En los últimos años, la contratación de algunos productos financieros (tales como préstamos hipotecarios, participaciones preferentes o bonos estructurados) ha originado numerosos conflictos entre los clientes inversores y las entidades de crédito que los han comercializado, dos actores que tradicionalmente han tenido una relación muy estrecha y de confianza y que ahora queda en entredicho.

La gran cantidad de personas que se han visto afectadas ha hecho que estos conflictos tuvieran un gran impacto social que, además, se ha visto incrementado por el amplio eco que han tenido en los medios de comunicación.

Y es previsible que la existencia de problemas se extienda a otros productos (como ciertos tipos de seguros o participaciones de instituciones de inversión colectiva) que las entidades financieras han comercializado con técnicas similares y que también suponen un riesgo de pérdida de la inversión.

Con el fin de estudiar esta problemática, la UPF ha iniciado un proyecto de investigación que lleva por título "Protección del inversor en productos financieros: situación actual y perspectivas de futuro". Cuenta con la financiación del Ministerio de Economía y Competitividad, en el marco de la convocatoria 2016 del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica (Excelencia).

El proyecto de investigación, de una duración de tres años, está dirigido por Ignacio Farrando y Joaquim Castañer, profesores del área de Derecho Mercantil del Departamento de Derecho de la UPF y miembros del Grupo de Investigación en Derecho mercantil del Siglo XXI.

Asimismo, cuenta con la participación de más de 20 prestigiosos docentes y expertos de diversas universidades españolas e internacionales, y también con el apoyo de la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona y del Colegio de Notarios de Cataluña.

Según afirma el catedrático Ignacio Farrando, "el objetivo del proyecto es doble: por un lado, analizar los motivos de los conflictos que se han producido hasta ahora; y por otro, anticipar cuáles son los productos financieros que pueden dar problemas en el futuro e intentar paliarlos haciendo propuestas normativas y de interpretación que contribuyan a configurar una adecuada protección de los clientes inversores ".