La discusión de los principios de justicia global han llevado, por un lado, al análisis de las implicaciones institucionales de estos principios, y por otro, a la discusión de problemas concretos especialmente urgentes como el cambio climático y el crecimiento demográfico global. De hecho, algunos de los contribuyentes mas importantes a la literatura sobre justicia global, como Thomas Pogge, Henry Shue, Simon Caney, e incluso David Miller han vuelto su atención a la cuestión de la distribución de los costes de mitigación de, y adaptación a, el cambio climático. Dado que la destrucción medioambiental y las emisiones per cápita no solo están en función de nuestras prácticas industriales y otras actividades económicas, sino que también dependen de cuantos humanos somos, Caney y otros están ahora volviendo de nuevo a la cuestión del cambio demográfico. La combinación del crecimiento de las emisiones per cápita según de los paises en vías de desarrollo, según se industrializan, con la reciente decisión de China de abandonar la política del hijo único, ante el envejecimiento de su población, amenaza con provocar incrementos en las temperaturas globales mayores de los estimados. El cambio demográfico, a su vez, depende de dos variables principales, la reproducción, que tiene un impacto directo sobre la población mundial y la migración. La migración puede tener un impacto indirecto sobre la población mundial porque la fertilidad de las poblaciones desplazadas puede cambiar como consecuencia del desplazamiento, y porque las sociedades que las acogen pueden también reducir su necesidad de incrementar sus nacimientos, mediante la recepción de inmigrantes. La importancia de contener el crecimiento lleva a la discusión de la legitimidad de ciertos métodos y ciertos agentes a la hora de conseguir estas metas, cuando el derecho a formar una familia es un derecho humano. No obstante, si los derechos humanos se conciben, como mantiene Marisa Iglesias, como derechos a mínimos o a cierto nivel (mientras que los derechos constitucionales serían igualitarios), proteger el derecho a formar una familia no incluye el derecho a un subsidio completo de una familia de cualquier tamaño. Esa es una de las formas en las que la justicia global, el cambio climático, la procreación, los derechos humanos, la legitimidad y la democracia están conectados. Pero hay muchas otras conexiones, que involucran, por ejemplo, distintos derechos humanos, y la necesidad creciente de coordinación internacional para resolver no solo problemas medioambientales, sino otros problemas como la competencia fiscal entre países y los flujos ilícitos de capital, que reducen la capacidad de los gobiernos de mantener sus estados de bienestar. La necesidad de mayor coordinación lleva, a su vez, a la discusión de los agentes legitimados para alcanzar acuerdos y al análisis de los distintos modelos de democracia global que puedan garantizar una participación más equitativa de  los afectados en decisiones internacionales con implicaciones tan serias para los individuos y los colectivos como el cambio demográfico y climático.