La libertad de expresión al servicio de la democracia
Marie-Christine MOREAU
Maître de Conférences en Espagnol
Université de
Paris 12 – Val de Marne
Mientras España celebra el vigésimo quinto aniversario de la Constitución (el vigésimo sexto este año), hemos escogido en nuestro encuentro debatir de aquellos 25 años de libertad de expresión. El tema es ambicioso y ancho puesto que abarca tanto el aspecto jurídico, es decir la definición de la ley, su evolución y su aplicación, así como el ejercicio y el uso de aquella libertad de expresión por los diferentes medios de comunicación. 25 años son ya un largo periodo si consideramos la vida de las diferentes constituciones españolas. A nuestro parecer, cabe poner de realce el papel desempeñado por la prensa española, la cual en su gran mayoría ha permitido o contribuido al afianzamiento de la democracia, al evitar exacerbar las tensiones y las pasiones al contrario de lo que pasó bajo la Segunda República. Esto nos llevará a interrogarnos sobre el uso y los límites de la libertad de expresión. Mi análisis se centra en el periódico El País .
El País salió por primera vez el 4 de mayo de 1976, después de una larga batalla administrativa que enfrentó su fundador José Ortega Spottorno, hijo del filósofo Ortega y Gasset con la Dirección general de Prensa que dependía del Ministerio de Información y Turismo. Durante más de cuatro años, impidió aplazándola la publicación porque el general Franco estaba opuesto a ese proyecto cuyo carácter subversivo temía[1]. En efecto, la ambición de los fundadores era crear un periódico independiente que defendiese la libertad y la democracia por venir[2]. La estratagema de la administración consistió en negar la inscripción de la sociedad PRISA en el Registro de empresas públicas, cada vez que la solicitó, bajo el pretexto de que no tenía la capitalización suficiente[3].
El País que había sido víctima de esa censura disfrazada, se hizo, desde sus primeras ediciones, el campeón y el defensor empedernido de la libertad de expresión y de información, derecho sin el cual no puede existir real democracia. Mientras las fuerzas de oposicón desfilaban por las calles y manifestaban pidiendo "Amnistía y libertad", dio un ancho eco a aquellas reivindicaciones populares. No se limitó a relatarlas sino que las respaldó publicando unos documentos comparativos muy pormenorizados que trataban de la situación que existía en los demás países democráticos occidentales, presentados y propuestos como modelos para España.
Ejerció la libertad de expresión en sus artículos, editoriales y sus tribunas, antes de que fuera oficialmente instituida y garantizada por el artículo 20 de la Constitución del 6 de diciembre de 1978, lo que le valió procesos y condenas, y siguió ejerciéndola a lo largo de estos 25 años.
Confrontada a la masa de documentos que representan 28 años de publicación, he escogido ciertos momentos claves y centrado mi estudio en los editoriales y las páginas de opinión.
Este análisis permite destacar que para los fundadores de El País, los directores y todos los periodistas, la libertad de expresión reivindicada y después lograda debía ponerse al servicio de la democracia. Primero se trata de obtenerla, de instaurarla y luego de defenderla y de consolidarla.
Después de la aprobación en referéndum de la Carta Magna, hito mayor, permanecerá atento y denunciará cualquier retroceso, peligro o amenaza y tomará su defensa cuando las circunstancias lo exijan.
Sin embargo, aquella libertad de expresión de la cual El País se enorgullece y hace el motor, el eje central de su comunicación, tiene límites : los que el periódico se impone, los que le imponen y los que impone (y que dieron lugar a sonadas polémicas o amargos resentimientos). Es lo que expondremos en una segunda parte.
El primer editorial ilustra perfectamente el compromiso de El País y el ejercicio de una plena libertad de expresión, en un momento en que todavía se exponía a sanciones por criticar abiertamente al jefe del gobierno, Carlos Arias Navarro y su proyecto de reforma constitucional. Lo rebatía demostrando que estaba totalmente inadaptado a la situación política de España así como a las esperanzas legítimas de democratización que la sociedad albergaba. En nombre de esa nuevas generaciones y del cambio necesario, rechazaba esa seudo reforma inspirada por la voluntad de prolongar el franquismo sin Franco, antes de concluir, en un estilo orteguiano : « Desde luego, señores, no es esto, no es esto »[4].
Este primer editorial marca la pauta : se trata de denunciar cuanto, en la vida política, jurídica y social es incompatible con el proceso de democratización que el periódico quiere fomentar. Por eso va a explicar a los españoles, cuya desinformación es obvia después de cuarenta años de dictatura, de censura y de propaganda, lo que son verdaderas instituciones democráticas. La libertad de expresión sirve a fines pedagógicos ; el diario se vuelve un instrumento de educación política al servicio de la regeneración, accesible a la mayoría del pueblo.
Haciendo caso omiso de posibles condenas o sanciones, desde el mes de mayo de 1976 hasta el referéndum de la reforma política en el mes de diciembre de 1976, El País lanza una campaña de denunciación del franquismo, de sus instituciones y de sus hombres, que se agudizará en el momento de la campaña para las elecciones legislativas de 1977, de 1979, en la de las elecciones municipales de 1979, y cada vez que la buena evolución del proceso de transición hacia la democracia le parece amenazada, en particular después de la Operación Galaxia, destinada a paralizar la adopción de la Constitución y en el momento del golpe del 23-F.
Restablece la verdad histórica y económica de la dictatura, demistificando el desarrollo de los años 60, los 25 años de paz, recordando el sombrío pasado de algunos ex ministros o personalidades de extrema derecha, desvelando la corrupción generalizada que gangrenaba los mecanismos de la administración franquista.
De esta forma intentaba desencadenar un proceso de distanciación, una catarsis saludable cuyo objetivo era marginalizar definitivamente el bunker. En efecto el proceso de transición, como lo sabemos, tuvo que superar numerosas adversidades : crisis económica grave, oleadas de atentados terroristas, raptos, situación de la cual supieron aprovecharse los nostálgicos de la dictatura para difundir el lema según el cual bajo Franco se vivía mejor.
El País se vale en particular de sus editoriales para contrarrestar las maniobras de desestabilización y el trabajo de desmoronamiento regular al que se dedicaban los involucionistas y cuyas intentonas de golpe de estado (Operación Galaxia, 23-F) fueron la expresión más violenta y más espectacular. El objetivo del periódico es que la sociedad española, mejor armada culturalmente, no se deje seducir por los discursos reaccionarios ni arrebatar por la corriente golpista.
Luego, durante el periodo constituyente y de desarrollo constitucional, comprobamos que procura que los diferentes proyectos de leyes evolucionen hacia una redacción que sea la más democrática y la más liberal posible. Por eso, como un mentor y un censor, vigila, critica su elaboración y su discusión en las Cortes ; interviene para expresar su opinión, dictar su juicio, preconizar la vía o la solución que le parece la mejor para el devenir de España.
Cabe aquí recordar brevemente el combate que llevó el periódico a favor de una ley sobre la libertad de expresión que fuese la menos restrictiva posible. Y esto tanto más cuanto que el debate que abrió y fomentó alimentó las discusiones parlamentarias y las de la ponencia, relativas a la redacción del artículo 20, que reza :
Artículo 20.
1. Se reconocen y protegen los derechos:
a) A
expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el
escrito o cualquier otro medio de reproducción.
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
c) A la libertad de cátedra.
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor; a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.
El País pide primero que desaparezca la censura impuesta por la Ley de Secretos Oficiales del 5 de abril de 1968 que había extendido la definición de las materias reservadas a amplios sectores de la vida pública que, a su parecer, no podían en absoluto perjudicar la seguridad del Estado o los intereses de la nación. Al mismo tiempo alerta sobre el poder absoluto y discrecional del gobierno para decretar su aplicación.
El primer tema tratado es el de los casos de tortura cometidos por la policía. El hecho de que las investigaciones judiciales sean clasificadas como materias reservadas le parece un grave error. Reclama al contrario la transparencia, de la que espere que redunde en mayor democracia, y el control del poder ejecutivo :
La Ley de Secretos Oficiales debe ser derogada. En materia de información el poder Ejecutivo debe reducir al mínimo su margen de discrecionalidad y someter sus decisiones en la materia a un control imparcial[5].
Reactivará el debate al respecto en el momento de la apelación presentada por Rafael Calvo Serrer, ex director del periódico Madrid cuya publicación fue prohibida y cuyo edificio fue destruido bajo la dictadura. Ganó el pleito y el tribunal le otorgó una indemnización por los perjuicios sufridos. Aprovechó la ocasión El País para pedir la abolición de la Ley de Prensa de 1966, y en particular que se ponga fin al poder discrecional de la administración para que las sanciones, cuyas consecuencias pueden ser gravísimas, sólo se apliquen si hay una sentencia de los tribunales de justicia [6].
Hasta que lo garantizara la Constitución en su artículo 20.5, siguió abogando para que la administración dejara de poder acusar y sancionar la prensa y que esa competencia fuese de los jueces[7].
Los editoriales relativos a la tortura plantean otros temas de reflexión : la definición de lo que debe ser una prensa libre y el papel que debe desempeñar.
La ética es primordial para El País. Repetida veces explica que no se debe reivindicar la libertad total de información para hacer un periodismo sensacionalista. Lo que se propone es contribuir a la eliminación de cuanto cercena los derechos humanos. Está convencido de que la denunciación de los casos de tortura acelerará su desaparición.
Es obligación de la prensa no hacer sensacionalismo barato de los casos incontrolados de malos tratos que hayan podido darse. Pero también lo es la denuncia de esas situaciones para que nunca más vuelvan a ocurrir entre nosotros[8].
