Si nadie discute que uno de los grandes retos sociales de este joven siglo XXI es el encaje de la participación popular en la toma de decisiones, y en esa línea, hallar los mecanismos necesarios para favorecer una participación activa y permanente de los ciudadanos en el diseño de las políticas que afectan directamente a su vida cotidiana, hay que empezar a analizar quién, dónde y cómo se toman las decisiones a día de hoy.

Y llegados a este punto, si queremos analizar quién, dónde y cómo se toman las decisiones, debemos valorar, indiscutiblemente, el rol jugado —y que siguen jugando— las comisiones de trabajo de las instituciones parlamentarias y representativas en la gestación de decisiones. No podemos ignorar por más tiempo o dejar sin analizar el protagonismo indiscutible que estos organismos han tenido en numerosas ocasiones, y siguen teniendo, en todos los ámbitos del poder, ya sean estos supraestatales, nacionales, provinciales o locales, de naturaleza, ejecutiva, legislativa o judicial.

De hecho, ha llegado el momento de poner en un primer plano de análisis estas instituciones mal llamadas “menores”. De abrir una nueva línea de investigación en torno a ellas y dotarlas de un método de análisis que, ampliamente consensuado, pueda ser fácilmente aplicable en todos los tiempos y territorios. Por vez primera, debemos interesarnos mucho más por la base del iceberg que por su punta, por los rincones menos visibles de las instituciones que por aquellos más visibles, por la sala de máquinas, en fin, dónde se inicia y deliberadamente se cuece gran parte del trabajo previo a la toma de decisiones.

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