25
años de libertad de expresión. VII Congreso de la Asociación de Historiadores
de la Comunicación. Barcelona, 18-19 de noviembre de 2004.
“La libertad de expresión como expresión de libertad. Conflicto social y
acción ciudadana en la conquista de un derecho. 1976-1977”
Gloria
García González
Facultad
de Comunicación
Universidad
Pontificia de Salamanca
Este trabajo centra su atención en el estudio del
ejercicio de la libertad de expresión previo a su reconocimiento
constitucional, cuando en el curso de la acción ciudadana -movilizaciones,
espacios informales de deliberación política, ámbitos diversos de confrontación
social- tuvo lugar el afianzamiento de un derecho individual que, no obstante,
fue ejercitado y conscientemente
defendido como una conquista cívica de carácter colectivo.
En el año y medio que transcurre entre enero de 1976
y junio de 1977 se constata una ingente multiplicación espontánea de espacios
de conflicto -de carácter político, laboral, cívico, etc.- donde se exalta el
uso público de la palabra como punto de partida de lo que llega a percibirse
como una auténtica revolución democrática en los usos comunicativos,
hábitos sociales, actitudes y comportamientos públicos. Las asambleas
universitarias, las cívicas -de vecinos, feministas...-, ciertos medios de
comunicación, empresas editoriales, librerías, organizaciones y plataformas
ciudadanas, además de formaciones políticas y sindicales lograron hacer de la
práctica de un derecho no reconocido, como la libertad de expresión, el medio
necesario desde el que defender una transformación radical de orden cultural,
social y político en nuestro país.
Al dar
comienzo 1976 Juan Carlos I ocupaba la Jefatura del Estado desde hacía algo más
de un mes y Carlos Arias Navarro, tras su confirmación el 5 de diciembre[1],
ejercía su cargo como presidente del primer Gobierno de la monarquía. El nuevo
gabinete componía un variopinto conglomerado político donde se daban cita
viejos colaboradores de Arias Navarro en experiencias de Gobierno anteriores
como el general De Santiago, Pita da Veiga o el propio Solís Ruiz y que
componían el grupo más ultra, junto a unos pocos nombres de talante
reformista y autocalificados de liberales, al parecer, impuestos por el
propio monarca, José María de Areilza, Alfonso Osorio y Antonio Garrigues,
además de los más jóvenes y, por ello, conocidos como los de la generación
del rey, entre los que se contaban Rodolfo Martín Villa, Leopoldo Calvo
Sotelo y Adolfo Suárez. Sin encajar en ninguno de estos grupos, pero con
extraordinario peso político dentro del Gobierno, aparecía el nombre de Manuel
Fraga ocupando la Vicepresidencia Segunda para Asuntos del Interior. El día 13
de diciembre Carlos Arias había tomado posesión de su cargo con las siguientes
palabras:
“Vamos a iniciar
una etapa de riesgos y dificultades. La vamos a recorrer con precisión, con
firmeza, pero con prudencia, conscientes de que en nuestras manos están valores
históricos, depósitos preciadísimos que están por encima de toda consideración
(...) Se nos llama, nos congregamos, para perseverar y continuar la gigantesca
obra de Francisco Franco”.
Los
propósitos continuistas del nuevo Gobierno no podían hacerse más explícitos,
como tampoco la vieja lealtad a Franco del presidente Arias, que en un gesto de
osadía política[2] se permitía
ignorar en su discurso el nombre del nuevo Jefe del Estado. Por tanto, si aún
quedaba alguna expectativa de reforma tras la decepcionante ratificación de
Arias Navarro en su cargo, fue truncada en el mismo momento de su toma de
posesión. Pese a sus evidentes afanes continuistas, parecía estar en el ánimo
del nuevo gabinete la urgencia de presentar un programa de Gobierno que, sin
modificar un ápice ningún fundamento jurídico esencial, contemplase las
novedades legislativas necesarias para paliar el gravísimo déficit de
legitimidad que el régimen acusaba. Con este propósito fue elaborada y
presentada por Manuel Fraga la declaración programática del 15 de diciembre, donde
el Gobierno se manifestaba partidario de una reforma de las instituciones
para ensanchar la base, así como la ampliación de las libertades y
derechos ciudadanos, especialmente el derecho de asociación y el
reconocimiento institucional de todas las regiones a fin de que el
ordenamiento jurídico español tendiera hacia una mayor homogeneidad con la
comunidad occidental (POWELL, 2001:147). Ni esta declaración ni el proyecto
global de reformas presentado el 28 de enero de 1976 alcanzaron el objetivo
prioritario de afianzar la credibilidad del nuevo Gobierno y, más bien al
contrario, acabaron por concitar el rechazo más unánime de toda la oposición
democrática y de la mayoría de los sectores liberal-reformistas. Mientras
tanto, las Cortes franquistas eran prorrogadas y los esfuerzos del Gobierno
perseveraban en el empeño personal del presidente Arias de emprender el
tránsito desde lo que el régimen había designado como democracia orgánica
hacia alguna forma de democracia limitada.
