Exclusión social y participación política. Jordi Pascual
Jordi Pascual, profesor del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales
11.11.2021
Rara vez nos preguntamos por la participación política de los colectivos que sufren exclusión social. Cuando pensamos en una persona sin hogar, en alguien que está en prisión o en las personas extranjeras, solemos dar por supuesto que apenas participan en las elecciones o en convocatorias de participación ciudadana. Suponemos que tienen otros problemas más graves y que se desentienden de la política.
Quizás en parte tengamos razón, pero en una reciente investigación me he planteado hasta qué punto la exclusión social inhabilita para la participación política, y también, al revés, hasta qué punto la participación política contribuye a la inclusión de los colectivos excluidos socialmente o en riesgo de exclusión social.
Cuando hablamos de exclusión social hay que poner el énfasis en la situación de segregación social a la que da pie, que en el extremo implica un no acceso a determinados recursos, ligado a un no reconocimiento de derechos y, en definitiva, de estatus. Por eso me parecen tan significativas las palabras de Sergi Moncunill, miembro del Consejo de participación de personas con discapacidad intelectual de DINCAT, que en la presentación de la investigación dijo estar cansados de que otros hablen en su boca, reivindicando la capacidad de representarse. De ahí la importancia de tomar parte y tener voz propia también en la arena política, como en otros ámbitos de la vida social. En mi opinión, la identidad de un grupo depende, precisamente, de su nivel de participación social y política, y de su nivel de inclusión/exclusión, a la vez que también influye en estos dos factores, en una relación de interdependencia a tres bandas: Formar parte de (integración) / Sentirse parte de (identificación) / y Tomar parte en (Participación).
En cuanto a los resultados de la investigación, se observa que a mayor exclusión social, menor participación política. Así, los colectivos más excluidos (personas extranjeras en situación irregular, personas privadas de libertad y personas sin hogar), que son también los grupos que sufren mayor estigmatización y segregación social, son los que presentan derechos políticos o no reconocidos (caso de personas extranjeras) o muy poco ejercidos en la práctica, caso de las personas privadas de libertad (sólo votan un 7,7 %) o sin hogar. En cambio, es necesario que haya más participación electoral y ciudadana entre los colectivos socialmente más integrados, como es la gente mayor y las personas con discapacidad, con excepciones como la infancia y las personas con discapacidad intelectual, aunque esto se está revirtiendo poco a poco.
Se observa que a mayor exclusión social, menor participación política. Así, los colectivos más excluidos, que son también los grupos que sufren mayor estigmatización y segregación social, son los que presentan derechos políticos o no reconocidos o muy poco ejercidos en la práctica, caso de las personas privadas de libertad o sin hogar
Por otra parte, en los procesos de exclusión siempre intervienen lo que Dolores Juliano (2003) llama “retóricas de la exclusión”, que son discursos que estigmatizan a una parte de la población considerándola como los demás. Es el caso de las personas con discapacidad intelectual que, hasta finales del 2017, no vieron reconocido el derecho al sufragio, gracias a la modificación de la Ley orgánica de régimen electoral general, que impedía el voto a quien hubiera estado previamente incapacitado legalmente. Pero es que todavía hoy pesa sobre este colectivo la sospecha de que no tienen suficientes condiciones para emitir un voto “consciente, libre y voluntario”, como reza la enmienda introducida en la citada modificación de la ley por el Partido Popular. Por tanto, junto con las barreras jurídicas o físicas, están las barreras simbólicas, que intervienen a la hora de contar con la participación política de estos colectivos. Cuando hablamos de colectivos en riesgo de exclusión social, la participación política exige, por tanto, un esfuerzo de accesibilidad por parte, principalmente de la Administración.
Por otra parte, a mayor capacidad organizativa y de influencia política, mayor disponibilidad de recursos que favorecen la participación política del colectivo correspondiente. De este modo, las personas con discapacidad y las personas mayores son, con diferencia, las más organizadas y con más movilización; mientras que las personas privadas de libertad y las personas sin hogar cuentan con una red de entidades de soporte que compensa el bajo nivel de organización; y en la infancia y juventud, así como las personas extranjeras en situación administrativa irregular, donde existe un nivel bajo de organización con fines políticos, los derechos políticos están poco o nada reconocidos.
La extensión de la participación a nuevos colectivos supone, además de fortalecer la democracia, un mayor nivel de inclusión de estas personas en riesgo de exclusión o directamente excluidos. Se trata, pues, de una cuestión de justicia social
En definitiva, si la participación política es un factor de inclusión social, de igual modo que la falta en el reconocimiento y el ejercicio de los derechos políticos es una señal inequívoca de exclusión social, entonces la extensión de la participación a nuevos colectivos supone, además de un fortalecimiento de la democracia, un mayor nivel de inclusión de estas personas en riesgo de exclusión o directamente excluidos. Se trata, pues, de una cuestión de justicia social -cuanto más va, más relevante, teniendo en cuenta las consecuencias de la actual crisis-, debido a que existe el reconocimiento y ejercicio de los derechos de una parte de la población en juego; pero también es un problema de integración social: a mayor democracia, más cohesión.
Jordi Pascual i Saüc, sociólogo y profesor del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales. Autor del estudio "Las barreras a la participación política: una cuestión de democracia y cohesión", Debats Catalunya Social