LAS
CARTAS AL DIRECTOR Y LA MATERIALIZACIÓN DEL DIÁLOGO (EL PAÍS 1978)
Mª Teresa Vera Balanza, Profesora del Departamento de Periodismo
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Universidad de Málaga
Afirmaba Coseriu que la esencia del lenguaje es el
diálogo. En el medio prensa, el diálogo con los lectores sólo se materializa en
la sección de Cartas al director, filón magnífico para estudiar la
interinfluencia entre medios y audiencia. No es este espacio un producto
autónomo de quien lo remite sino que nace del acuerdo entre emisores y
receptores: es seleccionado en función de la línea ideológica del diario, lleva titulares producidos por la redacción
y se adecúa a las imposiciones normativas del periódico, como la necesidad de
identificación, el ajuste a un número de líneas preciso, y sobre todo la
libertad del periódico para publicar o no la carta que le llega (Hernardo,
1990:117). Aún a pesar de todos estos filtros, de la certidumbre de que sólo se
publica un porcentaje mínimo de las cartas que llegan a una redacción y con la
seguridad de que son muy escasos los receptores “atrevidos” a publicitar su
opinión y que cuando lo hacen es casi siempre en consonancia con el perfil
ideológico del medio, este espacio es propicio para un análisis que pretende
adentrarse en la complementariedad entre los grandes temas que el diario aborda
como cuestiones palpitantes de la actualidad política -esencialmente el debate
previo al referéndum constitucional- y la asimilación y correlación por parte
de los lectores de la coyuntura política con sus propias circunstancias
vitales.
El propósito de esta comunicación es pues
el estudio de los intereses y preocupaciones sobre los que gira la comunicación
entre los lectores y el diario El País en la coyuntura de 1978. Si la
subsección de Cartas al Director dentro de la sección de Opinión
contribuye a enfatizar el discurso y la línea ideológica de un diario, el
análisis de los temas y la identificación de los interlocutores permite
observar hasta que punto los acontecimientos que se viven en esa etapa son
interpretados por los lectores como circunstancias próximas y trascendentes. En
todo caso en una época calificada como “de consenso”, el diálogo que se
establece con los lectores -previa selección de todas las cartas recibidas- posibilita
como ninguna otra sección establecer una correlación entre los grandes temas
que se debaten en el espacio sociopolítico y la interiorización individualizada
y filtrada por las circunstancias específicas.
Hemos procedido al análisis de los
contenidos de las cartas que se publican en el diario El País en el
contexto del referéndum, momento en que se engarza el debate constitucional
como asunto prioritario de la actualidad política con cuestiones estructurales
tales como las temáticas sociales y las reivindicaciones ciudadanas.
Identificaremos quiénes y sobre qué opinan, cómo son autodescritos los
interlocutores (a título individual o como representantes de colectivos
políticos, sociales, cívicos,...), así como la proximidad o la trascendencia, o
el carácter de denuncia o de sensibilización de los temas abordados. Con todo
obtendremos indicadores sobre el tipo de personas, sus intereses y
preocupaciones, en la medida en que un medio de comunicación que se convertía
en abanderado de la transición democrática constituía el vehículo ideal para
trasmitir todas las facetas –las convergentes y las divergentes- de la opinión
pública.
El 1 de noviembre de 1978 se aprueba el
texto constitucional en el legislativo, a partir de entonces el debate se
traslada al espacio de la opinión pública y se inicia, con ello, nuestra base
de datos. Desde esa fecha hasta el mismo día del referéndum se hacen públicas
un total de 163 cartas repartidas de martes a domingo con un promedio de 5
cartas diarias. Los valores por encima de la media se sitúan en los días
centrales de la semana: tras el paréntesis que supone el fin de semana, al que
se añade que los lunes no se edita el diario[1],
provoca que el mayor volumen se aglutine en torno a los martes, jueves y
viernes. Asimismo el ritmo de los acontecimientos determina la sobreabundancia
epistolar en circunstancias como la llamada “Operación Galaxia”[2],
el atentado a El País[3]
y, sobre todo, el posicionamiento de la Conferencia Episcopal y las voces
divergentes desde la jerarquía y las bases católicas en el debate previo a la
aprobación de la Constitución.
