Albert Banal-Estañol,
Profesor del Departamento de Economía y Empresa de la UPF

La transición energética es cosa de todos y todas. Efectivamente, para evitar crisis energéticas y el desastre climático, que desgraciadamente ya hemos empezado a intuir, debemos dejar de utilizar combustibles fósiles. Pero, para llegar a un modelo 100% renovable, necesitamos la participación de las personas, tanto en producción como en consumo de energía.

Para ello:

(i) Debemos conseguir que la generación de energía sea distribuida, tanto a escala geográfica como en el sentido de propiedad. Con proyectos faraónicos de electricidad, en manos de unos pocos, tendremos de nuevo la energía producida lejos de donde se consume, con los consiguientes costes de transporte y de pérdidas, y a precios altos, porque si un mercado está en manos de pocos, los precios son elevados. Necesitaremos que los ciudadanos inviertan en energía renovable, ya sea individualmente con placas solares o comunitariamente con comunidades energéticas.

(ii) Además, tal y como dice el Clean Energy Package, las energías renovables son extensivas en el uso del territorio. El rechazo está garantizado si alguien pretende apoderarse del recurso energético, del territorio y de la tecnología sin contar con sus gentes. Tal y como reconocen las propias directivas de la UE, necesitamos tener la complicidad local y ciudadana.

(iii) Necesitaremos también sustituir la flexibilidad que nos da la generación a partir de gas y carbón por flexibilidad en la demanda de electricidad. Es decir, debemos aprender a reducir la demanda eléctrica cuando los precios son altos y aumentarla si los precios son bajos. También necesitaremos electrificar el consumo energético, invertir en baterías y aumentar la eficiencia energética.

Desgraciadamente, en la escuela no nos han enseñado qué es un kW o un kWh; de la misma forma como sí nos han enseñado qué es un km o un km por hora. Por eso, para adaptarnos a este nuevo mundo, donde la persona está en el centro del modelo energético, será necesario un tiempo, durante el cual, también, será necesario que la regulación –que ya tiene un papel muy relevante en el mercado energético– proteja más aún el consumidor, sobre todo el más vulnerable. La regulación es la herramienta para evitar crisis energéticas como ésta.

Desgraciadamente, de momento, la regulación no ha funcionado, en distintos aspectos:

(i) En esta crisis no ha podido evitar que los precios, en el mercado mayorista de la electricidad, trepen a niveles inverosímiles en toda Europa. Evidentemente, esto ha tenido y está teniendo un impacto en las empresas y hogares; pero, sobre todo, en los hogares más vulnerables, los que dedican un mayor porcentaje de sus ingresos a la energía. La regulación, y en particular el diseño del mercado mayorista, debe conseguir que los precios no dependan tanto de los precios del gas, mientras todavía lo necesitamos.

(ii) La regulación tampoco ha logrado que la competencia en el mercado minorista funcione. Hay mucha evidencia que muestra que los consumidores, sobre todo, de nuevo, los más vulnerables, no eligen las tarifas más favorables. El fracaso en este sentido ha sido tal que el país más acérrimo defensor de la competencia, Reino Unido, haya reintroducido regulación (básicamente precios máximos) en el mercado minorista.

(iii) La regulación también ha permitido que, en el caso español, tengamos una infraestructura de gas sobredimensionada, muy cara, que pagamos entre todos y que puede retrasar la transición energética. Estamos pagando muy caros fracasos como el del proyecto Castor.