Memoria social e ‘historiografía
mediática’ de la Transición
Francesc-Andreu Martínez Gallego
Universitat de València
“La historia de la memoria social es
también la de su transmisión”
J. Fentress y C. Wickham: Memoria social (2003)
Hoy sabemos que ni siquiera la memoria
individual es sólo personal: “los recuerdos que constituyen nuestra identidad y
proporcionan el contexto para cada pensamiento y acción no sólo son nuestros,
sino que también los aprendemos, tomamos y heredamos en parte de unas reservas
comunes, construidas, sostenidas y transmitidas por las familias, las
comunidades y las culturas a las que pertenecemos”.[1]
Seguramente Maurice Halbwachs exageraba
cuando, en la década de 1920, puso en circulación el término “memoria
colectiva” para argumentar que los grupos sociales construyen sus recuerdos,
que aunque son los individuos los que recuerdan en sentido literal o físico,
son los grupos sociales los que determinan lo que es memorable y cómo será
recordado.[2]
Tal vez esta apreciación rayaba en la asignación a la colectividad de funciones
fisiológicas o psicológicas que son meramente individuales. Como señaló ya el
gran historiador Marc Bloch, resultaba imprudente tomar términos de la
psicología individual para añadirles el adjetivo “colectivo”.[3]
Pero, por otra parte, parece más que aceptable admitir que los individuos
“recuerdan” muchas cosas que no han experimentado directamente y, en ese
sentido, su “recuerdo” depende directamente de la reconstrucción que del pasado
haya hecho el grupo social (o los grupos sociales) en el que (o en los que) se
inscribe el individuo.
Halbwachs acabó desconectando su concepto
de “conciencia colectiva” de los procesos de pensamiento reales de cualquier
persona concreta, pero puso de manifiesto que la memoria individual se
relaciona de alguna manera con el contexto social de la transmisión de
recuerdos o narraciones. De ahí que la aportación de aquel sociólogo y
antropólogo francés, discípulo de Durkheim, haya sido retomada (criticada y
modificada) por muchos historiadores contemporáneos. Recientemente, Fentress y
Wickman han propuesto abandonar el concepto de “memoria colectiva” para
substituirlo por el de “memoria social”. Ante la pregunta de cómo se hace
social la memoria individual, estos científicos sociales responden que hablando
de ella: “los tipos de recuerdo que se comparten con otras personas son los que
les resultan importantes en el contexto de un grupo social de una clase
particular, ya sea estructurado y duradero (una familia; los trabajadores de
una fábrica; un pueblo) o informal y puede que temporal (un grupo de amigos que
acuden al mismo bar; una comida)”. De manera que, hablando de los recuerdos,
los grupos sociales (en su diversidad) acaban construyendo sus propias imágenes
del mundo y establecen una versión acordada (tácitamente acordada) del pasado”.[4]
La memoria social no es ni inmutable
ni cárcel de larga duración. Es, básicamente, un proceso de negociación
constante y mediatizado entre el individuo y el/los colectivo/s a el/los que
pertenece o en el/los que se inscribe.
La
memoria sólo puede ser social si es capaz de transmitirse. Para ello, en primer
lugar, debe articularse. O mejor: debe ser articulada en forma narrativa. No
otra cosa era la “invención de tradiciones” a las que aludieron en su día
Hobsbawm i Ranger: se trataba de generar una narrativa (a través de medios muy
diversos) capaz de generar consensos sociales convergentes con la
intencionalidad de quien articulaba el discurso de esa narración.
La
memoria social no se limita a la memoria de las palabras, existe también a
través de las imágenes y “las imágenes sólo pueden transmitirse socialmente si
están convencionalizadas y simplificadas: convencionalizadas porque la imagen
tiene que ser significativa para un grupo entero; simplificada porque para ser
significativa en general y capaz de transmisión, debe reducirse en la medida de
lo posible la complejidad”.[5]
La
memoria social de la Transición es potente y está hecha de imágenes y palabras
convencionalizadas y simplificadas. Tiene mucho que ver, además, con un grupo
particular de la memoria social, la “memoria nacional”, construida “desde la
llegada del capitalismo a cada país [por] las clases medias y altas y la
intelectualidad, que han heredado el manto de las aristocracias, los abogados y
el clero de las épocas previas”. Tales grupos sociales, según Fentress i
Wickham, tienen capacidad para articular un discurso, una narración
legitimadora de su propia posición, que otros grupos sociales a penas si tiene
capacidad de contestar y menos con éxito: “Es en este plano donde el papel de
la escolarización y los medios de comunicación resulta más importante”.[6]
Porque
son los textos escolares, pero también las narrativas dominantes de los medios
de comunicación de masas, los que poseen la mayor capacidad para
convencionalizar y simplificar las “imágenes del pasado”, así como para
inscribirlas en el “recuerdo” de amplios sectores de la colectividad.
El
presente texto reflexiona sobre las condiciones bajo las cuales la Transición
ha sido tratada por los medios de comunicación de masas, sobre los intentos de
construir una memoria social de la Transición, y sobre las implicaciones de
este hecho en el ámbito de las libertades democráticas –libertad de expresión,
libertad de cátedra y libertad científica– contempladas en la Constitución
española de 1978.
La historiografía es la historia de la
historia. Los historiadores solemos decir que la historia es (al menos) dos
cosas: lo sucedido en el tiempo (los hechos acaecidos) y el relato de lo
sucedido. La cuestión es que ese relato no tiene por qué ser hecho por
historiadores. El “intrusismo” en el campo historiográfico es un concepto
complejo y más en los tiempos que corren. Victoria Prego, periodista, escribe
una Historia de la Transición en el
seno de una Historia de España
difundida por la editorial Espasa y promovida como historia de masas por el
diario El Mundo. El periódico El País lanzó, en fascículos, una
historia de la Transición que
combinaba aportaciones de historiadores, periodistas y protagonistas.[7]
Así que los periodistas aparecen a veces en tratados históricos y los
historiadores en tertulias radiofónicas o en columnas periodísticas. Una cierta
ceremonia de la confusión, que no ayuda a acotar territorios.
Pero no se trata solo de intersección de
planos entre periodistas e historiadores.[8]
Hay más. La historiografía suele ocuparse de la historia hecha por
historiadores digamos profesionales. Ésta es una especie académica
relativamente tardía. Sólo desde principios del siglo XIX, con la aparición del
historicismo y del positivismo, el historiador deja de ser un diletante y se
profesionaliza: aparecen las cátedras universitarias, las revistas y los
congresos especializados. Ranke, el padre del historicismo alemán, se convierte
en una especie de símbolo de la profesionalización, de la mayoría de edad de
una ciencia nueva sobre el pasado. Y, desde entonces hasta hoy, el cuadro se ha
ido diversificando en escuelas, metodologías y variantes epistemológicas
relacionadas con la construcción del objeto de estudio. Pero siempre
configurado por historiadores profesionales.
