Photo by Neil Hall (EPA-EFE). Published in POLITICOEU

Hace algo más de un año saltó a la esfera pública un escándalo de corrupción de datos que habría podido contribuir a la victoria de Donald Trump en las presidenciales de EEUU 2016 y del “sí” al Brexit en el referéndum de Reino Unido. En marzo de 2018 Observer y The New York Times publicaban el testimonio de un ex empleado de Cambridge Analytica, la compañía detrás de la campaña de Trump y del Brexit. El soplón, Christopher Wiley, revelaba haber sido partícipe de una filtración de los datos de millones de usuarios de Facebook a su empresa, a través de la filial SCL Group. Después, Facebook publicó que los usuarios afectados ascenderían a unos 87 millones, de los cuales más de 1 millón serían británicos y cerca de 137.000, españoles. El caso dio la vuelta al mundo y acabó llevando a Mark Zukerberg, el director de Facebook, ante el senado estadounidense. Una sacudida de la que no salió demasiado perjudicado.

Es un tema que nos incumbe a todos y que inevitablemente en estos tiempos electorales nos toca más de cerca. En los últimos meses hemos votado en dos elecciones generales, en las europeas y en algunas comunidades, también en autonómicas y municipales.

"El caso Facebook-Cambridge Analytica es la esperable consecuencia del modelo de negocio de los gigantes digitales."

Mi tesis doctoral a investiga el impacto social y político de la explotación big data y me pareció interesante tratar el caso. Aunque no tanto por la influencia real que haya podido tener en la decisión final de voto de los ciudadanos, que creo que es relativa. Sino porque, lejos de ser un problema aislado, se revela como la esperable consecuencia de otro mayor: el modelo de negocio descontrolado de los gigantes digitales. Uno de los artículos que componen la tesis intenta explicar esto. Se titula “Tus likes ¿tu voto?” y está publicado en la revista Quaderns del CAC. Desde el momento en que la gran mayoría de nuestros datos los recopilan varias de las empresas más poderosas del mundo, fundamentalmente Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, un caso de corrupción de datos como el de Facebook-Cambridge Analytica no solo es posible, sino probable: las bases de datos de las grandes tecnológicas se vuelven las más valiosas para el negocio digital, pero también para el control social.

Cambridge Analytica, una de las empresas de recopilación de datos más importantes del mundo

Más o menos, lo que pasó sería esto: unos años antes de las campañas estadounidense y británica, varios investigadores de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) desarrollaron un modelo con el que demostraron poder inferir, entre muchas otras cosas, la orientación sexual, política y religiosa de las personas, a través del análisis automático de sus likes en Facebook.

Después, Cambridge Analytica habría conseguido hacer replicar y utilizar este modelo para deducir los perfiles psicológicos de millones de usuarios de Facebook y generar en una campaña de microtargeting político. ¿Con qué objetivo? Localizar votantes especialmente vulnerables entre el electorado e influir en sus sentimientos para mover su voto en un sentido concreto. Es decir, obtuvieron y utilizaron ilícitamente una información que, por otra parte, Facebook ya tenía sobre nosotros.

No debemos perder de vista que los datos de nuestra actividad en las redes sociales, como nuestros likes, son muy fácilmente accesibles. Es decir, que no hacen falta grandes artimañas para conseguirlos. La entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales abrió las puertas de par en par a que esto ocurra en España: añadió un nuevo artículo (58 bis) a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que, literalmente, permitía a los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales utilizar datos relativos a las opiniones políticas de las personas obtenidos en páginas web y otras fuentes de “acceso público”, para enviar propaganda electoral por medios electrónicos, redes sociales o sistemas de mensajería. El 12 de marzo de 2019, el Tribunal Constitucional admitió a trámite un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo contra este artículo. Dos meses después, el 22 de mayo, el pleno del TC declaró inconstitucional el punto 1 de este artículo 58 bis, que decía lo siguiente: “La recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas”. No obstante, sí quedan vigentes el resto de puntos del artículo, que permiten a los partidos “utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral” y enviar y contratar propaganda electoral a través de medios sociales, sin que esta tenga consideración de actividad o comunicación comercial. En este sentido, no olvidemos que los estudios antes mencionados han demostrado la posibilidad de extraer de información aparentemente “apolítica” otra, que sí lo es.

