Por un lado, el 28 de noviembre de 2025 se inició la tramitación parlamentaria de una Proposición de Ley Orgánica de garantía del plurilingüismo y de los derechos lingüísticos de la ciudadanía frente a las instituciones del Estado. Esta iniciativa presentada por 23 diputados de los grupos parlamentarios Republicano, EH Bildu, EAJ-PNV, Plurinacional Sumar, BNG y Compromís, tiene el objetivo de blindar que cualquier ciudadano, independientemente del territorio donde se encuentra, pueda dirigirse en las lenguas cooficiales a cualquier institución del Estado con la plena validez jurídica, ya sea el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, las Delegaciones del Gobierno, el Defensor del Pueblo y toda institución que dependa de la AGE.

La norma modifica más de una quincena de leyes y especifica que, para acceder a puestos de trabajo o de la judicatura en las comunidades autónomas con lengua propia oficial, es necesario conocer el idioma y, a su vez, los procedimientos de contratación pública deben incluir criterios lingüísticos. Asimismo, propone eliminar las asimetrías del modelo vigente mediante la adaptación de la Administración a todas las lenguas oficiales con el fin de asegurar la validez legal de los documentos sin requerir de traducción alguna. La ley solo se ha tomado en consideración por el Pleno de la Cámara y todavía tiene un recorrido parlamentario largo. 

En paralelo, el 29 de enero de 2026, el Congreso de los Diputados ha firmado un convenio de colaboración con el Institut d’Estudis Catalans (IEC), la institución académica encargada de velar por la lengua catalana. La finalidad de ambas instituciones es que las iniciativas legislativas aprobadas por el Congreso se publiquen y difundan en catalán dentro de un marco sólido. 

El IEC, como entidad responsable de la normativa catalana, ayudará con la normalización de la variedad estándar de las normas aprobadas por el Congreso. A su vez, prestará su servicio para la redacción, traducción y corrección de toda la documentación que no sea de índole parlamentaria. En palabras de la presidenta del IEC, Teresa Cabré, este convenio «refuerza la colaboración institucional para que la lengua disponga de los recursos necesarios y se haga un uso normal en todos los ámbitos del derecho y de la vida pública».

En este sentido, tanto la iniciativa legislativa de garantía del plurilingüismo como el convenio firmado con el IEC son ejemplos que permiten al Congreso de los Diputados avanzar en el reconocimiento de las lenguas cooficiales y, especialmente, en el caso del catalán. De esta manera, la sede de la soberanía nacional del Estado progresa de forma gradual, pero firme en el respeto y la consolidación de la diversidad lingüística de España.