Y, sin embargo, la historia como
reconstrucción del pasado no llega al público, al gran público, sólo a través
del trabajo del historiador profesional o de la conversión de ese trabajo en
libros de texto académicos para los diversos niveles de la educación. No. Llega
por otros muchos cauces. Llega, a raudales, a través de los medios de
comunicación de masas, que contribuyen así a difundir una determinada
reconstrucción e interpretación del hecho histórico singular o de procesos
históricos diversos.
En 1987 tres investigadores de la
Universidad de Valencia llevaron a cabo una encuesta sobre alumnos y alumnas de
la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia con el
objetivo de constatar el grado de influencia de los medios de comunicación de
masas, especialmente audiovisuales, en la visión que los universitarios
valencianos tenían de la Historia.[9]
El trabajo venía precedido por una serie
de estudios reputados sobre las relaciones complejas entre el cine y la
historia.[10] Partiendo
de ellos, los autores de la encuesta creyeron descubrir que el cine y la
televisión, aún sobre alumnos universitarios, afectaban directamente –tanto
positiva como negativamente- al conocimiento y visión que se tenía de la
historia. Basándose en datos de una encuesta de 1984 sobre el empleo del tiempo
libre por parte de jóvenes, recordaban que éstos ocupaban el 22% de su tiempo
de ocio en ver la televisión, lo que equivalía a un promedio de 83 minutos y
medio diario. El cine ocupaba mucho menos, sólo el 1% del tiempo de ocio, o
sea, tres minutos diarios.[11]
Sea como fuere, los autores de la
encuesta a los universitarios de 1987 detectaron algunos elementos de interés.
Destacaré tres. Primero: en general, el universitario valenciano conocía mejor
a personajes (o hechos, o procesos) que, aunque tuvieron una trascendencia
histórica menor, habían tenido un tratamiento fílmico (cinematográfico o
televisivo) mayor que otros de más relevancia. O, simplemente, conocían mejor a
personajes históricos que teniendo una significación pareja con otros habían
sido tratados intensamente por los medios audiovisuales. Conocían mucho mejor a
Búfalo Bill que al general Miaja, a Juana de Arco que a Canalejas, etc.
Conocían mucho mejor al emperador romano Claudio (por las series de éxito
televisivo Yo Claudio y Claudio el Dios y su esposa Mesalina)
que al emperador Caracalla. Conocían mucho mejor el fenómeno de la esclavitud
en el antiguo Egipto o en la antigua Roma que en la antigua Grecia (sin duda,
porque el tratamiento cinematográfico o televisivo de Grecia incidía, si acaso,
sobre sus mitos, mientras las películas sobre el Egipto faraónico o la Roma
imperial sí traslucían la base socioeconómica de tales organizaciones
políticas). Segundo: tendían a confundir realidad y ficción en algunos puntos
en los que la incidencia televisiva o fílmica en general había sido muy
intensa: así, entre las películas “históricas” que recordaban como de su gusto
figuraba Excálibur (J. Boorman, 1981)
y el Rey Arturo era uno de los personajes mejor conocidos del medioevo. Del
mismo modo que Curro Jiménez, tras el Empecinado, era tenido como el
guerrillero más relevante de la Guerra de la Independencia, sin duda por
influjo de una famosa serie televisiva repuesta en varias ocasiones por TVE.
Tercero: la encuesta descubrió que la influencia de los medios audiovisuales
era limitada, puesto que estaba tamizada por los conocimientos ‘fuertes’
recibidos por los universitarios a lo largo de su vida académica: si
identificaban al Empecinado como guerrillero, incluso antes que a Curro
Jiménez, era porque aparece en todos los manuales escolares de Historia que
tratan la Guerra de la Independencia como el prototipo del guerrillero contra
el ocupante e incluso contra el absolutismo fernandino. Si sabían que Prusia
había sido un territorio independiente en el pasado –y lo sabían ‘mejor’ que
que esa misma circunstancia había sido vivida por Servia– era porque los
manuales escolares, al hablar del proceso de construcción de Alemania en el
siglo XIX, destacan el papel de Prusia en la unificación.
Asumiendo estos hallazgos y, por tanto,
la complejidad de los efectos de los medios audiovisuales sobre quienes a ellos
se exponen –y sin entrar ahora en el ámbito de la teoría de los efectos de los
medios de masas–, cabe concluir al menos que existen dos historiografías. La
académica, sin duda: la que se fija en las fluctuaciones interpretativas, en los
avances de reconstrucción, etc., llevados a cabo por historiadores
profesionales. Pero también, una historiografía social difusa, una
“historiografía mediática”: la difundida por los medios de comunicación de
masas, especialmente los audiovisuales, por más que esté tamizada por la
experiencia (docente o de otro nivel) de quien contempla e interioriza
parcialmente los mensajes.
Por más que la asunción de un discurso
mediático (una película, una serie televisiva documental o de ficción con base
histórica) sea siempre un híbrido entre el discurso en sí y las características
morfoculturales del receptor, lo que hemos denominado como ‘historiografía
mediática’ contribuye de forma decisiva a la configuración de la memoria
social. Máxime si, uno de los elementos sustantivos que tamizaban el
conocimiento histórico aprendido en los medios audiovisuales, esto es, lo
aprendido en el aula, van en la misma dirección discursiva que el guión
narrativo del producto audiovisual o de la prensa de masas. Y para el caso que
nos ocupa, el de la Transición del régimen franquista a la monarquía
parlamentaria, esto es sustantivamente así.
Y es así porque existe una gran distancia
entre los debates intelectuales (de historiadores, pero también politólogos,
sociólogos y hasta economistas profesionales) sobre la Transición y la ‘imagen’
que de la Transición difunden mayoritariamente tanto los medios de comunicación
como los mismos libros de texto.
Es un hecho conocido que la crítica
historiográfica suele tardar mucho en incorporarse al acerbo de conocimientos
históricos contenidos en los libros de texto de educación primaria o secundaria
(a veces, incluso, en los manuales universitarios).
