La crisis sanitaria, económica y social causada por la COVID-19 se ha abordado bajo parámetros de política fiscal muy distintos a los seguidos para hacer frente a la crisis económica de 2008. En aquella crisis, se aplicó una férrea disciplina presupuestaria y una importante reducción del gasto público; en la crisis actual, se han suspendido las reglas fiscales, tanto europeas como nacionales (si bien debe seguir garantizando la sostenibilidad presupuestaria a medio y largo plazo), y se ha adoptado un Plan de recuperación para Europa, que supone un importante volumen de gasto público. El clásico Marco Financiero Plurianual se ha reforzado con un Fondo adicional específico (Next Generation EU), cuya ejecución compele a los Estados miembros a invertir en proyectos en colaboración con el sector privado, que sirvan a la modernización de servicios públicos, dando cumplimiento a los retos de recuperación de la economía, protección social, transformación digital y transición ecológica. Para la consecución de los retos planteados, se precisan nuevos instrumentos jurídico-financieros. Así, para financiar Next Generation EU, dado el limitado presupuesto de la UE, la Comisión Europea recurre por primera vez al endeudamiento en el mercado de capitales en nombre de la UE, asumiendo obligaciones con las que obtener importantes ingresos crediticios. Como consecuencia de la necesidad de garantizar estos empréstitos y contribuir a financiar los gastos de su reembolso, la UE se propone ampliar su sistema de recursos propios, en dos sentidos: por un lado, incrementando su margen de maniobra mediante la modificación de los recursos ya existentes; y, por otro lado, mediante la creación de nuevos recursos propios, destacadamente, impuestos con clara finalidad extrafiscal (p. ej. medioambientales). La necesidad de financiar la deuda pública europea como instrumento para la salida de la crisis puede suponer el impulso definitivo a la creación de nuevos impuestos de la UE.

Esta reforma fiscal no es fácil, debido, entre otros factores, al criterio de la unanimidad de los 27 Estados Miembros para la adopción de decisiones en materia fiscal y de gasto; pero refleja un cambio muy importante en el seno de la UE, tanto de su propia política fiscal como respecto de los Estados, y supone una reconfiguración de la UE en clave estratégica, que está por definir. En este contexto, la financiación cumple un papel clave en la construcción de una responsabilidad estratégica del Estado. Por un lado, la financiación, y en particular la actividad financiera pública, contribuye de forma clara a la función orientadora o de dirección (Steuerung) que desarrolla el Estado. A modo de ejemplo, desde la vertiente del ingreso, puede destacarse el reforzamiento de los impuestos de ordenación; y, desde la vertiente del gasto público, las subvenciones con carácter finalista. Por otro lado, la función estratégica del Estado exige garantizar una financiación que sea, al mismo tiempo, inclusiva y sostenible, tanto si proviene del sector público, como del sector privado. La investigación se proyecta en sectores de referencia (como agua, energía, sanidad y servicios sociales, redes logísticas y telecomunicaciones), y tiene un marcado carácter interdisciplinar y comparado, con la participación de investigadores y profesionales, españoles y extranjeros, del ámbito del Derecho financiero y tributario, pero también de Economía, Medicina y Gestión en los sectores de referencia.