El despilfarro en los sistemas sanitarios y sus fuentes

En atención de salud, hablamos de despilfarro para referirnos a los recursos utilizados por el sistema sanitario que no añaden “valor” al paciente, su familia o la comunidad. Pueden ser equipamientos (como las salas de consulta, de imagen, quirófanos, etc.), fármacos, pruebas diagnósticas u otros consumibles, tiempo de los profesionales y otro personal (también de los pacientes y sus familiares) o cualquier otro. 

Los recursos pueden traducirse a una medida común, las unidades monetarias. Berwick, Director del Institute for Healthcare Improvement (IHI) y de los Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) durante la Administración Obama, estimó que entre el 21% y el 47% del gasto del sistema sanitario estadounidense en 2011 (entre 558 y 1.263 biliardos de dólares de ese año) podría ser despilfarro (Berwick DM, Harckbart AD, 2012). Otras estimaciones hablan de entre un 25% (Shrank WH et al, 2019) y un tercio del gasto sanitario en ese país (Bueno B et al, 2019). 

Los sistemas de atención de salud son organizaciones complejas. Y hacen cosas complejas en un mundo complejo y cambiante. Incluyendo cambiantes evidencias de lo que deberían hacer (o no hacer) a los pacientes con determinadas condiciones. No siempre visten el “traje” organizativo adecuado para el correcto desarrollo de sus funciones asistenciales, investigadoras e innovadoras y docentes. Y sus profesionales no siempre están a la última evidencia (en este número de “Antenas de Difusión” hay un ejemplo a propósito de la meniscectomía). En estas circunstancias, un cierto volumen de ineficiencia (despilfarro) es esperable. Pero las cifras de despilfarro que se manejan sobrepasan con mucho lo razonablemente aceptable y son recursos que detraemos de la atención a otros pacientes.

Shrank et al. (Shrank WH et al, 2019), siguiendo la nomenclatura de Berwick (Berwick DM, Harckbart AD, 2012), señalaban (y cuantificaba) 6 fuentes de despilfarro en los sistemas sanitarios:

• Fallos en la prestación de la atención sanitaria, que incluiría problemas de ejecución deficiente de la atención (problemas de calidad), no adopción de tratamientos o prácticas de efectividad demostrada (infrautilización) y efectos adversos evitables.
• Fallos en la coordinación de la atención que dejarían a los pacientes atrapados en los “agujeros” de una atención fragmentada, con demoras, retrasos diagnósticos y complicaciones, ingresos y reingresos evitables. Un problema que afectaría especialmente a pacientes crónicos y complejos.
• Sobreutilización y atención de bajo valor, referido a tratamientos y pruebas diagnósticas que no benefician a los pacientes y que en muchos casos son el origen de cascadas de otras pruebas y tratamientos aún más innecesarios y de efectos adversos. 
• Complejidad administrativa y rigidez burocrática: referida al conjunto de normas y reglas ineficientes que no aportan valor a los pacientes y la sociedad y que consumen el tiempo del personal (sanitario y no sanitario, y también de los pacientes y sus familias) en actividades innecesarias o que pueden realizarse de formas menos costosas.
• Precios “excesivos”: cuando –por reflejar situaciones de monopolio o sistemas de reembolso inadecuados– se alejan de las cifras esperables en “mercados competitivos” o en relación con el valor añadido de los tratamientos y las innovaciones respecto a las alternativas.
• Fraude, abuso y mal gobierno: que no sólo incluye los costes del propio fraude o la gobernanza inadecuada, sino también los costes de la vigilancia para evitar el fraude y, al extremo, generan buena parte de los costes burocráticos. Incluiría también el fraude y abuso de los propios usuarios.

Nótese que el gasto de la atención inadecuada no se refiere sólo al precio de los tratamientos inadecuadamente empleados (figura 1). En el caso de la subutilización hay que agregar el gasto de las complicaciones que habrían evitado con un tratamiento adecuado. En el caso de la sobreutilización, el de los tratamientos y pruebas empleados para abordar los efectos adversos de los tratamientos innecesarios y el de las pruebas y tratamientos empleados para el descarte de los falsos positivos (cascadas diagnósticas).

