El nieto del
filósofo Ortega y Gasset, José Ortega Spottorno, Darío Valcárcel y Carlos
Mendo, ex director de la agencia EFE, constituyeron el 18 de enero de 1972 el
grupo PRISA con un capital social de 500.000 de pesetas. Los cinco primeros accionistas fueron Carlos Mendo
(consejero-delegado) Darío Valcárcel (secretario), José Ortega Spottorno
(Presidente), Juan José de Carlos Aparicio y Ramón Jordán de Urríes y Martínez
de Galisonga. PRISA sería la promotora
del diario El País, el cual se concebía como una empresa orteguiana
(liberal, independiente y de calidad) al estilo del periódico El Sol que
fundara el filósofo español Ortega y Gasset el 1 de diciembre de 1917 (ORTEGA
SPOTTORNO, 2002).
Como señala Concha
Edo, en el mes de febrero en la primera Junta general, el capital se aumentó
hasta llegar a los quince millones y los accionistas pasaron de los cinco
anteriormente mencionados a 54, conformando un capital que ascendía a 15
millones de pesetas. A finales del año
compraron un terreno en la calle Miguel Yuste de Madrid sobre el que se
construiría el edificio que sería la sede del diario (EDO,1994).
Los miembros
promotores del periódico deseaban que éste fuera moderno, liberal e
independiente, por lo que se encontraron con el rechazo por parte de la
administración franquista para que el periódico saliera a la calle. El Estado
franquista, como todo estado autoritario, no reconocía las libertades públicas
y todo debía estar subordinado a él. Así, los profesores Coca y Peñalva
indican: “Por eso resulta del todo
coherente que también los periódicos deban subordinar sus contenidos al interés
del Estado de cada momento, que, por cierto, con frecuencia se confunde con el
interés de los gobernantes en concreto”(COCA/PEÑALVA, 1998:13).
No sería hasta el 17 de septiembre de 1975
cuando Prisa se pudo inscribir en el Registro de Empresas Periodísticas. Pero,
como señala Barrera, “confiado en que algún día habría de concedérsele el
permiso, se había procedido a sucesivas ampliaciones de capital, se había
comenzado ala construcción de las instalaciones que albergaría al diario, se
había comprado la maquinaria precisa y se habían realizado los estudios
técnicos y periodísticos previos al lanzamiento” (BARRERA, 1995: 62).
El País, por lo tanto, inició su
andadura el 4 de mayo de 1976. Polanco había apostado mucho, puso en juego su
patrimonio, consiguió un préstamo del Banco Atlántico para la rotativa y pagó
la primera nómina. Se constituyó como
un periódico independiente y de
calidad, pero sin ser de minorías ilustradas.
Cuando el rotativo
vio la luz se habían producido importantes cambios respecto a las condiciones
en las que se había fraguado el proyecto: la empresa contaba con 300 millones
de capital y 1.107 accionistas. Los hombres que movían los hilos eran distintos
a los de 1972: el director del rotativo
no fue Carlos Mendo -estaba en Londres
en 1973 como jefe de prensa del embajador Fraga- sino Juan Luis Cebrián
-subdirector de Informaciones-.
El consejero delegado era Jesús de Polanco, procedente del sector
editorial y que con el tiempo sería la pieza clave de este proyecto
periodístico. Polanco interviene en el periódico a petición de Manuel Fraga
para gestionar la empresa.
La aparición de El País supuso la incursión del grupo
PRISA en el mundo de la información, en un momento histórico en el que existía
una demanda grande de información y que carecía de “hasta un cierto liderazgo
ideológico y mediático ante una situación sumamente confusa que evolucionaba a
un ritmo vertiginoso” (FUENTES / SEBASTIÁN, 1997:319).
Había muerto el
dictador y todos los españoles parecían reconocer el fin de un época y el
comienzo de otra esperanzadora, aunque no exenta de tensiones, en donde la
prensa desempeñaría un papel fundamental, hasta tal punto que, en ausencia de
un auténtico parlamento, se la llamó el “parlamento de papel”: “A falta
todavía de partidos políticos, la prensa seguía siendo el principal referente
de las grandes corrientes de opinión que empezaban a despuntar en la sociedad
española” (FERNÁNDEZ / SEBASTIÁN,
1997:318).
El retraso
administrativo que padeció el periódico le benefició, pues como señala Barrera
el no haber tenido contacto con el franquismo le libraba de posibles lastres
históricos de los que otros diarios sí debieron desprenderse (BARRERA,
1996:62). El País por tanto pudo señalar con orgullo en un prospecto:
“El nuestro es un periódico sin pasado, que no tiene que arrepentirse de nada
porque de nada se siente responsable”. Así,
Enrique Bustamante indica: “Las especiales circunstancias políticas
existentes y los impedimentos planteados por la Administración a la aparición
del nuevo periódico durante cuatro años contribuyeron poderosamente a estas
expectativas, pero también la personalidad conocida de los fundadores y
accionistas iniciales y la propia estructura del accionariado” (BUSTAMANTE,
1986:55).