Desde el año anterior, que supuso la
consolidación del diario, se vendían unos 128.000 ejemplares. No obstante, las
cifras de difusión se incrementan paulatinamente y, lo que es más importante, a
estas alturas de la apertura democrática la ciudadanía confiaba plenamente en
la prensa como cauce de sus opiniones: en la encuesta sobre la valoración de
los españoles de sus instituciones (Orizo, 1991) la prensa y los medios de comunicación
ocupaban el primer puesto, mientras que los partidos políticos se situaban en
el último lugar[4]. La
posibilidad de establecer un diálogo frecuente con una institución valorada
repercutía favorablemente en la imagen que la ciudadanía poseía de este medio
de comunicación; si a ello añadimos la bandera de progresía que caracterizaba
al diario, no podemos dudar del impacto público de estos mensajes para quienes
los remitían y, sobre todo, para quienes los veían reproducidos en las páginas
de la cabecera más valorada.
De la totalidad de las cartas, es
necesario reseñar la sobreabundancia de remitentes de género masculino frente a
las mujeres que hacen lo propio. Pero por encima de los porcentajes (77.3%
frente al 14.7%, respectivamente), que sin duda son reveladores del perfil de
la audiencia del diario -mucho más desequilibrado en esas fechas- merecen
nuestro interés otras circunstancias complementarias pero, sin duda, igualmente
significativas. De un lado, la preferencia casi absoluta por la identificación
completa de los interlocutores[5],
de esta manera el acceso al flujo de la opinión pública es pleno pero no
igualitario: el acceso se realiza desde un posicionamiento previo de
acercamiento o lejanía respecto a la autoconciencia de la propia ciudadanía.
Esto es, la mayoría porcentual de varones cuyas cartas se hacen públicas se ve
favorecida además en la medida en que los temas que abordan son más cercanos a
la actualidad socio-política del país en esa coyuntura, frente a temáticas atemporales
pero de incidencia mayor en la vida cotidiana de las personas: el debate
constitucional frente a los problemas de los padres de hijos con minusvalías[6],
pueden ser ejemplos antitéticos; uno y otro asunto suponen diferentes grados de
ajuste al sentido general de la sección de Opinión donde se insertan: si las
primeras se acoplan a la perfección, las segundas acceden de forma subsidiaria.
Así, las declaraciones de actantes representativos de la vida política
encabezan siempre esta página: Manuel Fraga[7]
para criticar un editorial que lo situaba en la órbita de la Operación Galaxia,
el general Manuel Prieto López[8]
en idéntico sentido, el Dr. Lothan Luhn[9],
en nombre de la Embajada de la RFA, para explicar la posición de Bonn respecto
a la persecución de los crímenes cometidos por los nazis a propósito de las
denuncias[10] publicadas
en el diario, o las aclaraciones del teniente-general Díez-Alegría[11]
y del almirante Gamboa[12]
sobre sus posiciones en los debates constitucionales. La prioridad dada a estos
remitentes, a pesar de que se sitúan ideológicamente enfrentados a la línea
editorial del diario, demuestran la jerarquización[13]
de los interlocutores prevaleciendo lo que la profesora Amparo Moreno (Moreno,
1988) describe como arquetipos viriles en tanto miembros del centro hegemónico
del poder.
Por otra parte, es interesante evidenciar
que apenas media página por ejemplar nos posibilita adentrarnos en una multitud
de colectivos de diversa índole. Como afirma Enrique Laraña “los movimientos
ciudadanos congregaron entre 1970 y 1979 a cientos de miles de personas por una
serie de reivindicaciones donde lo cultural precedía a lo político e incluía a
una gran diversidad de aspectos, todos ellos ligados a la vida cotidiana de los
actores: conservación del patrimonio histórico y arquitectónico frente a la
promoción inmobiliaria, la remodelación de los nuevos barrios surgidos de las
migraciones de los 60, y su equipamiento con infraestructuras sociales y
técnicas básicas que abarcaban desde el suministro de agua y luz, hasta la
construcción de escuelas y jardines. Curiosamente, su declive comienza en 1978
y ha sido relacionado con el acceso de la izquierda al poder municipal”[14].