Protestará con la misma determinación, en el mes de febrero de 1977, contra la declaración de materia reservada de toda la información relativa a los secuestros de J.-M. Oriol y del general Villaescusa así como al atentado terrorista de Atocha, en el cual cinco abogados comunistas fueron asesinados[9].
Sobre la ley
de Secretos Oficiales ya hemos escrito casi todo lo que podía escribirse. En
primer lugar, que se trata de una ley básicamente antidemocrática que lesiona
el derecho de los ciudadanos a informarse sobre todo aquello que afecte a la
gobernación de sus vidas o sus bienes.
[…]
En segundo lugar, que adolece de un defecto de aplicación franquista que la inclina a servir antes de manta para el mágico escamoteo de los problemas que de salvaguarda de legítimos intereses de Estado[10].
Pone de realce al contrario la utilidad de una información libre y por lo tanto fidedigna en los momentos difíciles, « que contrapese la oleada de rumores a cual más inverosímiles »[11]. Ésta puede servir a apaciguar las tensiones, sosegar los espíritus, evitando la escalada de los falsos rumores. En fin, una prensa libre garantiza los derechos de los cuidadanos[12].
Por estas razones, el decreto-ley sobre la libertad de expresión del 1 de abril de 1977 será juzgado por El País como un decreto-ley "contra la libertad de expresión". Le preocupa que el gobierno pueda secuestrar todo documento impreso o sonoro estimado contrario a la unidad de España o susceptible de perjudicar la Corona, la familia real o de desacreditar las fuerzas armadas, sin que los diarios o radios puedan defenderse. Reivindica al contrario, como ya o había hecho anteriormente, que únicamente los tribunales de justicia tengan la competencia de determinar lo que constituye un delito, lo que evitaría además que el secuestro pudiese aplicarse automática e inmediatamente.
Por otra parte, la facilidad dada a los particulares de demandar con una simple denuncia, sin pleito, contra la prensa y la introducción de la responsabilidad solidaria del director hacen de esta nueva ley una peligrosa espada de Damoclés :
Al igual que en el caso de extensión de la responsabilidad civil solidaria al empresario, el invento de la responsabilidad penal solidaria del director es un arma política de intimidación y de amedrentamiento contra la libertad de expresión[13].
En virtud de ese principio de responsabilidad penal, el director de un diario deja de ser responsable sólo de la línea editorial y de los artículos no firmados para serlo también de toda la publicación.
El compromiso de El País a favor de la libertad de expresión abarca otros sectores del mundo de la cultura, el teatro, el cine. Arremete en 1980 contra los pleitos abiertos contra la tropa y el director de Els Joglars a causa del espectáculo la Torna, contra Pilar Miró por su película El crimen de Cuenca, juzgados por ofensa a las fuerzas armadas[14] . Pero interviene principalmente para defender a los periodistas, lamentando que en los meses que siguieron las elecciones generales de 1977, se puedan « contar ocho secuestros, diecisiete procesamientos, nueve sumarios más abiertos ». Juzga esas decisiones contrarias a la libertad de expresión y antidemocráticas[15]. Esto nos permite recordar que la libertad de facto precedió la libertad de derecho.
Aquella libertad de expresión, El País ne se contenta con ejercerla, sino que la da y la fomenta.
Abre sus páginas de opinión a cuantos desean expresarse con la única condición de que ejerzan una « libertad sin ira », es decir sin odio ni espíritu de revancha. Siempre exhorta a no reactivar las pasiones que condujeron al enfrentamiento, a no repetir los errores de pasado.
Dio primero la libertad de expresión a todos los que eran o habian sido víctimas de la censura : los intelectuales, militantes políticos y sindicalistas que se habían comprometido a favor de la Segunda República y tuvieron que exiliarse al final de la guerra civil y que nunca pudieron volver ni publicar, así como a los que habían sido condenados a ese exilio interior que es la marginación y que había incitado a muchos de ellos a abandonar su patria para recobrar en otros países la posibilidad de trabajar o enseñar con plena independencia[16]. Al abrirles sus páginas de opinión y tribunas libres, contribuyó a rehabilitar su memoria y su cultura, y propició un cambio cultural rápido y profundo que permitió superar la incomprensión, los prejuicios, causa del enfrentamiento secular entre dos modelos antagónicos. Para El País era urgente que ya no hubiera dos Españas, la España de los vencedores y la de los vencidos, sino una sociedad reconciliada, siendo la concordia la base de la democracia.
Las páginas de opinión están también abiertas a las diferentes ideologías, en los límites siguientes.
Porque nacemos con talante y concepción liberales de la vida, en lo que de permanente y de actual tiene la palabra y en lo que significa el respeto a la libertad de los hombres - la tribuna libre de El País estará abierta a cuantas gentes e ideologías quieren expresarse en ellas, con la sola condición de que sus propuestas, por discutibles que sean, sean también respetuosas con el contrario y propugnen soluciones de convivencia entre los españoles[17].