Por lo que respecta a la Transición, no
se trata sólo de la distancia entre la investigación y la divulgación. Leí hace
poco la Historia de Celia, un
egodocumento escrito por Remedios Montero.[12]
Remedios escribe con dificultad y la ayudó el escritor Alfons Cervera a poner,
negro sobre blanco, algunos avatares de su azarosa vida: Celia era el nombre de
batalla de Remedios durante su tiempo de pertenencia a la guerrilla
antifascista, al maquis. Desde el final de la guerra civil y hasta 1952 lo dio
todo en esa lucha, vio morir a su padre, a varios hermanos, a muchos amigos y
correligionarios. En el 52 pasó a Francia y, en uno de sus viajes a España, fue
delatada por un presunto compañero: fueron ocho años de cárcel, entre Valencia
y Alcalá de Henares. Luego, en 1964 pasó a Francia y de ahí a Checoslovaquia,
de la que gusta recordar lo limpias que estaban las calles de Praga pero
también el daño que hizo a la causa
la invasión de los tanques rusos en 1968. Volvió a España en 1978. Calló
durante muchos años, envuelta por un mensaje nodal de la Transición: callar era
la forma de no reabrir heridas, de conciliarse dos Españas, de avenirse en un
futuro común. Y un buen día cayó en la cuenta. Su silencio, el silencio,
contribuía al olvido de páginas esenciales de la historia contemporánea. Los
niños y los jóvenes, en sus libros de texto, no conocían la historia de quien,
como ella, había luchado contra el fascismo, no conocían a los partisanos de
acá, tan mitificados allá (allende la frontera) por el cine y por el recuerdo.
Ni siguiera acaban de saber, cree, quien era Franco y menos aún qué fue el
franquismo a la luz de la historia de los derechos humanos. Debía poner
remedio. Y lo puso, con dificultad y con tesón.
En definitiva, la existencia de quejas
por parte de los protagonistas (quejas de tergiversación de la memoria) y de
debates científicos en torno a la Transición, así como la dificultad de que
unas y otros se inscriban en el ámbito escolar, todavía refuerza más, si cabe,
el papel mediador de los medios de comunicación de masas y, especialmente, de
los audiovisuales. En la España de los primeros años del siglo XXI han
aparecido una gran cantidad de asociaciones para el rescate de la memoria
histórica, en buena medida relacionadas con la Historia de Celia. Se
sienten molestas ante una visión ‘oficialista’ de la Transición impulsada por
algunos historiadores profesionales, por una inmensa mayoría de medios de
comunicación y, finalmente, prolongada en las aulas. Una visión de la
Transición que habría hecho una lectura ad
hoc de las causas de la Guerra Civil, de los acontecimientos represivos de
la guerra y de la posguerra y del franquismo mismo. Una interpretación basada
en la equidistancia, según la cual, todos fueron culpables por igual del
conflicto civil; y el régimen resultante, aunque condenable por su carácter
dictatorial, se convertía en una especie de expiación de las culpas
universalmente repartidas. Esta perspectiva habría sido construida como una
necesidad política durante la Transición: la única manera de superar las
divisiones entre españoles, todavía vivas en la memoria, era la de asumir que
cada cual tuvo su parte de responsabilidad y que, unos por otros, lo mejor era
olvidar lo sucedido para mirar al futuro.
En definitiva, la Transición, además de
un proceso de cambio político que llevó al país de la Dictadura a la
Democracia, fue también un laboratorio para la revisión historiográfica del
pasado, de donde surgió una versión oficial de la historia de España en el
siglo XX, auspiciada por quienes comandaron el barco transicional. El mismo
Adolfo Suárez lo reconocía así, aunque argumentando que era el único modo de
“convencer a los grupos que pretendían la continuidad del régimen” y, a la par,
para convencer a las fuerzas “de la entonces llamada oposición (…) de que la
reforma abriría los caminos de la libertad que ellos demandaban”.[13]
El ‘consenso’ sobre la interpretación del pasado era el paso previo, o al menos
paralelo, al ‘consenso’ político.
El mismo año que Adolfo Suárez escribía
las palabras traídas a colación, 1991, el periodista Gregorio Morán publicaba
un libro, que acabó siendo un tanto maldito, en el que, con lenguaje agrio,
valoraba que la Transición había tenido un coste muy alto: la amnesia vinculada
a una serie de “falsedades consensuadas”: “Durante años decir la verdad sobre
la transición era considerado desestabilizador de la democracia, y dar por
bueno el engaño se consideraba como facilitar el asentamiento del nuevo
sistema”.[14] La falsedad
en cuestión consistía en ocultar “el fervor democrático y antifascista de julio
de 1936”, “la primera batalla europea de la democracia contra el
totalitarismo”, por lo que hacía a la interpretación de la Guerra Civil, y en
“la consideración de que el rey Juan Carlos I era el único y excelso
protagonista”, minusvalorando de forma estentórea la presión popular hacia el
cambio. El título del capítulo segundo del libro de Morán resumía su tesis: “La
constitución del Reino de desmoriados”.
Mientras Moran escribía tales cosas, casi
ejerciendo de francotirador periodístico, los historiadores seguían trabajando
en los archivos y aportando nuevos datos para una interpretación más fina del
siglo XX. También más compleja y nada desmemoriada. Pero no era la suya, sin
ser homogénea, la versión que trascendía. Como mucho la de algunos
historiadores muy ligados a medios de comunicación. Así lo denunciaba el
politólogo Vicenç Navarro en 2003, quien recogía la tesis de Morán y la
ampliaba.
Según Vicenç existían dos versiones
generalizadas de la Guerra Civil, del franquismo y del tránsito a la
democracia, ambas elaboradas durante la Transición, ambas consecuencia “del
gran dominio que las fuerzas conservadoras tuvieron en el proceso (…) y de la
gran debilidad de las izquierdas”. Una versión netamente conservadora, según la
cual “el golpe militar y la dictadura fueron necesarios para restablecer el
orden y corregir la situación intolerable creada por la República”. La otra,
autodefinida como centrista, define la Guerra Civil como conflicto entre dos
Españas, “en la que los dos bandos cometieron enormes atrocidades que es mejor
olvidar”.[15] Es esta
última la versión de la equidistancia que hemos observado como ampliamente
dominante en los medios de comunicación de masas.
A diferencia de Morán, el profesor
Navarro echa mano de las aportaciones historiográficas recientes para decir que
ambas versiones son falsas.[16]
La tesis del profesor Navarro llega justo
en el momento de activismo de las asociaciones por la recuperación de la
memoria y, tal vez por ello, ha tenido más eco que la lanzada en su día por
Gregorio Morán. Pero, en definitiva, ni la una ni la otra tiene fácil asumir la
posición hegemónica en la interpretación de la Transición y en la
interpretación que la Transición hizo del pasado. Veamos por qué.