La irrupción de El
País en el mercado, una vez muerto Franco, con el momento tecnológico
adecuado, un buen equipo profesional y unos competidores cargados de deudas y
con plantillas sobredimensionadas
(ALFÉREZ,1986) hicieron pronto de este periódico una “privilegiada tribuna de opinión en vísperas
de grandes acontecimientos políticos” (FUENTES/SEBASTIÁN; 1986).
Este periódico se diferenciaba sobremanera de los demás: se
presentaba como moderno y al uso de los europeos. Sus señas de identidad
fueron: una organización empresarial seria y el cuidado en la selección del
equipo humano. Todo ello dio como resultado un producto atractivo, ágil y
estético.
Las páginas del diario nacían volcadas hacia un futuro
cargado de esperanzas. Para El País la historia comenzaba y deseaba ser
un símbolo real de algo más definitivo e importante: el advenimiento de un
régimen de libertad y unas formas de convivencia modernas y civilizadas entre
los españoles (EL PAÍS, 4-5-1976).
El País se presentaba a un lector que no había vivido la guerra y
que quería un régimen político pluralista. Las vallas publicitarias con las que
el nuevo periódico se presentó en sociedad decían: “El País da que
pensar”. El hecho de que apelara a la
razón constituía en esos momentos un signo de modernidad, progresismo y
apertura, máxime cuando el nuevo periódico coexistía con la Cadena del
Movimiento: “(...) hay que indicar que la Cadena dependió de la secretaría
general del Movimiento hasta que esta se extingue por decreto23/ 1977, de 1 de
abril” (FERNÁNDEZ/SANTANA,2000:58).
Juan Luis Cebrián, director de El País, en el primer
número del periódico, manifestó al respecto: “La veneración al poder que el
franquismo enquistó entre nosotros es todo lo contrario de lo que una prensa
libre necesita si quiere convertirse en un instrumento de diálogo al servicio de
los ciudadanos” (EL PAÍS, 4-5-1976:1).
El
diario estaba abierto a la participación y diálogo, al servicio de los
ciudadanos ya fueran de izquierda o de derecha siempre que no pensaran que la
mejor forma de convivir la supresión del adversario como se enseñaba en el
franquismo: “porque nacemos con talante y concepción liberales en la vida -en
lo que de actual y permanente tienen la palabra y en lo que significa el
respeto a la libertad de los hombres- la tribuna libre de El País estará
abierta a cuantas gentes e ideologías quieran expresarse en ella, con la sola
condición de que sus propuestas, por difíciles que sean, sean también
respetuosas con el contrario y propugnen soluciones de convivencia entre los
españoles” (EL PAÍS, 4-5-1976:1).
Para aproximarnos al auténtico significado de estas
palabras que se expresaron a través de las páginas del diario El País
deberíamos tener en cuenta el dirigismo informativo que la profesión
periodística había sufrido durante los casi cuarenta de franquismo desvirtuándola de su aspecto más esencial: la
independencia. Desde el diario objeto de nuestro estudio se destilaba esperanza
en la construcción de una sociedad libre y, por ende plural.
Como señala Pizarroso la prensa escrita no
representa en una sociedad moderna del último tercio del siglo XX más que un
elemento secundario dentro del panorama de la comunicación frente al poder de
la radio y la televisión. En un país como España donde el grado de lectura está
por debajo de la media europea y donde los ciudadanos se informan a través de
la televisión, la prensa escrita iba a tener sin embargo un papel importante en
la transición española. “No ya por su influencia en las “élites” sino también
porque en ella se van a producir antes y más fácilmente, trasformaciones
en un sentido democrático que serán ejemplo y marcarán un hito en el panorama
de la comunicación en España”. (PIZARROSO,1992:206).
Juan Luis Cebrián,
al cumplirse veinte años del periódico manifestó: “Fue José Luis López
Aranguren -al que tantos lloran ahora con sus lágrimas de cocodrilo- quien
primero definiera a El País como un intelectual colectivo, atribuyéndole el
papel de reflexión e influencia en la sociedad habitualmente reservado a las
grandes cabezas y a los mitos pensantes. Huérfanos como estábamos de Ortega o
de Unamuno, incapaces de encontrar en el archipiélago de las Españas a nadie
que pudiera ejercer con rigor y dignidad el papel de un Sartre en Francia
-probablemente Aranguren era lo más cercano a eso-, convergieron en el entorno
de este periódico una enorme cantidad de circunstancias y de personas que
permitieron nuclear ese espíritu crítico e iluminador que en ocasiones demandan
los pueblos como guía de sus decisiones. La feliz consecuencia de ello es que
pudimos hacer un diario no dogmático y muy plural, en el que sólo la violencia
y la injuria han sido desterradas como ideología” (EL PAIS,5-5-1996).