El papel de El País como « parlamento de papel », cuando las instituciones no funcionaban todavía de modo democrático y no existía parlamento representativo es conocido : sus páginas de opinión fueron el lugar del debate político. Pero cabe destacar que siguieron siéndolo en el momento de la elaboración de la Constitución y después, en particular a lo largo de ese periodo llamado de desarrollo constitucional. Desde entonces son de nuevo una tribuna política cada vez que se debaten cuestiones relativas a la enseñanza, la Iglesia, las autonomías, el País vasco, para citar sólo los temas españoles más importantes.
Pero el periódico no se contenta con dar la palabra a las élites. Acoge a personas más modestas, representantes de asociaciones de barrio, que por cierto en el momento de la transición eran muy activas, a minorías a menudo marginadas como los gitanos, que sin la tribuna de El País nunca hubieran tenido la oportunidad de dirigirse a la nación entera.
De este modo, enseña la tolerancia, la apertura propia de una cultura democrática que no debe rechazar ninguna identidad.
Es el lugar donde se ejerce el derecho de respuesta y la crítica. Sin embargo, su funcionamiento se rige por los mismos principios : se prohiben las injurias y ataques personales y el periódico siempre evita la escalada.
Para mejor garantizar la libertad de expresión de sus lectores, creó en noviembre de 1985 el primer puesto de ombudsman, es decir de defensor del lector, que fue confiado a Ismael López Muñoz. Su papel consiste en atender las quejas y sugerencias de los lectores sobre el contenido del periódico. Aunque es un órgano de la dirección, está amparado por un estatuto que protege su independencia laboral y profesional. Este vínculo de diálogo creó una dinámica inédita.
La publicación del borrador de la Constitución, algunos días después de que Cuadernos para el Diálogo haya filtrado los artículos principales, se inscribe en esa voluntad repetidas veces afirmada de ejercer una plena libertad de expresión y de información pero al mismo tiempo, el periódico justifica esta publicación en margen de la legalidad por la voluntad de entregar a los ciudadanos cuanto antes el texto (más de un mes antes de su publicación oficial) para que puedan conocerlo y debatir. Para el periódico, es otro modo de favorecer la libertad de expresión. Este ejemplo nos permite recordar que el compromiso de El País a favor de la libertad de expresión y de información corre parejo con su exigencia de transparencia de la vida parlamentaria y política. Siempre lamentó que la redacción de la Constitución hubiera sido confiada a una ponencia que se reunía a puerta cerrada y que el debate no tuviera lugar « con luz y taquígrafos »[18].
El combate a favor de la libertad de expresión no se detiene con la aprobación de la Constitución. En el editorial del tercer año de publicación, se puede leer :
No nacimos con vocación de periódico para unos años sino con deseos de contribuir a la institucionalización de la prensa libre, como condición básica e insustituible de un régimen democrático[19].
Seguirá defendiendo este derecho primordial no sólo para la construcción, la instauración de la democracia sino también para su buen funcionamiento y su consolidación. En los años que siguieron la proclamación de la Constitución, los años del desencanto, denunciará el mal funcionamiento de la administración, dominada por ex franquistas , alertará contra los peligros de una involución, fomentada desde algunos sectores del ejército. Se esforzará por detener la perdida de confianza y de entusiasmo que se iba generalizando. Recordará la importancia de las elecciones, incitando a cumplir el deber cívico. Frente a la libertad de expresión de la que goza también la extrema derecha que, en los años 80, moviliza los espíritus utilizando los temores provocados por los atentados terroristas y la escalada de las reivindicaciones de autonomía, El País se vale del poder que le confiere su importante audiencia para advertir de las amenazas que se ciernen sobre la democracia.
Para contrarrestar ese proceso de desestabilización que le inquieta, procura rearmar moralmente a la población presa del desencanto. Intenta fomentar una nueva vitalidad cultural acudiendo a intelectuales y a filósofos. Se convertirá, según la expresión famosa de Aranguren, en el intelectual colectivo. Su misión será consolidar en la población española las convicciones y el compromiso a favor de la democracia que le parecen demasiado frágiles, y por lo tanto potencial y peligrosamente versátiles.
Las ediciones especiales del 23 de febrero
de 1981.
En el momento del golpe de Estado fomentado por el teniente coronel Tejero el 23 de febrero de 1981, El País se comprometió en la defensa de la democracia publicando siete ediciones especiales. Juan Luis Cebrián decidió difundir la primera poco después del asalto a pesar del peligro que suponía para los que iban a repartir el periódico por las calles de Madrid.[20] En la portada, se podía leer « Golpe de Estado, El País con la Constitución », y un valiente editorial "Viva la Constitución", en que se hacía una encendida defensa de ella, cuando el Rey Juan Carlos I no había aparecido todavía en televisión[21]. Aparece la foto de las Cortes. Las cuatro siguientes, con la foto de Tejero en la sala de los Diputados se titulan "El intento de golpe en vías de fracaso" augurando el fracaso de la intentona. Según las horas de edición, recogen el mensaje del Rey. En la sexta y la séptima se da cuenta de la liberación del Gobierno y de los miembros del Parlamento, tras un pacto con los rebeldes[22].
