La solicitante de asilo, una disidente política originaria de un país dirigido por un régimen dictatorial, trabajaba como camarera en una cadena de restaurantes de comer rápido. Unos meses atrás, se le notificó la denegación del asilo y se le ordenó la salida de territorio español pero, con el apoyo de la Clínica, esta orden se recorrió y se obtuvo la suspensión de sus efectos. La empresa supo que la trabajadora había recibido la orden de expulsión y, pasando por alto que sus efectos estaban legalmente en suspenso - la despidió igualmente sin indemnización, alegando - incorrectamente - que había decaído en su derecho a trabajar legalmente en España. Un equipo de la Clínica, liderado por un abogado voluntario, impugnó el despido y en una en el mes de marzo de 2024 ha conseguido que se reconozca su improcedencia y que la trabajadora sea indemnizada.