Artículo publicado en el diario Ara el 22 de enero de 2021

Tal como ya defendí aquí hace dos semanas, no deberíamos poder votar en las elecciones al Parlamento de Cataluña el 14-F. Y la razón no es sólo de salud pública, sino también de legitimidad democrática. Esto es lo que, en mi opinión, y en la del magistrado José Manuel de Soler Bigas, que firma el voto particular en la interlocutoria publicada el viernes, la mayoría de la sala contencioso administrativa del TSJC parece no haber entendido. Es cierto que el Tribunal aún no ha dictado sentencia ni ha entrado a evaluar por completo el fondo del asunto. Pero, como la misma interlocutoria indica, a fin de resolver las peticiones de medidas cautelares se ha visto obligada a hacer una ponderación de intereses relevantes que parece anticipar su juicio, y en el que sorprende la omisión de un análisis más riguroso de las condiciones que son necesarias para unas elecciones democráticas puedan desarrollarse de manera no sólo legalmente válida, sino democráticamente legítima.

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