El primer
Gobierno de la monarquía, presa de su propia obstinación e inoperancia
política, se enfrentaba además al colapso de la Hacienda Pública y a la
sacudida devastadora de la crisis del petróleo declarada dos años antes. Desde
las interpretaciones más interesadamente simplistas se atribuyó el origen de la
crisis a la brutal elevación del precio del petróleo en el otoño de 1973 y al
crecimiento desorbitado de los salarios, aunque la OCDE no tardó en
señalar que la crisis se había desencadenado no tanto a causa de la presión
salarial sino a resultas de un serio déficit de competitividad localizado en
los sectores industriales más obsoletos y agravado, sin duda, por los
desorbitados precios del crudo. La coincidencia en el tiempo de ambas
circunstancias -parálisis política y crisis estructural en el sector fabril y
de transportes- consiguió que la movilización obrera desatada en los últimos
años de la dictadura como consecuencia directa de la congelación salarial
alcanzase en el primer trimestre de 1976 unos niveles de conflictividad extremos.
La
diferencia más visible en los actos de protesta, con todo, no estaba en su
intensidad sino en algo tan subjetivo como las expectativas que los propios
actos de protesta generaban. A nadie se le escapaba que la muerte de Franco y
la consiguiente apertura de expectativas de un cambio democrático más o menos
inminente acentuaron el carácter intrínsecamente político de las movilizaciones
laborales. Colectivos sindicales y revistas de izquierda de signo diverso
comenzaron a hacer públicos por entonces sus propios proyectos contra la crisis
económica y el estancamiento político proponiendo la remodelación global de la
estructura productiva, la planificación democrática de la economía o el
sometimiento de las leyes del mercado a las necesidades sociales y, en
definitiva, una aproximación global al ideal socialista de una sociedad
democrática en todos sus aspectos (PARAMIO, 1983:64).
Recuerda
Robert M. Fishman[3] que una
significativa porción de los estudios sobre las transiciones a regímenes
democráticos, incluido el caso español, concede una considerable importancia a
las acciones del movimiento sindical, hasta el punto de haberse convertido en
una de las premisas básicas a tener en cuenta en la explicación del éxito o
fracaso de un proceso de cambio político (FISHMAN,1996:163). Guillermo
O’Donnell o Phillip Schmitter la incorporaron a sus escritos como un fenómeno
derivado del peculiar proceso de debilitamiento y aperturismo generado en el
último franquismo. Pese a la importancia que revestía para ellos la eclosión de
otros movimientos cívicos de base, en las transiciones políticas de América
Latina y el sur de Europa, el principal desafío que se le planteó a los
regímenes autoritarios vino de una clase obrera, con frecuencia sindicada, que
en un marco político propicio incrementó su potencial de acción colectiva
(O’DONNELL; SCHMITTER, 1988: 50).
Si el
sindical fue el principal desafío, desde luego, no fue el único. Al tiempo que
se producía una intensa agitación sindical, otros sectores de la ciudadanía
vertebrados en un sinnúmero de redes asociativas -universitarias, vecinales,
feministas, objetores de conciencia, cristianos de base etc.- procedían a una
larga serie de actos de protesta dando muestra de la pluralidad de frentes
abiertos contra el régimen.
Y pese a
la hostilidad del contexto político y a la desconfianza, cuando no abierta
antipatía, de una gran parte de la sociedad española, educada en el respeto a
la autoridad instituida y en el consiguiente temor hacia movimientos
subversivos, las numerosísimas agrupaciones, plataformas, colectivos y
sociedades, sin contar las incalculables formaciones políticas que saltaron a
la palestra pública en estos momentos se sintieron, sin duda, altamente
incentivadas por un impasse político que, al fin y a la postre,
alimentaba en ellas el convencimiento político de que todo estaba por
hacer, de que aún no había ninguna posibilidad cerrada, de que, en definitiva, todo
seguía siendo posible.
1.- La multiplicación de
espacios de libertad
Era evidente
que la crítica situación económica y política no podía ser más favorable a la
proliferación de actos múltiples de protesta. Sin duda, eran factores más que
suficientes para que en conjunción con otras variables como la búsqueda de
beneficios -económicos, como la descongelación de los salarios, o políticos,
como el debilitamiento irreversible del régimen-, las redes organizativas
clandestinas, las estrategias de los grupos o la valoración de recursos propios
disponibles generasen una oleada de conflictividad social de elevada intensidad
en 1976 y, muy especialmente, durante su primer trimestre. En efecto, la
situación que presentaba el país a comienzos de 1976 reproducía con certera
exactitud lo que cualquier analista hubiera valorado desde la Teoría de la
Movilización de Recursos (GARCIA GONZALEZ, 2003)[4]
como una estructura de oportunidades favorable a la acción.
Sin
embargo, pese a la situación política objetivamente favorable a la movilización
social y a la proliferación de actos múltiples de protesta, la experiencia histórica
ha venido demostrando en contextos diversos que ni la inoperancia política, ni
el descontento social, ni siquiera la gravedad objetiva de los problemas
públicos conducen por sí solos a forma alguna de acción colectiva. Por ello,
desde la sociología europea (KLANDERMANS,1989; MELUCCI,1994;
RASCHKE,1994), se ha matizado en los
últimos diez años esa interpretación, quizá en exceso institucionalizada,
de los movimientos sociales, proponiendo una concepción de la acción colectiva
mucho más condicionada por variables de naturaleza cultural, entendiendo que
todos ellos requieren del desencadenamiento de un proceso de comunicación lo
suficientemente efectivo como para hacer surgir una cierta conciencia de
usurpación, evidenciarla como problema social y ser capaz de contagiarla a una
masa suficiente de ciudadanos (LECHNER,1986:46).