Figura 1. El gasto en la atención inadecuada

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Aunque el SNS se halla, tanto por el volumen total de financiación como por su estructura de costes, en un universo muy distante del que probablemente es el sistema más caro del mundo, es interesante notar que Berwick (Berwick DM, Harckbart AD, 2012) estimaba que en torno a la mitad del despilfarro tenía un origen directo en la atención sanitaria (un 20% atribuible a fallos de la atención sanitaria, un 5% a fallos de coordinación de la atención y un 30% a sobreutilización de servicios), aspectos que enlazan con el concepto de atención sanitaria evitable, presente en la realidad de cualquier sistema sanitario, incluyendo el SNS.

Fallos en la prestación de atención sanitaria: calidad, infrautilización y eventos adversos

El despilfarro en esta categoría procedería de la atención de baja calidad y la ausencia de implementación de tratamientos o procedimientos efectivos (infrautilización de atención efectiva), incluyendo algunas prácticas preventivas o algunas estrategias de seguridad de pacientes y de los eventos adversos evitables (Berwick DM, Harckbart AD, 2012). Estos problemas resultan en daño a los pacientes y el agravamiento o descompensación de problemas de salud que derivan en la necesidad de tratamientos, hospitalizaciones y otras atenciones que, a su vez, se traducen en importantes costes para el sistema sanitario.  

Los estudios de infrautilización de tratamientos efectivos en el SNS incluyen áreas muy variadas como el control de la hipertensión arterial, de los diabéticos, de los pacientes anticoagulados, etc., a veces bajo rúbricas como “inercia terapéutica”, cumplimiento (de las guías de práctica por los profesionales) o adherencia (de los pacientes a las prescripciones médicas). También la no utilización de tratamientos indicados en determinadas condiciones, como los anticoagulantes orales en la fibrilación atrial, antiagregantes, betabloqueantes y otros en la cardiopatía isquémica, antiosteoporóticos tras fractura de cadera, y muchos otros. 

Las cifras de infrautilización, aunque existe una gran variedad entre centros y entre condiciones, son, a veces, apabullantes. Por ejemplo, un metaanálisis de los estudios observacionales españoles 2000-2012 (con más de 370.000 personas) que valoraban el control de la hipertensión arterial encontró un 66% de pacientes con cifras superiores a 140/90 mmHg.  Aún peor, cuando se valoraban sólo las personas de alto riesgo, el porcentaje de personas con cifras que indicaban un control deficiente (>130/85, mmHg) alcanzaba el 87% (Catalá-López F et al, 2012; 2013). Otros estudios poblacionales muestran situaciones similares. Por ejemplo, el 85% de las personas dadas de alta hospitalaria tras fractura de cadera no había recibido tratamiento antiosteoporótico en los tres meses siguientes al alta (Hurtado I et al, 2020), el 90% de las personas con fibrilación atrial y tratamiento con cumarínicos están con cifras no óptimas de control de la anticoagulación (García-Sempere A et al, 2019; 2020).

En cuanto a los eventos adversos, los estudios más extensos para estimar su prevalencia en el SNS se realizaron a mediados de la primera década del siglo (Aranaz-Andrés JM et al, 2008; 2006).  El estudio APEAS (atención primaria) cifraba en 10,1 por 1000 visitas los eventos adversos en atención primaria de los que un 7,3% eran graves y el 70,2% evitables (Aranaz-Andrés JM et al, 2008), mientras que el ENEAS (atención hospitalaria) los cifraba en 9,3% por cada 100 hospitalizados, un 16% graves y 42,8% evitables (Aranaz-Andrés JM et al, 2006). 

Mientras las conclusiones de ambos estudios tendían a relativizar estas cifras (similares a las de otros países de nuestro entorno), no conviene minimizar su impacto: los 300 millones de visitas no urgentes anuales en atención primaria resultarían en 3 millones de efectos adversos cada año, de los que casi 300.000 serían graves y al menos 2 millones evitables. En el caso de la hospitalización, los 5,2 millones de hospitalizaciones del año en que se realizó el ENEAS ofrecerían cifras de 450.000 efectos adversos anuales, de los que 90.000 serían graves y unos 200.000 evitables. No por casualidad los eventos adversos derivados de la atención sanitaria (no siempre evitables) se consideran la probable tercera causa de morbimortalidad en nuestro país, tras las enfermedades cardiovasculares y el cáncer.

Un reciente estudio transversal en un único hospital terciario de Madrid que revisó 636 pacientes sugiere que estás cifras se mantienen: la prevalencia de eventos adversos fue del 12,4%, el 70,2% de valoraron como evitables y el coste adicional por paciente con al menos un efecto adverso fue de 12.462 euros (San José-Saras D et al, 2022). Otro estudio, en unidades geriátricas hospitalarias, estimó que el 6% del total de ingresos se debía a efectos adversos de medicamentos (76,4% evitables) (Cabré M et al, 2017). 

