Qué relación existe entre la pobreza, la violencia de género y el encarcelamiento de mujeres? ¿Se criminaliza más la vulnerabilidad cuando se trata de mujeres?

Más que hablar de una criminalización específica, la vulnerabilidad en el caso de las mujeres está más acentuada. La pobreza afecta más a las mujeres porque, a menudo, tienen más dificultades para acceder al mercado laboral. Esto se debe, entre otros factores, a una menor formación en algunos casos y a una mayor carga familiar, lo que limita sus opciones económicas.

Cuando se encuentran en una situación de pobreza extrema y con pocas alternativas para salir, algunas acaban involucradas en delitos como el tráfico de drogas o, en menor medida, el tráfico de personas. Estos delitos tienen penas muy elevadas y, por lo tanto, las condenas suelen ser largas. Si miramos las prisiones de mujeres, la mayoría de las reclusas están allí por delitos relacionados con el tráfico de drogas, a menudo porque han actuado en contextos de precariedad absoluta.

El número de mujeres encarceladas es mucho menor que el de hombres, pero su experiencia penitenciaria tiene particularidades propias. ¿Cómo afecta el hecho de ser mujer a la vida dentro de la prisión?

En primer lugar, si no fuera por los hombres, el sistema penitenciario tal y como lo conocemos no existiría. En la mayoría de los casos, si una mujer comete un delito y se le aplica una medida penal alternativa —como el trabajo en beneficio de la comunidad o la libertad vigilada— difícilmente se genera una respuesta social de rechazo contundente. Esto evidencia que el sistema penitenciario se ha diseñado respondiendo a unas necesidades de seguridad pensadas principalmente para los hombres, y que a menudo no se ajustan a la realidad de las mujeres encarceladas.

El sistema penitenciario se ha diseñado respondiendo a unas necesidades de seguridad pensadas principalmente para los hombres, y que a menudo no se ajustan a la realidad de las mujeres encarceladas

¿Hay, por tanto, más discriminación hacia las mujeres en las prisiones?

Esta diferencia se traduce en varias discriminaciones. Por ejemplo, hay muy pocas prisiones exclusivas para mujeres y, a menudo, se encuentran alejadas de los núcleos urbanos, lo que dificulta las visitas familiares. En muchos casos, las mujeres deben cumplir condena en pequeños módulos dentro de prisiones masculinas, con menos recursos y actividades disponibles. A diferencia de los hombres, no se hacen clasificaciones internas, de manera que las reclusas se encuentran en espacios menos diferenciados según el perfil delictivo o la situación penitenciaria.

Además, el sistema no percibe a las mujeres como una amenaza ni dentro ni fuera de la prisión. Esto hace que, a menudo, queden en un segundo plano: si faltan recursos, si no hay actividades durante el día o si se quejan, sus demandas reciben menos atención. Esta invisibilización agrava su situación y refuerza la idea de que el sistema penitenciario, tal como está concebido, no se ha pensado para ellas.