Luque Parra, Manuel; Ginès Fabrellas, Anna (dirs.)

LUQUE PARRA, MANUEL

Books

Foment del Treball Nacional. Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales

2018

978-84-09-07681-9

La Directiva 92/57/CEE, impone desde hace más de dos décadas la obligación de coordinación y cooperación en materia de seguridad y salud laborales entre las empresas que comparten un mismo centro de trabajo. En España, dicho deber legal ha sido desarrollado por dos normas reglamentarias: el RD 1627/1997, relativo al sector de la construcción, cuya redacción fue parcialmente modificada en los años 2006, 2007 y 2010; y el RD 171/1994, aplicable al resto de los sectores. Normalmente, toda referencia al complejo entramado de normas y obligaciones preventivas aplicables cuando en un centro de trabajo concurren trabajadores de dos o más empresarios se suele simplificar bajo la denominación «coordinación de la actividad preventiva», si bien, como es sabido, entre las obligaciones que ¿en España- pueden exigirse bajo dicha rúbrica van desde las informativas y/o de instrucción hasta las propiamente de coordinación, sin olvidar las de vigilancia. Como se pone de manifiesto en el presente estudio monográfico, a diferencia de lo que sucede en otros ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, la excesiva complejidad es lo que caracteriza la regulación española vigente sobre la materia. Desde un primer momento queremos dejar claro nuestro posicionamiento, y es que existe demasiado intervencionismo de la norma a la hora de pautar una obligación cuyo cumplimiento es finalista: que las empresas se coordinen de manera adecuada en materia de prevención cuando sus trabajadores concurren en el mismo centro de trabajo. En síntesis, creemos que todos los que de manera más o menos directa hemos tenido relación con esta materia coincidimos en opinar que ya solo el cumplimiento meramente formal de las obligaciones documentales exigidas por la normativa reglamentaria española hace, en muchas ocasiones, difícilmente gestionables su cumplimiento material, siendo fácil que el departamento que gestione dicha documentación afirme que «estamos aplastados por una montaña de papeles» y que, en los niveles operativos (los mandos) se discuta la eficiencia real de tanta documentación previa al inicio de la actividad productiva. Sin duda, nos encontramos en un país en el que la prevención está segregada y no integrada, donde muchas habilitaciones profesionales se obtienen sin que el profesional conozca realmente los verdaderos riesgos de su profesión (problema prelaboral), pero si a ello se suma una normativa que, como analizamos, maneja una serie de conceptos («empresario titular», «empresario principal», etc.) complejos en la práctica y a los que se les anudan un sinfín de obligaciones; quizás entendamos por qué, tal y como hemos explicitado en otros estudios, existe un nivel de conflictividad judicial más que destacable en materia de coordinación de la actividad preventiva.

Luque Parra, Manuel; Ginès Fabrellas, Anna (dirs.). Estudio Jurídico Comparado de Coordinación de Actividades Empresariales en Materia de Prevención. 1 ed. Barcelona: Foment del Treball Nacional. Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales; 2018.