Sin duda, esta oleada de movimientos sociales de acción colectiva no se
promueven sólo por el contexto social y político -que es lo suficientemente
significativo en la etapa analizada-
sino que es el fruto de la interacción de los actores sociales con su
entorno -el más cercano, prioritariamente- en las diversas situaciones y en
función de sus recursos, sus oportunidades y, sobre todo, sus limitaciones.
Así, junto a las organizaciones políticas y sindicales y las instituciones
gubernamentales locales y nacionales toman la palabra colectivos diversos:
profesionales (Asociación Española de Trabajo sobre Instalaciones Deportivas y
para el Esparcimiento[15],
Asociación de Fotógrafos Profesionales[16]),
ecologistas (Asociación de Estudios y protección de la Naturaleza /Amigos de la
Tierra[17],
Coordinadora en Defensa del Parque de Los Frailes-Leganés[18]),
vecinales (Asociaciones de Vecinos de León[19]),
educativos (Coordinadora de Psicología de Somosaguas[20],
Departamento de Historia de América de la Universidad Complutense de Madrid[21],
Fundación Victor Lyon[22]
(París), Escuela Universitaria Pablo Montesino[23]),
cívicos (Movimiento Democrático de Mujeres[24],
Comité Español Pro Ben Bella[25]),
etc. La interpretación de esta presencia es dual: de un lado, podemos hacer una
lectura positiva del proceso de transición democrática tal y como lo
interpretaba la prensa de la época al evidenciar que en apenas dos años -del 76 al 78- la plena
institucionalización de organizaciones políticas y sindicales cede protagonismo
a otras dimensiones más pragmáticas del conflicto social en torno a objetivos
concretos; sin embargo, desde el punto de vista sociológico, esta
visibilización de movimientos temáticos encaminados a lograr la aceptación
normativa de necesidades relativamente particulares y, en muchos casos,
dramáticas, se interpreta como una debilidad del sistema y revela el ínfimo
grado de extensión y eficacia del Estado del Bienestar. Hemos pasado así de la
masa al microgrupo (Maffesoli, 1990) sin conectar lo social con lo individual
en propuestas concretas que distan mucho de convertirse en proyectos globales
de transformación; con todo, la vigencia de estos movimientos tuvo sus días
contados.
Con todo, el caso más llamativo de los analizados y
en plena consonancia con el debate público sobre el posicionamiento
intervencionista de la Iglesia en estos días, fue el cruce de cartas –las menos
aclaraciones y las mayoritarias críticas- entre la jerarquía católica y las
bases cristianas.
Desde luego, la llegada de la democracia
planteó no pocos problemas de ubicación social y de desempeño de roles
específicos a la Iglesia, acostumbrada y legitimada para intervenir en los
procesos de socialización, producción cultural y moral, y creación de opinión
pública. Afectada no sólo por los cambios políticos sino más bien por las
dinámicas sociales que veían a la institución en tanto agente de ritualización
y simbolización de determinados acontecimientos vitales y sociales (bodas,
bautizos, funerales y comuniones)[26],
el panorama del clero a principios de la década se presentaba profundamente
polarizado: mientras que unos criticaban al régimen franquista en la Asamblea
Conjunta de Obispos y Sacerdotes (1970), el 49% se auto-identificaba como “de
derechas” (Díaz Salazar, 1994)[27].
El debate que hemos presenciado en las
páginas de El País, se inicia con las informaciones sobre las posturas
divergentes de los distintos colectivos –Conferencia Episcopal, algunos obispos
a título individual y los cristianos en general- respecto al referéndum
constitucional. La polémica gira en torno a las posturas más reaccionarias,
encabezadas por Marcelo González Martín, arzobispo de Toledo y cardenal
primado, a partir de la cual entran en la escena de la opinión pública distintas tendencias representadas en
algunos casos por la opiniones individuales y en otras por colectivos, pero en
cualquier caso nunca desde la marginalidad, siempre identificados como personas
o grupos dentro de la Iglesia Católica. El punto álgido se sitúa en el sábado 2
de diciembre de 1978, donde la totalidad de las Cartas al director tienen en
común idéntica temática; así bajo los expresivos titulares “Apoderarse de
Dios”, “Don Marcelo es parcial”, “El primado, a título personal” y “Las
Comunidades cristianas por la libertad” se apoya la decisión de la Conferencia
Episcopal de dar[28]
libertad de voto a los cristianos frente a las posturas recalcitrantes de
algunos obispos; así mismo, el ambiente también es propicio para críticas más
profundas como la injerencia de la Iglesia en los asuntos políticos[29]
e incluso el cuestionamiento de la financiación de la Iglesia por parte del
Estado[30].