La memoria de la Transición, tamizada por
los medios y por las múltiples mediaciones ha sido medida.[17]
Conviene ahora mostrar cómo esa memoria computada se adapta, con sumo
paralelismo, al discurso que los audiovisuales de mayor relevancia o los medios
de comunicación de masas más influyentes, han dado sobre tal acontecimiento y
sobre su antecedente franquista. Hasta el punto de que la ‘historiografía
mediática’ adquiere así el relieve del protagonismo en la configuración de la
memoria social que no tiene la historiografía académica.
Según una bien compuesta encuesta
realizada el año 2000, el período franquista es percibido por los españoles
“como una etapa más bien negativa en la historia de España, pero en general
predomina la moderación al emitir un juicio sobre él”. Esta percepción se adapta al esfuerzo de la
‘historiografía mediática’ por hacer arrancar la transición no con la muerte de
Franco, ni menos con la aprobación del texto constitucional de 1978, sino en
una etapa tardofranquista, decisiva para la reflexión de determinados personajes
claves del antiguo régimen que habrían tomado entonces la decisión de pasar
página y contribuir al advenimiento de un régimen pluralista y no totalitario.
Por su lado, la imagen que permanece de
Franco “tiene connotaciones bastante más
negativas que el periodo histórico asociado a su Gobierno. Además, se
observa que tiende a empeorar con el tiempo, aunque sólo sea a causa del peso
de la demografía, que va acabando con las generaciones más identificadas con el
legado de Franco”. Esta percepción se adapta, a su vez, al enunciado anterior.
Si bien un grupo en el seno de la clase política del franquismo evolucionaba
hacia posiciones filodemocráticas, el principal impedimento para saltar el
Rubicón del autoritarismo sería la figura correosa e inmóvil del dictador. Por
lo cual, lo negativo tiende a personalizarse de manera unívoca: el franquismo,
como etapa negativa, es Franco. Pero, como etapa histórica, tuvo “cosas buenas
y cosas malas”, dado que quienes lo vivieron, lógicamente, no pueden contemplar
en su juicio únicamente una valoración política, sino ampliamente vital.
El trabajo de campo que al que venimos
aludiendo señala que la posición de los españoles ante el pasado “se
caracteriza por una cierta ambigüedad: si, por un lado, se piensa que la sociedad
española actual no se parece en nada a la del pasado, por otro, se piensa que
es deudora de la historia, que aún no se han olvidado las divisiones del pasado
y que permanecen todavía huellas de época de Franco”. También esta conclusión
se aproxima extraordinariamente al discurso mediático predominante, según el
cual la Transición es un nuevo comienzo, una especie de gran borrón y cuenta
nueva. La Transición fundaría así una política, una sociedad y una
administración sobre bases enteramente renovadas y diferentes a las existentes
en el pasado. En cualquier pasado. Con todo, también el discurso mediático no
puede eludir la pervivencia de elementos provenientes de ese mismo pasado
(comenzando por algunos políticos relevantes de la democracia actual) y, además,
pone de relieve que la fractura de las dos Españas está aún latente, de forma
que, de tanto en tanto, pueda ser anatomizada.
Por fin, la encuesta del 2000 descubre
que el “proceso de transición a la democracia sigue teniendo para los españoles
un carácter modélico y sigue siendo motivo de orgullo, hoy más aún de lo que
era hace diez o quince años. Entre los protagonistas del cambio, siguen siendo
el Rey y Adolfo Suárez los que desempeñaron un papel más relevante”, siempre en
la memoria social de la sociedad española. La presentación modélica de la
Transición es habitual en la ‘historiografía mediática”, del mismo modo que la
tendencia a la personalización de los discursos mediáticos actuales incide en
la presentación de protagonistas señeros del cambio, en detrimento de
protagonismos colectivos más difíciles de captar (aunque no sea en absoluto
imposible) en una narración audiovisual que sigue los esquemas habituales en la
construcción de héroes y antihéroes.
La moderna historiografía académica está
en condiciones de afirmar que la Transición (y el franquismo también) no fue lo
que la memoria social de los españoles cree que fue. Claro que, la percepción
de los hechos es un dato historiográfico tan importante como los hechos mismos,
aunque convenga su separación analítica.
Debería extenderme aquí sobre las
aportaciones historiográficas relevantes que nos esbozan con lujo de detalle
empírico, una visión menos modélica de la Transición y una colección de
protagonistas en la que, junto a personajes identificables, aparecen personajes
colectivos de gran potencia explicativa. Hoy, la historiografía más cualificada
admite que el proceso de transición desde la dictadura a la democracia no
estaba escrito de antemano, que varias alternativas se plantearon a la muerte
de Franco: mantener el régimen dictatorial sin apenas cambios; reformarlo
profundamente, encauzándolo hacia un sistema de democracia limitada o romperlo
completamente, sustituyéndolo por una alternativa democrática. Admite que el
nuevo régimen democrático nació fruto del consenso, del pacto, entre sectores
reformistas del franquismo y la mayoría de la oposición democrática
antifranquista, dando lugar a un proceso que se ha llamado de “ruptura
pactada”, cuyo desarrollo se produjo entre grandes tensiones políticas y
sociales. Admite que la Ley de Reforma Política de finales de 1976, aunque
confusa en sus objetivos iniciales, permitió en la práctica desmantelar las
instituciones del franquismo y facilitar el camino hacia elecciones libres,
pero que eso sólo fue posible a través de una gran presión social y popular que
no sólo minimizó la resistencia de los sectores ultras del franquismo, y ayudó
a superar las amenazas terroristas de la ultraderecha y ETA o GRAPO, sino que
además decantó la voluntad de aquellos políticos y sectores sociales
“reciclados” del franquismo a no poner más trabas al proceso iniciado, lo cual
se tradujo, por ejemplo, en la legalización del PCE o en los Pactos de la
Moncloa.[18]
Pero, en vez de hacer inventario, que
sería mucho más prolijo de esta visión sumaria ofrecida, me referiré ahora a la
dificultad que existe en los propios medios de comunicación de masas para
alterar la visión ‘clásica’ u ‘oficial’ que sobre la Transición han venido
dando los grandes productos audiovisuales y las narrativas de los grandes
medios de comunicación masivos. Esta dificultad, por lo demás, remite
directamente a las relaciones entre la libertad de expresión, conquistada
durante la Transición a la democracia, y las relaciones de ésta con la
historiografía (tanto la ‘mediàtica’ como la académica)
El ejemplo ad hoc de esa dificultad lo constituye el documental Sumaríssim 477, emitido por TV3, el
primer canal de la televisión pública catalana, en diciembre de 1994. El documental narraba y contextualizaba la
vida y la muerte de un político catalanista, Manuel Carrasco i Formiguera,
fundador de Unió Democràtica de Catalunya,
diputado en las Cortes Constituyentes de 1931 y en las siguientes de la Segunda
República, fusilado en Burgos en 1937 tras juicio sumarísimo. El guión y la
dirección del documental corrieron a cargo de la periodista e historiadora
Maria Dolors Carrasco y formaba parte de un proyecto de impulso a este tipo de
reportajes-documentales iniciado por la Televisión de Cataluña S.A.
