La Unión Europea ha vuelto a posponer la votación para reconocer el catalán, el gallego y el euskera como lenguas oficiales de la UE debido a la falta de unanimidad entre los 27 Estados miembros. Durante la reunión del Consejo de Asuntos Generales celebrada este martes, varios países —como Alemania, Italia, Finlandia, Suecia, Croacia, Austria y Chequia— han expresado dudas legales y económicas que les han llevado a pedir más tiempo para evaluar la propuesta.

El Gobierno ha defendido la inclusión de estas lenguas cooficiales, argumentando que España está dispuesta a asumir los costes derivados de su oficialización, estimados en 132 millones de euros. Además, ha propuesto una implementación progresiva a partir de 2027, que comenzaría con la traducción de la legislación del Consejo y del Parlamento Europeo. A pesar de los esfuerzos diplomáticos, la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, que ostenta Polonia, ha optado por retirar la cuestión del orden del día ante la falta de consenso. Todavía no se ha fijado una nueva fecha para la votación, pero ya se sabe que la próxima reunión del Consejo, prevista para el 24 de junio, no abordará este tema.

Desde Cataluña, el Gobierno catalán ha expresado su confianza en que el reconocimiento oficial del catalán en la UE se logrará si se sigue trabajando en esta dirección. Por otro lado, el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, también se ha mostrado optimista en X, mientras que el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha reafirmado el compromiso de la sociedad catalana en la lucha por los derechos lingüísticos.

Este nuevo aplazamiento pone de manifiesto las dificultades para lograr la oficialidad de las lenguas cooficiales del Estado español en la UE, a pesar de los esfuerzos del Gobierno y el apoyo de algunos Estados miembros como Dinamarca y Eslovenia. Además, la oposición activa del Partido Popular, que ha presionado a sus aliados europeos para que rechacen la iniciativa, ha añadido aún más obstáculos, mientras que algunos países han expresado el temor de que esta decisión abra la puerta a que otras lenguas minoritarias de Europa soliciten el mismo reconocimiento.