Caso: Asuntos acumulados C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 y C-397/19

Descriptores: Procedimiento de nombramiento de jueces e independencia judicial.

En el contexto del procedimiento de adhesión de Rumania a la Unión Europea, la Comisión recogió en el marco de su Decisión 2006/928, la existencia de una serie de déficits en lo relativo a la organización del sistema judicial y la corrupción dominante en el país candidato, los cuales deberían atenderse mediante una serie de reformas tendentes a garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior, así como un espacio europeo de justicia, libertad y seguridad. Pues, como bien recoge el TJUE, la incorporación de un Estado a la Unión conlleva que este asume los valores por las que la misma se rige, entre los cuales destaca el respeto al Estado de Derecho; unos valores compartidos sin los cuales no resultaría posible la confianza mutua entre los distintos Estados (párrafo 160). Precisamente por ello, el Tribunal establece el carácter vinculante de las recomendaciones que en el marco del procedimiento de adhesión realizó a Rumania; declarando, además, la primacía de ese Derecho respecto aquellas leyes nacionales que pretendan contravenirlo, incluso aunque las mismas hayan sido convalidadas por los Tribunales constitucionales nacionales (párrafo 252).

En los distintos supuestos que traen causa del proceso se denota que las reformas en el sistema judicial aprobadas durante los años 2018 y 2019, modifican el régimen que se adoptó en el marco del proceso de incorporación a la UE, para justamente garantizar la efectividad e independencia del sistema judicial (párrafo 181). En este sentido, destacan las reformas aprobadas en relación al Judicial Inspectorate y la Fiscalía (párrafo 182-185), mediante las cuales se establece la capacidad para designar interinamente, y al margen del procedimiento ordinario de nombramiento, personas con capacidad para conducir investigaciones disciplinarias contra jueces. Una reforma que el Tribunal considera que arroja dudas razonables en torno a la posibilidad de que los poderes y funciones del Judicial Inspectorate sean utilizados para vulnerar la independencia judicial de los magistrados ex articulo 19.1 TUE (párrafo 207).

Igualmente, también la reforma de la Fiscalía, habilitada para conducir investigaciones contra jueces es considerada por el TJUE como contraria al principio de independencia judicial, por cuanto existe una notable ausencia de justificación objetiva de la medida, así como una ausencia de garantías específicas para evitar que la reforma se torne en un instrumento de control político de los jueces. 

Destaca especialmente el pronunciamiento del Tribunal en relación a la responsabilidad del juez en los supuestos de error judicial. Concretamente, el TJUE advierte que, con carácter general, establecer la responsabilidad personal del juez como autor del citado error judicial puede suponer un riesgo para el principio de independencia judicial, siendo por ello necesario que dicha responsabilidad personal se reserve para supuestos excepcionales tasados, y, en todo caso, determinados por criterios objetivos y verificables.

Pero, en todo caso, el Tribunal considera que la reforma judicial aprobada por Rumania en la cual se pretende dilucidar la existencia de una eventual responsabilidad personal del Juez por un error judicial, sería contraria al artículo 19.1 TUE, por cuanto el mismo no habría sido oído en el proceso judicial previo de determinación de la responsabilidad patrimonial del Estado, y por cuanto tampoco se le dota de las garantías necesarias para preservar su independencia y evitar la posible utilización de esa reforma como instrumento para controlar el ejercicio de su función jurisdiccional.

Leer la sentencia