La Clínica Jurídica de la UPF, que representa a la fiscal afgana que en 2021 tuvo que huir a Pakistán junto con su hija ante la toma de Kabul por los talibanes, ha recibido la resolución de la Audiencia Nacional en la que se ordena al embajador de España en Pakistán dotarla de los documentos de viaje necesarios para su traslado inmediato a España, ante la situación de grave peligro en la que se encuentran.

“Acabamos de recibir un Auto de la Audiencia Nacional en el marco del procedimiento que se lleva a la Clínica en el que, a la vista de la inactividad del embajador de España en Pakistán, se le ordena expedir los documentos de viaje para la fiscal afgana que estamos defendiendo desde la Clínica”, afirma Maurici Pérez Simeón, director de la Clínica Jurídica de la UPF y vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad.

Esta interlocutoria que ha conseguido el equipo de trabajo de la Clínica, según Maurici Pérez Simeón, es muy importante, porque marca un nuevo camino jurisprudencial

Esta interlocutoriaque ha conseguido el equipo de trabajo de la Clínica, según Maurici Pérez Simeón, es muy importante, porque marca un nuevo camino jurisprudencial: “Se establece el precedente que la Audiencia Nacional puede ordenar a un embajador, en caso de inactividad, el traslado a España de una persona en grave peligro por su integridad física, en aplicación del art. 38 de la Ley de Asilo”, explica, aunque “tal y como se dice en la propia resolución, esto será algo excepcional, sólo para casos en los que el riesgo existente sea muy claro, como el que nos ocupa”.

Maurici Pérez comenta que esta resolución se suma a la Sentencia del Tribunal Supremo del pasado 6 de febrero de 2024, que tiene un sentido similar. La diferencia es que, en el caso del Tribunal Supremo, la persona que se ordenaba trasladar a España ya tenía un salvoconducto emitido por la propia Embajada en el 2021, mientras que, en el caso actual defendido por la Clínica, la Sala ordena el traslado a la vista de la “mera inactividad” del embajador de España en Pakistán y del riesgo para la vida de la persona afectada, apreciado por el propio embajador.

Maurici Pérez: “El embajador no tiene un plazo concreto, pero esperamos que sea deprisa, ya que la fiscal puede ser detenida y deportada en cualquier momento en Afganistán”

Con la resolución en la que acuerdan la medida cautelar, los magistrados amparan así la petición efectuada por la abogada de la Clínica Jurídica de la UPF después de que el embajador español desestimara la solicitud de protección internacional efectuada en base al artículo 38 de la Ley 12/2009 de la Ley Reguladora del Derecho de Asilo.

Ha sido la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional la que ha ordenado al embajador de España en Pakistán que proporcione a la fiscal y a su hijo menor la documentación necesaria para que puedan llegar a España. La resolución será notificada al embajador y éste deberá ejecutarla: “No tiene un plazo concreto, pero esperamos que sea deprisa, ya que la fiscal puede ser detenida y deportada en cualquier momento en Afganistán”, asegura Maurici Pérez Simeón.

Un procedimiento impulsado por la Clínica Jurídica con muchos vaivenes

Hace cerca de año y medio, la Clínica Jurídica de la UPF, a instancias de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la UPF, y a través de la Asociación Internacional de Fiscales, recibió el caso de una de las fiscales más importantes de Afganistán, que actualmente se encuentra fuera de su país y en situación de peligro.

Con la toma de Kabul por parte de los talibanes, en el 2021, la fiscala tuvo que huir a la vecina Pakistán, donde vive actualmente y subsiste como puede, escondida y en condiciones difíciles. Había llevado casos en los que había juzgado y condenado a talibanes por terrorismo, e incluso a miembros de Estado Islámico, que actualmente se encuentran en libertad. Huyó con su hijo pequeño, que actualmente tiene seis años, y una hermana.

La Clínica Jurídica de la UPF cogió el caso: empezó el procedimiento y pasó a defender a la fiscal afgana. Desde entonces ha estado en contacto con ella, intentando su traslado a España, junto con su hija, tanto en vía administrativa como judicial. La hermana, hace unos meses, fue capturada por la policía pakistaní y deportada a Afganistán.

La Clínica solicitó por instancia al embajador de España en Islamabad (Pakistán), el 25 de noviembre de 2023, el traslado de madre e hija, al amparo del artículo 38 de la Ley reguladora del Derecho de Asilo: con esta normativa, las embajadas tienen la facultad de ordenar el traslado a territorio español de una persona que esté en peligro por su integridad física, con el fin de que pueda pedir asilo. El embajador de España en Pakistán entrevistó a la fiscal dos veces, la última el pasado 7 de diciembre, para decidir si le concedía o no el visado para que pudiera venir a España, pero en todos estos meses no había tomado una decisión .

Paralelamente, y ante la inactividad del embajador, la Clínica Jurídica interpuso un recurso ante la Audiencia Nacional, en el que pedía una medida cautelar, que implicaría el traslado de la fiscal afgana a España mientras se tramitaba el procedimiento judicial. La Abogacía del Estado se opuso, pero la Fiscalía informó a favor. Por último la Audiencia Nacional ha concedido medida cautelar, de forma que el embajador se verá en la obligación legal de entregarle los documentos de viaje necesarios para su traslado.

Aparte de este caso, la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la UPF está representando actualmente otros tres casos de mujeres fiscales afganas: “Se trata de tres mujeres fiscales que tienen marido, y aunque la situación es complicada, hecho de tener marido les da de comer. También tenemos hombres fiscales que piden ayuda”, concluye Maurici Pérez.

La Clínica Jurídica de la UPF, una iniciativa de aprendizaje y servicio

La Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la UPF, que entró en funcionamiento desde 2017, es una iniciativa solidaria de aprendizaje servicio que tiene como objetivo poner a disposición de personas o colectivos vulnerables la investigación jurídica de la UPF y la experiencia profesional de abogados de prestigio, siempre de forma gratuita.

Los equipos de trabajo están formados por un abogado en activo, experto en el tema; un profesor de la Facultad y cinco o seis estudiantes (del último curso del grado en Derecho de la UPF o del máster de Acceso a la Abogacía de la UPF-BSM), que defienden un caso real con interés académico y social. Este sistema permite que los estudiantes se inicien en la profesión conociendo de cerca unos casos muy especiales, con características diferentes, ya que se llevan de forma gratuita y altruista en defensa de personas necesitadas.