Desde esta
novedosa perspectiva, la respuesta social a una situación problemática o
incierta se encuentra siempre condicionada por la existencia previa de una
compleja urdimbre de interacciones comunicativas, negociaciones y controversias
públicas en cuyo transcurso los problemas son públicamente etiquetados y
reconocidos como tales (KLANDERMANS, 1994:186). En consecuencia, sin la
existencia de este arduo y a veces lento proceso de definición colectiva del
que participan tanto los medios de comunicación como las redes sociales de
interacción comunicativa, ni las oportunidades políticas podrían ser
aprovechadas ni las demandas sociales pasarían nunca de ser una aislada y
estéril formulación. De ahí que, tanto la oportunidad como la demanda,
factores ambos imprescindibles en todo acto de protesta, requieran de la
existencia de redes de comunicación fluidas y eficaces, pues sin ellas ni una
ni otra tendrían ninguna posibilidad de existir como factores objetivos capaces
por sí solos de desatar o explicar una sola reacción colectiva.
Sólo desde
esta premisa cabe considerar las acciones de protesta en cualquiera de las
variantes características de la época -manifestaciones, concentraciones, huelgas,
marchas, encierros, conferencias o conciertos- como una compleja actividad significante
(KLANDERMANS,1989:114), muestra inequívoca de la expresión libremente ejercida
por grupos y organizaciones, usualmente orientada a lograr la concienciación
social respecto a nuevas cuestiones y sometida, desde su intrínseca naturaleza
social, a un proceso de interpretación y redefinición de su significado desde
el momento mismo en que se produce su proyección público-mediática.
Es obvio
que la trascendencia de las acciones públicas de protesta no le era desconocida
en 1976 a ningún grupo o colectivo más o menos organizado, lo que, sin duda,
incentivó en ellos la búsqueda de una cierta publicidad, tanto en las
calles y otros lugares públicos como a través de medios de comunicación afines,
con la que afianzar su presencia pública, atraerse en lo posible una corriente
de apoyo social y otorgar legitimidad y reconocimiento a sus principios, a sus
valores, a sus acciones y a sus objetivos.
Fue así
como la orientación ideológica de algunos medios de comunicación les hizo
otorgar a los ciudadanos y grupos emergentes con mayor conciencia política un
espacio informativo que, a la postre, resultaría decisivo en la apertura de
nuevos espacios al debate público, en la problematización de cuestiones
ignoradas por otros medios y en la definición de novedosas y radicales demandas
públicas.
Si la
coyuntura política no podía explicar por sí sola la eclosión a comienzos de
1976 de innumerables frentes de conflicto, de ningún modo resulta suficiente
para justificar la movilización de recursos informativos en ciertos medios de
comunicación, sobre todo semanarios, ni tampoco, desde luego, el compromiso
cívico de numerosos colectivos sociales que por entonces se manifestaron
dispuestos a asumir los riesgos que comportaba la movilización en aras de un
objetivo político incierto.
En los
últimos años Ronald Inglehart, muy especialmente, ha venido destacando la
incidencia de factores estructurales como la industrialización, la acelerada
urbanización o, incluso, la incidencia de la masificación universitaria sobre
la pérdida de peso específico de los valores tradicionales en el ámbito urbano
(INGLEHART, 1991; INGLEHART, 1999). En el caso español, como constatan los
estudios de Rafael López Pintor y José Mª Maravall, la evidente sustitución de
valores y expectativas en el curso de apenas una generación a consecuencia de
los factores arriba mencionados coincidió con la entrada en España de nuevas
tendencias contraculturales y políticas, además de con el efecto demostración
de movimientos de contestación pacifistas, feministas, mayo del 68, etc., que
por entonces copaban la atención internacional (LOPEZ PINTOR,1982;
MARAVALL,1995:262-264). Todo ello, sin duda, alimentó una heterogénea corriente
de afinidad antiautoritaria entre las generaciones universitarias más jóvenes y
ciertas elites intelectuales.
Fueron
ellas las que antes de 1976 alumbraron en nuestro país el nacimiento de una
verdadera sociedad política (LINZ; STEPAN, 1996) compuesta por partidos
políticos dotados de un cierto nivel de institucionalización y de líderes
conocidos por sectores relativamente amplios de la población y bien
relacionados con partidos europeos afines. Es a esta sociedad política a
quien se atribuye el haber sido capaz de forzar la aparición de ciertos
espacios públicos mucho antes de 1975, desde los que fue socavando la
legitimidad del régimen y, una vez desaparecido Franco, de canalizar con eco
creciente insistentes demandas de cambio político. Fue entonces cuando, abiertas
potencialmente todas las opciones de cambio posibles, la oposición asumió la
trascendental iniciativa política de poner en práctica una estrategia de
enérgica presión social.
Incentivadas
por la expectativa de lograr una ruptura democrática con el régimen, las
fuerzas de la oposición antifranquista se aprestaron a multiplicar los espacios
desde los que forzar de manera inmediata un cambio político. A la fábrica y a
la universidad, como principales espacios de agitación socio-política en el
tardofranquismo, se añadieron a lo largo de 1976 modestas sedes de asociaciones
de vecinos, locales diversos de reunión de grupos feministas, ecologistas u
objetores de conciencia, iglesias, librerías después de la hora de cierre,
incluso espacios de reunión al aire libre donde a veces eran convocados obreros
en huelga[5]
o, sencillamente, vecinos de alguna asociación[6].