La pluralidad accionarial como elemento
de discordia
En la primera página del primer número de El País se
explicitaba: “Un periódico independiente capaz de rechazar las presiones de
poder”. Para garantizar esa
independencia se pensó en la pluralidad del accionariado. Bustamante ha
manifestado que la fragmentación, difuminación y anonimato del poder eran
principios fundacionales del periódico más importante de España desde la
Transición española. En este sentido, Bustamante indica: “Múltiples vectores de fuerzas plurales se
anulaban mutuamente entre sí. El anonimato del control engendraba y sostenía la
institucionalización del medio dentro de la sociedad. El consenso, predicado
por la elocuente vía de los hechos, adquiría una nueva credibilidad. Junto a la
reforma democratizadora de las instituciones políticas, reivindicada primero y
lograda después paulatinamente, la estructura interna de la sociedad editora
tomaba valores simbólicos de futuro” (BUSTAMANTE, 1986:55).
El periódico se enorgullecía de su
diversidad accionarial como garantía de independencia y así lo dio a conocer a
sus lectores en un suplemento titulado “Quienes hacen El País” cuando se cumplía un año del rotativo. Se dieron a conocer los nombres y apellidos
de los 1.096 accionistas de diversa ideología política de los cuales ninguno
poseía el 10% del capital social.
La fórmula del
periódico resultó ser tal éxito desde el primer momento que sorprendió a la
empresa editora y tras las primeras elecciones democráticas El País se
consolida como un órgano de referencia e influencia de la opinión pública
española (REIG, 1998:61). Por diario de referencia entendemos a “esas cabeceras
que, por su especial implantación y carisma en el mercado español, producen lo
que nosotros denominamos un efecto de arrastre en la relación con el resto de
los medios de comunicación, sean escritos o audiovisuales” (REIG, 1996:154). En
1980 El País era el de mayor difusión en España y Polanco delega sus negocios editoriales en
Emiliano Martínez para ocuparse en
exclusiva del diario[1].
Era
un principio fundacional de El País
el que su accionariado tuviera un carácter heterogéneo, lo componían 1.107
accionistas variados, desde franquistas como Pío Cabanillas hasta comunistas
como Tamames, en ese momento detenido por pertenecer a la Junta democrática, o
Fraga , en aquel momento ministro de la Gobernación del gobierno de Arias
(FRATTINI/COLÍAS, 1996:120). Dicho principio entraría en crisis al convertirse
en un órgano de opinión influyente.
Para estar bien informado había que leer El
País, al igual que para conocer la postura de los intelectuales ante los
cambios que se iban produciendo en la política española. “En definitiva, aunque
su tirada no era excesiva en comparación con otros periódicos del mundo
occidental, le permitió no sólo crear constantemente opinión en los círculos
más influyentes de la sociedad española sino que discutía y recogía también sus
pareceres. Y ahí reside la clave de su poder, pues un periódico con tales
características cumple un papel decisivo aunque él no lo pretenda. Cuando una
sociedad tienen problemas, cuando está diseñando sus propios caminos y se
encuentra reflejada seriamente en un periódico, éste se convierte en un medio
importante para indicar caminos y orientar opiniones. Y este cometido lo
cumplió bien el rotativo orteguiano” (ESPANTALEÓN, 2002: 24).
Un sector del accionariado se sentía molesto
porque pensaban que la línea editorial se estaba escorando hacia la izquierda
(la línea política de Polanco). También eran de la opinión de que existía una
íntima relación entre Polanco y Cebrián, lo que suponía una pérdida de
independencia del periódico. De este grupo de descontentos que dominaba el 25
por ciento de las acciones destacamos a hombres como Fraga, Lázaro Carreter,
Lafuente Ferrari, Fisac, Laín Entralgo, Piniés, Zuloaga, Areilza, Serrano
Suñer, Chueca Gotilla, Pérez Escolar o García de Vinuesa (fue el presidente del
Sindicato de Accionistas que se organizó para manifestar la discrepancia con la
línea de Polanco). Este grupo se sentía respaldado por Darío Valcárcel, uno de
los promotores y fundadores de El País y Miguel Ortega Spottorno
(hermano del presidente de Prisa) (BARRERA, 1995:66).
La lucha comenzó en 1978 y en algunos medios se conocía
como “la guerra de las galaxias” o “la
guerra de los seis años”. Como señalan Colías y Frattini el periódico se
convierte en una poderosa arma que todos quieren controlar: surge una guerra interna
en el seno de la sociedad editora que se saldará con la pérdida del sector
conservador.
Para Carlos Barrera este grupo de oposición interna intentó
detener a Polanco, que se estaba convirtiendo en el hombre fuerte de Prisa: “A
estos efectos recordaban los disidentes el propósito fundacional de que el
capital se encontraba fragmentado para evitar el riesgo de participaciones
dominantes dentro de la empresa” (BARRERA, 1995:66).