El reportaje sobre Carrasco i Formiguera
finalizaba con la narración y simulación del Consejo de Guerra por el que fue
condenado a la pena capital por “delito de adhesión a la rebelión militar”. Se
hizo mención a la participación en aquel Consejo de Guerra de varios testigos,
se leyeron estractos de las declaraciones de éstos y se señalaba que esos
testigos, ocho en concreto, todos ellos catalanes como el condenado, ocuparon a
continuación cargos relevantes en la Administración y la prensa franquista,
después de 1940.
Los hijos de uno de esos ocho testigos se
querellaron contra el reportaje, contra su directora y contra la entidad que lo
produjo y emitió. La Audiencia de Barcelona dio la razón a los querellantes en
sentencia de 2 de abril de 1998, aceptando la demanda por vulneración del
honor. La sentencia fue apelada y pasó al Tribunal Supremo, que revocó la
sentencia de la Audiencia de Barcelona. Finalmente, los familiares del testigo
en el juicio de 1937 presentaron recurso ante el Tribunal Constitucional. Los
magistrados de este último Tribunal se enzarzaron en un debate de altura en el
que el derecho a la libertad científica, el derecho a la libertad de expresión
y el derecho al honor emergieron como territorios fronterizos separados por
evanescentes líneas divisorias. El Tribunal Constitucional, el 23 de marzo de
2004, desestimó el recurso de amparo presentado por los hijos del testigo,
dando así la razón –si vale la expresión– a TV3 y a los responsables de Sumaríssim 477. El fallo, sin embargo,
no se produjo por unanimidad, puesto que recibió el voto particular discrepante
del presidente del tribunal, Manuel Jiménez de Parga, al que se unió el
magistrado Roberto García-Calvo.
Los razonamientos legales de ambas partes
del Tribunal Constitucional son esenciales para dilucidar el tema que nos
ocupa. Importa, por tanto, situarnos en los argumentos de los demandantes, los
hijos de uno de los testigos en el juicio de 1937 que llevó al fusilamiento de
Carrasco i Formiguera. Decían éstos que el reportaje falseaba los hechos, al
hacer creer que la condena se basó en el testimonio de su padre y de los otros
siete testigos, siendo así que la condena se fundó, decían, sobre todo en los
documentos que portaba Carrasco i Formiguera en el momento de su aprehensión.
También tachaban de falso que su padre fuese en realidad testigo de cargo, ya
que sólo declaró ante el Instructor de la causa, a la que acudió para declarar
previa citación judicial y no “voluntariamente” como se afirmó en el reportaje.
Por su parte, los representantes de TV3 adujeron que lo narrado en el reportaje
estaba debidamente acreditado en los autos del Consejo de Guerra, constituyendo
una información veraz sobre un asunto de relevancia pública.[19]
Los cuatro magistrados, que formaban
mayoría, y que desestimaron el recurso de amparo de quienes se sentían
lesionados en su honor, expusieron que, como ya había dicho el Tribunal
Supremo, la discusión no versaba sobre cuáles eran los hechos acreditados, sino
sobre la interpretación que a unos y a otros les merecía la forma de relatarlos
en el reportaje. Dicho de otro modo: el debate procesal se había centrado,
tanto en el Juzgado de Primera Instancia, como en la Audiencia de Barcelona y
el Tribunal Supremo, en un conflicto
entre las libertades de expresión y de información y el derecho al honor.
Pensaban, sin embargo, que había que ampliar dicho debate a un tercer elemento,
el de la libertad científica del historiador, dada la condición de historiadora
de la guionista y directora del reportaje.
Y, al respecto, decían lo siguiente:
“Y es preciso señalar
que las valoraciones y juicios sobre los hechos históricos, y no sólo sobre la
actualidad o sobre el pasado más próximo, son tan inevitables como necesarios,
sin perjuicio de la dificultad de que alcancen consenso o valoración unánime.
Esto vale también para la reconstrucción científica del pasado que llamamos
‘historiografía’, un saber reconocible en atención a su adecuación a ciertos
métodos, y no en virtud de una pureza tal, de otra parte inexigible, que
prescinda de toda perspectiva ideológica o moral en la exposición del pasado.
La posibilidad de que los contemporáneos formemos nuestra propia visión del
mundo a partir de la valoración de experiencias ajenas depende de la existencia
de una ciencia histórica libre y metodológicamente fundada. Sin diálogo con los
juicios de los demás (con los del historiador, en lo que aquí importa) no
resulta posible formar el propio juicio. No habría tampoco espacio –que sólo
puede abrirse en libertad- para la formación de una conciencia histórica
colectiva”
Para los magistrados que formaban la
mayoría en esta sentencia del Tribunal Constitucional, no se trataba de
comprobar al detalle si hubo algún error conceptual en la calificación o la
descripción técnica del Consejo de Guerra de 1937. Se trataba, por el
contrario, de observar si hubo o no voluntad por parte de los responsables del
programa de lesionar el honor de una persona al tiempo que se narraban con
rigor y verosimilitud los hechos acaecidos.
Para los magistrados de la mayoría, el
derecho a la libertad científica prima sobre el derecho al honor: “la libertad
científica –en lo que ahora interesa, el debate histórico- disfruta en nuestra
Constitución de una protección acrecida respecto de la que opera para las
libertades de expresión e información, ya que mientras que éstas se refieren a
hechos actuales protagonizados por personas del presente, aquélla, participando
también de contenidos propios de las libertades de expresión e información –pues
no deja de ser una narración de hechos y una expresión de opiniones y
valoraciones y, en consecuencia, información y libre expresión a los afectos
del art. 20.1 a) y d)- se refiere siempre a hechos del pasado y protagonizados
por individuos cuya personalidad, en el sentido constitucional del término (su
libre desarrollo es fundamento del orden político y de la paz social: art. 10.1
CE), se ha ido diluyendo necesariamente como consecuencia del paso del tiempo y
no puede oponerse, por tanto, como límite a la libertad científica con el mismo
alcance e intensidad con el que se opone la dignidad de los vivos al ejercicio
de las libertades de expresión e información de sus coetáneos. Por lo demás,
sólo de esta manera se hace posible la investigación histórica, que es siempre,
por definición, polémica y discutible, por erigirse alrededor de aseveraciones
y juicios de valor sobre cuya verdad objetiva es imposible alcanzar plena
certidumbre, siendo así que esa incertidumbre consustancial al debate histórico
representa lo que éste tiene de más valioso, respetable y digno de protección
por el papel esencial que desempeña en la formación de una conciencia histórica
adecuada a la dignidad de los ciudadanos de una sociedad libre y democrática”.
