EL PORTAVOZ
DEL GOBIERNO EN ESPAÑA DURANTE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA
Maria Victoria Campos Zabala
Profesora de Opinión Pública en la
FUSP-CEU
El
progresivo aumento de las administraciones comunicativas en las democracias
occidentales desde principios de siglo es un hecho incuestionable. El modelo
informativo liberal gestado en el siglo XIX se consolida en el XX. “Dentro de
los márgenes diseñados por el modelo informativo liberal, se desarrollará un
organigrama, común (...) en sus líneas generales, a todos los países de
Occidente. Tal organización se caracteriza por un sistema piramidal, una fuerte
y creciente presencia del Estado, una clara tendencia hacia la univocidad
informativa, y una tendencia centrífuga a la diversidad de medio y
sectorialización del mercado[1]”,
Las
Administraciones comunicativas gestadas a raíz de la Primera Guerra Mundial
estuvieron dirigidas claramente hacia la propaganda. Finalizada la crisis, la
Opinión Pública de los países implicados presionó para que se desmantelaran los
organismos oficiales de propaganda. A finales de los años 30, los países
democráticos abandonan las excusas esgrimidas frente a la opinión pública sobre
la propaganda y amparándose en necesidades contrapropagandísticas crean sus
respectivos Ministerios de Información y Propaganda. Organismos que, en la
mayoría de los casos, sobreviven al segundo conflicto mundial, como ocurrió en
España con el Ministerio de Información y Turismo.
El
proceso de democratización implicaba la recuperación y revitalización del papel
de la información, el dejar atrás estructuras censoras y propagandísticas de
situaciones políticas autoritarias imbuídas de secretismos y manipulaciones.
Dentro
de los regímenes democráticos la nueva Administración Comunicativa debe hacer
frente al reto de la transparencia informativa. Las nuevas administraciones
comunicativas comienzan a construirse bajo este supuesto, rompiendo para ello
con cualquier vestigio del pasado.
En
este proceso el fortalecimiento de la presidencia del ejecutivo jugo un papel
coadyuvante de la recuperación y consolidación de la Administración
Comunicativa dirigida hacia la información. En la mayoría de los países
democráticos con fuerte presidencialismo nos encontramos con una organización
gubernamental dela información emanada del Ejecutivo. El fortalecimiento del
Ejecutivo trajo consigo la progresiva acumulación de una serie de competencias
destinadas a facilitar las labores del Gobierno. De ellas, merece nuestra
especial atención la de la comunicación política con la opinión pública.
Inscrita en un sistema democrático, la concepción de la actual administración
comunicativa viene justificada por dos vías inextricablemente unidas, la
primera de ellas obedece a la necesidad y obligación que el Gobierno tiene de
explicar a la opinión pública su hacer político. Decimos necesidad, porque
entendemos que saber comunicar las políticas de un Gobierno es, con toda
probabilidad, de todas las acciones una de las de mayor importancia. Decimos
obligación, porque amparados en la libertad de prensa, la opinión pública
–expresada a la sazón por los periodistas- puede y debe requerir información de
un órgano, de cuyo puesto en el poder en definitiva es responsable.
En
España, en el proceso de acumulación de competencias que viene produciéndose
desde principios de siglo en la Presidencia del Gobierno, ocupa un destacado
lugar la información política. Desde la creación del Negociado de Prensa de
Primo de Rivera, el Gobierno no va a abandonar la parcela de poder que le
proporciona la comunicación con la opinión pública a través de los
representantes de los medios de comunicación. Tanto es así que, en la
actualidad de las áreas consideradas claves, el presidente retiene sólo el
control del Gobierno y la información, es decir, los aspectos estrictamente
políticos[2].
Tras
el Ministerio de Información y Turismo, el siguientes eslabón en la cadena de
la Administración Comunicativa española, lo constituye la Oficina de Servicios
Informativos, creada en octubre de 1977 dentro de la Presidencia del Gobierno[3].
A su frente hubo un Director y dos directores adjuntos, uno para los Servicios
de Difusión Informativa y otro para los Servicios de Cooperación Informativa.
La citada Oficina, se hizo cargo de la expedición de credenciales a periodistas
nacionales y extranjeros; de la realización de la información para los
organismos oficiales; de la cobertura informativa de los viajes de las
personalidades a España y viceversa; de atender la información oficial relativa
a la Administración y de la elaboración de la referencia del Consejo de
Ministros.
