¿Cómo combatir la violencia sistemática contra las personas jóvenes? ¿La precarización de sus condiciones de vida o los discursos que criminalizan a los jóvenes pueden acabar desencadenando actos violentos contra este colectivo? En torno a estas cuestiones, reflexionaron una quincena de expertos, principalmente del Estado Español y de América Latina, durante la jornada “Juvenicidio. Conceptualizar, medir, prevenir y combatir la violencia sistemática en contra de las personas jóvenes”, celebrada el jueves 28 de noviembre en el campus de Poblenou.

El concepto juvenicidio, acuñado por el académico mexicano José Manuel Valenzuela (2012), alude a cualquier forma de violencia sistemática ejercida contra las personas jóvenes por serlo. Actualmente, el alcance de este concepto es todavía objeto de debate, pero, en general, no solo se asocia a los homicidios contra los jóvenes, que únicamente serían la punta del iceberg. El concepto de juvenicidio también se vincula a todos aquellos factores de violencia estructural (como las condiciones laborales o de vida precarias de los jóvenes) o simbólica (discursos que los criminalizan), que podrían contribuir a explicar la elevada tasa de homicidios contra este colectivo. Según la OMS (2020), el homicidio es la cuarta causa de muerte entre las personas jóvenes (de 10 a 29 años) en todo el mundo y, en el 84% de los casos, los asesinados son hombres.

Las jornadas sobre juvenicidios las ha organizado el grupo de investigación en Juventud, Sociedad y Comunicación del Departamento de Comunicación de la UPF(JOVIScom). El grupo JOVIScom desarrolla un proyecto de investigación sobre este tema, “Juvenicidios morales. De las bandas juveniles a los menores migrantes”, dirigido por Carles Feixa, catedrático de Antropología Social en la UPF, y financiado por la Agencia Estatal de Investigación. Las jornadas se han coorganizado con el apoyo de la Wenner-Gren Foundation, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia Estatal de Investigación.

En esta jornada, han participado especialistas en ciencias sociales de toda Europa y América Latina, de universidades y centros de investigación de México, Argentina, Colombia, Brasil, El Salvador, Chile, Costa Rica, España y Suiza. Muchos de los participantes forman parte del Colectivo Juvenicidio y Resistencias Sociales (JUVIR), que se ha constituido formalmente durante la jornada celebrada en la UPF.

Dos mesas redondas de la jornada se han dedicado a analizar el concepto juvenicidio y su aplicación, mientras que una tercera ha puesto el foco en las políticas públicas que pueden implementarse para prevenirlo y abordarlo.

La violencia letal contra los jóvenes: la punta del iceberg de un sistema que precariza y criminaliza a las personas jóvenes

El concepto juvenicidio ha empezado a ganar terreno dentro del mundo académico iberoamericano, si bien su penetración es todavía escasa en la investigación en lengua inglesa. Dentro del contexto iberoamericano, el uso del concepto se ha extendido en mayor medida en aquellos contextos en los que la violencia letal contra los jóvenes, especialmente los que sufren situaciones de marginación o de racismo, es más visible. Por el contrario, allí donde la violencia sistemática contra los jóvenes tiene una incidencia menor o menos grave, o no se manifiesta de forma tan explícita, el uso del término está todavía en discusión.

En este sentido, Themys Carvalho, directora de Asuntos Académicos, Igualdad y Salud Mental del Organismo Iberoamericano de Juventud, ha asegurado: “el término juvenicidio aún no ha cuajado. Hay que mostrar que es útil, porque ayuda a definir una realidad como violencia multifactorial hacia los jóvenes, que implica desigualdad social y pobreza, estigmatización, muerte social…”. Carvalho participó telemáticamente, desde Colombia, en la mesa redonda sobre juvenicidio y políticas públicas celebrada durante la jornada, en la que también participaron Margarita Guerrero, directora del Instituto de la Juventud de España (INJUVE); Rosa Balaguer, directora del Casal dels Infants del Raval; Alejandra Martín, Project Manager del programa Derecho a una Juventud Digna de Oxfam Intermón; y Sabina Puig, representante del Instituto Catalán Internacional por la Paz (ICIP).

Para Margarita Guerrero (INJUVE), "se hacen discursos edadistas con los que se etiqueta y criminaliza a las personas jóvenes". Como ejemplo, recordó que, durante la pandemia de la covid, “se hacía responsables a las personas jóvenes del problema de los contagios”. Frente a este discurso criminalizador, destacó que los jóvenes suelen ser “protagonistas de los procesos de transformación social” y su impulso “de poner el cuerpo y de ayudar”, por ejemplo como voluntarias en las poblaciones afectadas por la DANA en Valencia .

Por su parte, Rosa Balaguer (Casal dels Infants del Raval) expresó más dudas sobre la idoneidad del término juvenicidio en Cataluña y consideró que es más pertinente "un enfoque de derechos, que ponga el interés superior del menor como primer criterio a la hora de intervenir". En cambio, Alejandra Martín (Oxfam Intermón) expresó que aunque el concepto le produjo cierto temor al inicio, después entendió su utilidad como concepto de análisis: “es interesante para estudiar el proceso de precarización, que inicia un ciclo que puede derivar en una violencia mayor”.

Esta perspectiva que entiende el juvenicidio como resultado de un proceso de violencia estructural y simbólica estuvo muy presente durante las jornadas. Germán Muñoz (Universidad de Manizales, Colombia), participante de otra mesa redonda sobre las aplicaciones del concepto de juvenicidio, remarcó: “No solo estamos hablando de jóvenes a quienes están asesinando con balas, también se les mata no permitiendo que se inserten en la vida social con un trabajo digno”.

Crear nuevos índices que ayuden a medir y prevenir el juvenicidio

Por último, la jornada sirvió para reflexionar sobre aplicaciones prácticas del concepto juvenicidio. Por ejemplo, se abordó la propuesta de crear un índice de juvenicidio letal, para ayudar a calcular cuántos homicidios contra jóvenes pueden considerarse como tales; un índice de prevención de este fenómeno, que pueda contribuir a identificar sus factores de riesgo; o una definición legal del concepto.