Jacint Jordana, catedrático de Ciencia Política y de la Administración del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la UPF y director del Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI)

La gobernanza global de muchas políticas públicas relacionadas con el bienestar planetario se ha desarrollado en las últimas décadas muy intensamente. De hecho, no tenemos un gobierno mundial, ni nada que se parezca a esta idea; pero tampoco vivimos en un mundo anárquico, sin reglas ni criterios compartidos con respecto al establecimiento de acuerdos y procedimientos para llevar a cabo muchas actividades que tienen una dimensión, o un impacto global, que va más allá de nuestros espacios más cercanos. A veces, según los ámbitos concretos, las iniciativas de regulación global son impulsadas por los Estados directamente; pero más a menudo son las redes transnacionales especializadas las que se ocupan de promover y de formular marcos regulatorios de alcance global en sus ámbitos específicos, de una manera que va más allá de la lógica de las grandes organizaciones internacionales y de los Estados de las naciones soberanas. Tenemos muchos ejemplos que pueden ilustrar esta dinámica: desde la navegación marítima internacional hasta la adopción de las regulaciones bancarias, pasando por los mecanismos de certificación de productos ecológicos, entre muchos otros.

Ahora bien, cada uno de estos espacios de gobernanza global suele ser muy especializado, y no establece vínculos con muchos otros espacios que tratan cuestiones diferentes, aunque tengan alguna vinculación o haya una interdependencia entre ellos. Son los Estados, principalmente, y en mucho menor medida las principales organizaciones internacionales (la Unión Europea quizás la podríamos situar como una fórmula híbrida a medio camino), los que tienen una cierta capacidad para interconectar ámbitos de políticas públicas distantes, e imponer o fijar algunos criterios que afecten de manera común estos ámbitos. En este sentido, las grandes cumbres internacionales, o los tratados que se negocian largamente con discreción, tienen muchas veces en común el propósito de establecer compromisos o acuerdos complejos, sobre temáticas que se encuentran situadas en encrucijadas donde confluyen numerosos ámbitos de acción pública global.

En este sentido, la acción colectiva para afrontar el cambio climático se ha mostrado claramente como una de estas encrucijadas, dado que convergen políticas energéticas e industriales, modelos de consumo y de transporte, entre otros, y las medidas a acordar colectivamente tienen un impacto que afecta a todas -no siempre de una manera similar-. Así, los Estados, negociando entre ellos, proponen repartos de los esfuerzos que habría que hacer en cada sector, buscando la combinación más beneficiosa para sus intereses.

No hay duda de que la gobernanza global de la salud y la gobernanza global ambiental, entre otros, se han convertido en áreas de política global caracterizadas por estructuras complejas de acción colectiva planetaria. En estos ámbitos, hay muchos actores singulares y las conexiones transnacionales tienen un papel muy relevante; pero los Estados siguen siendo actores clave para articular decisiones complejas, con impactos globales de carácter intersectorial, que son las que se necesitan con urgencia para mejorar el bienestar del planeta.

Las redes transnacionales focalizadas pueden movilizar agendas y plantear normas innovadoras que se difundan por todo el mundo, y también pueden acercar los Estados hacia el logro de acuerdos internacionales; ahora bien, sin estructuras de decisión más abiertas y procesos políticos más inclusivos, que permitan reducir las restricciones internas que afrontan muchos Estados cuando negocian acuerdos internacionales, es difícil que estos contribuyan a alcanzar los objetivos de un planeta en busca de su bienestar.