El acuerdo programático entre PSOE y Sumar para la reducción de la jornada laboral (hasta las 37,5 horas en 2025), sin disminución salarial ha hecho que últimamente se haya generado un debate público sobre la idoneidad de esa medida. En el debate han participado varios de los agentes implicados, como la patronal (mayoritariamente en contra), los sindicatos y los medios de comunicación, con voces autorizadas que han recalcado el impacto negativo sobre la productividad y el incremento de costes para las empresas que supondría esta reducción.

El número 3/2023 de IUSLabor, la revista digital de acceso abierto de la UPF dedicada al análisis del derecho del trabajo y de la seguridad social, dedica su editorial "Reducción de la jornada laboral, productividad y derecho al tiempo" a analizar las distintas vertientes que incorpora este debate, tanto desde el punto de vista social, económico como político.

Raquel Serrano Olivares: “La reducción generalizada de la jornada laboral debe ser valorada en términos de avance y conquista social, y además cuando no hay evidencias científicas que demuestren que trabajar menos horas merme la productividad laboral"

La autora de la editorial es Raquel Serrano Olivares, profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Barcelona, que se muestra favorable a desarrollar esta medida, en el marco del debate a nivel nacional e internacional sobre las políticas del tiempo, un concepto que puede considerarse como una cuestión política y un derecho de ciudadanía: “En este contexto, no puede extrañar que la reducción generalizada del tiempo de trabajo se conciba como una de las medidas centrales de una futura ley de usos del tiempo, a fin de conseguir un mayor equilibrio en los usos de tiempo de la ciudadanía y un mayor bienestar laboral y social”, afirma.

Para Raquel Serrano Olivares, el Derecho del Trabajo debe seguir jugando un papel redistributivo, ya que es una de las principales herramientas para garantizar la justicia social. "La reducción generalizada de la jornada laboral debe ser valorada en términos de avance y conquista social, y además cuando no hay evidencias científicas que demuestren que trabajar menos horas merme la productividad laboral", concluye. En este sentido, la autora recalca que quizá la reducción de la jornada laboral no consiga un incremento generalizado de la productividad, pero tampoco hará que seamos menos productivos: la productividad depende de muchos factores y dimensiones, que requieren una mayor inversión en innovación y capital humano.

Dos estudios doctrinales sobre temas de actualidad

Otros artículos relacionados con cuestiones de máxima actualidad los encontramos dentro de la sección "Estudios doctrinales", uno de los cuales corre a cargo de Núria J. Ayerra Duesca (Universidad de Zaragoza). En esta pieza, la autora analiza los principales retos que tiene pendiente la Ley 10/2021 de trabajo a distancia, y concretamente, el teletrabajo, en relación con la seguridad y la salud laboral desde una perspectiva de género. El objetivo es minimizar los riesgos laborales que afectan de forma específica a las mujeres, como son los riesgos psicosociales, ergonómicos y organizativos, teniendo en cuenta las necesidades de prevención de riesgos laborales asociadas al teletrabajo, en base a los principios de igualdad y no discriminación .

Sin movernos de la misma sección, encontramos un segundo artículo que firma Xavier Solà i Monells (Universidad Autònoma de Barcelona), centrado en la adaptación legislativa en España de la directiva de la UE (2019/1158) sobre conciliación corresponsable. Las últimas modificaciones legislativas están incluidas en un Real Decreto Ley (5/2023), cuyo trabajo analiza de forma crítica el alcance, los problemas de aplicación y el resultado final: este normativa del gobierno español completa realmente la transposición de la directiva europea? ¿Ofrece las soluciones adecuadas a las necesidades de cuidados que actualmente afrontan las personas trabajadoras y una atención equilibrada?,

Más contenidos dentro de Flash Judicial, Seguridad Social y las otras secciones habituales

Dentro de la sección "Flash Judicial", destaca el artículo de Josep Moreno Gené (Universidad de Lleida), en el que se hace eco de quien debe asumir el coste de la cuota patronal a la seguridad social en las ayudas Margarita Salas y María Zambrano, dirigida a los investigadores postdoctorales. Hasta ahora, la práctica totalidad de las universidades públicas españolas han restado el importe correspondiente a esta cuota en la cantidad inicial de las ayudas recibidas por los investigadores contratados, que han visto reducidas sus expectativas salariales. El autor cree que las primeras resoluciones judiciales han abordado y resuelto esta controversia de forma totalmente contradictoria.

Por otro lado, también dentro de "Flash Judicial", un artículo de Daniel Crespo Ortiz (Universidad de Valencia), sobre el uso de la Ley de Seguridad Privada para determinar la licitud de la prueba, mientras que una pieza de Carolina Gala Durán ( Universidad Autònoma de Barcelona), centrada en las responsabilidades en materia de seguridad social en el marco de la sucesión de empresas, se publica bajo el paraguas del apartado de "Seguridad Social".

Completan el contenido de la revista las secciones habituales "Sentencia ilustrada", a cargo de Francisco Ramon Lacomba Pérez, abogado de Cuatrecasas, con escrito sobre la garantía de indemnidad; "Trabajo en la Historia", en el que Sonia Isabel Pedrosa Alquézar (Universidad de Zaragoza) habla de los reconocimientos médicos de los trabajadores durante la Segunda República y en la Dictadura, y dos reseñas bibliográficas, escritas por Antonio Fernández García (Universitat Oberta de Catalunya) y Elisabet Velo i Fabregat (Universidad Autónoma de Barcelona), en torno a dos obras sobre inteligencia artificial y neuroderechos y el movimiento feminista cooperativo, respectivamente.

La revista IUSLabor, coeditada por Manel Luque (UPF), Anna Ginès (ESADE-URL) y Josep Moreno Gené (UdL), se dirige especialmente a personal investigador, profesionales del derecho y estudiantes avanzados, con la voluntad de ser un espacio de referencia en la reflexión jurídico-laboral nacional e internacional. Está incluida en el Ranking de Revistas Jurídicas por Especialidades, en el segundo cuartil en la especialidad de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Además, cuenta con el Sello de Calidad de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), así como la Mención de Buenas Prácticas Editoriales en Igualdad de Género.