El Estatuto de la Redacción: un
instrumento para garantizar la independencia del periodista (13-6-1980)
El
periódico, que nació con vocación de independiente, aludió por primera vez a la
cláusula de conciencia el 16 de enero de 1977 en su edición del domingo. Se
explicó a los lectores cómo estaba legislada la cláusula de conciencia en
diversos países como Francia, Portugal, Alemania o Estados Unidos. En España no
existía todavía una constitución que reconociera los derechos básicos de una
democracia, de ahí la importancia de las siguientes palabras publicadas por el
diario: “En España no existe una referencia explícita legal al tema de la
cláusula de conciencia en la profesión periodística. Quizá el único texto que
puede incidir más o menos tangencialmente en el problema sea el Anexo del
Estatuto de la Profesión Periodística, que se refiere a los principios
generales de la profesión “ (EL PAÍS, 19-1-1976).
En
diciembre de 1978 fue promulgada la Constitución con lo que España se otorgaba
de un ordenamiento jurídico democrático. De entre el elenco de derechos
reconocidos nos centraremos en uno que es la piedra de toque de toda
democracia: la libertad de expresión.
“Paradójicamente, en una sociedad democrática una información correcta
es aún más necesaria que en unas sociedad autoritaria, dictatorial. Para la
democracia, la información es como un nutriente, la linfa vital: es la premisa
para que tenga sentido cualquier tipo de discusión y de decisión que resguarde
el espacio público” (BETTETENI/ FUMAGALLI, 2001:22).
Nos
detendremos en el art. 20 dentro del Título I, De los derechos y deberes
fundamentales en el que reconoce la libertad de expresión. Para la
profesora Azurmendi, dicho artículo 20 hay que situarlo en una línea cercana a
la doctrina de los derechos humanos de los textos internacionales de Naciones
Unidas y Consejo de Europa (AZURMENDI, 2001: 57-58).
El
artículo considera el derecho a la información como un derecho preexistente al
texto constitucional, es decir, como un derecho humano que se impone a la norma
constitucional. En concreto los padres de la constitución se inspiraron en el art. 5 de la ley Fundamental de Bonn
de 1949 y en el art. 21 de la Constitución italiana de 1947. El art. 20 de la
Carta Magna reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir
libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito
o cualquier otro medio de reproducción. B) A la producción y creación
literaria, artística, científica y técnica. c) A la libertad de cátedra. d) A
comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.
La Ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional
en el ejercicio de estas libertades. 2. El ejercicio de estos derechos no puede
restringirse mediante ningún tipo de censura previa.3. la Ley regulará la
organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social
dependientes del Estado o cualquier ente público y garantizará el acceso a
dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos de España. 4.
Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en
este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollan y, especialmente,
en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de
la juventud y de la infancia. 5. Sólo podrá acordarse el secuestro de
publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de
resolución judicial”.
Este
artículo vincula el secreto profesional y la cláusula de conciencia al derecho
de la información a pesar de que requiera una desarrollo legislativo posterior.
El diario El País amparándose en ese clima de libertad estimó
conveniente regular la cláusula de conciencia y el secreto profesional en un
estatuto de redacción. El diario fue pionero una vez más pues hasta la fecha
ningún diario español poseía ninguna regulación interna pactada de la actividad
profesional periodística. Para Azurmendi “(...) en ellos se determinan
las relaciones del elemento redaccional del medio con la Dirección y la Empresa
editora del mismo. Ante la carencia de un desarrollo legislativo, cobran
especial importancia en la efectividad del reconocimiento del derecho-deber del
secreto profesional” (AZURMENDI, 2001:188).
El
periódico manifestó que el estatuto venía a regular las relaciones entre los
redactores, la dirección y la sociedad editora del periódico. También informó a
los lectores de que se había elaborado teniendo en cuenta las experiencias
realizadas en los periódicos de calidad europeos y que tenía como finalidad
salvaguardar la línea editorial del diario.
Se
trataba, según informó el diario, de un documento de veintiún artículos, más
una disposición transitoria, una adicional y un anejo, que contemplaba los
principios editoriales del periódico, la cláusula de conciencia de los
periodistas ante un eventual cambio de línea de la publicación, el secreto
profesional, las atribuciones y obligaciones de la dirección, el sistema de
nombramiento de director y demás mandos de redacción, así como la constitución
y funcionamiento del comité de redacción (EL PAÍS, 13-6-1980).
En
su parte declarativa el Estatuto señalaba que El País era un periódico
independiente, nacional, de información general, y con clara vocación europea,
defensor de la democracia pluralista según los principios liberales y sociales
y que se comprometía a guardar el orden democrático y legal establecido en la
Constitución. Se informó además que el periódico rechazaría cualquier presión
de personas, partidos políticos, grupos económicos, religiosos o ideológicos
que tratasen de poner la información al servicio de sus intereses[2].