Con todos estos ingredientes, el tono va incrementándose hasta el mismo día del
referéndum y observamos, eso si, cómo estas
páginas se van convirtiendo en foro para los colectivos progresistas
dentro de la Iglesia, esencialmente las comunidades cristianas de base, cuando
constatamos cómo las voces más liberales utilizan las páginas del diario para
manifestarse en contra de las apreciaciones del arzobispo con una línea
argumentativa que se inicia en la denuncia de la jerarquía eclesiástica durante
la Dictadura y culmina en la crítica general al poder, ya sea temporal o
atemporal que manifiestan estos representantes de la cúspide eclesial,
haciendo, consecuentemente, un llamamiento a las enseñanzas directas del
Evangelio, a la figura de Jesucristo y
a la Iglesia primitiva, en una suerte de ecumenismo que alertó a los
sectores más reaccionarios obsesionados de nuevo por las tesis reformistas.
Imbuidos por el contexto político que
concurre en este análisis, hemos priorizado en el apartado anterior los
actantes con sus respectivas temáticas, no obstante es necesario señalar
también el tono general de la comunicación y las continuidades temáticas para
establecer las dinámicas generales que perviven en este momento histórico.
El tono general de las cartas favorece la
confrontación frente al diálogo, así las posturas contrarias en general (11
cartas), las denuncias (16), y particularmente las críticas (43) encabezan el
sentido de las actitudes de los remitentes frente a iniciativas más
conformistas -23 cartas que aglutinan manifestaciones favorables, aclaraciones
o peticiones-; entendemos que la posibilidad de acceder a esta sección tiene un
sentido activo que se acentúa aún más mediante la identificación con la línea
editorial del periódico[31].
Con todo, este sentido si bien es proporcionalmente directo al grado de
polarización social no lo es respecto al nivel de politización de los
ciudadanos. Bien es cierto que los ciudadanos aprovechan para manifestar sus
opiniones pero no por ello debemos interpretarlas en claves políticas: las
críticas a la programación televisiva, las quejas sobre el funcionamiento de la
sanidad pública, el problema del paro y las dificultades económicas en general,
y el terrorismo son asuntos recurrentes y cuya vigencia es indudable.
Si plenamente contextualizado nos aparecía
como tema prioritario las posturas divergentes de la iglesia respecto al
referéndum, hemos de analizar el otro gran debate público al que asistimos: la
televisión. De las quince cartas publicadas sobre esta temática, un tercio lo
firman mujeres, que son además las que menos reparos tienen en
autoidentificarse como “telespectadora”[32]
e incluso “entusiasta espectadora”[33]
y “asidua espectadora”[34]
si bien lo hacen respecto a un programa que fue emblema de la libertad de
expresión (La Clave), frente a los remitentes de una carta que se
presentan como “telespectadores”[35]
sin más. Esta premeditada lejanía que manifiestan el resto contribuye a
enfatizar el tono fustigador de sus misivas, que van desde la crítica
generalizada al medio, la denuncia por excesiva cercanía al poder[36],
la escasa calidad de los contenidos[37],
el exceso de publicidad[38],
e incluso las lecturas en clave política de asuntos que no son propiamente
relativos a la televisión: “Deporte pro-yanqui”[39],
“La calidad de Karpov” y “Ajedrez y ética”[40],
y, sobre todo “Juan Cueto, contra Tiberio Claudio”[41]
donde el remitente critica al periodista-novelista en su imputación de que la
famosa serie ignoraba “el papel de las masas populares” y le recomienda que
“mejor haría en criticar abortos televisivos como Curro Jiménez”.
