Como ya recogió la ACUP en la llamada Declaración de San Daniel en octubre de 2016, urge la concreción de una nueva política universitaria, ampliamente consensuada, que incluya un modelo de financiación estable, un plan de inversiones y un incremento de la partida presupuestaria. En este sentido, la revisión a la baja de las tasas se sitúa entre las medidas correctas, pero que necesariamente deben ir acompañadas de actuaciones de amplio espectro que permitan encarar retos urgentes como el funcionamiento basal universitario, el plan de inversiones , la apuesta por la investigación, la política contractual de profesorado, la estructura de precios y el sistema de becas y ayudas.

 

Hay que revertir las restricciones económicas de los últimos años para aproximarnos a la financiación mediante los países de la OCDE. Aparte de la suficiencia económica, es necesario un cambio de planteamiento sobre el sistema universitario catalán para que no deberíamos hablar de gasto sino de inversión ya que por cada euro destinado a la educación superior es devuelto multiplicado por cuatro en la sociedad catalana, según el informe de impactos socioeconómicos de las universidades y la investigación públicas de Cataluña, publicado en 2017.