Los
periodistas de El País se tendrían que atener a los principios
enumerados en el Estatuto y podrían invocar a la cláusula de conciencia en el
caso de un cambio sustancial de la línea ideológica del periódico. La
resolución del contrato por correcta aplicación de la cláusula de conciencia
tendría la consideración de despido improcedente con su correspondiente
indemnización (EL PAÍS, 13-6-1980).
En
el supuesto caso de que dos tercios de la redacción consideraran que una
posición editorial de EL País vulnera su dignidad o imagen profesional,
podrán exponer su opinión discrepante a través del periódico en el plazo más
breve posible (EL PAÍS, 13-6-1980).
Dicho
artículo también informó que en lo que se refería al secreto profesional, la
redacción del periódico lo consideraría un derecho y un deber ético de los
periodistas con lo cual ningún redactor ni colaborador podría ser obligado a
revelar sus fuentes informativas así como que la sociedad editora amparará con
todos los medios a su alcance el ejercicio del secreto profesional.
El
Estatuto definía al director como el responsable de la línea editorial del
periódico en el marco de los principios en él enunciados con lo que mantenía el
derecho de veto sobre los originales para lo cual se encargaba de organizar y
coordinar los trabajos en la redacción. El texto también contemplaba que antes
de que el presidente o el Consejo de administración, proceda a su nombramiento,
el presidente o el consejo delegado informarán ante la propuesta al comité de
redacción. En el caso de que dos tercios de la redacción se opusieran dicha
propuesta, el estatuto contempla que el consejero de administración “tendrá en
cuenta esta opinión, que no tienen carácter vinculante”. En lo que respecta a
los nombramientos de subdirectores, redactores jefes y asimilados serían
comunicados previamente por el comité de redacción a los periodistas y, en el
caso de una oposición de dos tercios de la redacción, esta opinión habría de
ser tenida en cuenta, aunque carecía de carácter vinculante (EL PAÍS,
13-6-1980).
Por
último se informaba de que al menos una vez al mes el comité de la redacción
-el órgano de la representación profesional de la redacción- mantendría
reuniones periódicas así como que tenía
como competencias la de convocar y presidir las asambleas de la redacción,
salvo las de carácter sindical. Dicho comité -señaló el periódico- estaría
formado por cinco miembros, elegidos anualmente y revocables por la asamblea[3].
La primera semana de junio de 1980 fue
sometido a votación de la redacción por primera vez y si bien obtuvo la mayoría
absoluta -61 votos sobre un censo total de cien periodistas- no logró los dos
tercios previstos como necesarios para su aprobación. La segunda votación se
llevó a cabo el 11 de junio y los resultados fueron de setenta votos a favor,
dieciséis en contra, siete en blanco y siete abstenciones.
La justificación del estatuto de
redacción en las páginas de El País
Un
editorial de El País explicaba a sus lectores el nuevo clima de libertad informativa que se respiraba en
España al compás de la democratización de las instituciones políticas. El
estatuto de redacción venía a ser un exponente representativo del recién
estrenado derecho a la libertad de expresión, derecho que hacía tiempo que era
reconocido en otros países europeos democráticos. Esos países como Francia,
Italia o Alemania con su prensa de calidad, libre e independiente eran el punto
de mira del diario español El País que nacía con vocación europeísta:
“Durante más de un año, comisiones de la redacción, dirección y consejo de
administración de este periódico lo han discutido exhaustivamente en una
negociación que nunca ha sido fácil, pero que ha merecido la pena. Los hombres
y mujeres que hacen posible EL PAÍS, desde la redacción o desde la propiedad, no
han logrado ningún descubrimiento revolucionario al propiciar este estatuto,
han intentado tan solo aproximar los esquemas de trabajo de la prensa española a lo que es moneda
corriente entre los periódico más solventes y prestigioso de Europa occidental Le
Monde, Le Figaro, Il Corriere de la sera, Frankfürter
Allgemeine Zeitung, Neue Zurcher zeitung, Suddeutsche Zeitung,
y para sus lectores, podía ser saludable para una prensa española que acaba de
salir de cuarenta años de desertización informativa y manipulación dictatorial”
(EL PAÍS, 19-7-1980).
Según
el periódico que se dispusiera de un estatuto de redacción le aproximaba a la
mejor prensa europea: “El estatuto de EL PAIS no podía menos que resultar
polémico, por cuanto será quizá el primero de este género que se implante en
España, pero de ninguna manera el último. Para algunos es demasiado poco y para
otros resulta excesivo. El tiempo y el uso que se dé a este u a otros es
demasiado poco “pactos redaccionales” dirimirán la polémica. Pero, en cualquier
caso, es un logro importante abrir una discusión intelectual sobre la
“dirección más corresponsabilidad” en los medios de información y la fijación
de unas garantías mínimas sobre el honor de los periodistas, el derecho de los
propietarios a mantener una línea fundacional y el de los lectores a no ser
intoxicados informativamente a capricho de un redactor, un director o un
empresario”(EL PAÍS: 19-7-1980).