De este modo, el debate sobre la
televisión –sobre sus contenidos y sobre su utilización- acapara la atención de
la opinión pública. Paralelamente a las críticas sobre la RTVE, el diario
publica el 28 de noviembre un amplísimo artículo de Félix Bayón titulado “El
día en que se rompió el monopolio” donde reflexiona sobre las consecuencias que
el artículo 20 tendrá para el futuro comunicativo (televisivo) de la nación.
Centrándose en el modelo televisivo, apuesta por la convivencia entre una televisión
estatal especializada en contenidos culturales y educativos “para ir abandonado
el terreno de las variedades” y una red de emisoras privadas locales,
inspirado en el modelo italiano de aquel entonces, aduciendo que no sólo es
posible sino que además no requiere una fuerte inversión económica. Curioso
desencuentro, ni los remitentes imaginan siquiera la necesidad de televisiones
locales, y son precisamente los programas llamados de variedades los que
concitan el mayor número de cartas.
Con todo, el período de reflexión del
texto constitucional en la esfera de la opinión pública se salda,
paradójicamente, sin debate alguno pues son otras temáticas -más o menos
colaterales- las que están en el punto de mira de la ciudadanía. Unos afirman
haber leído el texto y no comprender nada, otros cuestionan la lengua en la que
está redactado el texto, los más asumen una visión posibilista o optan por lo
menos malo: O Constitución o Franco, firmaba el 25 de noviembre Rafael
Conte un artículo de opinión donde exponía:
“El
dilema no es ahora el de los grandes temas latentes, que han quedado obviados,
apartados de la caja de Pandora de los grandes problemas nacionales. Pero ya no
es posible detenerse para abrir la caja, instaurar la polémica entre monarquía
y república, socialismo y capitalismo, laicismo, feminismo, vida familiar o no,
libertad de enseñanza y así sucesivamente. Pues entonces se corre el riesgo
definitivo, el de ver interrumpido el camino”[42].
Con idéntico sentido, pero sin la
posibilidad de acceder directamente a las páginas de Opinión, la víspera del
referéndum se inserta un anuncio en la sección de Sociedad titulado Mujeres
ante la Constitución que manifestaba:
“Las
mujeres abajo firmantes, que no renuncian a seguir luchando por
reivindicaciones totalmente legítimas, consideran que en el momento actual, por
encima de intereses de grupo, aunque éste englobe a la mitad de la población,
es urgente garantizar un marco de convivencia para todos los españoles. Este
marco es la Constitución.
Por
supuesto esta Constituciones tiene artículos que podían ser mejorados (...)
pero como todo el mundo sabe, es el resultado de mutuas concesiones inspiradas
en el deseo de convivencia (...) Sólo a partir de ese momento [su aprobación],
los diferentes grupos sociales podrán promover o participar en cuantos debates
sean precisos en defensa de sus reivindicaciones específicas”[43].
Visto así, el panorama se presentaba
equidistante entre las numerosas renuncias y el mayoritario apoyo de la
ciudadanía. La jerarquización entre los interlocutores y la relevancia de los
asuntos políticos en justa consonancia con la agenda del medio hacían de las Cartas
al director un conjunto homogéneo con el resto del diario; la amplitud
ideológica y temática ofertaba un espacio para el diálogo. El balance final se
muestra así polarizado en sintonía con el contexto socio-político; sin duda la
promulgación del artículo 20 iba a necesitar, obviamente, un proceso de
aprendizaje y un compromiso por parte de todos los implicados, incluidos los
medios de comunicación.
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[1] En junio de 1981, con la adquisición de una tercera rotativa,
se rompe la dinámica de considerar al lunes como festivo.
[2] Antecedente clave del fracasado golpe del 23-F. Se
hablaba de secuestrar al Gobierno durante la reunión del Consejo de Ministros y
de obligar al Rey a aceptar un Gabinete de Salvación nacional. El teniente
coronel Tejero de la Guardia Civil y el capitán Sáenz de Ynestrillas de la
Policía Armada son acusados de rebelión y confinados en Alcalá de Henares hasta
diciembre del 79. El asunto se desenmascaró gracias a la contra-información del
comandante Andrés Casinello, agregado a la Guardia Civil. Los encuentros que
ambos militares mantuvieron en la madrileña cafetería Galaxia, en noviembre de
1978, dieron nombre a la operación.