El
periodista Fernando Onega, estuvo realizando resúmenes de prensa para el
presidente del Gobierno. El trabajo consistía en trasladar al jefe del gobierno
en unos cuantos folios lo que a juicio del equipo de prensa pudiera resultar de
interés al Presidente de todo cuanto habían destacado los diarios[4].
A pesar de que esta oficina desapareció sin apenas entrar en funcionamiento es
de obligada referencia.
Meses
antes de la aparición de la Oficina de Servicios Informativos, el primer
Gobierno de Adolfo Suárez crea la figura del Secretario de Estado, intermedia
entre el Ministro y el Subsecretario que actúa como verdadero Viceministro. El
Secretario de Estado ejerce respecto a su Departamento, la iniciativa,
dirección, inspección de todos los servicios del Departamento y la alta
inspección de todos los servicios del Departamento. El Secretario de Estado
también puede disponer de los gastos propios de los servicios de su
Departamento no reservados a la competencia del Consejo de Ministros, dentro
del importe de los créditos autorizados, e interesar del Ministerio de hacienda
la ordenación de los gastos correspondientes.
Uno de estos nuevos Secretarios, dependiente de la Presidencia del Gobierno, es el secretario de Estado para la Información y actúa como Portavoz del Gobierno. Su misión será la de “coordinar las relaciones del Gobierno con los medios de comunicación y de armonizar las actividades de los servicio de información, prensa y relaciones públicas de la Administración Central, tanto en el interior como en el exterior”[5].
Iniciada
la etapa democrática, Gobierno y medios de comunicación coinciden en la
necesidad de cubrir el hueco informativo existente entre ambos “...en
Presidencia se ha informado que todos están convencidos de hacer frente, de una
vez por todas, al vacío existente hasta ahora. La falta de una persona con
amplios poderes para informar sobre la actividad de Presidencia del gobierno es
algo en lo que todos están de acuerdo”[6].
La
prensa del momento acusaba la falta de información gubernamental ”salvo en
contadas excepciones los Ministerios no ofrecen fuentes en que contrastar las
informaciones obtenidas por otros medios o de los que solicitar determinados
datos. Falta, por lo demás, un Portavoz de la Presidencia del Gobierno a quien
acudir para evitar infructuosos vía crucis de secretarias de las que al final
poco o nada se obtiene”[7].
El
mismo preámbulo del Real Decreto de creación de la Secretaría de Estado para la
Información, recoge las razones que lleva al Gobierno a la constitución del
citado organismo: “la importancia objetiva de los medios de información en una
sociedad pluralista y, consecuentemente, la necesidad de canalizar las
relaciones del Gobierno con esos medios de Comunicación social, así como la
conciencia que el Gobierno tiene de facilitar el acceso a las fuentes de
información sobre su propia actividad, son razones que aconsejan la creación de
un órgano capacitado para desarrollar estas funciones. Por ello ha parecido
conveniente crear una secretaria de Estado para la información cuyo titular
tiene fundamentalmente el carácter de Portavoz gubernamental”[8].
Con
la aparición de esta Secretaría se inaugura una nueva etapa en la Historia de
la administración Comunicativa Española, caracterizada fundamentalmente por el
firme propósito de proporcionar transparencia en la comunicación gubernamental.
La
Secretaria de Estado para la información en general fue bien recibida por la
prensa, auque en ocasiones despertó opiniones contradictorias y en ocasiones
confusas. “La creación de una Secretaria e Estado para la Información revela,
de principio, una nueva sensibilidad oficial por la actividad comunicativa y,
en cierto modo, supone una nueva matización del criterio que indujo , en la
última reforma administrativa, a sustituir al Ministerio de Información y
Turismo por el Ministerio de Cultura. Poco tiempo ha tardado el poder en crear
otra vez un organismo dedicado a seguir de cerca el un mundo de la información,
que puede ser tanto un instrumento defensor de la libertad como un arma para
ejercer el paternalismo más salvaje, incluido el que tiene que beneficiar sólo
a quién lo ejerce, como enseñaron en el pasado tantos políticos de despacho y
teléfonos”[9].
El
primer secretario de Estado para la información fue Manuel Ortíz Sánchez[10].
Había desempeñado cargos de Subdirector General de Prensa, Gobernador Civil de
Huelva, Consejero Nacional y Procurador
en Cortes. En julio de 1976 fue nombrado Subsecretario de Despacho del
Presidente del Gobierno Adolfo Suárez, del que era amigo personal. Llega a la
Secretaria con 44 años y es Doctor en Derecho.
