Los conflictos armados contemporáneos se caracterizan por infringir de manera grave los derechos de la población no combatiente, los actores enfrentados utilizan diversas estrategias de control social para garantizar que la balanza se incline en uno u otro sentido. El conflicto colombiano, recientemente en proceso de solución, es el más antiguo en occidente, ha afectado a miles de familias durante sus cerca de cincuenta años de existencia. Pero no tan sólo se trata de las víctimas directas de acciones armadas, sino sobre todo, de las víctimas pertenecientes a las organizaciones sociales (estudiantiles, sindicales, campesinas, indígenas, etc), que han sido objetivo de la represión paraestatal y cuyas cifras superar con creces aquellas dejadas por la confrontación armada.

 

Durante cerca de treinta años, los familiares y sobrevivientes de graves violaciones de los derechos humanos (desaparición forzada, tortura, asesinato, desplazamiento), cometidas por la acción u omisión de los agentes estatales, han levantado la bandera de la lucha contra la impunidad. Y este largo camino que ha costado señalamientos y más víctimas empieza a verse recompensado con importantes (aunque insuficientes) avances en materia de derechos de las víctimas. La voz de las víctimas estuvo presente en la reciente negociación entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC.

Estos procesos organizativos y políticos de las víctimas no son únicos. Otros países han tenido también experiencias semejantes. Se considera importante reflexionar a partir de la experiencia colombiana, el grado de reconocimiento de los derechos internacionalmente reconocidos a verdad justicia y reparación integral, y su relación con la consolidación de un sistema político democrático.