En los años 90 son otras las amenazas que
pesan sobre la libertad. Proceden de diferentes proyectos de ley que tienen
como objetivo o precisar o regular el ejercicio de la libertad. El País acudirá a la responsabilidad de los periodistas y preconizará el
recurso de la autorregulación,
que le parece, con mucho, preferible a cualquier nueva ley.
Considera que la legislación actual
es suficiente para controlar los abusos periodísticos y que introducir una
nueva ley, « una ley antilibelo para corregir los errores y falsedades
que se publican en los medios de comunicación »[23]
es una forma de limitar el derecho a la libertad de expresión. Mantiene la
misma actitud cuando, en 1992, se manejó la posibilidad de introducir un nuevo
delito, el de difamación, en el próximo Código Penal. « Se trata de una
idea enquistada en una parte del mundo político y de la sociedad civil de poner
a los periodistas en su sitio »[24].
Pero al mismo tiempo insiste en la necesidad de preservar la credibilidad democrática de la prensa ; por eso denuncia la tendencia a presentar como informaciones lo que sólo son rumores y a buscar el conflicto como medio de aumentar la audiencia, pues la principal consecuencia es una merma de la credibilidad de las instituciones y de la política.
Esto nos lleva a interrogarnos sobre los límites de la libertad de expresión. Son a la vez jurídicos y éticos. Aunque la ley lo permita o no lo prohiba qué es lo que se debe revelar y enseñar ?
Los límites que El País se impone e impone a sus periodistas están claramente expuestos en el proyecto editorial, en las diferentes declaraciones de su fundador José Ortega Spottorno, y de los directores, particularmente en los aniversarios del periódico, y recopilados de forma exhaustiva en la introducción del Libro de estilo bajo el título : « Principios » así como en el Estatuto de la Redacción, aprobado en 1980[25].
Se trata fundamentalmente de no hacer sensacionalismo, presentar una información veraz y contrastada, ser independiente del mundo político y de todos los grupos de presión, respetar la Constitución y defender los principios democráticos.
El País se caracteriza par una presentación de la información seria, incluso austera durante muchos años. Tardó en introducir el color. La selección de los temas tratados, y de las fotos que los acompañan es significativa . Nada que ver con los tabloides sensacionalistas como The Sun en Gran Bretaña o Bild Zeitung en Alemania, que mezclan sexo, sangre e información seria. En el Libro de Estilo, la máxima prudencia es aconsejada a los periodistas a la hora de tratar de los suicidios, violaciones. De modo general, las fotos ocupan un espacio relativamente reducido. En 1984, José Ortega Spottorno recordaba que cuando le ofreció a Juan Luis Cebrián la dirección del periódico, le pidió que los titulares fueran pequeños para evitar todo sencionalismo[26]. Las ediciones que han transgredido esa norma forman excepciones, como por ejemplo las del 23 y 24 de febrero de 1981, o más cerca de nosotros las del 11 de marzo 2004[27].
La constante es evitar chocar al lector. Eso es manifiesto por ejemplo en la manera de dar cuenta de los atentados o de la guerra. Hay fotos que nunca se publican y se procura no sacar en primer plano los detalles más horribles. Es para el periódico una cuestión de deontología. Ahora con la guerra en Irak, el debate sobre los límites de la libertad de expresión y de información resulta abierto de manera tremendamente trágica cuando algunas cadenas difunden imágenes de decapitación o escenas de tortura.
Presentar una información veraz y contrastada es otro de los preceptos de El País. En una época en que los medios de comunicación viven la tiranía de la audiencia[28] y del scoop, y cada vez más en sus ediciones digitales, prefiere no dar una información que facilitar una información falsa. Para el consejo editorial, el control de las fuentes es primordial : el periodista debe transmitir a los lectores noticias comprobadas. Debe descartar los rumores. Si transmitió errores, debe ser el primero en subsanarlos. Además en los casos conflictivos, hay que escuchar o acudir siempre a las dos partes en litigio.
Podemos aducir como ejemplo el tratamiento de la información de la tragedia del World Centrer, el 11 de septiembre de 2001. Mientras ciertas agencias de prensa anunciaban que hechos similares estaban ocurriendo en Los Angeles, El País decidió, al contrario de El Mundo, no publicar esta noticia en su edición digital.
« El País rechazará cualquier presión de personas, partidos políticos, grupos económicos, religiosos o ideológicos que traten de poner la información al servicio de sus intereses. La independencia y la no manipulación de las noticias son una garantía para los derechos de los lectores, cuya salvaguarda constituye la razón última del trabajo redaccional »[29].