[3] Se refiere al atentado, cuya autoría se imputó a la
extrema derecha, sufrido en octubre de 1978, donde murió un trabajador. A
partir de entonces se suceden las muestras de solidaridad como las
protagonizadas por las periodistas de El Imparcial Marta Novoa Crespo y
Mercedes G. Frías, único caso en que dos remitentes de género femenino inician
esta sección, si bien es cierto que el sentido solidario [¿corporativo?] de la
carta es recíproco: ellas fueron expedientadas por su diario. El País, 3
de noviembre de 1978.
[4] Según señalaba R. López-Pintor (1982), el CIS hizo
entre 1976-1980 más de 150 encuestas, si a ellas unimos las realizadas por
organismos privados y medios de comunicación, en esos años se realizaron
encuestas de opinión casi a diario y a uno de cada dos ciudadanos.
[5] Sólo 15 se firman con iniciales, si bien el hilo de
la narración nos permite establecer que la mitad corresponde a autores varones.
[6] “Subnormales adultos”, por Margarita Durán (Madrid),
El País, martes 7 de noviembre de 1978. Cfr. que si bien se han impuesto
ahora el uso de los eufemismos (minusválidos, deficientes o downs), la
visibilidad de este colectivo comienza precisamente por reivindicar su
presencia, justamente así debemos interpretar la denominación utilizada, cuya
corrección política es nula frente al valor social que denota. En ese sentido,
también cabe destacar la carta, que bajo el título “Solidaridad” se publica con
fecha 26 de noviembre de 1978, donde José Mª Olayo explica su participación,
como minusválido, en la media maratón de Moratalaz y anhela “que la
excepcionalidad no sea noticia en un futuro”.
[7] “Fraga se defiende”, El País, 24 de noviembre
de 1978. Creemos que en este caso se desaprovecha el titular dado el contenido
beligerante de la carta donde además de criticar el editorial "La cabeza
debajo del ala" del día 22 por sus intervenciones en el Congreso, el
político gallego culpa de los males del país a los ministros de Defensa
(Gutiérrez Mellado) e Interior (Martín Villa) por “el deterioro del orden
público, la escalada de terrorismo, y la destrucción del espíritu inversor y de
ahorro”, entre otros asuntos.
[8] “El general Prieto y la “Operación Galaxia”, El
País, 21 de noviembre de 1978.
[9] “Bonn no indulta a los criminales nazis”, El País,
10 de noviembre de 1978.
[10] Como ejemplo, baste la carta remitida por Sam F.
Benalal “Daquier en Madrid”, El País, 16 de noviembre de 1978, donde
insta a la recién nacida democracia a actuar contra Louis Daquier de Pellepoix,
Comisario General de Asuntos Judíos del gobierno de Vichy, que reside en
Madrid.
[11] “Razones de una abstención”, El País, 5 de
noviembre de 1978.
[12] “El almirante Gamboa explica su voto”, El País,
8 de noviembre de 1978.
[13] Por ejemplo, la carta remitida por Pilar Primo de
Rivera en la que critica los juicios de Francisco Umbral sobre su padre se
pospone tras las declaraciones del Departamento de Psiquiatría de la UCM en la
polémica por la pretensión de equiparación profesional de los egresados de la
Facultad de Psicología. El País, 30 de noviembre de 1978.
[14] LARAÑA, Enrique (1994) “Movimientos sociales”. En:
DEL CAMPO, Salustiano (Ed.) Tendencias sociales en España (1960-1990).
Vol. II. Madrid: Fundación BBV, pp. 391-424. Véase también CASTELLS, Manuel
(1985) La ciudad y las masas. Madrid: Alianza.
[15] “Consideraciones sobre el “footing” en Madrid”, El
País, 3 de noviembre de 1978.
[16] “Fotógrafos y laboratorios”, El País, 22 de
noviembre de 1978.
[17] “Inconvenientes de la energía nuclear”, El País,
12 de noviembre de 1978.