A todos ellos se sumaron con mayor o menor frecuencia ateneos, casinos,
restaurantes[7], clubs como
el Club Siglo XXI de Madrid al que eran invitados reconocidos personajes
de la vida pública española y salones de hoteles donde, a falta de sedes, los
responsables de las formaciones políticas, aún no legalizadas, solían convocar
cada vez más habituales y concurridas ruedas de prensa, en una práctica de la
que el semanario Triunfo decía estar marcando una nueva etapa en la vida
política española. “Hoy los hoteles son un adelanto de las futuras sedes.
-sentenciaba- A esto se llama ganar terreno a la legalidad” (ALONSO DE
LOS RIOS, 1976: 18).
La
utilización de los lugares habituales de trabajo, de tránsito o, simplemente,
de encuentro para fines políticos alcanzó el valor de virtual ocupación
de espacios, de conquista emblemática de territorios donde el ejercicio
espontáneo de derechos no reconocidos -de reunión, de asociación o la misma
libertad de expresión- llegó a vivirse a su vez como una auténtica conquista
social desde el convencimiento de que el ejercicio espontáneo -aunque todavía
arriesgado- de derechos y libertades más que el final del camino era el camino
mismo, el presupuesto previo, espacio conquistado a través de la movilización,
del trabajo intelectual, de la razón, de la reflexión y de la crítica (DIAZ,
1989:760).
Pese a que
el nombramiento de Adolfo Suárez en julio de 1976 atenuó significativamente en
las filas de la oposición las expectativas de un cambio radical en el tránsito
hacia un sistema democrático, el proyecto de ruptura democrática no llegó a
abandonarse del todo hasta después de la celebración del referéndum de la Ley
para la Reforma Política el 15 de diciembre del mismo año. Por tanto, en el
transcurso de aproximadamente un año el anhelo de la ruptura política fue
preservado como objetivo desde que fuera formulado en la Junta Democrática
en 1974. Desde entonces, la ruptura actuó como expectativa, también como
objetivo político capaz de dotar de sentido a toda forma de presión y
contestación social y, sin duda, como poderoso aglutinante ideológico de las
fuerzas socio-políticas que componían la oposición democrática. A todos les
quedó claro que para conseguir el derrumbe del régimen era preceptivo mantener
enhiesta la bandera de la ruptura, insistir en la unidad de las fuerzas
democráticas, asegurarse una mínima presencia pública, expresar claramente los
objetivos, ejecutar continuas y pacíficas demostraciones de fuerza, articular
los propios efectivos, trazar estrategias y efectuar efectivas medidas de
presión política y social.
No resulta
difícil constatar cómo el proyecto democrático inspirado por la vía de la
ruptura política con el régimen iba indefectiblemente acompañado de la
necesidad de desmantelar las claves esenciales del discurso franquista, tan
vigentes entonces como las propias instituciones de la dictadura. De ahí la
insistencia en proclamar los valores clásicos de la cultura de izquierdas -en
parte heredada de la tradición burguesa republicana y, en parte, deudora
también de la cultura obrera- como los más idóneos para instaurar sobre ellos
no sólo un nuevo orden político sino unas nuevas pautas de convivencia cívica.
La insistente
difusión de valores como la solidaridad, la igualdad, la honestidad, la
dignidad del trabajo o, sencillamente, el derecho de cada individuo a
desarrollar con libertad su propia autonomía se convirtieron en puntales firmes
de un discurso compartido sin fisuras por muy dispares formaciones la oposición
democrática y ampliamente difundido en el curso de una doble movilización: en
el plano interno a cada organización, la movilización de los propios efectivos
a través de la asamblea como espacio deliberativo más extendido y menos
cuestionado desde los comienzos de la lucha antifranquista y, en el plano externo,
la movilización cognitiva que acometieron significativos medios de
comunicación en respaldo de las iniciativas de la oposición democrática.
La asamblea
como órgano prevalente de deliberación y decisión, de carácter aparentemente
horizontal venía actuando desde los años sesenta como foro de integración
política y entrenamiento cívico. La organización asamblearia prosperó
inicialmente en el ámbito laboral a instancias de las primeras comisiones
obreras y fue en ese contexto en el que se constituyeron las primeras
formas de concienciación socio-laboral, donde arrancaron las primeras
iniciativas de movilización y de donde brotó una primera estructura de
referencia para el movimiento obrero clandestino.
Desde
entonces, la asamblea maduró como espacio deliberativo y decisorio en multitud
de contextos, desde el sindical al feminista, desde el vecinal al universitario
o al de los colegios profesionales, dando cauce con presumible espontaneidad y
horizontalidad democrática a la protesta social. Fue así como en esta primera
etapa de la transición, la asamblea fue mitificada como prototípica expresión
de la voz pública, “espacio abierto al ejercicio de una auténtica democracia
participativa” (SARTORIUS,1976a:17), metáfora de la libertad absoluta, “plebiscito
diario” (SARTORIUS,1976b:12), ámbito de expresión sin cortapisas ni
condicionamientos procedimentales. Defendida como instancia legitimadora, a la
asamblea le era remitido todo argumento necesitado de refrendo y ejecución,
pues lo que en ella se aprobase, de la voluntad de todos emanaba y a todos
comprometía. En la asamblea se forjaron adhesiones y fraguaron liderazgos con
la aparente espontaneidad de la participación no formalizada y sus
procedimientos quedaron consagrados en la memoria colectiva de los ciudadanos
movilizados como parte esencial de su propia existencia como grupo.