El País siempre hizo alarde de la diversidad política y sociológica de sus accionistas, presentándola como una garantía de independencia[30]. Sin embargo, fue acusado de ser la voz del PCE y después la del PSOE. A partir de 1978, surgió un enfrentamiento ideológico entre los accionistas de la vieja escuela liberal, encabezados por el hermano del fundador Miguel Ortega y Julián Marías por una parte y José Ortega Spottorno y los demás accionistas por otra parte. El motivo de su descontento era que el periódico había perdido su independencia y estaba dejando la línea liberal orteguiana ; dimitieron pero la lucha por el poder duró hasta 1982. Este frente de contestatarios, que llegó a controlar el 30 % de las acciones, cuestionaba los editoriales y la selección de firmantes en las tribunas libres.
Las acusaciones contra El País se
multiplicaron después de la victoria del PSOE en 1982. Se le acusó de ser una
correa de transmisión del Gobierno. Una de las polémicas más sonadas fue causada
por la campaña que precedió el referéndum sobre la OTAN en 1986, en la que
participaron periodistas de El País.
Numerosos lectores acudieron al Defensor del lector que tuvo que atender las quejas de quienes se asombraban
de que algunos redactores y colaboradores de El País hubiesen tomado
postura públicamente ante la consulta popular firmando diferentes manifiestos.
Las inquietudes principales se referían a los redactores fijos del periódico y
en particular a Javier Pradera, jefe de la sección de opinión, quien se había
comprometido a favor del sí y animaba a tomar esta posición.
Los lectores protestaron contra la utilización de las páginas de El País para respaldar al Gobierno, cuestionaron la independencia del periódico y, al considerar que ya no existían garantías de imparcialidad en la línea editorial que pudiera seguir el periódico durante el transcurso de la campaña electoral, pidieron su relevo de la sección de Opinión hasta el referéndum del 12 de marzo. El ombudsman consultó a varios periodistas extranjeros al respecto y publicó la postura del director, Juan Luis Cebrián, quien despejó las dudas afirmando que cada periodista o redactor de El País tiene perfecto derecho como ciudadano a manifestarse públicamente, y que la posición de Javier Pradera no debía confundirse con la línea editorial, que nunca era marcada por una persona sola sino que era el fruto de los debates y las decisiones de todo un equipo, el Consejo editorial[31].
¿ Ejercería El País algun tipo de censura ? Es lo que murmuran algunos decepcionados, cuyos textos nunca se publican o ya no se publican. También el caso de los humoristas Gallego y Rey plantea un problema.
En 1990, dibujaban tiras de caricaturas mordaces contra el hermano del vicepresidente socialista Alfonso Guerra, Juan Guerra, acusado de corrupción y de prevaricación. Venían publicadas cada día en las páginas de opinión y eran cada vez más feroces hasta que fueron desplazadas a la sección de televisión y radio, bajo el pretexto de que habían exagerado al caricaturizar al hijo de Juan Guerra. No aceptaron lo que se asemejaba a una censura y se fueron a Cambio16[32].
Los límites impuestos a la libertad de expresión son los que figuran en el artículo 20 de la Constitución:
« Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor; a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. ».
Aunque se esforzó por acatar la ley, Juan Luis Cebrián que fue el director de El País hasta 1989, seguido por Joaquín Estefanía y Jesús Ceberio, tuvo que comparecer ante los tribunales repetidas veces.
En 1980, se podía leer que había declarado más de sesenta veces ante las secretarías de los juzgados y que había sido procesado cinco.
El 4 de junio de 1977, tuvo lugar el primer procesamiento a El País en la persona de Juan Luis Cebrián por la publicación de un artículo titulado "Los anticonceptivos" en El País semanal en el mes de febrero. Estas diligencias fueron anuladas en el mes de octubre.
El 2 de octubre de 1979, El País publica, haciéndose eco de las denuncias interpuestas por un grupo de diecinueve abogados, un reportaje sobre supuestas torturas y malos tratos en la prisión especial de Herrera de la Mancha, denunciados también por varios funcionarios de mismo centro ; a consecuencia de este reportaje y de toda la información que se siguió dando sobre el tema, el director del diario y Rosa Montero, autora del reportaje, fueron llamados a declarar en el mes de enero de 1980 en el juzgado de instrucción de Manzanares (Ciudad Real).
La condena más dura fue la dictada por el Tribunal Supremo contra Juan Luis Cebrián por la publicación del editorial "Prensa y Democracia" el 9 de abril de 1978 : tres meses de arresto mayor, 50 000 pesetas de multa y accesorias de suspensión de todo cargo público, profesión, oficio y derecho de sufragio. La pena estaba suspendida en su ejecución por un período de dos años ; durante este tiempo, el director de El País quedaba en situación de libertad condicional, que podía suspenderse si era sentenciado nuevamente. Fue procesado y condenado por delito de desacato a la autoridad judicial porque había cuestionado la sentencia dictada contra la periodista Mayte Mancebo, directora de Play Lady, por publicar fotos pornográficas.