El Tribunal Constitucional aducía que,
incluso en el caso de equiparación entre la libertad científica y la libertad
de expresión, habría que afirmar que “la libertad de expresión comprende la de
errar y otra actitud al respecto entra en el terreno del dogmatismo (…). La
afirmación de la verdad absoluta, conceptualmente distinta de la veracidad como
exigencia de la información, es la tentación permanente de quienes ansían la
censura previa”.[20] En
definitiva, también la libertad científica comporta una participación subjetiva
de su autor, tanto en la manera de interpretar las fuentes que le sirven de
base para su relato como en la elección del modo de hacerlo. Se le debe exigir
veracidad desde la licitud de la formulación de hipótesis i de la valoración de
las mismas.
En definitiva, Sumarissim 477 no se realizó para atacar el honor de nadie, sino
para aportar una visión de un hecho histórico relevante, desde la subjetividad
del guionista, pero también desde el rigor metodológico y la veracidad
expositiva del guionista. La mayoría del Tribunal Constitucional era
contundente en sus conclusiones: “Si la historia solamente pudiera construirse
con base en hechos incuestionables, se haría imposible la historiografía,
concebida como ciencia social. En su ámbito, los historiadores valoran cuáles son
las causas que explican los hechos históricos y proponen su interpretación, y
aunque tales explicaciones e interpretaciones sean en ocasiones incompatibles
con otras visiones, no corresponde a este Tribunal decidir, por acción u
omisión, cuál o cuáles deban imponerse de entre las posibles. Son los propios
ciudadanos quienes, a la luz del debate historiográfico y cultural, conforman
su propia visión de lo acaecido, que puede variar en el futuro.”
No pensaban lo mismo los magistrados
Jiménez de Parga y García-Calvo. Para ellos el punto nodal de la cuestión
consistía en aquilatar qué se entiende por “hecho histórico” como concepto
determinante de la aplicación de un determinado canon propio de la libertad
científica. Y aunque no lo definían, por considerar la dificultad extrema de
hacerlo en abstracto, convenían en que “la Sentencia no enfoca bien el asunto
al darle al reportaje sobre los sucesos acaecidos el tratamiento de ‘hecho
histórico’”. Para estos magistrados, la lejanía en el tiempo del suceso narrado
no empece que pueda incidir sobre los derechos del presente: “un hecho que
afecta al honor del padre de personas vivas ha de considerarse susceptible de
afectar al honor familiar de los hijos”.
Y si esto era así, había, a continuación,
que reconocer que el reportaje Sumaríssim
477 contenía errores que no podían cobijarse bajo el manto de la libertad
científica. Tres eran los errores: afirmar que el político catalán había sido
condenado “exclusivamente” por los testimonios de los testigos; afirmar que los
testigos comparecieron “voluntariamente”; y afirmar que eran “testigos de
cargo”, cuando en realidad sólo depusieron en la fase de instrucción.[21]
Para los magistrados firmantes del voto
particular, el “hecho histórico” debía ser la verdad histórica. Por ende, Sumarissim 477 carecía “de solidez
constitucionalmente exigible a cualquier información de hechos” y por tanto
atentaba gravemente contra el honor de los testigos y contra el honor de los
hijos de éstos.
Sin entrar ahora en la calidad jurídica
de los argumentos de las partes del Tribunal Constitucional –dada mi condición
de historiador y no de jurista-, conviene señalar tres cosas, para concluir.
En primer lugar, que las dos posiciones
jurídicas dibujan, claramente, un paralelismo entre dos posiciones
historiográficas clásicas. De un lado, la posición historicista (o positivista)
que deriva de Ranke, para quien “hecho histórico” y “verdad” son la misma cosa,
puesto que el historiador se limita a reconstruir objetivamente el pasado,
distanciado de él, a través de documentos de archivo. Su paralelismo jurídico
está expresado en el voto particular de los dos magistrados aludidos del
Tribunal Constitucional, para quienes un error del historiador en la
interpretación de la técnica jurídica invalida la verosimilitud de la narración
histórica.
De otro lado, la
posición compartida por epistemologías historiográficas tan diferentes como Annales, el marxismo, el culturalismo,
etc., según la cual la verdad en historiografía está históricamente
condicionada y, por tanto, no se resuelve sino a través de aproximaciones
sucesivas que nunca alcanzarán un valor absoluto, aunque irán aportando
conocimiento, matiz, crítica y contrastación.[22]
Citemos a dos autores bien diferentes. Para Peter Burke, un culturalista deudor
de Annales: “recordar el pasado y
escribir sobre él ya no se consideran actividades inocentes. Ni los recuerdos
ni las historias parecen ya objetivos. En ambos casos los historiadores están
aprendiendo a tener en cuenta la selección consciente o inconsciente, la
interpretación y la deformación. En ambos casos están empezando a ver la
selección, la interpretación y la deformación como un proceso condicionado por
los grupos sociales o, al menos, influido por ellos”.[23]
Adam Schaff, marxista, por su parte, al contemplar las diferentes versiones
ofrecidas por los historiadores sobre un mismo hecho, se pregunta si mienten
los historiadores: “¿Mienten los historiadores? Esto puede suceder
cuando buscan objetivos extracientíficos y ven en la historia un instrumento de
realización de las necesidades prácticas actuales. Son numerosos los casos en
que así ocurre, pero a pesar de su importancia social y política, este problema
carece de interés. En cambio, los casos en que la variabilidad de la visión
histórica va a la par con la honestidad científica y con una investigación
competente de la verdad histórica son teóricamente interesantes. En
consecuencia, los historiadores no mienten, aunque pronuncien discursos
diferentes, o en ocasiones contradictorios. Este fenómeno es simplemente el
resultado de la especificidad del conocimiento que siempre tiende hacia la
verdad absoluta, pero esta tendencia sólo se cumple en y por el proceso
infinito de la acumulación de verdades relativas”.[24]
La cuestión es que Ranke, el
historicismo y el positivismo, se corresponden históricamente con el momento de
formación de los estados-nación europeos y con la propulsión, por parte del
Estado protector de esa visión de la historia, de una verdad dogmática que
sirviese para forjar una determinada (y a poder ser única) conciencia colectiva
nacional. Por el contrario, todas las historiografías posteriores a la
“revolución de los Annales”,
pertenecen a una concepción no dogmática de la histórica que acepta el
perspectivismo sin negar por ello la cientificidad, que no da un valor absoluto
al “hecho histórico” basado en fuentes archivísticas y que es conciente de que
el historiador mismo no es un ente objetivo al margen de la historia sino que
el mismo forma parte de un entramado social que estimula una determinada
interpretación o selección de materiales fontales.[25]
Se trata de historiografías que se nutren de la crítica y del debate
historiográfico, y que, en ese sentido, se compaginan bien con sociedades
democráticas en las que la pluralidad es la vía para la búsqueda no de la
verdad absoluta, sino del bien común.
