Hablamos con Elena Larrauri, catedrática de derecho penal y criminología del Departamento de Derecho de la UPF y directora del grado en Criminología y Políticas Públicas de Prevención desde su inicio, el curso 2009-2010. El curso pasado consiguió la prestigiosa "Visiting Fellow" en el All Souls College de la Universidad de Oxford.

Que si nos dan los medios necesarios todos podemos estar en la primera línea de investigación. Respecto a los estudiantes, la gran virtud de Oxford es disponer, gracias a los colleges, de un sistema de tutorías que les permite discutir setmanalmente y de forma cercana con los profesores. Para que la universidad pública catalana pueda ofrecer esto se tendría que pensar en la proporción de tiempo que se destina a las clases magistrales, que cada vez más se pueden grabar y ver en línea, y el que se destina a conversar directamente y a contrastar ideas con pequeños grupos de estudiantes.

- ¿Qué podemos importar en el ámbito de la criminología?

Relacionado con lo que yo trabajo, podemos importar la relevancia que aquí en España damos a la rehabilitación. Ideas como por ejemplo que todos tenemos derecho a rehabilitarnos o que todos podemos cambiar son muy difusas en la cultura jurídica y social española. Y como consecuencia de esta creencia en la rehabilitación, la defensa que hacemos de la intimidad de las personas, también de los delincuentes condenados Podemos importar del Reino Unido la discusión rigurosa y respetuosa de las ideas; y la certeza que las cosas simpre se pueden hacer mejor.

"Ideas como por ejemplo que todos tenemos derecho a rehabilitarnos o que todos podemos cambiar son muy difusas en la cultura jurídica y social española"

- En la UPF Criminología es una titulación bastante reciente. ¿Qué valoración hace como directora de los estudios?

La valoración del nuevo grado es buena en general. Los profesores de la Universidad son excelentes, en lo que respecta a capacidad y a dedicación. Me gustaría que se pudieran estabilizar, pero ahora es muy difícil por la crisis económica y también por la dificultad de contratar profesores especialistas en criminología.

- ¿Podríamos decir que las series de televisión han ofrecido una imagen engañosa de la profesión?

Si, por la influencia de la televisión y especialmente de las series norteamericanas, se ofrece una imgen distorsionada y glamurosa de la profesión. Distorsionada porque se tiende a creer que un criminológo es un criminalista, experto en descubrir y perseguir delincuentes, y glamurosa porque estas series se centran en los casos más excepcionales, e ignoran que las prisiones están también llenas de personas pobres, excluidas de la sociedad y con muchos problemas de drogodependencias y salud mental.

- ¿Qué caracteriza a un criminólogo?

La curiosidad intelectual, la indignación hacia lo que hacen los delincuentes, y también hacia lo que les hacen a los delincuentes, y el convencimiento que se puede reformar y cambiar algunas cosas de la sociedad actual.

- ¿Hay mercado laboral en España para este "nuevo" perfil profesional?

Hoy en día nos encontramos con dos problemas. Generalmente trabajamos para instituciones públicas, asesoramos ayuntamientos, policías, prisiones, centros de menores, centros de víctimas, juzgados..., y como el sector público está parado es complicado para los nuevos graduados encontrar trabajo. Por otro lado, en España también cuesta mucho contratar una persona por sus conocimientos, y hay la tendencia, y el interés corporativo, de ofrecer plazas de psicólogo, educador, trabajador social, jurista, en lugar de contratar los graduados por lo que saben hacer. Una posible alternativa es presionar las administraciones públicas para que sean consecuentes y permitan que los graduados de titulaciones nuevas que han sido reconocidas tengan una oportunidad de demostrat qué saben y pueden hacer. Otra alternativa que exploran algunos graduados es ofrecer sus conocimientos a instituciones privadas: desde asesorar a despachos de abogados en la elaboración de informes que sirven para aportar información al juez hasta asesorar a empresas en programas de prevención de la delincuencia.

- Los antecedentes penales centran parte de su investigación. ¿Qué limitaciones pueden llegar a suponer para un ciudadano que haya cumplido condena?

Un antecedente penal puede excluir legalmente de muchas ocupaciones. En España varias leyes exigen no tener antecedentes penales para trabajar en muchas posiciones de la función pública relacionadas con la seguridad y la justicia, como por ejemplo policía, funcionario de prisiones, bombero, médico, fiscal o funcionario de la Administración. Por otro lado, este requisito también se exige en otras actividades como los taxistas, los conductores de camión, y los agentes de seguridad privada. En el sector privado los empresarios no tienen acceso directo al Registro Central de Penados, pero pueden  pedir a la persona que solicita el trabajo que lleve un certificado de los antecedentes penales. En segundo lugar, los antecedentes penales suponen un grave impedimento para obtener el permiso de residencia y la nacionalidad española. El hecho de tener un antecedente penal por un delito menor, antiguo y sin ninguna relación con el trabajo que se realiza puede comportar que a la persona se le deniegue un permiso de trabajo y de residencia.

"Utilizar la información de los antecedentes penales actua como castigo prácticamente indeterminado temporalmente"

- Por tanto, ¿pueden ser un impedimento para la reinserción en la sociedad?

En muchos casos, si. Utilizar la información de los antecedentes penales actua como un castigo prácticamente indeterminado temporalmente. Además, perpetua el estigma asociado a un hecho previo, y se continua considerando la persna afectada un exdelincuente; yo defiendo que a la gente se la tendría que recordar por todo lo que hace y no por su peor momento. Por otro lado, además de afectar su incorporación al mundo laboral y su estatus de residente y ciudadano, los antecedentes penales privan de otros derechos sociales, políticos y cívicos.

- ¿Qué medidas serían necesarias para evitarlo?

Sería necesario establecer en España un sistema ágil de cancelación de los antecedentes penales. Una vez se ha cumplido la condena, la presunción tendría que ser a favor de la integración. En segundo lugar, se tendría que eliminar el requisito que en carácter general prohibe que las personas con antecedentes penales trabajen en el sector público. Es curioso que la prohibición de discriminar personas que han cumplido condena, que recoge la ley penitenciaria española, sea igonarada por parte de la administración pública. Respecto a denegar permisos permisos de residencia porque la persona tiene un antecedente penal, sería suficiente tratando los ciudadanos de países no comunitarios como tratamos a los europeos, y decir claramente que un antecedente penal por sin solo no es motivo de expulsión.

Las personas que trabajan en tareas difíciles y las hacen lo mejor que pueden

Un músico

Van Morrison.

Un libro

Restless, de William Boyd.

Un valor

La sinceridad.

NO LE GUSTA

Las personas que no tienen sentido del humor

Para saber más

- Ha sido profesora en la UAB, y ha ejercido de profesora visitante invitada en el Institut für Kriminologische Sozialforschung de la Universidad de Hamburgo. Ha desarrollado tareas de investigación en Jerusalen, Oslo y en la Universidad de Nueva York.

- Ha sido galardonada con las becas Fulbright-La Caixa en la Universidad de Santa Barbara (California) y Alexander von Humboldt en la Universidad de Frankfurt.

- En la UPF ha sido vicerrectora de Relaciones Internacionales (2010). Es fundadora y miembro del Grupo de Investigación en Criminología y Sistema Penal.

- Fue presidenta de la European Society of Criminology (2007-2010).

- Su investigación se centra en el impacto que ocasionan los antecedentes penales en la exclusión de los jóvenes del mercado laboral(Recercaixa, 2013).

- Ha empezado una investigación sobre la calidad de vida en las prisiones catalanas.

Entrevista publicada en la revista UPF.EDU, número 9