Esta sentencia desencadenó la protesta
generalizada de la profesión y la publicación, por parte de El País de un
editorial aún más crítico con la autoridad judicial. Comparaba con amargura el
« curioso ritmo de actividad » que sostenía con el director Juan Luis
Cebrián, « tantas veces solicitado », con su inacción en la
investigación del atentado que había sido cometido en los locales de El País el 30 de octubre de 1978 y que había
causado la muerte de un empleado y herido gravemente a otro[33].
A continuación, varios sumarios fueron abiertos contra Juan Luis Cebrián, pero tuvieron una resolución más favorable. Voy a aludir a dos de ellos que plantean el problema del respeto del secreto profesional y del derecho a la intimidad.
La confidencialidad de las fuentes y el secreto profesional son consideradas como la garantía imprescindible de la libertad de expresión y de información. El periódico ampara el secreto profesional de sus periodistas de manera interna y ante los tribunales En el Estatuto de la Redacción que entró en vigor en 1980, se puede leer que la Redacción considera el secreto profesional como un derecho y un deber ético de los periodistas. La protección de las fuentes informativas constituye una garantía del derecho de los lectores a recibir una información libre, una salvaguarda del trabajo profesional[34].
En 1984, celebró como un precedente histórico en la defensa de los principios de libertad de expresión la resolución del Tribunal Supremo que archivó las diligencias previas practicadas en relación con la publicación por El País del contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso Rumasa.
La aceptación, de facto, por parte de los magistrados de la sala segunda del secreto profesional invocado por el director de este periódico a la hora de no revelar las fuentes de la información supone un precedente inequívoco del respeto por el Supremo a ese secreto cuyo desarrollo legal la Constitución invoca. A partir de ahora la declaración ante los jueces -no digamos ante la policía o autoridades de otro género- por parte de periodistas se encontrará firmemente amparada en lo que se refiere a mantener la confidencialidad de las fuentes. Sin alharacas, puede decirse que esta actitud del Supremo marca un hecho novedoso, y de enorme importancia, en la historia de la libertad de prensa en nuestro país[35].
En cuanto al derecho a la intimidad, el ejemplo que mejor lo ilustra es el caso Barrionuevo, del nombre del Ministro del Interior, que en 1985 presentó demanda civil contra la empresa Promotora de Informaciones, SA, editora de El País, y Juan Luis Cebrián, por vulneración ilegítima del derecho al honor en relación con informaciones publicadas sobre el asesinato del dirigente de Herri Batasuna, Santiago Brouard. Le reprochaba insinuaciones como las de "consentir la existencia de bandas criminales para combatir a los terroristas o de proteger a unos servicios de inteligencia"[36].
El tribunal desestimó la demanda del ministro del Interior porque la ley excluye de su protección a las personalidades públicas en el ejercicio de sus cargos. Esta sentencia fue saludada como « una victoria de la libertad de prensa frente a los intentos del poder político de restringir los derechos a la información y a la opinión »[37].
Cada día, Reporteros sin frontera nos recuerda que la libertad de expresión es un bien precioso y que no hay democracia sin ella. Este bien tenemos que defenderlo, incluso en nuestros países. Por cierto nos hemos acostumbrado a la pluralidad de la opinión, pero cada vez más se plantean interrogantes sobre su devenir. Por una parte, se constituyen grandes grupos monopolísticos que, por su posición dominante, limitan la diversidad. Huelga mencionar las diatribas contra la sociedad PRISA y « el imperio polanqueño »[38]. A la hora de la mundialización, el debate se sitúa a otro nivel : se trata de defender una cultura europea o latina frente a la expansión dominadora de los medios de comunicación y las sociedades de producción anglosajones. Por otra parte, las grandes incógnitas son también la permanencia y la independencia de la prensa de opinión frente a la competición de los gratuitos. No podemos sino dar la voz de alerta cuando, en Francia, la prensa de opinión pierde cada año lectores y el diario Le Monde se encuentra en una situación difícil.
Por fin tenemos que interrogarnos sobre la salvaguarda de una ética de la información cuando algunos diarios o cadenas de televisión se convierten en órganos de expresión del terrorismo y de la violencia.
[1] "A los Ortega, no les voy a dar ningún periódico". Alférez, Antonio, Cuarto poder en España, la prensa desde la Ley Fraga, Barcelona, Plaza y Janés, 1986, p. 236.
[2] Ortega Spottorno, José, "Una aventura que mereció la pena", El País, 20/06/1984.
Marías, Julián, Una vida presente,
Memorias 3, Madrid, Alianza Editorial, 1989, p. 21.
