La tesis de Cindy Guin Freire, titulada El derecho a la rectificación en Ecuador y su aplicación en torno a la Ley Orgánica de Comunicación durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenin Moreno. Percepciones de los colectivos: jurídico, académico y periodístico entre los años 2013-2021, se centra en el empleo del derecho de rectificación, en concreto a través del caso de la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador, su aplicación durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenin Moreno, y la percepción que de su empleo como posible mecanismo de censura y autocensura tienen tres colectivos: los periodistas y otros agentes de los medios de comunicación, los legisladores y juristas, y el mundo académico. Los miembros del tribunal, compuesto por Guillermo López García, de la Universidad de Valencia, como presidente; Koldo Meso, de la Universidad del País Vasco, como vocal; y Laura Pérez-Altable, coordinadora del grupo de investigación DIGIDOC de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), destacaron que, más allá del caso concreto, la investigación plantea temas de relevancia social, como el uso de la ley en la regulación de la actividad de los medios de comunicación.

En su investigación, la ya doctora Guin aprecia que “la aplicación del derecho a la rectificación durante los gobiernos de Rafael Correa generó mecanismos de autocensura en los periodistas y medios de comunicación”, al menos tal es la percepción de los diversos colectivos entrevistados. Cindy Guin destacó que todos los colectivos aseguraron que los objetivos de la ley fueron “intencionales”, y “respondía a un objetivo político, el cual buscaba como principal intención la consolidación del gobierno de Rafael Correa y su imagen como líder político”. Si bien “el surgimiento de gobiernos de izquierda en el Cono Sur trajo consigo la implementación de nuevas políticas en el ámbito de la comunicación, buscando revertir los efectos de la desregulación neoliberal”, en la práctica la aplicación de estos instrumentos legales supuso una intervención en la línea del “activismo mediático” propuesta por Kitzberger,  de manera que el gobierno de Correa inició “una postura activa y participativa en la definición de la agenda mediática y en la regulación de los medios de comunicación”.  Aunque en determinados colectivos, singularmente el académico, se percibe la ley como teóricamente positiva en general, incluso en ese grupo no falta quien piensa que “la ley atentó contra la libertad de expresión y que se cometieron abusos en su aplicación”.

En todo caso, la tesis de Cindy Guin Freire “evidencia claramente la necesidad continua de estudiar y profundizar en los temas relacionados con la libertad de expresión. Ahondar en estos temas es esencial para obtener una comprensión completa de la situación del periodismo, su ejercicio, los desafíos y conflictos a los que se enfrenta en la actualidad. Este enfoque más profundo y detallado permitirá adquirir una visión crítica y proactiva que pueda contribuir a la formulación de posibles alternativas y soluciones”. Ese fue, precisamente, uno de los factores que el tribunal que otorgó por unanimidad la máxima calificación al trabajo subrayó para destacar la excelencia de la investigación. 
 

De izquierda a derecha: Javier Díaz Noci, director de la tesis, Guillermo López García, presidente del tribunal, Koldo Meso, vocal, Cindy Guin Freire, ya doctora, y Laura Pérez Altable, secretaria del tribunal. Fotografía: Kevin García.