En su
reflexión acerca del conocido concepto de espacio público propuesto por
Habermas hace cuatro décadas, Nancy Fraser considera la necesidad de replantear
la tan reconocida “esfera pública burguesa”, a su juicio escasamente útil en el
análisis de los modernos procesos de comunicación, y sustituirla por la
consideración de múltiples y diversas esferas públicas, tantas como los
múltiples y diversos públicos acogidos en ellas (FRASER, 1992:132-136). Con el
propósito de clarificar la determinación de tipos, propone Fraser distinguir,
al menos, entre públicos “fuertes”, constituidos en espacios de deliberación
institucionalizados, capaces no sólo de generar opinión sino también de asumir
decisiones concernientes a la comunidad, frente a los públicos “débiles”,
minoritarios en términos estrictamente numéricos y recluidos en espacios informales
de deliberación. La propuesta de Nancy Fraser resulta especialmente sugerente
en el dinamismo que aporta al análisis socio-histórico, pues a partir de esa
sencilla delimitación de públicos, es posible plantearse cómo en un contexto de
cambio político y, por tanto, de ausencia efectiva de espacios
institucionalizados de deliberación, los públicos llamados “débiles” pudieron
llegar a influir en la opinión mayoritaria forzando asimismo el curso de las
decisiones adoptadas en las esferas de poder.
En este
sentido, los espacios diversos en que se articuló la oposición democrática, por
actuar como ámbitos de formación y movilización cívica orientados al logro del
cambio político, fomentaron en su seno la libre expresión de sus miembros como
un uso político de carácter participativo que favorecería la eclosión de una
nueva ciudadanía, más consciente y participativa, vanguardia y sustrato del
futuro sistema democrático. Por ello, al ir ligadas las demandas de la
oposición a un proyecto de reconstrucción de áreas culturales, sociales y
políticas específicas, su condición de grupo subordinado era inseparable del
objetivo último de llegar a construir un nuevo orden político y de alcanzar, en
definitiva, para sus postulados democráticos esenciales, una posición hegemónica,
enraizada en la negatividad de la oposición antifranquista y consolidada
a partir de la viabilidad y positividad de su propio proyecto
democrático (LACLAU; MOUFFE, 1987: 212-213).
También
desde los medios de comunicación, especialmente los impresos, se incentivó el
compromiso democrático de un segmento significativo de la ciudadanía con nuevos
postulados políticos. La heterogeneidad de funciones, postulados culturales y
modelos discursivos fue tanta como la propia diversidad ideológica de lo que se
daba en llamar “oposición democrática”. Semanarios de larga trayectoria
opositora bajo la dictadura -Triunfo, Cuadernos para el Diálogo, Cambio-16,
Destino, Serra d’Or...-, diarios de nueva factura -El País,
Diario-16, Avui, Deia...-, comics de marcada orientación
política -El Jueves, El Papus, Barrabás, Butifarra!...-
(GOMEZ MOMPART, 1979: 509-517), boletines de asociaciones, prensa de barrio
-alternativa y autogestionaria- (LOPEZ, 1994) vinculada a las entonces tan
combativas asociaciones de vecinos, emisoras de radio “libres” o la misma
prensa de partido componían un variopinto panorama comunicativo que, en la
mayoría de los casos resultó favorable a una cierta movilización cognitiva
de sus lectores (INGLEHART,1991:406), apreciada en el impulso a sentirse
concernidos por formas de movilización social o política convencionales, más
allá del mero interés informativo por ellas.
Asimismo,
la expresión libremente difundida a través de estos medios incentivó la cultura
democrática -de uno u otro modo y con diferente grado de intensidad- de un
sector creciente de la sociedad española, cada vez más convencida de la
inevitabilidad de un cambio democrático, de la innegociabilidad en el
reconocimiento de derechos y libertades cívicas tanto como de una necesaria redefinición
europeísta en las relaciones exteriores de nuestro país, si bien escasamente
proclive a aventurarse en alguna forma de compromiso político o a asumir los
riesgos que pudiera comportar una salida “radical” de la dictadura. Por ello,
no fue sino en un reducido sector de la ciudadanía donde se mantuvo vivo el
proyecto de ruptura democrática pese a que desde marzo de 1976 cuando, una vez
fusionadas la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia
Democrática en Coordinación Democrática -la popularmente conocida
como Plata-Junta- comenzó a
advertirse en el nuevo organismo unitario una pérdida de influencia de las
posiciones anteriores en beneficio de otras más posibilistas.
En
consecuencia, la vaga idea de revolución democrática contenida en la ruptura
siguió utilizándose como recurso dialéctico por la mayor parte de los partidos
políticos y organizaciones sociales, pese a que las posibilidades de llevarla a
efecto se alejaban irreversiblemente del horizonte político. Con todo, se
mantuvo al menos hasta diciembre de 1976 la necesidad de continuar acometiendo
una intensa presión política, social y mediática inspirada, desde la llegada de
Adolfo Suárez a la presidencia del Gobierno en julio de 1976, más que en el
viejo aliciente de precipitar la caída del orden institucional impuesto por la
dictadura, en el empeño de perseverar en una tenaz e intensiva demostración de
fuerza que colocase a las formaciones democráticas de la oposición en una
ventajosa situación negociadora frente al Gobierno. En este sentido, la
multiplicación de los espacios político-comunicativos siguió siendo
estratégicamente necesaria durante todo 1976 a sabiendas de que sólo la
extensión de la lucha democrática en el ámbito de la sociedad civil ofrecería a
las fuerzas democráticas el respaldo suficiente para impulsar una plena
transformación política.