La historiografía, como bien dice la
sentencia del Tribunal Constitucional, es un “saber reconocible en atención a
su adecuación a ciertos métodos, y no en virtud de una pureza tal, de otra parte
inexigible, que prescinda de toda perspectiva ideológica o moral en la
exposición del pasado”. Las interpretaciones y valoraciones de Maria Dolors
Carrasco pueden ser discutibles, pero desde luego se atienen a la metodología
citada: Sumarissim 477 se basó en una
investigación de campo de varios meses, en la que se exhumaron los documentos
originales del Consejo de Guerra, así como diversos testimonios de coetáneos a
los hechos.
Se puede discrepar, a condición
(condición meramente historiográfica, que no se podría incluir como límite en
el derecho a la libertad de expresión) de que la discrepancia esté
metodológicamente fundada.[26]
Y esta perspectiva no sólo es democrática, sino historiográficamente
antidogmática.
Segunda cuestión. Resulta
extraordinariamente llamativo que el voto particular de los dos magistrados del
Tribunal Supremo se base en incomprensión por parte de la historiadora y
guionista de Sumarissim 477 de la
técnica procesal de un Consejo de Guerra. Llamativo porque es tanto como darle
validez jurídica a posteriori a aquella técnica procesal. Y este es un
procedimiento históricamente y socialmente muy discutible.
Cabe recordar que el Consejo de Ministros
aprobó el 10 de septiembre de 2004 un real decreto por el que se constituía una
Comisión Interministerial para el estudio de las víctimas de la Guerra Civil y
el Franquismo, cuyo cometido es el de elaborar un infomre sobre los derechos
reconocidos hasta la fecha a las personas que, por su compromiso con la
democracia, fueron objeto de actuaciones represivas desde el inicio de la
Guerra Civil hasta la plena restauración de las libertades. La intención del
Gobierno es la de articular un anteproyecto de ley para la “rehabilitación
moral y jurídica de los afectados”.[27]
Esta decisión gubernamental ha sido, como
es bien conocido, espoleada por una floración producida en la década de 1990 y
que llega hasta la actualidad: la de toda una serie de asociaciones para la
recuperación de la memoria histórica que, entre otras cosas, han venido
solicitando con insistencia que se dejen sin efecto los consejos de guerra
sumarísimos celebrados durante la Guerra Civil y una vez terminada ésta.[28]
La petición se basa en la falta de legitimidad jurídica de aquellos Consejos de
Guerra y en los defectos formales que rodean sistemáticamente a tales actos
procesales.
Así pues, achacar desconocimiento de la
técnica procesal en una historiadora-periodista actual, la directora de Sumarissim 477, es tanto como dar por
buena esa técnica procesal, la del juicio sumarísimo que condenó a Carrasco i
Formiguera. Y, como decíamos y se ha podido comprobar, este es un extremo más
que dudoso (que también admite, por supuesto, la discrepancia).
Tercero y último. Volviendo a nuestro
punto de partida, señalaremos que Sumarissim
477 incide sobre una de las cuestiones centrales en la interpretación
(tanto por la historiografía académica como por la ‘mediática’) que se
construye en la memoria social sobre la Transición: la valoración que ha de hacerse sobre la Guerra Civil y el
Franquismo. Una valoración que los documentales de referencia (los de TVE) y
los textos de referencia en los medios de comunicación de masas, han formado a
través de un perfil bajo y tamizado a
través del consenso constitucional de 1978. Perfil bajo quiere decir, en este
contexto, que la interpretación ha sido equidistante: todos tuvieron la culpa
de la Guerra Civil, así que mejor no meneallo,
y todos convendrán en que el franquismo negó libertades pero que durante su
periplo histórico el país comenzó, en lo económico, a levantar el vuelo y a
crear esas clases medias notadas como carencia en épocas anteriores.
Sumarissim
477 no convergía con esta
interpretación de perfil bajo, oponiéndose así a la historiografía ‘mediática’
dominante (y a parte de la académica). Y el resultado han sido diez años de
pleitos, con sentencias contra la Televisión que produjo el reportaje y contra
su autora que se prolongaron hasta 1998 y con una coletilla judicial (Tribunal
Supremo y Tribunal Constitucional) que, aunque acabó dándoles la razón, supuso
manifestaciones de juristas de prestigio sobre la vinculación de la libertad
científica a una determinada (y cerrada) concepción del “hecho histórico”. En
definitiva, cualquier periodista o historiador metido a guionista, sacará una
lección ambigua de esos diez años de pleito: bien pudiera ser la autocensura,
aunque no es, desde luego, la más deseable.
En conclusión, la memoria social
mediatizada por la ‘historiografía mediática’ dominante tiene dificultades para
aceptar alternativas, tan normales en sociedades democráticas y tan vinculadas
al artículo 20 de la Constitución de 1978, que no sólo garantiza la libertad de
expresión y la de cátedra, sino también la libertad científica del historiador.
Esas dificultades forman también parte de la historia de la Transición. ¿Por
ello incompleta? Aquí se ha optado por incorporarlas a su conocimiento
matizado, crítico, abierto.
[1] Prólogo de R.I. Moore a FENTRESS, J. y WICKHAM, Ch. (2003): Memoria social. Madrid: Cátedra, p. 12.
[2] HALBWACHS, Maurice (1925): Les cadres sociaux de la mémoire. París.
[3] BLOC, Marc (1925): “Mémoire collective, tradition et coutume”, Revue de Synthèse Historique, núm. 40, p. 73-83, cit. en BURKE, Peter (2000): Formas de historia cultural. Madrid : Alianza Editorial, p. 67.
[4] FENTRESS, J. y WICKHAM, Ch. (2003): op. cit., p. 14.
[5] FENTRESS, J. y WICKHAM, Ch. (2003): op. cit., p. 70.
[6] FENTRESS, J. y WICKHAM, Ch. (2003): op. cit., p. 156.
[7] AA.VV. (1996): Memoria de la Transición. Del asesinato de Carrero a la integración en Europa. Madrid: El País S.A.
[8] Intersección que algunas corrientes historiográficas, como la Historia del Tiempo Presente, casi buscan explícitamente.