El
panorama informativo que se le presentaba al primer Secretario de Estado para
la Información no era muy halagüeño. La cuestión primordial del momento era
solucionar la dependencia estatal de la prensa que hasta hace poco pertenecía
al Movimiento. Al margen de este tema, de preocupación diaria en la prensa, a
Manuel Ortiz le “queda por delante también una atractiva e inexcusable tarea
que cumplir: la de facilitar la existencia de una completa información oficial”[11].
El
trabajo se agolpaba en la agenda del nuevo Secretario de Estado que se
presentaba con los siguientes puntos: acabar con la prensa del movimiento,
facilitar la información oficial, hasta el momento corta y con frecuencia
oscura y promover la derogación de la nueva Ley de Prensa.
Tras
su nombramiento como Secretario de Estado para la Información, Ortiz no tardó
en recibir a la Prensa y hablar de los criterios que enmarcarían su actuación
como Portavoz del Gobierno. “Mi cometido consistirá en acercar aquellas
informaciones que el Gobierno estime oportuno transmitir a los medios de
comunicación. Eso requiere montar un servicio permanente de asistencia e
información y ponerlo en marcha”. Preguntándole acerca de la trasparencia
informativa respondió de forma taxativa “...el Gobierno tiene derecho a
reservarse determinadas informaciones. Hay momentos en que no puede haber
voluntad de transparencia.../...lo que ocurre, claro, es que no puede suceder
sino en situaciones excepcionales y plenamente justificadas. Volviendo a mi
misión como Portavoz, quiero insistir en que lo que yo transmitiré serán
fundamentalmente datos, no opiniones/...la opinión del Gobierno pasará a ser
automáticamente un dato, algo objetivado”[12].
De
las competencias desarrolladas por la Secretaria de Estado para la Información,
se hizo hincapié en las siguientes: elaboración de boletines y documentos y la
realización de ruedas de prensa periódicas, no necesariamente al término del
Consejo de Ministros. Sobre esto último, Ortiz, cuando asistió por primera vez
al Consejo de Ministros y, posteriormente ante los medios de comunicación, como
Portavoz, apuntó que no asistiría habitualmente al consejo. En función del tema
a tratar asistirá cuando convenga, el Secretario de Estado correspondiente[13].
Tras
estas declaraciones, Manuel Ortiz y sus dos colaboradores, Joseph Meliá Durán
–su sucesor en el cargo- y castillo Messeguer, se reunieron con todos los jefes
de Prensa de los diferentes Ministerios, en una primera toma de contacto para
coordinar las actividades informativas oficiales y darles a conocer los planes
que en este sentido tenía la Secretaría.
El
nuevo Departamento organizará la cobertura informativa completa de los viajes
del Presidente del Gobierno y del rey.
Los
Gabinetes tendrán la máxima autonomía informativa en sus respectivos
Departamentos, aunque cuando la Secretaría disponga del aparato tecnológico
necesario, el banco de datos, y la red de ordenadores, al información
proveniente de provincias y del exterior, se canalizará a través de la
Secretaría de Estado para la información por una cuestión de eficacia”[14].
En
cuanto a la estructura de la Secretaría de estado para la información y su
funcionamiento, al inexperiencia en el tema llevó al Gobierno a estudiar
modelos de otras administraciones.
Para Ortiz el mejor de
todos, sin duda, era el alemán: la Oficina de Información del Gobierno Federal
o Bundespresseant, porque medía su eficacia en función del número de
informaciones suministradas. Esta preferencia por el modelo alemán se tradujo
en una viaje a Bonn para conocer detalladamente el aparato administrativo de
información oficial de la República Federal alemana.
El Bundespresseant es el
puente de unión informativa entre el Gobierno y la opinión pública alemana.
Carece de competencias frente a los periodistas y medios informativos alemanes,
aunque sí les informa de las actividades del Gobierno.
El sistema informativo del
Gobierno federal alemán fue mostrado al presidente Adolfo Suárez en una
película que recogía el funcionamiento del Departamento. El Departamento alemán
contaba con un presupuesto de 12,6 millones de marcos (466 millones de
pesetas). El parlamento ejerce el control sobre este Departamento, vigilado
fundamentalmente, la edición de folletos sobre diversos aspectos de la vida
nacional alemana, al objeto de evitar enfoques partidistas. Cuenta con las más
modernas técnicas de comunicación, de manera que puede suministrar información
sobre una disposición legal o sobre un suceso en pocos minutos, puesto que
dispone de terminales de ordenador que procesan toda la documentación.