En cuanto a las llamadas hospitalizaciones potencialmente evitables con un mejor manejo extrahospitalario de los pacientes, los estudios realizados en la década del 2000 cifran en torno al 15% la cuota de este tipo de ingresos hospitalarios sobre el total de hospitalizaciones (Magan P et al, 2008) . Estas cifras serían mucho mayores en hospitalizaciones evitables por enfermedades crónicas (Angulo Pueyo E et al, 2015; 2021), aunque en algunos casos como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica parecen haber ido descendiendo a lo largo de la última década (Librero J et al, 2016).

Aunque a partir de estos estudios es muy imprudente conjeturar estimaciones del gasto asociado a los eventos adversos o las hospitalizaciones evitables (derivados de ingresos hospitalarios, reingresos, prolongación de estancias, visitas a urgencias, pruebas diagnósticas y tratamientos), dados los volúmenes de hospitalizaciones que se manejan, cifras en torno al 10% del total del gasto sanitario, incluso superiores, no serían sorprendentes.

Sobreutilización y atención de bajo valor

El despilfarro en la asistencia sanitaria directa puede proceder de un exceso de costes para la producción de un determinado servicio (ineficiencia productiva: diferencia entre el coste actual de producir el servicio y el coste de producirlo de la forma más eficiente posible) o de producir un servicio de bajo valor (eficiencia asignativa: diferencia entre el coste del servicio producido y su valor) (Bentley TGK et al, 2008). Ambos tipos de ineficiencia pueden solaparse. Por ejemplo, puede solicitarse una prueba innecesaria (problema de eficiencia asignativa, ya que no aporta valor al manejo del paciente) y por duplicado (problema de ineficiencia productiva ya que podría haberse realizado lo mismo con menor coste). En la práctica, es difícil separarlas completamente, pero conviene tener en cuenta la diferencia entre producir un servicio de bajo valor y producir un servicio (de valor o no) de forma ineficiente (Emanuel EJ, Fuchs VR, 2008). En atención sanitaria no suele ser buena idea reducir los costes unitarios a costa de incrementar el volumen de servicios prestados con cada vez menor valor marginal.  

El concepto de “atención de bajo valor” (low value care) o atención “evitable” (avoidable care) no tiene una definición precisa pero, en términos generales incluye aspectos de reducida o nula efectividad comparativa, balance riesgo-beneficio negativo, razón coste-efectividad peor que otras alternativas o incertidumbre sobre la efectividad real por ausencia de suficiente evidencia (Institute of Medicine, 2001), responde sobre todo al concepto de eficiencia asignativa y ha sido explorado bajo términos muy diversos (que contienen matices diferenciados) en la literatura investigación en servicios de salud (Schwartz AL et al, 2014;  Gnjidic D, Elshaug AG, 2015): 

• Atención innecesaria (unnecessary care), inadecuada o inapropiada (inappropriate care, inappropriate utilization) (Payne SM, 1987; Peiró S, Portella E, 1994; Walraven C et al, 1998). 
• Sobreutilización (overutilization) (Emanuel EJ ,Fuchs VR, 2008; Abrams HL, 1979), sobreuso (overuse) (Ackerman S, Gonzales R, 2012; Korestein D et al, 2012), sobretratamiento (overtreatment) (Fowkes FGR, 1985; Franks P et al, 1992; Esserman LJ et al, 2014) y sobrediagnóstico (overdiagnosis) (Hoffman JR , 2012; Moynihan R et al, 2014; Carter SM et al, 2015). 
• “Demasiada medicina” (too-much medicine) (Glasziou P et al, 2013) y “menos es más” (less is more) (Lipitz-Sniderman A, Bach PB, 2013). 
• “Variaciones indeseables en la práctica médica” (unwarranted medical practice variations) (Wennberg JE, 2022; Peiró S, Maynard A, 2015; Bernal-Delgado E et al, 2014). 
• “hospitalizaciones evitables” (avoidable hospitalizations, ambulatory care sensitive conditions, preventive quality indicators) (Bindman AB et al, 1995; Clancy CM, 2005; Peiró S, Bernal-Delgado E, 2006), usado para referirse a hospitalizaciones que podrían evitarse con una mejor atención extrahospitalaria.

En España se han realizado numerosos estudios sobre utilización inapropiada de la hospitalización con cifras que sitúan este problema alrededor del 10% de las admisiones y el 30% del total de estancias hospitalarias (Antón P et al, 2005). Otros estudios también muestran  una sustancial inadecuación de las visitas a los servicios de urgencias hospitalarios, con cifras que oscilan del 20% al 80% de las mismas (Sempere-Selva T et al, 2001). Respecto a los tratamientos farmacológicos, algunos estudios de revisión destacan la sobreutilización de antibióticos (entre el 6% y el 55% de los prescritos), de hipolipemiantes (entre el 10% y el 79%), de antiulcerosos (entre el 13% y el 54%)  y el abuso de antiosteoporóticos (entre el 43% y el 92%) (Meneu R, Gil Cervera JV, 2004; Sanfélix-Gimeno G et al, 2012), pero previsiblemente estas situaciones se reproducen en otros muchos grupos farmacológicos como los sedantes e hipnóticos, los antipsicóticos, los tratamientos para el déficit de atención, analgésicos y anti-inflamatorios y otros (Sanfélix-Gimeno G et al, 2012). 

Los estudios sobre pruebas de laboratorio, pruebas de imagen y otras pruebas diagnósticas (incluso invasivas), aunque muy locales, también muestran cifras importantes de sobreutilización y uso inadecuado. Por poner algunos ejemplos:

• En diagnóstico por la imagen se ha reportado que hasta  3 de cada 5 resonancias por dolor de espalda serían innecesarias (Rodríguez Recio FJ et al, 1999), así como un tercio del total exploraciones radiológicas realizadas en hospitales (Vilar-Palop J et al, 2019). En este último trabajo se describía la importante carga de radiación asociada a estas exploraciones evitables. 
• En laboratorio se ha descrito como una intervención informativa acompañada de un  cambio del formulario de petición, redujo hasta un 70% las solicitudes de pruebas de ácido úrico realizadas al laboratorio de un hospital. No sorprendentemente está reducción se asoció a una reducción del 10% en las prescripciones de alopurinol (Salinas M et al, 2014).
• Respecto a pruebas de colonoscopia, 1 de 4-5, según se usen los criterios EPAGE o EPAGE-2, colonoscopias serían innecesarias (Arguello L et al, 2012). Otros estudios también han mostrado un importante sobreuso de la densitometría (Hurtado I et al, 2014). 

El Grupo Atlas de Variaciones en la Práctica Médica publicó otra aproximación a los cuidados de “dudoso” valor, empleando un listado de 59 procedimientos obsoletos o superados por alternativa más efectiva/coste-efectiva, de dudoso valor cuando se utilizan fuera de su indicación principal y para los que la evidencia de efectividad es todavía insuficiente. Entre ellos, que en torno al 16% de los partos de bajo riesgo finalizan en cesárea, con una enorme variabilidad entre áreas de salud (desde el 2% al 48%).

La traducción a gasto de estas cifras también debe ser prudente. Por un lado, las hospitalizaciones o las urgencias inapropiadas (por la menor gravedad de los pacientes), suelen tener menor coste que las adecuadas. Por otro lado, los efectos adversos de la atención innecesaria ya serían contabilizados en el apartado anterior. Pero no sería impensable que el coste de la sobreutilización supere el 10% del gasto sanitario total. 

Fallos de coordinación, eficiencia técnica, y otras fuentes de despilfarro

El despilfarro en esta categoría procedería de múltiples fuentes y sus efectos, al menos en parte, pueden solaparse con las anteriores porque en algunos casos derivarían en sobreutilización y en efectos adversos. Aspectos típicos serían la duplicación de pruebas diagnósticas por no estar disponibles las previas en el punto de atención, estudios preoperatorios que deben repetirse porque -debido a las esperas- se han realizado con excesiva antelación a la cirugía,  exceso de días de hospitalización derivados de retrasos en la realización de pruebas o interconsultas, mala programación de las visitas de seguimiento, utilización de profesionales especializados para atender problemas resolubles por atención de primaria, de médicos para atender problemas resolubles por cuidados de enfermería y de profesionales médicos o de enfermería para realizar procesos  administrativos. 

También se puede incluir aquí el uso de la hospitalización de agudos para atender pacientes manejables en hospitalización a domicilio, en hospitales de media-larga estancia o en atención primaria, la infrautilización de la cirugía sin ingreso y otros. No menos importante parece la sustitución de una mermada –aunque creciente– atención sociosanitaria por atención médica, de mayor coste y, en muchos casos, inadecuada para el tipo de problemas a abordar en estos pacientes.   

