La actual pandemia ha puesto en evidencia diversas debilidades del Sistema Nacional de Salud (SNS). Entre ellas, las relacionadas con la arbitrariedad en la toma de decisiones sobre la provisión y financiación de diferentes medicamentos, pruebas diagnósticas, programas o intervenciones sanitarias, sobre la creación de algunas infraestructuras sanitarias y sobre el establecimiento de prioridades en políticas de salud de amplio espectro.

Nada de esto es nuevo. Todos los sistemas de salud enfrentan la necesidad de valorar objetivamente la efectividad, la seguridad y los costes de las tecnologías, medicamentos e intervenciones sanitarias, especialmente cuando en algunos casos estas intervenciones tienen costes extraordinariamente elevados, con precios que no se corresponden con sus beneficios en términos de salud.

La evaluación de la relación coste-efectividad de tecnologías, medicamentos e intervenciones sanitarias debería estar en la base de su incorporación a la cartera de prestaciones y servicios del SNS, así como del precio que el SNS habría de pagar por tales prestaciones y servicios.

Desde hace años, países de nuestro entorno europeo y otros que son de referencia por sus sistemas sanitarios (Reino Unido, Suecia, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, etc.) han creado agencias para desarrollar estas tareas e informar la toma de decisiones de sus sistemas sanitarios sobre tipo y cobertura de prestaciones, grupos de personas en los que estarían indicadas y precios. El prototipo más conocido de estas agencias es, sin duda, el National Institute for Health and Care Excellence (NICE) del Reino Unido.

Los firmantes de este manifiesto estamos convencidos de que el SNS necesita imperiosamente una institución similar (un HispaNice) de evaluación de las prestaciones sanitarias, incluyendo la evaluación económica y su impacto presupuestario, y de que la financiación del programa Next Generation EU supone una oportunidad irrepetible para su creación.

Se trataría de crear un órgano de evaluación independiente, al estilo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), con personalidad jurídica propia, autonomía funcional y con procedimientos y funciones bien definidas, que se ocupe de analizar las prestaciones sanitarias, sus tecnologías, medicamentos e indicaciones terapéuticas, intervenciones de prevención y salud pública, y otras políticas de salud, compaginando resultados en salud con los costes que suponen para el SNS y para el conjunto de la sociedad. Una Autoridad Independiente de Evaluación de Prácticas y Políticas Sanitarias que, desde el análisis de la evidencia científica disponible en cada momento, determine si los beneficios sanitarios y sociales de una intervención en salud valen lo que cuestan.

Dicha Autoridad Independiente sería un elemento imprescindible para informar, tomando como base el mejor conocimiento disponible, las decisiones a adoptar en la ordenación de los cambios y retos que afrontan los sistemas de salud, y constituiría una potente herramienta, como es visible en países de nuestro entorno, para optimizar los intrínsecamente siempre insuficientes recursos destinados a la mejora de la salud de la población.

La creación de este organismo es ineludible para garantizar que las recomendaciones sobre cartera de servicios y sobre intervenciones sanitarias estén basadas en la mejor evidencia

científica disponible y en valores sociales consensuados. Una vez realizada la evaluación, correspondería a los gobernantes ‘hacer lo propuesto y, si no, explicar las razones’. De este modo se informaría la decisión política, en ningún caso se la substituiría, dado que la agencia propuesta carecería de facultades ejecutivas. Su funcionamiento debería regirse por los principios de independencia, rigor técnico y buen gobierno, favoreciendo la transparencia de las opciones que se adopten y contribuyendo a la rendición de cuentas en las decisiones públicas.

El momento que vivimos exige reformas de gran calado y hace imprescindible apostar por una institución que contribuya decididamente a afianzar la solvencia del sistema sanitario público y a reorientar más eficazmente las políticas de salud. La oportunidad para la financiación institucional que el gran proyecto europeo permite es única y, previsiblemente, irrepetible en muchos años. Y sin la necesidad de hipotecar los costes recurrentes que pueda generar, que irían mayormente a cargo de los evaluados.

Una Autoridad Independiente de Evaluación de Prácticas y Políticas Sanitarias completaría la valoración de eficacia y seguridad que realizan otras instituciones, como las actualmente desarrolladas por la Agencia Española del Medicamento y Productos sanitarios. Permitiría el trabajo en red conectando centros existentes de conocimiento experto a nivel central y autonómico, la academia y la industria sanitaria. Exhibiría rigor y compromiso por parte de las autoridades sanitarias para la mejor definición y gestión de las prestaciones sanitarias, en consonancia con el trabajo de evaluación desarrollado por la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Favorecería el uso racional de los recursos públicos para la promoción de la salud y la gestión de calidad de los servicios sanitarios. En definitiva, atendería la demanda del buen gobierno de nuestras instituciones, colocando el Sistema Nacional de Salud en el siglo XXI. Y ahora es el momento, no hay excusas.

Para ver las adhesiones al manifiesto Link