En líneas generales, se adoptó el
sistema de portavocía alemán, lo que explica el paralelismo entre ambos. En
ambos sistemas, es un Secretario de Estado, y no un Ministro, el encargado de
ejercer la función de Portavoz Gubernamental. En condición tal, también en
ambos casos, asiste regularmente al Consejo de Ministros. Los dos organismos
eran, en definitiva, los responsables de la política general de información de
sus respectivos gobiernos.
Las notables diferencias vinieron
marcadas en buena lógica por la experiencia del Departamento alemán. El
Departamento de Prensa e Información del Gobierno Federal Alemán estaba
perfectamente organizado y era de envergadura considerable. Contaba con unas
700 personas, casi el doble de la totalidad de funcionaros que trabajaban para
el Ministerio de Información y Turismo en 1962. Por su parte, en la Secretaría
de Estado para la Información, trabajaban entre 20 y 30 personas. Provenían en
una primera fase de la extinta Dirección General de Prensa, más tarde se
incorporaron periodistas de los Medios de Comunicación Social del Estado,
fundamentalmente de la Agencia Estatal PYRESA, había sido creada en 1945 por la
Delegación Nacional de Prensa y Propaganda de FET y de la JONS y contaba en
1970 con 61 trabajadores en nómina. Fue cerrada en junio de 1979.
La inexperiencia española junto al
momento político en que iniciaba su andadura la Secretaría, hizo que sus
comienzos fueran duros. Los Servicios Informativos, se encargaron de organizar
las Jefaturas de prensa de los Ministerios y comenzaron a realizar de forma
continua trabajos de información. Se preparaban boletines dos o tres veces al
día, según las circunstancias, uno para el Presiente y otro para la Zarzuela.
En ellos se hacía el seguimiento diario de la información nacional e
internacional más destacada.
Las relaciones que la Secretaria de
Estado para la Información, mantuvo con la prensa del momento han sido
definidas por los mismos protagonistas como “intensas y honradas”. Existía
verdadera preocupación, desde la Secretaría, por informar adecuadamente de la
política en unos tiempos tan convulsos como los de la transición democrática[15].
A pesar de las dificultades con que
contó la Secretaría de Estado para la Información en sus inicios, fue un
organismo que perduró básicamente en sus funciones y objetivos. Como ya
podremos comprobar, las únicas transformaciones que sufrió fueron cambios de
denominación y algunos cambios estructurales. Pero sustancialmente, lo que
podríamos denominar la filosofía de este órgano dedicado a la comunicación
gubernamental, no experimentó cambios de base.
Los Secretarios de Estado para la
información fueron, durante el Gobierno de Adolfo Suárez, Manuel Ortiz Sánchez [16](1978-1979),
Joseph Meliá Pericás[17]
(1979-1980), Rosa Conde Chaparro[18]
(Octubre 1980-febrero 1981) e Ignacio Aguirre Borrell[19]
con Calvo Sotelo en 1982.
Dichos secretarios actuaron de
“portavoces” de sus respectivos Gobiernos. En general, las relaciones que
mantuvieron los portavoces con sus respectivos presidentes fueron bastante
estrechas, formando parte de un pequeño círculo de personas de confianza que
rodeaban al Presidente. Leopoldo Calvo Sotelo en su Memoria viva de la
Transición nos narra su experiencia con su Portavoz, “Ignacio Aguirre
...reservaba para los periodistas su flexibilidad y par mí su sinceridad. La
relación con la prensa es el caballo de batalla de todo Gabinete Presidencial:
Ignacio Aguirre puso al servicio mío la sabiduría de su carrera diplomática, la
habilidad para hurtar el bulto aprendida sin duda en los tentaderos de
vaquillas, y aquel aire bondadosamente pesimista que se compadecía tan bien con
la dureza de los tiempos, y en el que se hundían sin éxito las afiladas preguntas
de las ruedas de prensa”[20].
Leopoldo Calvo Sotelo, acerca del origen
de las malas relaciones entre Gobierno y Prensa, dice: “casi siempre al final
de un Consejo de Ministros hay que
redactar notas o comunicados para la prensa, la radio o la televisión. La cosa
es ardua por tres razones: porque el Ministro responsable de la noticia no
quiere comprometerse por escrito y se resiste a hablar claro; y porque ( y esto
me parece más grave) son pocos los Ministros con buena pluma.../ los Ministros
no se quieren comprometer con un texto escrito y no suelen estar conformes con
ninguna versión clara que se proponga. Cualquier borrador pasa de mano en mano
y el texto se mecha de adverbios en mente, de incisos, de mala retórica vacía.
