Artículo publicado en el Ara el 16 de julio de 2023

Hace unas semanas, el profesor Andreu Mas-Colell, en su artículo Tiempo de selectividad (ARA, 17 de junio) exponía la posibilidad de modificar el acceso a las universidades catalanas para hacerlo más equitativo. Una opción propuesta era incrementar el peso de la selectividad por encima del 60%, pensando en los estudiantes que proceden de escuelas públicas, posiblemente con notas más ajustadas. También ponía sobre la mesa que las universidades pudieran tener un papel activo a la hora de seleccionar a sus estudiantes. Esto nos acercaría al mundo anglosajón, en el que cada universidad tiene un proceso propio de admisión de estudiantes a partir de la valoración de diversos elementos: el expediente académico, un ensayo motivador e incluso una entrevista personal.

En Estados Unidos, a este proceso se añadía un componente de discriminación positiva respecto a la raza, con una voluntad de ecualización frente a déficits históricos importantes y que todavía arrastran desventajas. Estas políticas han tenido una vigencia larga, desde finales de los años 70, pero una sentencia de hace un par de semanas del Tribunal Supremo ha prohibido la discriminación positiva por razón de raza, en un caso contra Harvard y la Universidad de Carolina del Norte. Esta sentencia está generando mucho debate en el país sobre cómo se tendrán que gestionar las admisiones a partir del próximo curso.

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