"La adaptación del RGPD a la legislación española permite a partidos políticos utilizar los datos de nuestras redes sociales con fines propagandísticos."

Destacaría, para que no se pierda de vista ante la polémica generada en España por el artículo 58 bis, que la ley orgánica de la que hablamos es una transposición del conocido como “Reglamento general de protección de datos” del Parlamento Europeo y del Consejo. Este RGPD, ya en su artículo 9. d) establece como excepción a la prohibición expresa del tratamiento de “categorías especiales de datos personales” aquellos casos en los cuales “el tratamiento es efectuado, en el ámbito de sus actividades legítimas y con las debidas garantías, por una fundación, una asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que el tratamiento se refiera exclusivamente a los miembros actuales o antiguos de tales organismos o a personas que mantengan contactos regulares con ellos en relación con sus fines y siempre que los datos personales no se comuniquen fuera de ellos sin el consentimiento de los interesados”. Dicha categoría “especial” de datos incluye aquellos que revelen las opiniones políticas de una persona física identificada.

La adaptación del RGPD a la legislación española permite a partidos políticos utilizar los datos de nuestras redes sociales con fines propagandísticos.

La posibilidad real de que estas técnicas den sus frutos, claro, es más reducida de lo que algunos desearían. Por una parte, las campañas electorales se desarrollan cada vez más en un clima de sobreexposición mediática, donde el impacto de estos mensajes se diluye. Por otra parte, la victoria de Trump y del Brexit se encuadra en una tendencia que marca el contexto socio-político actual. Las estrategias de Le Pen en Francia, de una sección del Brexit en Reino Unido, de Bolsonaro en Brasil, de Trump en EEUU o de VOX en España, forman parte de lo que Nancy Fraser llama “populismo reaccionario”. Una tendencia política que canaliza la oposición ciudadana a los efectos de la globalización y sus clases dirigentes mediante un discurso nacionalista radical, fundamentalmente racista y contrario al progreso social.

"Steve Bannon, el cap de campanya de Trump i director general de Cambridge Analytica ha arribat a Espanya de la mà de VOX."

Pero lo más importante, o al menos lo que yo pretendo explicar, es no debemos preocuparnos exclusivamente por las consecuencias inmediatas y directas que pueden tener casos como el de Cambridge Analytica en los resultados electorales. Por suerte, somos más complejos y menos influenciables de lo que los modelos matemáticos pueden predecir. Pero eso no justifica que haya quien siga invirtiendo millones en intentar manipular la democracia. Creo que más bien, debemos ser conscientes de que hay un contexto empresarial, legal y tecnológico que alerta de que, lamentablemente, puede que también en España haya quien lo intente. A esto se suma que Steve Bannon, el jefe de campaña de Trump y director general de Cambridge Analytica y SCL ya ha llegado a España, de la mano de VOX…

A menudo, los abusos de poder sobre los datos se justifican en el consentimiento de los individuos y con reclamos de transparencia. Pero, ¿implican la (mera) transparencia y el consentimiento individual control ciudadano? En mi opinión, sin un cambio de perspectiva que reconozca la importancia de la desigualdad de poder entre la ciudadanía y aquellos que controlan sus datos, el cumplimiento de los derechos fundamentales a la privacidad y la protección de datos seguirán, paradójicamente, supeditados a los intereses “privados” de aquellos capaces de imponer los suyos.

* Este artículo fue publicado el 24 de abril de 2019 y ha sido actualizado el 4 de noviembre del mismo año.