2.- La libertad de
expresión y la conquista de la dignidad cívica.
A esta
multiplicación de espacios cívicos, políticos y también mediáticos donde
prosperaba la libertad de expresión asistía, no sin asombro, una mayoría social
desmovilizada y temerosa que, no obstante, también se vio afectada por la
mutación profunda que en el orden simbólico generó el uso público de la
palabra. En efecto, nadie pudo sustraerse a la sorpresa de comprobar cómo se
rompía de facto la “ley del silencio” impuesta por la dictadura. El
silencio había actuado durante las últimas cuatro décadas como una eficacísima
forma de violencia y dominación social. El silencio sobre el pasado, el
silencio sobre las lacras del orden autoritario, el silencio sobre la oposición
democrática comenzaron a debilitarse desde el convencimiento de que rompiendo
con el silencio, la ciudadanía recuperaba para sí la esencia más profunda de su
dignidad cívica, la misma que en la democrática Atenas se consideraba
intrínsecamente asociada a la parrhesía, al todo decir, y la
misma que Eurípides ilustraba en Las Fenicias cuando a la inquietud de
Yocasta: “¿Qué es estar privado de patria? ¿Cómo es? ¿Qué se hace
insoportable a los desterrados?”, respondía Polinices: “Algo de
importancia suma, no tener libertad de hablar” para, finalmente, ser
Yocasta la que sentenciara: “Propio del siervo es no decir lo que piensa”.
Efectivamente
así se quiso ver en ciertos ámbitos en nuestro país donde la recuperación del
uso público la palabra fue subrayada con la intensidad de una liberación,
incluso, podríamos añadir, con la emoción de recuperar un espacio de libertad,
la patria a la que se refería Yocasta. En julio de 1976 Juan Goytisolo
calificaba la situación vivida durante el franquismo como de una auténtica “ocupación
(...) no de la tierra, sino de los espíritus mediante la expropiación y
secuestro por unos pocos del poder y el ejercicio de la palabra (...) Monopolio
del habla y escritura en manos de seudo-políticos, seudo-sindicalistas,
seudo-intelectuales, seudo-escritores que dentro o fuera del búnker tiemblan
hoy de pánico y sacrosanta indignación al observar que sus presuntas verdades
intangibles son objeto de discusión, que sus privilegios arbitrarios son
puestos en tela de juicio (...) que quienes habían vivido en el exilio o
amordazados comienzan a elevar su voz” (GOYTISOLO, 1976:26).
En esa
misma marea, también muchos periodistas advirtieron que su papel en esos
momentos no podía ser otro que el de involucrarse y dinamizar el proceso de
cambio abierto, sencillamente, mediante el ejercicio de su profesión. La
solidaridad expresada por algunos medios y las movilizaciones profesionales en
defensa del libre ejercicio del periodismo -desde que en el mes de marzo
tuviera lugar la primera de ellas en Barcelona respaldada por profesores y
artistas- (VAZQUEZ MONTALBÁN, 1976:13) contribuyeron, sin duda, a fortalecer un
compromiso que se asumía de manera colectiva y que, sin embargo comportaba muy
serios riesgos individuales, desde verse envueltos en una maraña judicial a
resultar afectados por la violencia selectiva de los grupos más exaltados de la
extrema derecha.
Con
frecuencia, los periodistas eran sancionados por asistir a un acto o
manifestación no autorizada, llamados a comparecer ante el juez por hacer
mención a cuestiones improcedentes, como el caso de Isabel Clara Simó,
directora de Canigó, que informó en su revista de las
actividades de la Assemblea de Catalunya o encausados, como tantos
otros, por escándalo público. La inflación normativa, el desmembramiento y
dispersión legal, la limitación de derechos o el vacío legal en lo concerniente
a las modernas formas de comunicación (DESANTES, 1979:59-80) acrecentó no poco
la indefensión de unos periodistas, víctimas de un sistema jurídico
anquilosado, de unas arraigadas rutinas autoritarias y, en general, de la
propia filiación ideológica de la judicatura. Uno de los casos más graves fue
el sufrido por el periodista de Nuevo Diario, Vázquez de Prada, quien,
tras un encuentro con algunos miembros de la clandestina Unión Militar
Democrática y publicar al respecto un reportaje, se negó a hacer pública
ante un juez la identidad de los convocantes, amparándose en el no reconocido
todavía secreto profesional. A resultas de su obstinación fue procesado por un
tribunal militar, con la consiguiente oleada de indignación en gran número de
publicaciones.
Tampoco
eran ajenas al arriesgado oficio de periodista las amenazas, extorsiones y
otras formas de violencia ejercidas con impunidad por lo que eufemísticamente
las instancias policiales designaban como “grupos incontrolados” sobre los
profesionales más incómodos. En marzo de 1976 el director de Doblón
José Antonio Martínez Soler sufrió a manos de unos desconocidos secuestro y
severos maltratos, tan sólo unos días después de que el semanario publicase un
reportaje sobre la tortura en las comisarías españolas. El 20 de noviembre de
1977 hizo explosión un paquete bomba en la sede del semanario satírico El
Papus, con el resultado de una persona muerta. Aún en 1978, poco antes de
la aprobación del texto constitucional, se recibió en El País un paquete
bomba que provocó la muerte de un conserje y heridas graves a otras dos
personas. Al día siguiente, el diario publicó un editorial bajo el título “No
tenemos miedo”. Pasados los años y recordando éste y otros episodios,
Bonifacio de la Cuadra puntualizaba con amargura: “yo creo que sí lo
teníamos, pero nos lo aguantábamos” (CUADRA, 1999:57).