[3] Cabe recordar que la Ley de Prensa de 1966, tan ensalzada por su famoso artículo 1 que reconocía el derecho a la libertad de expresión, en realidad no garantizaba ningún derecho a la difusión libre de informaciones, en particular por las condiciones impuestas en los artículos 26 a 32 para fundar una empresa de prensa. La constitución del Registro de Empresas Públicas, que dependía del Ministerio de Información y Turismo, y la obligación de inscripción de todas las empresas periodísticas antes de comenzar sus actividades fueron una forma de censura previa y, sin lugar a dudas, una estratagema del Régimen para aplazar las publicaciones no deseadas. Cf. Moreau, Marie-Christine, El País face aux pesanteurs historiques, Thèse de Doctorat, Dijon, 1994, p. 31-41.
[4] "Ante la Reforma", El País, 4/05/1976.
[5] "Secretos oficiales", El País, 15/08/1976.
[6] "El caso Madrid", El País,
28/10/1976.
[7] "Periodistas unidos... jamás
serán vencidos", El País,
5/02/1977.
[8] "La tortura", El País, 6/06/1976.
[9] "Dos pasos adelante, un paso atrás", El País, 11/02/1977.
[10] "«Top secret»", El País, 15/02/1977.
[11] Cf. "Dos pasos adelante, un paso atrás", El País, 11/02/1977.
[12] "El terror y el secreto",
El País, 24/02/1977.
[13] "Decreto-ley contra la libertad de prensa", El País, 17/04/1977.
[14] "El procesamiento del director de "Els Joglars"", El País, 23/12/1977. "Una condena inoportuna", El País, 9/03/1980. "¿Pilar Miró ante la jurisdicción militar", El País, 23/03/1980.
[15] "Prensa y democracia", El País, 9/04/1978.
[16] Abellán, José Luis, El exilio español de 1939, 4 vols, Madrid, Taurus, 1976-1978.
Barona, Josep Lluís, "El exilio científico tras la guerra civil", Historia 16, n° 272, mayo de 1999, p. 88-99.
[17] Cebrián, Juan Luis, "El País que queremos", El País, 4/5/1976, p. 6.
[18] "La Constitución y los políticos", El País, 24/11/1977.
[19] "Tercer aniversario", El País, 4/05/1979.
[20] Cebrián, Juan Luis, "Qué noche la de aquel día", en : Juliá, Santos, Pradera, Javier, Prieto, Joaquín, coord., Memoria de la Transición, Madrid, Taurus, 1996, p.501-503.
[21] "El País con la Constitución", El País, 24/02/1981
[22] Se pueden ver las portadas en el libro : 300 primeras páginas, Madrid, PRISA, 1984, 327 p., así como una recopilación en el número especial 25 años : El País de nuestras vidas, Especial 25 años, Madrid, Diario El País, 1996, p.282.
[23] "Una ley que regule el derecho a la información es una amenaza a la libertad", El País, 26/01/1990, p. 27.
[24] "El aventurerismo y el amarillismo mellan el sector", El País, 24/07/1992, p. 24.
[25] EL PAÍS, Libro de estilo, Madrid, Ediciones El País, 1990, p. 15-21 y 511-517.
[26] Ortega Spottorno, José, "Una aventura que mereció la pena", El País, 20/06/1984, p. 11.
[27] Se pueden ver en el libro 300 primeras páginas, Madrid, PRISA, 1984, 327 p.
[28] Gómez Monpart, Josep
Lluís, "Transformaciones sociocomunicativas del periodista en la España
democrática", Del Gacetero al profesional del periodismo, Madrid,
Editorial Fragua, 1999, p. 216-218.
[29] EL PAÍS, Libro de estilo, Madrid, Ediciones El País, 1990, p. 15.
[30] "¿ Quiénes hacen El País ?", El País, 30/03/1985, p. 22.
[31] "OTAN : la credibilidad de El País y la fiebre de las firmas", El País, 23/02/1986.
[32] Samper, Daniel, "Gallego y Rey o la guerra al poder con lápiz y papel", Cambio 16, 07/05/1990, p 10-18.
[33] "Prensa y democracia", El País, 10/05/1980.
[34] cf. Estatuto de la redacción, artículos 8, 9, 10, 11. Este documento se puede consultar en EL PAIS, Libro de Estilo, op. cit. p. 511-517 en la edición de 1990.
[35] "Un precedente histórico", El País, 29/02/1984.
[36] "Barrionuevo demanda a la editora y al director de EL PAIS por las informaciones sobre el 'caso Brouard'", El País, 30/03/1985, p. 12.
[37] "Una victoria de la libertad", El País, 27/06/1985.
[38] Jiménez Losantos, Federico, La dictadura silenciosa, Madrid, Ediciones Temas de Hoy, 1993
Santos, Félix, Periodistas Polanquistas, sindicato del crimen, tertulianos y demás tribus, Madrid, Ediciones Temas de Hoy, 1995.