Ana García,
Profesora del CEI International Affairs, centro adscrito a la UB, y colaboradora de la Iniciativa Bienestar Planetario de la UPF

Debido a la intensa dependencia de nuestro bienestar de los recursos no renovables, la crisis energética que atravesamos en la actualidad debe ser analizada también desde una perspectiva de derechos humanos, tanto desde el punto de vista de los impactos como de las respuestas, y tanto en el Sur como en el Norte global.  

Por un lado, es indudable que esta crisis energética tiene impactos directos e indirectos en los derechos humanos, ya que afecta a la infraestructura de provisión de bienes y servicios necesaria para garantizar la dignidad humana (acceso a alimentos suficientes y adecuados, a una vivienda digna, etc. ) Garantizar unas condiciones materiales mínimas es, en efecto, el cometido principal del derecho a un nivel de vida adecuado, que está reconocido internacionalmente, y que incluye el derecho de toda persona a la salud y el bienestar, en particular en relación a la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales. Aunque el nivel de vida es un estándar relativo, que depende por tanto de cada contexto particular, hay elementos de este derecho que son absolutos y que deben garantizarse en cualquier situación, como, por ejemplo, el derecho a estar libre de hambre o el derecho al agua.

En el sistema globalizado en el que vivimos, los elementos que garantizan el derecho a un nivel de vida adecuado dependen, en buena medida, de la disponibilidad de fuentes de energía baratas. El funcionamiento del sistema económico mundial está caracterizado por una elevada y creciente voracidad energética y por una alta dependencia de los combustibles fósiles, hasta el momento disponibles a bajo coste. Un ejemplo claro de esta dependencia son los alimentos, cuyos precios han aumentado considerablemente en los últimos dos años, de la mano de los precios de insumos fundamentales para su producción como el petróleo o los fertilizantes inorgánicos. Esta subida tiene un fuerte impacto en el derecho a la alimentación, y está desencadenando una crisis global que está arrojando a millones de personas a la pobreza y el hambre, en particular en el Sur global. Según el Derecho internacional, garantizar este derecho fundamental a estar libre de hambre tiene que ser absolutamente prioritario en las agendas de los Estados, que deben suministrar a las personas y grupos vulnerables los medios necesarios para que puedan adquirir alimentos.

Por otro lado, en relación a las respuestas a la crisis energética en nuestras sociedades en el Norte global -y ante futuros cambios en el panorama energético y ambiental- una perspectiva basada en derechos humanos implica que las políticas de reducción de la demanda deberían dirigirse a asegurar un nivel de vida adecuado; esto implica, por un lado, asegurar el buen funcionamiento y la resiliencia de las infraestructuras de producción y suministro, de cara a garantizar que las personas cubran sus necesidades energéticas básicas; por otro, y de manera complementaria, es preciso dirigir las políticas a desincentivar el consumo energético superfluo de las personas que tienen estas necesidades ya cubiertas.

En conclusión, ante un contexto de escasez de recursos y de superación de varios límites planetarios, donde la reducción de las demandas energéticas y de materiales se impone, los derechos humanos pueden configurarse como herramientas prácticas que nos permitan orientar las políticas a satisfacer las necesidades básicas de toda la población, dentro de los límites planetarios. Son, por tanto, una brújula primordial que debe guiar a nuestras sociedades en estos tiempos inciertos.

"Los derechos humanos como herramienta para la acción climática: una propuesta comunicativa"