IUSLabor, la revista digital de acceso abierto de la Universidad Pompeu Fabra dedicada al análisis del derecho del trabajo y de la seguridad social, dirigida especialmente a personal investigador, profesionales del derecho y estudiantes avanzados, ha publicado recientemente el número 3/2022. La nueva edición, que incluye un total de diez piezas, analiza temas relacionados con cuestiones de máxima actualidad, vinculadas al ordenamiento jurídico español, europeo o internacional.

La revista, co-editada por Manel Luque (UPF), Anna Ginès (ESADE) y Josep Moreno Gené (Universidad de Lleida), incluye en su último número una editorial, titulada “Salarios mínimos y salarios convencionales” a cargo de Eva Garrido Pérez, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Cádiz. La pieza analiza los diversos factores que intervienen en la fijación de salarios en España y el papel que en este entramado juega el salario mínimo interprofesional (SMI).

“Si la coordinación dentro de los niveles de negociación se proclama como absolutamente necesaria, más aún como premisa ineludible, aparece la conexión sistémica con los SMI"

Según afirma la autora, “Si la coordinación dentro de los niveles de negociación se proclama como absolutamente necesaria, más aún como premisa ineludible, aparece la conexión sistémica con los SMI. De hecho, el engranaje coordinado entre los tres vértices de este triángulo de niveles de fijación de salarios (Estado, Negociación Sectorial y Unidades empresariales) es el único mecanismo que permite eludir una precarización en el valor del trabajo incluso dentro de contextos económicos nada propicios para el sistema productivo español”.

Eva Garrido, que se hace eco de la diferente normativa estatal y europea vigente en este ámbito, pone énfasis en la actuación de los agentes sociales, que debe situarse en el centro de estos vértices de funcionalidad en la determinación salarial, y que debe servir de “mano directora de este escenario, que ordene y garantice la interrelación y la intercomunicación entre los tres niveles”.

Redes sociales, sector público y prostitución, ámbitos de tres estudios doctrinales

El número 3/2022 de IUSlabor incluye tres estudios doctrinales: en primer lugar, Alicia Villalba Sánchez (Universidad de Santiago de Compostela) es la autora de “El despido del trabajador derivado del uso de las redes sociales”, un artículo centrado en el margen de libertad que el derecho del trabajo confiere a los usuarios, ante la posibilidad de incurrir en un incumplimiento contractual por parte del trabajador, consistente en el uso de las redes sociales, o delatado por éstas.

En segundo lugar, María José Asquerino Lamparero (Universidad de Sevilla) firma "La contratación temporal en el sector público", una pieza que analiza como el Real Decreto Ley 32/2021, que tiene como objetivo reducir el trabajo de las modalidades contractuales laborales, impacta en el sector público.

En tercer lugar, Nuria J. Ayerra Duesca (Universidad de Zaragoza), en su artículo “Reconocimiento de la prostitución como trabajo susceptible de protección: diferentes fórmulas jurídicas”, pone de manifiesto, por un lado, la situación actual y la problemática que comporta el gran vacío legal existente en relación con la prostitución, y por el otro, la posibilidad de regularla como una actividad económica susceptible de protección jurídica.

Contenidos diversos dentro de las demás secciones habituales

Julen Llorens Espada (Universidad Pública de Navarra) en la sección “Derecho del trabajo y covid-19”, publica el artículo “El tratamiento de la covid-19 desde la acción protectora dispensada por la Seguridad Social a las personas trabajadoras”, en el que hace un recorrido por el camino legislativo que la SARS-CoV-2 ha recibido como contingencia protegida por la Seguridad Social en los distintos estadios de progreso de la pandemia.

Completan los contenidos de la revista artículos de María Gema Quintero Lima (Universidad Carlos III), que versa sobre el nuevo real decreto ley para mejorar las condiciones de trabajo y seguridad social de las personas trabajadoras al servicio del hogar (sección “Flash normativo”); Francisco Ramón Lacomba Pérez (abogado de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira), sobre despidos basados en cámara oculta (sección ”Sentencia ilustrada”); y dos flashes judiciales, a cargo de Ana María Castro Franco (Universidad de León) y Josep Moreno Gené (Universidad de Lleida), centrados, respectivamente, en la legitimación activa de los sindicatos para impugnar el despido colectivo de los repartidores autónomos de 'Uber Eats en el marco de la ley Rider y en el derecho del personal investigador predoctoral en formación de percibir trienios. Cierra el número la sección “Trabajo en la historia”, a cargo de Elisabet Velo i Fabregat (UAB), que revisa los precedentes internacionales de la Ley de 1918 de trabajo a domicilio.