Vés enrere El incierto futuro del sistema de pensiones español

El incierto futuro del sistema de pensiones español

Artículo de Sergi Jiménez-Martin, profesor del Departamento de Economía y Empresa de la UPF
02.02.2017

 

Entre 1985 y el 2015 ha habido cinco procesos de reforma del sistema de pensiones, tres de ellos sustanciales o muy sustanciales, en un intento de salvar al moribundo. Nos encontramos ante un problema de muy difícil solución, pero hay alternativas por las que optar. El problema merece una atenta reflexión.

En cada una de las dos últimas crisis de la economía española (1991/95 y 2007/13), el deterioro del nivel de empleo (con mínimos relativos en 1992/93 y 2012/13 respectivamente, ha impulsado el debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones español y no les falta razón. Al ser un sistema de reparto, la caída de los contribuyentes (empleados) asociada a las depresiones profundas se traduce inmediatamente en  caída de los ingresos de la seguridad social, lo que lleva a poner en cuestión la sostenibilidad del sistema de pensiones.  De la primera crisis nos salvó el inusitado crecimiento del empleo observado de 1995 a 2007 y la brutal (para los estándares internacionales) llegada de inmigrantes. En esta segunda crisis, aún estamos esperando el maná que salve al sistema de la quiebra o, al menos, de un déficit crónico. La misma nos ha dejado, incluso impulsados por una cierta creación de empleo en los últimos años (aunque, lamentablemente, de baja calidad) y protegidos por la ilusión de un fondo de reserva mágico (a un paso de agotarse), un duro legado, ya que el sistema presenta un déficit (probablemente estructural) de alrededor de 15000 millones de euros o 1,5 por ciento del PIB. Y ello a pesar de que entre 1985 y 2015 ha habido cinco procesos de reforma (aunque, para ser completamente sincero, el último, la reforma de 2011/13, no se completará plenamente hasta el 2027), tres de ellos sustanciales o muy sustanciales, en un intento de salvar al, sino fenecido, si moribundo.

Y digo moribundo, porque la supervivencia autónoma de un buen sistema de reparto necesita de una demografía solvente, dotada de un crecimiento de la población (joven) robusto, ausente de la sociedad española en los últimos treinta años. En este periodo las únicas fuentes de crecimiento de la población han sido la longevidad (buena para la sociedad y mala para el sistema de pensiones) y el milagro de la ola inmigratoria de hace quince años. Esta es quizás la única gran verdad sobre la evolución del sistema de reparto español, el resto de soluciones (crecimiento de la productividad, destope de la contribución máxima, o nueva ola de inmigración) son cábalas y esperanzas que difícilmente podrán cumplirse en algún momento (o, que de hacerlo, solo lo harán transitoriamente) y, que por tanto, no pueden ser elementos de una solución sustantiva de los problemas del sistema de pensiones español.

En definitiva, un problema importante de difícil o muy difícil solución. Aún así, hay diversas alternativas de solución por las que se puede optar. Dependiendo de la opción escogida el sistema se configurará de una forma u otra, sustancialmente diferente, y las implicaciones sobre los individuos y sobre la economía en general serán asimismo diferentes.

Una posibilidad, que ha salido a la palestra recurrentemente, es la de mantener la generosidad del sistema y financiar las pensiones (primero las de viudedad y después probablemente el resto) con impuestos generales. Esta solución, ciertamente factible, tiene varias implicaciones que deberían pesar en el debate. La primera es que se puede perder el elemento de aseguramiento familiar, con consecuencias difícilmente calculables sobre la formación, supervivencia y tamaño de las familias. La segunda, que al depender de presupuesto generales se puede perder la contributividad, lo que facilitaría un eventual tránsito a un sistema eminentemente asistencial. Por último, financiar habitualmente con impuestos generales las pensiones en una sociedad envejecida, dado el poder de negociación (voto) de las personas mayores, puede desnortar al sistema, detrayendo recursos de usos alternativos (educación, sanidad, políticas sociales), lo que finalmente puede coartar el crecimiento.

Otra, quizás menos fácil o vendible, seria, siendo realistas, la de configurar un sistema de pensiones donde las prestaciones se adaptan a las disponibilidades, en una sociedad en la que los individuos viven muchos, muchos años, pronto más de cien en una fracción significativa. Para conseguir este objetivo, de momento sería suficiente con ahondar en la reforma de 2011/13 (en la que aparte de aumentar la edad de jubilación, se introdujeron los factores de revaloración, que limita el crecimiento del stock de pensiones y sostenibilidad, que las ajusta a los recursos disponibles),  facilitando el tránsito de un sistema de prestación definida a un sistema de contribución definida. Es decir, pasar de un sistema donde el individuo sabe exactamente que le tocará Y si contribuye X, a un sistema donde si contribuye X no tiene certeza sobre cuánto le tocará (aunque pueda anticipar una expectativa).

Para casi todo el mundo resulta obvio que el ajuste de las prestaciones a las disponibilidades implica de momento (y hasta el próximo milagro) una caída significativa del poder adquisitivo de las prestaciones a medio plazo, entre 20 y 40 por ciento, dependiendo del individuo y sus circunstancias. Entonces, ¿qué podemos sugerir para aliviar el esperado recorte?

Desafortunadamente no hay recetas mágicas para resolver este problema. A lo sumo podemos sugerir acciones para que los individuos puedan compensar parcialmente la esperada caída de ingresos. La primera sugerencia que se puede hacer es la de reconocer que, dado que vivimos mucho más y en mejores condiciones de salud (la capacidad de trabajo en buena salud ha aumentado notablemente en los últimos treinta años), quizás deberíamos permitir la compatibilización plena de pensión y trabajo, en las mejores condiciones posibles, a aquellos individuos que quieran y puedan. Obviamente, para aquellos que no estén en buena salud, el sistema debería garantizar (al menos) un mínimo suficiente. Ello, ante la muy probable caída del poder adquisitivo que se avecina, añadiría un elemento de aseguramiento adicional, sobre todo para aquellos que no se pueden permitir (es decir, una amplia mayoría) un buen plan de pensiones. Asimismo sería importante, imitando lo ya probado en los países más avanzados de Europa, que se potenciaran los planes de pensiones ocupacionales (es decir, ligados a la ocupación, plenamente transportables entre empleos), que tanto contribuyen a las pensiones de los trabajadores en el Norte de Europa.

Obviamente hay otras soluciones posibles, lo único es que al considerarlas se ha de ser plenamente consciente de sus limitaciones y fortalezas. Es decir, debemos plantearnos que cuando garantizamos un cierto nivel de renta  a las personas mayores es probable que estemos (o no) limitando los recursos disponibles para otros sectores de la población. Sin duda un problema difícil, sobre el cual merece la pena reflexionar con atención, sin embargo ¿estamos realmente preparados para ello?

Artículo de Sergi Jiménez-Martin, profesor del Departamento de Economía y Empresa de la UPF

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact