Si queremos asentar un modelo económico basado en la I+D+i debemos invertir adecuadamente en sus actores. Según el último informe de la OCDE, la inversión española en educación superior se sitúa en el 1.3% frente al 2.6% de los Estados Unidos, el 1.9% del Reino Unido o el 1.5% de la media de la misma OCDE.

La crisis económica del 2008 y la consecuente reducción del gasto público ha tenido graves consecuencias en el sistema universitario español. Lamentablemente, la crisis sobrevino en un momento en el que España, a través de su estrategia para las universidades, constataba cómo la inversión en educación formaba parte del ADN de las sociedades más avanzadas y (aunque con unos años de decalaje) apostaba por transitar a un modelo económico basado en el conocimiento y pivotado por las universidades y demás organismos públicos de investigación.

La crisis truncó esta estrategia pero, pese a ello, los últimos informes sobre producción científica sitúan entre las primeras a unas cuantas de nuestras instituciones. En el caso de mi universidad, la UPF, algunos rankings nos sitúan entre las 60 universidades del mundo con mayor impacto científico (Times Higher Education 2019) y en términos generales entre las cinco primeras de Europa (U-Multirank 2018). Esto es así a pesar de que en esta liga universitaria partimos con desventaja: con un presupuesto de 140 millones de euros, la UPF compite directamente con Yale (3.500 millones), Harvard (4.500 millones) o King’s College London (1.000 millones).

La explicación a cómo hemos logrado ‘colarnos’ en esta primera división está en la labor de nuestros profesores e investigadores y también de nuestros técnicos y gestores de proyectos, quienes, durante la última década, han mantenido un elevado estándar de calidad pese a un contexto económico adverso, con una drástica reducción de la financiación pública para la investigación y con una política de contención presupuestaria que ha constreñido las posibilidades de estabilización y promoción.

Esta situación, no obstante, no puede perpetuarse sine die. Si queremos asentar un modelo económico basado en la I+D+i debemos invertir adecuadamente en sus actores. Según el último informe de la OCDE, la inversión española en educación superior se sitúa en el 1.3% frente al 2.6% de los Estados Unidos, el 1.9% del Reino Unido o el 1.5% de la media de la misma OCDE.

A corto plazo, aunque deseable, es poco probable que las universidades podamos incrementar nuestro volumen total de financiación. No obstante, hay dos actuaciones “de bajo coste” que podrían impulsar nuestra eficacia y competitividad.

La primera, un marco legal menos rígido. Debemos transitar del modelo actual, que se basa en la desconfianza hacia las universidades e instaura numerosos controles ex ante (por ejemplo para definir nuestro catálogo de titulaciones o contratar a nuestro profesorado) hacia un modelo basado en la autonomía universitaria, la confianza previa y una posterior rendición de cuentas efectiva.

La segunda, un modelo de financiación que no tenga en cuenta únicamente el tamaño de las universidades, que incorpore cuestiones esenciales como nuestro rendimiento y competitividad. Este punto, probablemente, no generará el mismo consenso que el anterior. Pero muchas universidades llevamos una década pidiendo sacrificios a nuestra comunidad universitaria, actuando con diligencia, cumpliendo con los requisitos marcados. Ahora, para continuar avanzando sin desfallecer, necesitamos saber que no habrá tabla rasa y que el gobierno será sensible al (buen) hacer de cada institución. Porque si hemos sido capaces de sobresalir en un contexto rígido y de contención, imaginemos de lo que seríamos capaces en este escenario innovador.

Artículo de opinión de Enric Vallduví, vicerrector de proyectos de investigación i profesor del Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje de la UPF