A falta de más detalles, se presenta como un experimento durante tres años, evaluando los resultados obtenidos al finalizar este periodo. Se prevén ayudas para las empresas que quieran acogerse, a fin de que no vean aumentados los costes laborales ni reducidos los salarios y también para que adapten su organización y puedan mejorar la productividad. Según sus impulsores, esta mejora permitirá financiar posteriormente el gasto asociado a la reducción de jornada en que incurrirán las empresas. Precisamente la baja productividad de España es uno de los argumentos habituales de quien considera inviable la reducción de la jornada. En este sentido se ha manifestado José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que entiende que los niveles de productividad y competitividad no dan margen para estas medidas.

 

Son muchos los interrogantes que plantea la reducción de la jornada, como si incrementará los costes laborales o si contribuirá a crear más empleo. Ninguno de ellos, sin embargo, tiene una respuesta sencilla, en tanto que la cuestión presenta múltiples aristas y hay que considerar comedidamente y adecuadamente diversas aproximaciones y circunstancias particulares. Por ello, un planteamiento adecuado de los términos de la prueba piloto puede ofrecer datos útiles para evaluar de forma más apropiada la viabilidad de extender esta medida y los impactos de diferente tipo de su implantación.

 

 

La experiencia francesa, que redujo la jornada laboral de 39 a 35 horas semanales impulsada por las leyes Aubry (1998 y 2000), constituye uno de los referentes más conocidos y, además, ofrece lecciones sobre la necesidad de un diseño y planificación previos adecuados. Primero, hay que señalar las dificultades para llegar a consensos y equilibrios, que se demostraron precarios poco después cuando, con el cambio de gobierno en 2003, se introdujeron medidas legislativas que permitieron revertir la situación mediante el recurso a las horas extras. Además, la norma, a través de diferentes mecanismos de flexibilidad para la distribución de la jornada, dio lugar a impactos diversos de la reducción de jornada en la clase trabajadora. Por otro lado, su aplicación no estuvo exenta de problemas interpretativos, generando pronunciamientos judiciales diversos sobre cómo calcular los días de vacaciones o el pago de las horas extras. Finalmente, parece que no existen estudios concluyentes sobre el incremento o disminución del empleo. Mientras hay quienes apuntan que aumentó durante su aplicación, aunque no existe consenso en cuanto a su origen, otros concluyen que la reducción de la jornada no afectó el empleo, ni incrementándola, como pretendían los precursores de la reforma, ni destruyéndola.

 

 

Es imprescindible encarar esta discusión rehuyendo análisis única y exclusivamente económicas. La reducción de la jornada laboral ha sido una reivindicación clásica del movimiento obrero a nivel global. Buena muestra de ello es que el primer convenio aprobado por la OIT, el mismo año de su creación (1919), se dirigió a regular las horas de trabajo en la industria, limitando la duración de la jornada diaria en ocho horas . La reducción de la jornada laboral debe seguir siendo una aspiración colectiva; no sólo los trabajadores, sino de todos los actores implicados: gobiernos, sindicatos y organizaciones empresariales. La misma OIT así lo hizo patente en su centenario, en 2019, en el informe Trabajar para un futuro más prometedor, donde se propone un programa de actuación para la revitalización del contrato social, en el que destaca la ampliación de «la soberanía sobre el tiempo de trabajo». En particular, se afirma que «en el pasado, se han tomado medidas para limitar y reducir el número máximo de horas trabajadas, que han ido acompañadas por aumentos de la productividad, lo que sigue siendo un importante objetivo político».

 

Esta es una buena ocasión para poner en marcha un proceso consensuado que, considerando las necesidades y posibilidades de tipo económico, ponga en el centro el progreso social y el bienestar de las personas trabajadoras como objetivo político común.