Los periodistas saben que las cosas pasan así y se enfrentan a los comunicados
oficiales con el afán indagador de un detective; ahí está uno de los orígenes
de la mala relación sistemática entre Ministros y periodistas”[21].
La situación cuando apareció en el
panorama informativo la figura del Portavoz del Gobierno, no mejoró
sustancialmente. De hecho, “desde que comenzó a asistir a los Consejos de
Ministros un Portavoz del Gobierno se le solía dejar la ingratísima tarea de
contar a los periodistas lo que los Ministros habían decidido que se les
contara ...Pero con portavoz y todo seguían haciendo falta comunicados escritos
y faltaban siempre Ministros que los supieran escribir bien”[22].
En cuanto a cómo se estructuró la
Secretaria de estado para la Información tenemos que decir que, dentro del gran
complejo organizativo que comprende la Presidencia del Gobierno, la citada
Secretaría va a disponer desde sus inicios de un aparato administrativo para el
desarrollo de sus funciones. Básicamente compuesto por un Gabinete Técnico y
una Secretaría General, con nivel orgánico de Dirección General y, cinco
subdirecciones Generales. Dependiendo de la Secretaría de Estado para la
Información, se crearon en todas las capitales de provincia y en las ciudades
de Ceuta y Melilla, Oficinas de Prensa y Comunicación social. De estas
oficinas, las de Madrid y Barcelona, son de categoría especial, con nivel
servicio. Cinco oficinas son de primera categoría con nivel orgánico de Sección
y, las restantes de segunda categoría con nivel orgánico de Negociado. Mientras
se organizaron las Oficinas de Información, fueron Delegaciones Provinciales
del Ministerio de Cultura, las que desempeñaron las funciones atribuidas a las
citadas oficinas[23]. Por Real
Decreto 565/79 de 16 de marzo, el Instituto Nacional de la Publicidad, organismo
autónomo de carácter administrativo, quedó adscrito a la Secretaría de Estado
para la Información, al igual que las Consejerías y Agregadurías de Información
en las representaciones diplomáticas de España[24].
La Dirección del Gabinete Técnico cambió la denominación por Dirección General
de Relaciones Informativas y el Director General de Relaciones Informativas
pasa a ejercer “la función de segundo Portavoz del Gobierno, en los supuestos
de delegación, ausencia, enfermedad y otros previstos en las normas vigentes”[25].
La estructura periférica
permaneció inalterable hasta su modificación en 1981, en la que dependiendo
funcionalmente de la Secretaría de Estado para la Información y bajo inmediata
autoridad del Gobernador Civil existirá una Secretaría Técnica para la
Información y Comunicación Social, en la que pasan a integrarse los órganos
anteriormente citados con las mismas funciones que venían ejerciendo hasta
entonces[26].
Los Secretarios Técnicos
para la Información y la Comunicación Social serán nombrados por resolución del
Secretario de Estado para la Información, previo informe del Gobernador Civil,
entre funcionarios de carrera de nivel superior de la Administración Civil del
Estado[27].
Se afectan, por último, a la Secretaría de Estado para la Información, una
dependencia de cada una de las Direcciones Provinciales del Ministerio de
Cultura en Madrid y Barcelona.
La Orden 3 de Diciembre de
1979 establece la estructura orgánica de la Secretaria de Estado para la
Información. De todos los departamentos que la integran, destacamos la
Secretaria General, encargada de la organización general del régimen interior
de los servicios y, la Dirección General de Relaciones Informativas, unidad
administrativa encargada de facilitar información sobre las actividades del
Gobierno y de la Administración Central. Esta última, ejerce de conexión
institucional entre las Oficinas de Prensa y Asesorías Informativas de los
distintos departamentos ministeriales, los gobiernos civiles y los organismos
autónomos.