[18] “El pinar de Los Frailes”, El País, 10 de
noviembre de 1978.
[19] “Defensa de un periodista”, El País, 16 de
noviembre de 1978 en respuesta a la carta del alcalde de León, Oscar Rodríguez
Cardet, de 4/11/78 injuriando al periodista Núñez por las acusaciones de
prevaricación en asuntos urbanísticos donde el alcalde, se afirma, tiene
intereses inmobiliarios.
[20] “Psicólogos frente a médicos”, El País, 1 de
diciembre de 1978.
[21] “Pérdida irreparable”, El País, 6 de
diciembre de 1978, donde Pedro A. Vives Azancot, director del Departamento,
expresa su dolor por las pérdidas ocasionadas por el incendio en las
dependencias del CSIC y crítica a la
situación de la investigación en España.
[22] “El Colegio de España en París”, El País, 4
de noviembre de 1978 donde la remitente, Nieves González Guerrero, insta, una
vez recuperada la democracia, a la reapertura del centro de investigación.
[23] “Los catedráticos de música”, El País, 16 de
noviembre de 1978, donde la catedrática de música Mª Pilar Escudero, utilizando
el masculino como genérico, expone la discriminación de los profesores y de la
educación musical en España, sin percibir siquiera su situación particular.
[24] “Feminismo y Constitución”, El País, 6 de
diciembre d e1978, donde en disonancia con la anterior plantea, junto al
llamamiento al voto afirmativo, reivindicaciones particulares como medidas
efectivas para la planificación familiar y contra el paro femenino.
[25] “El prisionero Ben Bella”, El País, 5 de
noviembre de 1978. La carta firmada por Roberto Mesa, Pedro Martínez Montávez,
Fernando Claudín, J.L. Aranguren, Jaime Miralles, Luis de Pablo, Marta
Cárdenas, José Ángel Valente, Serafín Fanjul, J.M. Caballero Bonald, Alfonso
Carlos Comín, J. Ruíz-Giménez Aguilar, Carlos Castilla del Pino y Juan
Goytisolo, alerta sobre la situación del ex-presidente argelino.
[26] En consonancia con estas preocupaciones, “desafíos”
según la Conferencia Episcopal, se trabajaba afanosamente en materia de
derechos educativos o de estabilidad del matrimonio, de ahí el anuncio de la
nueva redacción del documento “Matrimonio y familia”, elaborado por la Comisión
de Apostolado Seglar, cuya votación definitiva se pospone para el 15 de enero
del siguiente año, previendo que algunos de los asuntos podrían ser legislados
por el gobierno a medio plazo.
[27] Encuesta-consulta al clero español. Madrid:
BAC, 1970. Cit. por DÍAZ-SALAZAR, Rafael (1994) “La Iglesia Católica”. En: DEL
CAMPO, Salustiano (Ed.) Tendencias sociales en España (1960-1990). Vol.
II. Madrid: Fundación BBV, pp. 245-291.
[28] En la nota de 28 de noviembre de 1978 de la Comisión
Permanente del Episcopado se enuncia: “En momentos de la importancia del presente,
la Iglesia tradicionalmente ha recordado el deber de votar (...) solidarios con
el porvenir de nuestro pueblo, midan el alcance de esta decisión histórica, en
la que se aspira a establecer las bases del a convivencia para todas las
personas y pueblos de España, y cuiden de que la fe cristiana ilumine su
decisión de voto (...) no se dan motivos determinantes para que indiquemos o
prohibamos a los fieles una forma de voto determinada”. El País, 24 de
noviembre de 1978, p. 23. En contra, en la carta “Los obispos y la
Constitución”, El País, 28 de noviembre de 1978, de Pablo F. Morera
(Madrid) se pregunta “¿Pero es que los obispos pueden en alguna circunstancia
imponer una determinada forma de voto?”.
[29] “La Constitución al César”, El País, 5 de
diciembre de 1978, “Del católico, su conciencia y la Constitución” El País,
23 de noviembre de 1978, “Constitución: con al Iglesia hemos topado”, 6 de
diciembre de 1978, y, sobre todo, “Cabalgan juntos otra vez” (3/12/78) donde el
firmante asimila el intento de golpe militar con el “golpe eclesiástico” y
denomina a los obispos “travestís” en la medida en que dicen apoyar la
convivencia constitucional y actúan como francotiradores dentro del sistema
democrático.
