Resulta difícil analizar con la frialdad que requiere la objetividad del análisis económico la noticia de que el gobierno de Andalucía renuncia a un centenar de millones de euros y se apunta a la abolición fáctica del impuesto de patrimonio. Dejaré aquí los comentarios que merece la barra con la que su presidente se ha referido a los catalanes y que habrían causado escándalo si fuera Catalunya quien los hubiera hecho.

 

Pero quisiera remarcar algunas cosas. Se refieren simplemente al impuesto, y por tanto son aplicables también a los abolicionistas locales de este impuesto. Efectivamente, si se empezara de cero, gravar el patrimonio no es la mejor opción posible: supone una imposición reiterada sobre el ahorro y como tal le penaliza. Pero nunca los sistemas fiscales comienzan de cero y la teoría de la imposición óptima en ciertas circunstancias lo aconseja. Pero es que partimos de una insuficiencia manifiesta de recursos públicos.