En agosto de 2021 los talibanes entraron en Kabul, capital de Afganistán, y tomaron el control del país. Una de las primeras decisiones que tomaron fue dejar en libertad a criminales que cumplían condena en las cárceles. Éstos, a su vez y como represalia, fijaron como objetivos prioritarios a los fiscales del país. Hasta la fecha, 83 fiscales afganos han sido asesinados.

En noviembre de 2022, a través de la asociación internacional People Help, llegaron a la Clínica Jurídica de la UPF seis casos de fiscales afganos en situación de peligro. La iniciativa solidaria de la Universidad, en la que profesorado y estudiantes de la Facultad de Derecho colaboran con abogados en la defensa gratuita de casos reales con especial interés académico y social, se puso en marcha.

"El problema es que hay casos como los que defendemos nosotros que no pueden esperar, su vida está en peligro constante; es urgente que el Ministerio de Asuntos Exteriores destaque enseguida personal de refuerzo en la Embajada española en Pakistán"

Hasta el momento, varios miembros de la clínica llevan meses de trabajo intenso para ayudar a las seis personas afectadas con el objetivo de hacerles venir a España, en virtud del artículo 38 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. Una regulación que permite, a través de un procedimiento y tramitación sencilla, autorizar el traslado urgente de las personas afectadas a España, desde donde podrían solicitar la petición de asilo.

Maurici Pérez, director de la Clínica Jurídica de la UPF, lamenta que “la Embajada española en Islamabad, Pakistán, donde se encuentran de forma irregular algunas de las personas a las que estamos ayudando, tiene cientos de peticiones sobre la mesa y la tramitación tarda muchos meses. El problema es que hay casos como los que defendemos nosotros que no pueden esperar, su vida está en constante peligro”. Añade que "es urgente que el Ministerio de Asuntos Exteriores destaque enseguida personal de refuerzo en la Embajada española en Pakistán".

Una fiscal que había tratado delitos de agresiones sexuales

Uno de los seis casos es especialmente urgente. Se trata de una fiscal afgana, que en su día había acusado con éxito a terroristas, asesinos y agresores sexuales, y que en la actualidad está escondida en Pakistán, sola con un niño a cargo después de que su marido fuera asesinado en un atentado suicida en Afganistán.

El problema radica, como explican desde la Clínica Jurídica de la UPF, en que “Pakistán tampoco es un lugar seguro para ella porque no ha ratificado la Convención de Ginebra de 1951 y los refugiados afganos sin visado viven allí con el miedo a poder ser deportados a Afganistán en cualquier momento”.

La petición de traslado urgente pedida por la Clínica Jurídica de la UPF a la Embajada de España en Pakistán, en el caso de esta fiscal, se remonta al 25 de noviembre de 2022 y desde entonces, seis meses después, no han logrado agilizar el proceso. Por este motivo, han optado por interponer un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con el objetivo de acelerar el proceso.

"La tragedia de Afganistán nos da la oportunidad de demostrar que nuestro compromiso con los derechos humanos no es sólo retórico, sino que como país y como sociedad sabemos pasar de las palabras a los hechos"

Maurici Pérez enfatiza que "la tragedia de Afganistán nos da la oportunidad de demostrar que nuestro compromiso con los derechos humanos no es sólo retórico, sino que como país y como sociedad sabemos pasar de las palabras a los hechos". Y añade que “las democracias occidentales no resultan creíbles en los países emergentes, si abandonamos a su suerte a las personas que han arriesgado su vida para defender el estado de derecho. No hay mejor servicio a causa de la tiranía que ser unos demócratas incongruentes”.