[9] RUIZ GARCÍA, H.J., SOLSONA GONZÁLEZ, M.A. y SUBIRÁN RODRIGO, A. (1988): “Resumen sobre el trabajo de investigación llevado a cabo en base a una encuesta entre alumnos de la Universidad de Valencia sobre la influencia de los mass-media en el conocimiento de la historia”, en I Congrés d’Història de la Ciutat de València. En trànsit a gran ciutat. Valencia: Ayuntamiento de Valencia, vol. III, p. 2.1.1.- 2.1.18.
[10] Por ejemplo, FERRO, M. (1983): Cine e historia. Barcelona: Gustavo Gili; ROMAGUERA, J. y RIMBAU, E. (1983): La Historia y el Cine. Barcelona: Fontamara; CASTRONOVO, V. (1981): “Mass media e storia contemporanea”, en Societá e Storia, núm. 11; o HOUDLAND, C.I., LUMSDAINE, A. y SHEFFIELD, F.D. (1985): “Efectos a corto y largo plazo en el caso de los films de ‘orientación’ o ‘propaganda’”, en MORAGAS, M. de (ed.): Sociología de la comunicación de masas. Barcelona: Gustavo Gili, vol. II.
[11] Los datos actuales incrementan el tiempo de
exposición a los medios audiovisuales, pero no alteran los resultados de una
investigación de esta índole. Si acaso, los refuerzan. En 1994 el consumo
promedio de televisión diaria era de 215 minutos. Véase JEREZ, A., SAMPEDRO, V.
y BAER, A. (2000): Medios de
comunicación, consumo informativo y actitudes políticas en España. Madrid:
Centro de Investigaciones Sociológicas, p. 58-60.
[12] MONTERO, Remedios (2004): Historia de Celia. Recuerdos de una guerrillera antifascista. Valencia: Octaedro Ed.
[13] SUÁREZ, Adolfo: “Apuntes sobre la transición política”, Cambio 16, 16 de enero de 1991.
[14] MORÁN, Gregorio (1991): El precio de la transición. Barcelona: Planeta.
[15] NAVARRO, Vicenç: “Consecuencias de la transición inmodélica”, en El País, 8 de enero de 2003.
[16] Desarrolla esta tesis en la última parte del libro NAVARRO, Vicenç (2002): Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país. Barcelona: Anagrama. El último capítulo del libro, ‘Las raíces de nuestro déficit democrático y social” se llena con epígrafes de título significativo como: ‘Un silencio ensordecedor’, ‘Reconciliación sí, olvido no’, ‘La transición incompleta’, ‘La transición no fue modélica’, ‘Insensibilidad democrática’ o ‘Los costes de la desmemoria histórica’.
[17] Lo que sigue se basa en el trabajo de MORAL, Félix (2001): Veinticinco años después. La memoria del franquismo y de la transición a la democracia en los españoles del año 2000. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
[18] En una de las pocas revistas que intenta en España que la distancia entre la investigación y el libro de texto (o la clase de primaria y secundaria) se acorte, escribe sobre estos extremos MUÑOZ HAEDO, Ramiro (1999): “1939-1978: propuestas didácticas”, en Aula de Historia Social [Valencia], núm. 3 (primavera, 1999), p. 66-79.
[19] La sentencia y la discusión en el seno del Tribunal Constitucional la extraemos de El Derecho. Diario de la Jurisprudencia, núm. 1991 (año XI), 12 de mayo de 2004.
[20] Esta cita, que hacía suya la mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional, corresponde a una sentencia de ese mismo Tribunal de 11 de diciembre de 1995 (STC 176/1995, de 11 de diciembre, FJ 2).
[21] Un artículo firmado por un historiador catalán en La Vanguardia, 9 de abril de 1995, ya llamaba la atención sobre estos extremos: la no voluntariedad de la presentación de los testigos y su calidad de testigos en la instrucción.
[22] La ruptura con el historicismo, escenificada en las primeras
décadas del siglo XX por la diversas versiones de la “nueva historia”, aunque
tal vez la más conocida sea la de la Escuela de Annales, está bien descrita en IGGERS, G.G. (1998): La ciencia
histórica en el siglo XX. Las tendencias actuales, Barcelona, Idea
Universitaria.
[23] BURKE, P. (2000): Formas de historia cultural. Madrid: Alianza Editorial, p. 66.
[24] SCHAFF, Adam (1977): Historia y verdad. Barcelona: Crítica. Otra aportación importante sobre esta cuestión es la de APPELBY, J., HUNT, L. y JACOB (1999): La verdad sobre la historia. Barcelona: Andrés Bello.
[25] También es cierto que, por la vía del perspectivismo y del relativismo, algunas corrientes historiográficas posmodernas o vinculadas al llamado ‘giro lingüístico’, niegan la cientificidad de la historia. Véase como ejemplo, las obras de WHITE, Hayden (1993): El contenido de la forma. Narrativa, discurso y representación histórica. Barcelona, Paidós; o WHITE, H. (1994): Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa del siglo XIX. México: Fondo de Cultura Económica.
[26] Del mismo modo que algunos podrían ver con disgusto las interpretaciones peculiares de un historiador como Pío Moa sobre las causas de la Guerra Civil española y, en consecuencia, podrían responder historiográficamente a través de tratados históricos metodológicamente fundados. Así ha actuado, por ejemplo, el historiador Enrique Moradiellos. Tras larga polémica entre estos dos historiadores en diversas revistas, por ejemplo en la Revista de Libros (donde también terció Stanley Payne, véase el núm. 79-80 de julio-agosto 2003), el segundo ha publicado, MORADIELLOS, E. (2004): 1936. Los mitos de la Guerra Civil. Barcelona: Península. De MOA, P. (2003): Los mitos de la Guerra Civil. Madrid: La Esfera. En esta polémica han terciado muchos otros historiadores, como REIG TAPIA, Alberto (1999), autor de Memoria de la Guerra Civil. Los mitos de la tribu. Madrid: Alianza. Para lo que a nosotros nos interesa ahora destacar es relevante apuntar que Pio Moa fue entrevistado, recién aparecido el libro citado, por un programa de Televisión Española en horario de máxima audiencia, cosa que no ha sucedido con el resto de historiadores mencionados.
[27] El País, 11 de septiembre de 2004.
[28] No sólo lo han reclamado Asociaciones y Foros para la recuperación de la memoria histórica, sino magistrados del Tribunal Supremo como José Antonio Martín Pallín y una larga lista de intelectuales y nombres de la cultura, por no citar aquí a organizaciones políticas y sindicales. Véase El País, 15 de septiembre de 2004, donde se repasa esta situación en el artículo de José Antonio Saracíbar, “Es el momento de la memoria”.