El
editorial del periódico dedicado al Estatuto señaló que la libertad, incluso en
Occidente, es un bien precario y la libre circulación de las informaciones, un trabajo delicado objeto de
múltiples precisiones. Para ilustrar esta idea el periódico citó la siguiente
frase del director electo de Le Monde, Claude Julien: “Las verdades del
poder, poder del Estado, poder de los partidos de oposición, poder del dinero,
poder de los que orientan y deciden, no pueden ser las verdades del periodista.
El que quiera pensar y escribir no tiene más solución que revelar lo que todo
poder se esfuerza en ocultar” (EL PAÍS,19-7-1980).
Para
el periódico, ni los propietarios ni los directores, ni los redactores ganaban
algo personal con los pactos de redacción sino que más bien todo lo contrario, pues cedían en beneficio
de un compromiso común y de una libertad de información que debía ser
patrimonio de la sociedad. Desde las
páginas del diario se manifestaba la fe en el estatuto de este que se esperaba su aprobación por la junta general
de la sociedad editora de EL PAIS y
resultaba así un paso interesante y sugerente para toda la profesión
periodística y para la mejora de los niveles de correcta información del pueblo
español. La defensa de la libertad de expresión y los estatutos de redacción,
ampliamente experimentados en toda Europa occidental, obligaban -según el diario-
a difíciles e interesantes discusiones intelectuales sobre el papel de los medios de información en las
sociedades modernas.
El debate ideológico en la Junta
General de accionistas
La junta general de accionistas de Promotora
de Informaciones, S.A. (PRISA) reunida el 20 de junio de 1980 aprobó tras un
prolongado debate el estatuto de la redacción. La Junta se celebró con
asistencia de 570 accionistas presentes y representados los 1.112 que componen
la totalidad del accionariado de Prisa. José Ortega Spottorno -presidente del
Consejo de Administración- señaló que desde finales de 1979 el periódico se
había convertido en el diario de mayor difusión de España y de Madrid y que la independencia del periódico era la
base de la credibilidad, “pese a la campaña de descrédito llevada a cabo tanto
por un grupo de accionistas como por personas ajenas a nuestra sociedad”.
Dicho
consejo de junio de 1980 hizo que se pusiera de manifiesto una lucha de poder
entre el sector liderado por Polanco ampliamente mayoritario y el sector
conservador, como a continuación expondremos.
Hubo
tres orden del día y el último fue la aprobación del Estatuto de la redacción
de El País. Polanco como consejero delegado presentó a la Asamblea el
estatuto de la redacción y expresó que, por primera vez, la cláusula de
conciencia y el secreto profesional se incorporaban en un periódico: “La
cláusula de conciencia y el secreto profesional eran una pieza importante para
el mantenimiento de la línea de independencia actual de El País” (EL PAÍS,
21-6-1976).
Esta postura molestó al grupo de accionistas
descontentos debido a que ellos acusaban
al tándem Polanco Cebrián de llevar al periódico a la pérdida de la
independencia informativa. El accionista Fernando Chueca acusó a Polanco de
“triunfalismo astronómico” y además
manifestó que el Estatuto acabaría con la libertad de prensa “a menos que se
entienda por libertad de prensa la que existe en Cuba”. Según el diario en ese
momento hubo abucheos, silbidos y aplausos, es decir, quedaba patente la
existencia de dos posturas divergentes. Chueca manifestó que “los redactores no
pueden tener la llave del periódico”. Por ello pidió que se retrasase la
aprobación del estatuto hasta otoño. García de Vinuesa (era el presidente del
sindicato de accionistas que venía oponiéndose a la actual gestión del
periódico) se alienó con Chueca. Según Vinuesa, el estatuto se había presentado
“de forma dictatorial” y con poco tiempo para estudiarlo (EL PAÍS: 21-6-1980).
Bonifacio
de la Cuadra, miembro de la representación profesional que negoció el estatuto
con la empresa, expuso que ”este Estatuto es moneda corriente, de curso legal,
en la Europa occidental” y que de esa manera se consolidaba la línea editorial
del periódico como independiente, influyente y rentable (EL PAÍS: 21-6-1980).
La
tesis que Cebrián mantuvo para defender la existencia del Estatuto fue la
siguiente: para mantener la línea editorial independiente del periódico frente
a grupos que pretendían cambiar la línea en el sentido que quiere la derecha más
reaccionaria (refiriéndose al grupo de accionistas descontentos con la línea
ideológica representada por el tándem Polanco-Cebrián). Cebrián expresó que el
periódico seguiría siendo independiente porque así lo deseaban sus lectores al
margen de quien fuera el consejero delegado o el directo.
Polanco
se estaba refiriendo a que el número de tiradas aumentaba[4]
y que por ello eran los lectores los que deseaban esa línea de izquierdas.