A falta de
un sistema de representación efectivo, desde comienzos de 1976 emergieron con
energía múltiples instancias representativas, más o menos formalizadas
unas, informales las más de las veces, dentro de las que podría localizarse la
periodística. Muchos fueron los profesionales que se aventuraron a hacer de su
trabajo una misión política, asumiendo la necesidad de elevar la
información relevante a la consideración de “bien público” (GOMEZ MOMPART,
2004:82) y destacándose en una
insistente defensa de la causa cívica, ya abriendo su agenda a temas
perturbadores del orden, ya exhibiendo la irracionalidad y, en
ocasiones, brutalidad de que a menudo hacía ostentación la fuerza pública
contra los ciudadanos movilizados. En consecuencia, la actividad periodística
ejercida de este modo y comprometida con los valores democráticos participó muy
activamente en la difusión de una cultura cívica que irrumpía en el espacio
público con el propósito de reemplazar para siempre los viejos clichés
autoritarios.
Cierto es
que, mucho antes de que se hiciera efectivo un pleno reconocimiento
jurídico-político de los derechos y libertades individuales, la ciudadanía
democrática se había afianzado como una peculiar seña de identidad social entre
los colectivos más militantes de la oposición democrática a partir de sus
propias experiencias, de sus prácticas discursivas y de sus referencias
culturales, tanto como de sus diferenciadas actitudes públicas y privadas. No
será hasta comienzos de 1976 cuando el ser de la ciudadanía,
exteriorizado en el hacer cívico, se extienda socialmente en formas
diversas de actuación y demanda pública cada vez más generalizadas, extendiendo
la conciencia social de que un cambio político era posible desde la defensa y
exhibición de nuevas actitudes sociales -contestatarias e inconformistas-
nuevas formas de comportamiento y referentes culturales propios. Al mismo
tiempo, la dimensión intersubjetiva de la ciudadanía, el sentir cívico
(MOUFFE, 1992:237) muy lentamente comenzaba a tomar forma como una vaga
conciencia democrática extensiva a un espectro social cada vez más amplio y
potenciada desde la representación discursiva que de las actuaciones sociales y
demandas políticas efectuaban ciertos medios de comunicación.
Así pues,
la libre expresión públicamente cultivada, tanto en el espacio urbano como en
el mediático, llevaba consigo el ejercicio práctico de otros derechos -de
reunión, de asociación, etc.- como también la demanda de un ineludible y global
cambio democrático. Al fin y al cabo, como demuestran la doctrina y también la
propia experiencia democrática, todas las libertades son solidarias, unas
arrastran a las otras y la defensa de una, indefectiblemente comporta la
defensa de las demás. “¿Cómo puede sobrevivir la libertad sindical si no
está acompañada de la libertad política? -se preguntaba Norberto Bobbio-
¿El sindicato libre sin el partido libre? ¿Y el partido libre en un sistema no
pluralista? (...) ¿Y cómo puede desarrollarse un sistema político
pluralista sin elecciones libres, y elecciones libres sin prensa libre?”
(BOBBIO,1988:79). Tampoco se concebía entonces el disfrute de ninguna forma de libertad
de manera aislada, sino en un ámbito de relaciones sociales de igualdad
donde cada individuo pudiera ser reconocido por los demás como ciudadano,
como un igual en derechos y libertades. Y era la sociedad y sólo ella,
en tanto instancia soberana, la que habría de determinar si el dominio real de
ese ámbito en el que, al menos como desiderátum, quedaba excluida toda forma de
dominación, se limitaba estrictamente al espacio político o se hacía extensivo,
como últimamente postula la doctrina de la democracia radical (LACLAU; MOUFFE,
1987:202-208) también a otros ámbitos de la sociedad civil e, incluso, del
espacio privado -la familia, la pareja-, donde se habían hecho resistentes formas
menos visibles pero no menos destructivas de dominación.
La
conquista de la libertad, se repetía, había de ser alcanzada mediante la
liquidación práctica de los agentes de control autoritario que pesaban sobre
ella y que no constituían, precisamente, una simple merma en el ejercicio de la
libertad y los derechos sino un poderoso aparato de represión de los mismos
(BEAUMONT, 1976:15). Por ello, la libertad se proclamaba como antónimo de la
dominación y por ello también, la demanda efectiva de libertad que entonces se
expresaba no remitía tanto al pensamiento liberal-ilustrado, que la entendía
como una natural condición del individuo, sino a la tradición
republicana clásica, que concebía la libertad, sobre todo, como un ideal
social. Desde esta perspectiva, la naturaleza de la libertad es,
invariablemente, cívica (PETTIT, 1999:95) porque supone un vínculo social, es
producto de una conquista colectiva y comporta un disfrute en relación siempre
a otros iguales dentro de un mismo contexto. Pero lo es, también, por su
sentido espacial, pues su reconocimiento jurídico-político delimita el ámbito
físico -que en la antigua Roma era la ciudad- donde los individuos actúan y son
reconocidos como ciudadanos.
Tal como nos
demuestra la experiencia histórica en nuestro país, a partir de 1976 se apeló a
la libertad de expresión como una forma de libertad primaria desde la que
reconstruir ese espacio de encuentro cívico. Fue la espontaneidad con que se
produjo esta rehabilitación del espacio público, la que diversificó hasta el
extremo las formas en que se produjo, sin menoscabo de su indiscutible
potencial político, porque política era la propia iniciativa ciudadana de
ejercer derechos no reconocidos secundando una concentración, un manifiesto, un
recital, una conferencia o una marcha de protesta, como política lo era también
la tarea emprendida por tantas y tantas publicaciones de convertir en objeto de
comentario y debate, aspectos de la vida pública hasta entonces silenciados o
de tratar cuestiones nunca antes reconocidas como problema. Además, la
incorporación en la agenda mediática de los líderes y fuerzas de oposición
democrática aún no legalizadas, de sus siglas y su actividad implicó, de facto,
además del reconocimiento tácito de su presencia pública y legítima potestad a
ocupar un espacio en la esfera pública, la demostración de que existía una
amplia voluntad de restituirles la dignidad política mancillada por la
dictadura, y el deseo de alimentar en torno a ellas expectativas de cambio
político a corto plazo.
Por todo ello,
en este brevísimo e intenso lapso de tiempo muchos colectivos y formaciones de
signo diverso como también muchos medios de comunicación participaron de una
incierta aventura política, en lo que ésta pudo tener de conquista y
apropiación de cada vez más amplios espacios de libertad en el marco de un
efímero escenario comunicativo donde se clarificaron posiciones políticas, se
afirmaron protagonismos, se conquistaron derechos, se elevó a la oposición
democrática a la condición de sujeto político determinante y a la sociedad
española al público reconocimiento de ciudadanía democrática.
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[1] La lealtad de Arias Navarro al anterior Jefe del Estado le impide cumplir con la obligada cortesía de poner su cargo a disposición del rey, de modo que éste, sin contar con la renuncia previa de Arias, decide confirmarle el 5 de diciembre.
[2] Este gesto no pasó a nadie desapercibido y se sabe que Torcuato Fernández Miranda tras escuchar el discurso de Arias anotaba “13 nov, 5 dic, 12 dic. Tres errores”, en referencia a la amenaza de dimisión que Arias le dirigió al entonces Príncipe días antes de la muerte de Franco, la negativa a presentarle su renuncia formal como presidente del gobierno una vez Juan Carlos I fue proclamado Rey y, finalmente, el rechazo consciente a hacer mención alguna de éste en su discurso de toma de posesión.
[3] En referencia a las obras ya clásicas de O’DONNELL, G:, SCHMITTER, Ph. y WHITEHEAD, L.: (comps.): Transiciones desde un gobierno autoritario, 4 vols. Paidós, Buenos Aires, 1989-1994 y de LINZ, J. J., y STEPAN, A.: Problems of democratic transition. Southern Europe, South America and Post-Comunist Europe, The John Hopkins University Press, Baltimore, 1996.
[4] Se trata de una teoría desarrollada en Estados Unidos a partir de la obra de Ch. Tilly, N. Zald o W. Gamson, que afianza la tesis de que en una movilización colectiva apenas si intervienen más variables que la búsqueda de beneficios, la racionalidad instrumental, las redes organizativas, las estrategias, los recursos disponibles o las oportunidades políticas favorables a la acción.
[5] Se trataba éste de un recurso relativamente frecuente en el País Vasco donde los obreros vinculados a CC.OO. a menudo eran convocados en los montes cercanos a su localidad para celebrar sus asambleas sin temor a la irrupción en ellas de las fuerzas policiales.
[6] Una crónica publicada en el
semanario Triunfo da cuenta con vívida emoción de cómo se producía con
naturalidad la confluencia de clubs juveniles, asociaciones de jubilados, peñas
deportivas, círculos teatrales, centros excursionistas o comités de festejos en
un movimiento ciudadano que con espontaneidad alimentaba espesas redes de
relación social favorables a la libre expresión de formas diversas de
reivindicación y solidaridad ciudadana. A este respecto, se describe en Triunfo
una idílica muestra de convivencia cívica en la concentración multitudinaria
celebrada en un parque de Aranjuez (Madrid) con el propósito de consensuar el
documento elaborado por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos
y en el que se recogían los comunes problemas de educación, carestía de vida,
vivienda, etc. “Allí -continúa
el articulista- “se comió, se jugó, se paseó y familias enteras con sus
hijos pequeños aplaudieron las declaraciones del Movimiento Democrático de la
Mujer, de los clubs juveniles, de las asociaciones de pequeños comerciantes, de
algunos miembros de CC.OO. y de un delegado de Coordinación Democrática”.
Cfr. “Aranjuez. Los vecinos maltratados”, Triunfo, n. 695, 22 de mayo de
1976, p. 10.
[7] Llegaron a ser tan frecuentes las cenas en conocidos restaurantes donde a menudo departían fraternalmente políticos de la oposición y periodistas que en el semanario aragonés Andalán en un acto de reivindicación del carácter político de las huelgas se llegó a declarar que “en un país donde hasta las cenas son políticas, pretender que no sean políticas las huelgas es, cuando menos, una ingenuidad”. Cfr. “Huelgas políticas”, Andalán, 17 de enero de 1976.