Alejandro Saiz Arnaiz, catedrático Jean Monnet ad personam de Derecho Constitucional Europeo y director del Departamento de Derecho de la UPF, es desde el pasado 15 de julio miembro del Consejo de Administración (Management Board) de la Agencia de los Derechos Fundamentales (European Union Agency for Fundamental Rights, FRA) de la Unión Europea.

El profesor Saiz, que ocupará el cargo como persona independiente ya título individual durante un periodo de cinco años, ha sido designado por el estado Español, a propuesta conjunta de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia.

Sustituye en el cargo Miguel Aziptarte Sánchez, profesor de la Universidad de Granada, y tiene como suplente a Fernando Mariño Menéndez, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III de Madrid.

La FRA, creada en 2007 en sustitución del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia, es un órgano independiente de la UE, financiado con el presupuesto de la Unión. Su objetivo es proporcionar a los estados miembros ya las instituciones de la UE ayuda y asesoramiento independiente, sobre la base de estudios, en materia de derechos fundamentales.

El Consejo de Administración de la FRA del que forma parte el profesor Saiz, dirige y gestiona la Agencia, y es el responsable de definir su programa de trabajo, aprobar su presupuesto y supervisar su labor. Está formado por expertos independientes, uno designado por cada estado miembro, dos como representantes de la Comisión Europea y un experto independiente nombrado por el Consejo de Europa.

Anteriormente a la toma de posesión de su nuevo cargo, Alejandro Saiz Arnaiz asesoró el Parlamento Europeo en la Comisión de Derechos Fundamentales, Justicia e Interior (legislatura 2010-2014). Ha publicado cuatro monografías y más de setenta estudios en obras colectivas y revistas especializadas. Ha sido juez ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (2008-2012).

Una labor intensa a favor de los derechos fundamentales

Los nueve ámbitos temáticos sobre los que trabaja la FRA son el acceso a la justicia; las víctimas de los delitos; la sociedad de la información, y en particular, el respeto a la vida privada ya la protección de datos personales; la integración de la población romaní; la cooperación judicial; los derechos del menor; la discriminación, la inmigración y la integración de los migrantes; el racismo, la xenofobia y la intolerancia.

Algunas de las principales tareas que lleva a cabo la FRA, en la que trabajan unos 90 miembros, entre ellos juristas, politólogos, sociólogos, estadísticos y expertos en redes, son las siguientes: encuestas a gran escala, estudios comparados del ámbito jurídico o social, o la elaboración de manuales para profesionales de la justicia.

La FRA mantiene estrechos vínculos con las principales organizaciones e instituciones, tanto europeas como de los diferentes estados miembros. Celebra una conferencia anual sobre Derechos Fundamentales, además de organizar reuniones con expertos de los gobiernos y otras partes interesadas y de participar en un diálogo estructurado con la sociedad civil a través de la Plataforma de los Derechos Fundamentales.