En muchos casos estas pérdidas de eficiencia tienen su origen en la rigidez del marco administrativo para gestionar unos servicios muy plásticos (para adaptarse a necesidades muy diferentes), sujetos a una gran innovación tecnológica y en un entorno rápidamente cambiante. Es un aspecto importante porque pese a que existe una gran coincidencia en que el “traje” administrativo de los años 70, por el que todavía se rige en lo esencial el SNS, tiene mangas y camales demasiado cortos y demasiado estrechos para prestar servicios personales de atención sanitaria, la falta de consenso sobre su evolución ha derivado en una zombificación organizacional que es una amenaza relevante para el conjunto del SNS. 

El tema de los precios en el SNS tiene muchas aristas. Los precios a los que se compran los medicamentos, dispositivos, prótesis, servicios concertados (y también otros servicios como los de catering, lavandería, limpieza, etc.) pueden tener una gran variabilidad de unas instituciones sanitarias a otras no justificable por las características de la institución o de los pacientes que atiende. Los mecanismos de fijación de precios (para medicamentos) y de compra utilizados en el SNS no aprovechan suficientemente el poder de compra del sector público. Por otra parte, el SNS apenas considera la relación coste-efectividad marginal de las innovaciones, sean medicamentos, pruebas, dispositivos o cualquier otra, a la hora de su incorporación a la cartera de servicios o de establecer el precio que está dispuesto a pagar por ellos (Puig-Junoy J, Peiró S, 2009).  

Finalmente, en este apartado misceláneo hay que incluir también el déficit de transparencia, honestidad y buen gobierno en la gobernanza de los servicios públicos de asistencia sanitaria. Hay aspectos, como la mínima información a ciudadanos y pacientes sobre los resultados de los centros sanitarios cuyo impacto en términos de despilfarro directo –no de deslegitimación– es probablemente menor. Otros aspectos, sin embargo, tienen un impacto directo en términos de despilfarro. Las políticas clientelares respecto a la construcción y ubicación de instalaciones sanitarias, la selección y promoción nepótica de personal directivo (muchas veces inexperto), el rehuir hasta lo inevitable la toma de decisiones que pudieran implicar costes electorales, las corruptelas o la corrupción con mayúsculas, etc., no son aspectos extraños en el sector sanitario, hasta el punto de que en algunas comunidades autónomas buena parte de los máximos responsables de sus departamentos de salud han sido imputados en causas de corrupción. El mal gobierno, y más allá del impacto directo de la malversación de recursos sanitarios, tienen el efecto adicional de deslegitimar el sistema sanitario y cualquier medida para la reducción del despilfarro.

Hay demasiada poca información para cuantificar el impacto de esta miscelánea de elementos (desde los fallos organizativos a las mala gobernanza, pasando por otros elementos) en términos de despilfarro, pero no sería demasiado aventurado conjeturar que podría suponer entre el 5% y el 10% del gasto sanitario total, aunque en parte se solaparía con el procedente de otras fuentes de despilfarro.

Algunas estrategias e intervenciones de reducción del despilfarro

La literatura biomédica también recoge términos que, siempre con muchos matices, atienden a posibles estrategias de reducción de la atención evitable, como los de desinversión (disinvestment) (Elshaug AG et al, 2007; Repullo JR, 2012; Campillo-Artero C, Bernal-Delgado E, 2012) y su variante referida a medicamentos (deprescripción; deprescription) (Hortal Carmona J et al, 2014).

Desde la regulación (macrogestión) suelen usar estos términos para referirse a la retirada de prestaciones de bajo valor de la cartera de servicios, a la priorización entre diferentes prestaciones o la fijación de precios en función del valor. Es una perspectiva asociada a la evaluación de tecnologías que se centra en la desinversión de tecnologías o servicios de bajo valor clínico (o no coste-efectivos) para generar los recursos que permitan introducir tecnologías innovadoras por lo que en algunos casos utilizan el término reinversión (Campillo-Artero C, Bernal-Delgado E, 2012).

