Nuestra hipótesis, contrastada por la experiencia de otros países europeos, es que las penas no privativas de libertad son apropiadas, con una adecuada supervisión judicial y control por parte de 'delegados judiciales de ejecución de medidas', para tratar a delincuentes de riesgo medio. Ello requiere dotar a estas penas de una adecuada regulación que permita el uso de instrumentos de evaluación, protocolos de supervisión de los deberes y obligaciones a cumplir, y mecanismos de reacción al incumplimiento. Por ello se sugiere identificar cuáles son las prácticas de supervisión (por parte de los técnicos de gestión de penas alternativas y de los jueces) que resultan efectivas en términos de aumentar el grado de cumplimiento de las penas comunitarias y la protección de las víctimas. Nuestra investigación finalizará con una investigación empírica que pretende demostrar la efectividad de las 'penas comunitarias' en España para reducir la reincidencia de los penados.