Objetivos
El objetivo del grado en Criminología y Políticas Públicas de Prevención es, por un lado, que el estudiante disponga de un amplio abanico de conocimientos en derecho, ciencias políticas y sociales, y biología y psicología, y los sepa aplicar al ámbito específico de la criminalidad y, por otro lado, capacitar al estudiante para asesorar a las administraciones públicas, el sistema judicial y el sector privado en materia de delincuencia y seguridad.
El grado en Derecho proporciona una formación que permite entender la estructura y las funciones de los ordenamientos jurídicos y de sus normas; asimilar los contenidos normativos básicos, y saber aplicar las técnicas de argumentación y de interpretación de las normas jurídicas. Esta formación jurídica se complementa con una introducción a otras ciencias sociales como la economía, la estadística y la ciencia política.
Competencias que se adquirirán
Grado en Criminología y Políticas Públicas de Prevención
- Relacionar los conocimientos generales y de diferentes disciplinas y aplicarlos a la realidad para tratar el problema de la criminalidad.
- Gestionar la información.
- Exponer las ideas de manera estructurada, tanto oralmente como por escrito.
- Trabajar en equipo.
- Adquirir iniciativa para elaborar propuestas.
- Saber analizar los problemas sociales para buscar soluciones eficaces y justas.
Grado en Derecho
Las generales o transversales, que enriquecen la personalidad y se pueden aplicar provechosamente en la vida profesional. Entre estas competencias destacan la capacidad de detectar y analizar los conflictos sociales y sus medios de composición; la capacidad de comunicar y de negociar; la estimulación de la iniciativa y la predisposición al liderazgo; la capacidad de asociar conocimientos y de desarrollar el razonamiento crítico; la fluidez en el uso técnico de lenguas extranjeras; la aptitud para trabajar en equipo, y el compromiso ético.
Las específicas, que son útiles para desarrollar actividades en un entorno jurídico, giran en torno a la capacidad de distinguir y de emplear correctamente las fuentes del derecho; de la capacidad de reconocer las instituciones y los principios rectores del derecho privado y el derecho público; del dominio de la argumentación jurídica; de la asimilación de los principios y valores constitucionales en la interpretación del ordenamiento, y de la elaboración de informes, dictámenes y otros documentos jurídicos.