La figura del Portavoz del Gobierno en
España nace en 1923 cuando el general Primo de rivera llega a la Presidencia
del Gobierno. Tras la muerte de Francisco Franco, la llegada al Gobierno de
Adolfo Suárez trae una serie de importantes cambios en las estructuras
políticas y administrativas del país. Las referidas al ámbito de la
comunicación requieren en este momento una atención especial por cuanto ello
implica. Entre los muchos y significativos cambios que se produjeron en éste
ámbito, el establecimiento desde el inicio de la Transición de una Oficina de
Servicios Informativos adscrita a la Presidencia del Gobierno, con funciones
similares a la de nuestro actual Portavoz, indica sin dudas un cambio de
mentalidad en las tradicionales políticas de nuestros gobernantes. Quedaban
atrás los secretismos y las opacidades informativas y se dibujaba una actitud firme hacia la
transparencia informativa. Este momento histórico marca las pautas para el
tímido inicio de la andadura hacia la libertad de expresión. En los orígenes de
ésta andadura debemos tener presente el importante papel que jugaron las recién
creadas estructuradas administrativas, destinadas a la transmisión de las
políticas gubernamentales a la sociedad española. Indiscutible también el rol
de los primeros portavoces de la transición, que supieron trabajar en un
contexto nada fácil para la información. De una parte los recelos de una prensa
acostumbrada a la opacidad informativa del gobierno; de otro como decía Joseph
Meliá “ganarse la confianza del público sin perder la del Gobierno”. La
transmisión eficaz y veraz de la política desarrollada por el Ejecutivo fue un
buen punto de partida en el inicio del camino hacia la libertad de expresión.
BAENA DEL ALCAZAR, Mariano (1992). Instituciones Administrativas.
Madrid: Ed. Marcial Pons. P. 68.
CAMPOS ZABALA, Mª Victoria (2000). El Portavoz del Gobierno: orígenes,
evolución, funciones y consolidación. El desarrollo de la Administración
Comunicativa en España. Madrid: Ed. Servicio de Publicaciones de la UCM.
CALVO SOTELO, Leopoldo (1990). Memoria viva de la Transición. P. 176
CAVERO, José (1990). Los Poderes Fácticos en la
Democracia. Madrid: Espasa Crónica.
TIMOTEO ALVAREZ, Jesús (1988). Historia y modelos de la Comunicación en
el siglo XX. Barcelona.pg.51
[1] TIMOTEO ALVAREZ, Jesús (1988). Historia y modelos de la Comunicación en el siglo XX. Barcelona.Pg.51
[2] BAENA DEL ALCAZAR, Mariano (1992). Instituciones Administrativas. Madrid: Ed. Marcial Pons. P. 68.
[3] Decreto de 28 de Octubre de 1977. Núm. 2761/77.
[4] CAVERO, José (1990). Los Poderes Fácticos en la Democracia. Madrid: Espasa Crónica.
[5] Decreto 2157/78 de 1 de Septiembre, art.3.
[6] Diario 16, 1 de septiembre de 1978, p.3.
[7] Diario 16, 5 de Septiembre de 1978, p.4.
[8] RD 2157/78 de 1 de Septiembre.
[9] Diario 16, 5 de Septiembre de 1978, p.4.
[10] R.D. 2178/ de 1 de Septiembre.
[11] Diario 16, 5 de Septiembre de 1978, p.4.
[12] ABC, 21 de Septiembre de 1978, p.7.
[13] Diario 16, 30 de Septiembre de 1978, p.3.
[14] Diario 16, 26 de Octubre de 1978.
[15] Testimonio en entrevista personal a D. Julián Barriga Bravo.
[16] Nombramiento R.D. 2178/78 de 1 de Septiembre y cese R.D. 1150/79, de 18 de Mayo.
[17] Nombramiento R.D. 1151/79, de 18 de mayo y cese R.D. 2210/80, de 17 de Octubre.
[18] Nombramiento R.D. 2281/80, de 24 de Octubre y cese R.D. 282/81, de 27 de febrero.
[19] Nobramiento R.D. 284/81, de 27 de febrero y cese R.D. 3376 de 7 de diciembre.
[20] CALVO SOTELO, Leopoldo (1990). Memoria viva de la Transición. P. 176
[21] CALVO SOTELO, Leopoldo . Op. Cit., pp.182 y 183.
[22] Idem, p.184.
[23] R.D. 3411/78, de 15 de Diciembre, disposición transitoria.
[24] R.D. 565/79 de 16 de Marzo, Art. 7.
[25] R.D. 565/79 de 16 de Marzo, Art. 6.4 y Art. 7.
[26] R.D. 1801/81 de 24 de Julio, Art. 4.3.
[27] R.D. 723/82 de 26 de Marzo de 1982, Art.2.