Christos Zografos,
Investigador del Grupo de Investigación en Desigualdades en Salud, Ecología, Employment Conditions Network de la UPF y profesor del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales

En la Unión Europea (UE), la crisis energética actual está relacionada con dos desafíos clave. En primer lugar, los riesgos que plantean las emergencias geopolíticas (como la guerra en Ucrania) y sanitarias (por ejemplo, pandemias), que generan inseguridades en el suministro de energía. Y en segundo lugar, la urgente necesidad de transformar los actuales sistemas energéticos altos en carbono en sistemas bajos en carbono para responder a la crisis climática.

Con este fin, en los últimos tres años han surgido importantes iniciativas políticas, en particular el Pacto Verde Europeo a nivel de la UE, así como planes políticos nacionales, como la Transición Ecológica del Gobierno español.

Esas esperanzadoras iniciativas demuestran liderazgo para hacer frente al desafío climático y un compromiso para abordar finalmente las preocupaciones de los científicos y la sociedad civil sobre los efectos inminentes, potencialmente catastróficos y desiguales del cambio climático. Cuando se trata de energía, las políticas impulsan la electrificación de la economía a través de la conversión masiva de los sistemas energéticos a fuentes renovables; y la conversión de flotas de automóviles hacia vehículos eléctricos alimentados con energía renovable. Además, esos planes se comprometen a garantizar que las transformaciones "no dejen a nadie atrás".

A pesar de esas audaces intenciones y medidas políticas, ha surgido una preocupación fundamental en la sociedad civil y entre los académicos acerca de la obtención de los materiales necesarios para lograr dichos planes. Según la Agencia Internacional de Energía, la demanda de minerales de los vehículos eléctricos y el almacenamiento de baterías podría aumentar hasta 30 veces en el período hasta 2040. En este sentido, estudios para el Banco Mundial muestran que para tener un 50% de posibilidades de limitar el aumento de la temperatura global a 2 ºC para 2100, será necesario extraer unos 3.100 millones de toneladas de 17 minerales básicos; y que la demanda de minerales clave de transición esenciales para tecnologías renovables como el litio, el cobalto y el grafito podría aumentar en aproximadamente un 500% para 2050.

Así pues, surge una pregunta: ¿de dónde provendrá el material necesario para impulsar las transformaciones energéticas con bajas emisiones en carbono? En la actualidad, casi el 70% de las reservas conocidas de litio y cobalto se encuentran en países en desarrollo. Casi el 50% de las reservas mundiales de cobalto se encuentran en la República Democrática del Congo, en una región que se ha convertido entre las diez más contaminadas del mundo, y donde su extracción implica condiciones de trabajo peligrosas, la práctica generalizada de trabajo infantil y una vinculación a la mortífera guerra civil de ese país, que se ha cobrado cerca de 6 millones de vidas.

Lo que nos lleva a una segunda cuestión igualmente importante: ¿a través de qué medios se pondrá a disposición la infraestructura de producción tanto material como energética necesaria para las transiciones bajas en carbono? En Ouazarzate (Marruecos), se encuentra la central eléctrica de Noor, una de las mayores centrales de energía solar concentrada del mundo, que ocupa un terreno aproximadamente del tamaño de la capital del país, Rabat. Construida con capital del Banco Europeo de Inversiones, Noor alimenta a Europa con energía renovable a través de cables submarinos que la conectan a la red eléctrica española. Pero según el Atlas de Justicia Ambiental, la construcción de Noor implicó el despojo de sus tierras a las comunidades rurales y pastorales, caracterizándolas como “marginales” y “subutilizadas”, un posible caso de acaparamiento verde. Más cerca de casa, en Serbia y España, el conflicto social ha bloqueado tanto la explotación minera de minerales básicos como el litio, como la construcción de grandes plantas eólicas y solares que ocupan grandes extensiones de tierra, con el riesgo de desplazar otras actividades económicas y amenazar la biodiversidad.

Esas realidades materiales y políticas han llevado a académicos y activistas de la sociedad civil a señalar el peligro de que las respuestas del norte global a la crisis energética produzcan nuevas formas de colonialismo, como el colonialismo climático, o mantener formas de neocolonialismo. Es difícil pasar por alto la importancia política de esto: a menos que se aborden esas contradicciones de las transiciones energéticas y las preocupaciones locales en el diseño de nuestros nuevos sistemas energéticos con bajas emisiones de carbono, corremos el riesgo de transformar esas transiciones en un nuevo instrumento de poder e injusticia.

La necesidad de responder a los desafíos energéticos es urgente; pero la urgencia no puede ser una excusa para multiplicar los déficits democráticos, que pueden dar lugar a reacciones adversas y retrasar aún más las tan necesarias transiciones bajas en carbono. El tiempo apremia, pero también la necesidad de voluntad política para tomar en serio las preocupaciones sobre las injusticias pasadas y presentes, y realizar una transformación socioecológica significativa que realmente "no deje a nadie atrás".