[30] “Sobre el impuesto religioso”, El País, 9 de
noviembre de 1978, donde el remitente, Roberto Lillo (Madrid) afirma
expresamente "si encuentran dificultades para la autofinanciación, sólo
tienen que emular el sistema del Opus Dei, al parecer, tan eficaz". El 21
de noviembre, el teólogo José María González-Ruiz en el artículo de opinión
“¿Impuesto eclesiástico o veintisiete mil púlpitos controlados?” se muestra y
argumenta contrario al impuesto religioso o, al menos, que la cuestión se
debata entre los vértices del poder temporal y de la iglesia sin contar con los
fieles, que al fin y al cabo serán los que contribuirán econonómicamente al
sostenimiento de la Iglesia. Para la autofinanciación, el teólogo sugiere la
gestión del patrimonio histórico-artístico en consonancia entonces con las
tesis de “Juan Pablo II que se ha rebelado, desde el primer día, contra el
poder temporal de la Iglesia, aunque él bien sabe que no podrá desmontar un
tinglado de siglos con la varita mágica, ni siquiera made in Polonia...”.
[31] Lo hemos comprobado, por ejemplo y en el caso contrario,
en la carta del general Prieto López que responde a su supuesta vinculación con
la Operación Galaxia y se le señala “como persona vecina a El Imparcial”.
El País, 21 de noviembre de 1978.
[32] “Fantástico”, por Mª Soledad Vega, de Madrid. El
País, 4 de noviembre de 1978.
[33] “La Clave”, por Ana Merello, de Madrid. El País,
8 de noviembre de 1978.
[34] “La Clave”, por Pilar Navarro, de Madrid. El País,
16 de noviembre de 1978.
[35] “TVE = tortura”, por Mariano Fernández Pallarés y
José Carlos Peña Porta, de Madrid. El País, 1 de diciembre de 1978.
[36] “Televisión gubernamental”, por Emilio Almeda. El
País, 3 de noviembre de 1978, donde critica la cobertura realizada por TVE
al Congreso de UCD.
[37] “Censura en RTVE”, por Antonio J. González de Madrid
, donde manifiesta, a propósito de la declaración sobre la masturbación del
pintor Ocaña en 625 Líneas, “que RTVE no tiene derecho de censurar pero
si de poner sobre aviso al telespectador, siendo éste el que ejerza su libre
albedrío para seguir o no delante del televisor”; en el mismo sentido se
manifiesta la siguiente carta “Violencia contra sexo”, de José Manuel Egea, de
Granada donde critica el doble rasero para censurar imágenes de sexo y no
emplea los mismos argumentos –“respeto a la tradición y al buen gusto”- para suprimir
imágenes violentas. Ambas en El País, 8 de noviembre de1978.
[38] Se refiere a la franja infantil y se esgrime el
excesivo consumismo que se inocula en los niños en estas fechas prenavideñas en
“Publicidad infantil en televisión”, por Antonio Serrano, El País, 29 de
noviembre de 1978. Complementa a la carta de Ann Verónica Young, de 24 de
noviembre, donde afirma que la programación infantil no sólo se reduce al
espacio El recreo y los dibujos animados La abeja Maya, sino que
además tan escasos contenidos son susceptibles de eliminarse de la programación
ante otros programas o espacios de más actualidad.
[39] El País, 4 de noviembre de 1978
[40] Ambas publicadas el 14 de noviembre de 1978.
[41] El País, 25 de noviembre de 1978.
[42] CONTE, Rafael “O Constitución o Franco”. El País,
25 de noviembre de 1978, p. 9.
[43] “Mujeres ante la Constitución”. El País, 3 de
diciembre de 1978, p. 28. Entre las firmas que se adhieren aparecen Dolores
Ibárruri, Carmela García Moreno, Teresa Pamiés, Blanca de la Cierva, Soledad
Becerril, Irene Falcón y otras; también Massiel y Ana Belén, lo que
“explicaría” su ubicación en esta sección.