Respecto a este periódico siempre se ha considerado como una gran baza la oportunidad
histórica del lanzamiento pues eran muchos los españoles desencantados con la
línea seguida por el presidente del Gobierno Adolfo Suárez y empezaban a poner
sus esperanzas en el joven Felipe González líder el partido Socialista obrero
Español. Destacó como logros más importantes del Estatuto el reconocimiento de
la cláusula de conciencia “porque hemos sido contratados para hacer este
periódico y no otro” y el secreto profesional ”que está en la Constitución,
pero por el que los periodistas corremos aún el peligro de ir a la cárcel por
nuestro deber de guardarlo” (EL PAÍS, 21-6-1976).
Quedaba
patente la lucha entre el señor Polanco que defendía una línea escorada hacia
la izquierda, que él denominaba independiente, y la línea decantada hacia la derecha,
que se sentía arrumbada. Como bien señala Ramón Reig se trata de un momento
histórico de la vida del periódico pues se enfrentaban dos tendencias que
querían hacerse con el medio de comunicación para influir en la opinión pública
española.
En palabras de
Polanco: “Yo me incorporé a El País porque me lo pide Fraga, pero el promotor
de la idea de El País era José Ortega Spottorno. Me piden que les ayude a hacer
la gestión porque yo no tenía antecedentes ni negativos ni positivos con
respecto al franquismo. Yo entraba de gentil. Me vinculo con un equipo
profesional formidable, tenemos éxito y entonces los dueños fundamentales del
periódico, que eran los que nos habían contratado, nos dicen que no hemos
cumplido lo que ellos querían y nos quieren echar. Ahí empezó una guerra
interna que tuve la suerte de poder aguantar, después de ganar y eso me
convierte en el protagonista de la empresa editora” (Vázquez Montalbán, 1996:
116).
El
debate se zanjó con la aprobación del Estatuto de la Redacción de El País
por 16.383 votos a favor, 156 en contra y 7.855 pidieron que se retrasara su
aprobación. El señor Escardó –abogado del bufete de José Mario Armero y
consejero de Cambio 16, según se puso de relieve- se reservó el derecho
de impugnar el estatuto.
El
21 de Junio el diario publicó el texto íntegro del Estatuto de la
Redacción así como un anejo en el que figuraban las declaraciones del
presidente de PRISA en la Junta general de marzo de 1977 donde se especificaba
que El País era un periódico liberal y dispuesto a comprender y escuchar
al prójimo aunque pensara de otro modo y a no admitir que el fin justificara
los medios.
Desde
las páginas del diario también se aclaró que ser liberal implicaba también el
reconocimiento de que la soberanía residía en el pueblo, es decir, en el
conjunto de todos y cada uno de los ciudadanos, titulares de iguales derechos.
El
País,
según manifestó el consejero delegado, se comprometía a defender la democracia
pluralista, ejercida mediante el sufragio universal, como el procedimiento menos
malo inventado hasta ahora para el ejercicio de esta soberanía. La aceptación
de los derechos fundamentales de la persona humana y la denuncia de cualquier
clase de totalitarismos era la consecuencia ineludible de esa postura.
Se
anunció desde el rotativo que se
deseaba ser independiente, que no fuera portavoz de ningún partido, asociación
o grupo político, financiero o cultural y, aunque debía defender la necesidad
de la libre empresa y su economía
dependía del mercado publicitario. El País se comprometía a rechazar
todo condicionamiento procedente de los grupos económicos de presión (EL PAÍS:
21-6-1980).
Dominio
de Polanco: las ideas fundacionales entran en crisis
La
elaboración y posterior aprobación del Estatuto trajo consigo que se hicieran patentes
las disidencias internas del Consejo de administración del grupo PRISA. Es
decir que se evidenció el triunfo del sector liderado por Jesús de Polanco, el
cual estimó que la pluralidad accionarial era una desventaja, algo que iba
manifiestamente en contra de los principios fundacionales de El País.
El
sector conservador y, por lo tanto, crítico con la línea de Polanco, ante el
crecimiento de las ventas del periódico, que traía consigo buenos resultados
económicos (ascendieron a 192 millones en 1979 y 581 millones en 1982),
vendieron sus participaciones en el verano de 1983. De esta manera, la imagen
del consenso interior que se quiso transmitir a los lectores en los primeros
años de vida del periódico quedó hecha añicos.
Como señala Pizarroso, el diario El País vivió un idilio con la
prensa mientras estuvo en la oposición que se prolongaría cuando el PSOE llegó
al poder en 1982 (PIZARROSO, 1998).
Barrera señala al respecto: ”los esfuerzos
del sector crítico resultaron vanos debido a la situación minoritaria, al
indudable crecimiento en ventas del diario y a los excelentes resultados
económicos obtenidos: ya en 1977 -esto es, en su segundo ejercicio- habían
logrado unos 42 millones de beneficios, que ascendieron a 192 millones en 1979
y a 581 millones en 1982” (BARRERA,
1995:66).