Desde una perspectiva de mesogestión se han desarrollado “recomendaciones de no hacer” (do not do recommendations) a partir de las guías de práctica clínica (Hollingworth W, Chamberlain C, 2011; Osorio D, Bonfill X, 2016), el término “atención correcta” (rightcare) para referirse a la prestación de cuidados adecuados, sin sobre ni subutilización (Katz MH, 2015), el de “atención efectiva” (effective care) usado en los estudios de VPM para diferenciarlo de la “atención sensible a la oferta” (supply-sensitive care), que sería una forma de atención evitable (Fisher E, Wennberg JE, 2003),  así como el de atención basada en el valor (value-based care), muy empleado durante el Obamacare y que suele  incorporar un componente de compra de servicios en función de su valor clínico.

Desde la mesogestión, y además del de atención evitable, se utilizan también los términos atención inapropiada o innecesaria, más referidos al uso de tecnologías, medicamentos o pruebas diagnósticas en situaciones en que no son efectivas (Peiro S, Meneu R, 1997) incluyendo el uso de tecnologías de mayor coste que otras igualmente efectivas,  pruebas duplicadas, o pruebas realizadas con una cadencia (timeliness) sin lógica clínica. Además de diversos instrumentos de reducción del uso inapropiado, esta perspectiva se centra en el rightcare y las recomendaciones do-not-do o similares.

Desde la perspectiva del profesionalismo médico se han popularizado los términos de “elección prudente” (choosing wisely) (Cassel CK, Guest JA, 2012) o el de “medicina parsimoniosa” (parsimonious medicine). Choosing Wisely es una campaña desarrollada originalmente por la American Board of Internal Medicine Foundation para que las sociedades médicas generaran listas con las 5 pruebas diagnósticas o tratamientos (“Top 5”) más comunes de su especialidad que no aportaran valor al manejo de los pacientes. Actualmente extendida por todo el mundo, incluyendo España, esta campaña ha identificado cientos de pruebas y tratamientos de bajo valor, aunque su impacto en la práctica clínica es ambiguo. 

La perspectiva micro, procede fundamentalmente de fuentes profesionales o de investigación clínica y epidemiológica (overtreatment, overdiagnosis). En el primer caso, se buscan cambios en la toma de decisiones clínicas para reducir la solicitud de pruebas o la prescripción de tratamientos. En el segundo, hasta cierto punto cercano a la evaluación de tecnologías, se busca aportar conocimiento sobre el cribado, determinadas pruebas diagnósticas o algunos tratamientos, para influir en la adopción por los sistemas de salud de programas preventivos de bajo valor o en la toma de decisiones clínicas.  

Hay que hacer notar que mientras las perspectivas reguladora y de epidemiología clínica se centran en evitar la incorporación de tecnologías de bajo valor a la cartera de servicios (incluyendo cribados) o la retirada de las pre-existentes (desinversión), las perspectivas meso y profesional intentan sobre todo modificar el uso real de (al menos determinadas) pruebas y tratamientos. También señalar que bajo el concepto de atención de bajo valor o evitable no suele considerarse el despilfarro derivado del “excesivo” precio (o coste) pagado por algunas tecnologías o servicios, pese a que supone un claro despilfarro desde la perspectiva del sistema sanitario (Anderson GF et al, 2003).

Por el momento, el impacto de este tipo de estrategias es, como mínimo, ambiguo. En la mayoría de los casos se implementan mediante métodos de difusión pasiva. En otros con colaboración de las sociedades científicas o incluso de los pacientes. Y en algunos países como planes institucionales. Pero raramente se ha visto un impacto sustantivo de los programas globales, aunque algunas intervenciones concretas sobre un problema concreto pueden haber tenido éxito.

En conclusión

Por muchos motivos, la reducción del despilfarro (y la reinversión para mejorar la atención e incorporar la innovación verdadera) no es un problema de fácil resolución. Menos con la mano de cartas –macro, meso y micro– que tiene el SNS, muy restringido por sus reglamentación administrativa y de recursos humanos y por su propia inercia. 

Pero que el “problema” sea de difícil solución no debería impedir resolver muchos de los “problemas” abordables que forman parte de este. El coste del despilfarro es, esencialmente, el coste de los beneficios perdidos para pacientes, ciudadanos y, previsiblemente, para los propios profesionales del sistema sanitario. Y probablemente, (y aunque parezcan ignorarlo), también para sus proveedores y para los máximos responsables de las organizaciones sanitarias.

Salvador Peiró

Investigador. Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (FISABIO), València. Red de Investigación en Cronicidad, Atención Primaria y Promoción de la Salud (RICAPPS). Investigador asociado del CRES-UPF.