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Los dos grandes retos de la política de personal en las Administraciones Públicas- Carles Ramió i Miquel Salvador

Artículo de opinión de Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política y Administración de la UPF,yi Miquel Salvador, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y de la Administración de la UPF
20.03.2019

 

Las administraciones públicas en España agrupan a 3,2 millones de empleados públicos y su media de edad es de 54 años. La predicción es que durante los próximos diez años se van a jubilar un millón de empleados. Se plantea una gran oportunidad para renovar la Administración Pública con nuevos empleados bien formados y totalmente digitalizados. Más allá del riesgo de pérdida de conocimiento institucional, el proceso puede implicar una disrupción cognitiva en la organización del trabajo que tanto necesita la Administración. 

Para afrontar los desafíos que se plantean al sector público es necesario, en primer lugar, disponer de una orientación estratégica para afrontarlos. Y por supuesto contar con capacidades para poder desplegarla. Una gran rémora en la modernización de la Administración Pública es su anticuado y barroco sistema de gestión de recursos humanos. Todos los ingredientes de este modelo (sistemas de selección que no contemplan las competencias profesionales necesarias, una gran fragmentación en grupos y cuerpos de empleados públicos, ausencia de una auténtica carrera profesional, falta de evaluación del desempeño, un sistema retributivo irracional, politización de la cúpula administrativa, etc.) son totalmente ajenos a una moderna organización del trabajo. La gestión pública de los recursos humanos vive en una burbuja descontextualizada del tiempo y del entorno laboral. Y su renovación resulta muy compleja debido a las capturas políticas, sindicales y corporativas.

Pero aquí queremos centrar la atención en dos grandes retos que tendrá que afrontar la Administración Pública durante la próxima década: por una parte, el envejecimiento de sus plantillas y su renovación intergeneracional, y por otra, el impacto de la inteligencia artificial y de la robótica en el empleo público. Atender estos dos retos puede ser la gran oportunidad para renovar la función pública. Intentar sortear estos dos retos de manera reactiva y sin una orientación estratégica puede sumir a las Administraciones Públicas en una crisis y decadencia de carácter estructural.

Las administraciones públicas en España agrupan a 3,2 millones de empleados públicos y su media de edad es de 54 años. La predicción es que durante los próximos diez años se van a jubilar un millón de empleados. Se plantea una gran oportunidad para renovar la Administración Pública con nuevos empleados bien formados y totalmente digitalizados. Más allá del riesgo de pérdida de conocimiento institucional, el proceso puede implicar una disrupción cognitiva en la organización del trabajo que tanto necesita la Administración. Y constituye una ocasión para incorporar unas nuevas reglas del juego que afecten solo a las nuevas incorporaciones puede ser definitivo para renovar todo el empleo público. Es una gran oportunidad que no hay que perder.

El segundo elemento es la adaptación de la Administración Pública a la inteligencia artificial y a la robótica. Nuestras estimaciones son que durante los próximos quince años pueden ser objeto de robotización un millón de puestos de trabajo en el sector público (el 30 por ciento del total). Un volumen que coincide con el contingente de jubilaciones previstas. Ello plantea una oportunidad para renovarse sin apenas costes laborales y sociales. Para aprovechar esta gran coyuntura hace falta una visión estratégica que no se vislumbra ahora en ninguna Administración Pública. Para ello es necesario que el sector público transforme su rol de espectador pasivo e indolente a líder de la revolución 4.0. Hace falta definir puestos y perfiles profesionales y adaptar sistemas de gestión de recursos humanos para poder potenciar capacidades.

Estos dos grandes retos pueden ser una oportunidad única para renovar y modernizar la Administración pública. Políticos, sindicatos, empleados públicos y académicos deberíamos dedicarnos a ello si deseamos avanzar hacia una Administración pública que pueda afrontar los retos que se plantean al sector público.

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