Con la venta de las acciones por parte del
grupo minoritario las luchas por el poder en el seno del periódico finalizan,
un período conocido como “la guerra de los seis años”, y de la que sale como
vencedor indiscutible el empresario de origen cántabro convirtiéndose en
accionistas mayoritario de Prisa. Un año más tarde es nombrado presidente de la
sociedad, cargo que ocupaba José Ortega Spottorno, quien, a partir de ese
momento, ostenta la presidencia
honoraria (REIG,1998).
El
diario El País era liderado por un consejo de administración
dominado por el titular del grupo
editorial Timón, Jesús de Polanco, a quien en 1981 José María Martín Patino,
padre jesuita le “bautizó” como “Jesús del Gran Poder”. El nombre, según indica
Reig, surge como consecuencia de que Polanco estaba al frente de la Fundación
para la Defensa de la democracia, constituida tras el 23-F. La influencia que
ejerció Polanco en la opinión pública con su diario era enorme hasta tal punto
que contribuyó al advenimiento de la era socialista.
Como
señala Concha Edo: “Los hechos
mostraron que existían una serie de ideas e intereses difícilmente
conciliables. La variedad ideológica del accionariado se fue limando con las
renuncias de algunas de las voces disonantes, hasta formar un grupo homogéneo a
partir de 1984” (EDO, 1994:40).
Ramón Reig recoge las siguientes
declaraciones de Polanco respecto al tema: “Al principio, el accionariado de
Prisa estaba muy dividido y cruzado por toda clase de pequeñas batallas entre
diversos sectores ideológicos. Hubo un grupo que, preocupado por lo que
consideraba excesivo progresismo del periódico, trató de organizarse para
desalojarnos a los que estábamos departe de él y de la empresa. Fracasaron
porque eran minoritarios y, además, incoherentes con los propósitos originales
de El País. Y yo conté, en esos momentos, con el apoyo de todo el equipo de
gestión y con la capacidad económica suficiente para organizar una minoría de
control y darle rentabilidad al proyecto. La lucha empezó en el año 78 y duró
cinco años. En algunos medios se conocía como la “guerra de las galaxias”. Pero
gracias a este conflicto se fortalecieron los lazos con la redacción, se
escribió el Libro de Estilo y se creó en Estatuto de la redacción, en 1980, para
defender la independencia de los profesionales del periódico” (REIG:1996:60).
Existió
pues una perfecta sintonía del periódico con el partido socialista y de éste
con la sociedad española. Barrera lo expresa de la siguiente manera: “El
partido con el que entró en mayor sintonía, llegando a apoyar de modo
sistemático sus ideas de cambio, fue el PSOE. No deja de ser significativo de
la evolución ideológica que sufrieron los españoles entre 1979 y 1982 el hecho
de que fueran estos cuatro años de mayor crecimiento de El País, que pasó de
128.000 ejemplares vendidos a 297.000. Se estaba verificando un notable cambio
en la opinión pública española, que, cansada de la ineficacia de una UCD
dividida iba a dar la victoria, por aplastante mayoría absoluta, a los socialistas
de Felipe González, en octubre de 1982” (BARRERA,1995:65).
“En definitiva lo que hace que El País
devenga en un impulso dirigista es el tener vocación de constituirse en el
intérprete de las aspiraciones del sector más dinámico de la clase dominante.
(...) Este adelantamiento ético-intelectual del periódico, y su carácter
izquierdista y moral se convierten, tras apoyarlo en sus editoriales, en la
ayuda decisiva para que el PSOE sea la alternativa de poder a la hoy extinta
UCD” (ESPANTALEÓN, 2002: 19).
Con
el tiempo Jesús de Polanco acabaría convirtiéndose en el principal accionista y
presidente del grupo PRISA. Unos años antes, en 1982 el grupo PRISA se hacía
con un paquete de acciones de la principal cadena radiofónica del Estado, la
SER, cadena que pasa a controlar en 1985. Todo ello con el innegable apoyo de
los gobiernos socialistas (FERNÁNDEZ / SANTANA, 2000). No en vano, Martín Patino denominó al periódico en la
década de los ochenta como “El diario gubernamental”.
BIBLIOGRAFÍA
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FUENTES
HEMEROGRÁFICAS:
El
País
ha sido consultado en los ejemplares que requería el objeto de estudio
[1] Según el control de la OJD El País tenía en 1980 una difusión de 234.016.
[2] Aprobado por más de dos tercios del censo el Estatuto de la redacción de EL PAÍS, 13 de junio 1980.
[3] En aplicación del artículo 17 del Estatuto de la Redacción se eligieron a cinco miembros que compondrán la representación profesional de los periodistas. Los elegidos fueron: José Ramón Pérez Ornia, Luis Manuel Duyos, Daniel Gavela, Carmen García Amalric y Francisco Gor.
[4] El periódico desde que apareció comenzó una trayectoria ascendente que –con la excepción del recuento de lectores 1977/1978- no iba a pararse hasta el control de difusión de 1990.