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04/2005
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Algunas consideraciones sobre la aplicación del artículo 182.1 de la LOPJ en el Orden Social de la Jurisdicción

Dra. Ana Mª Chocrón Giráldez

Profesora Asociada de Derecho Procesal

Universidad de Sevilla

 

 

Tras la entrada en vigor de la modificación operada en el artículo 182 LOPJ por la LO 19/2003, de 23 de diciembre, los sábados han pasado a ser días inhábiles a efectos procesales. Pues bien, esta reforma ha tenido una particular incidencia en el orden jurisdiccional social en la medida en que ha reabierto un antiguo debate sobre el cómputo del plazo para el ejercicio de determinadas acciones judiciales como pueden ser la de despido, que como es sabido está sujeta a un plazo de caducidad de 20 días (art. 103.1 LPL), o para el cómputo del plazo de la acción de Seguridad Social cuya demanda habrá de formularse en el plazo de 30 días (art. 71.5 LPL). En ese orden se vienen sucediendo los recursos de suplicación ante los TSJ al amparo del artículo 191 LPL en los que se denuncia la infracción en la sentencia de instancia del artículo 182.1 LOPJ en relación con los preceptos concordantes que establecen los plazos a que está sometido el ejercicio de la acción correspondiente. Esta circunstancia ha llevado, a la luz de la nueva regulación, a determinar si los sábados han de considerarse días hábiles o inhábiles a los específicos efectos del cómputo del plazo de caducidad de la acción y, en suma, a una revisión de la doctrina judicial sentada sobre este tema al que están respondiendo con una interpretación variada las distintas resoluciones dictadas en suplicación.

A este respecto debe tenerse en cuenta que el TS 14 de junio de 1988 (RA 5291) ha venido manteniendo en doctrina uniforme que el plazo de caducidad de la acción de despido "tiene entidad sustantiva y no procesal, pues sólo gozan de esta última condición aquellos que marcan los tiempos del proceso, que es donde se desarrolla la actuación judicial". La proyección de esta doctrina conduce a considerar que el plazo de caducidad no supone un lapso temporal en el que tenga lugar un acto procesal de los que ordenadamente se suceden dentro del proceso, de ahí que sea observado al margen o sin vinculación alguna con el proceso. De esta forma y siguiendo con esta interpretación, cuando la actual redacción del artículo 182.1 LOPJ se refiere a la inhabilidad a "efectos procesales" la consecuencia inmediata es desligar de esta declaración a todo plazo que no venga referido a una actividad desplegada en el propio proceso judicial. Y el plazo de caducidad de la acción de despido o de la acción de Seguridad Social opera fuera de éste en tanto viene referido al acto de presentación de la demanda respectiva.

Sin embargo una nueva orientación jurisprudencial se apunta en la STS 10 de noviembre de 2004 (RA 8010) al declarar en unificación de doctrina que el plazo de caducidad de la acción de despido aunque situado fuera del proceso judicial "tiene una conexión directa con el futuro proceso en cuanto que la válida iniciación del mismo depende del cumplimiento de dicho plazo y por ello queda situado dentro de la fase preparatoria de aquél". La consecuencia de lo razonado por el Alto Tribunal no puede ser otra que la de entender que aun cuando el plazo de caducidad de la acción opera al margen del proceso o, lo que es lo mismo, fuera de él, es cierto que resulta determinante para el inicio de las actuaciones procesales, para promover el proceso, por lo que ha de ser asimilado a los plazos procesales. Queda así superado el argumento utilizado hasta el momento por el propio TS en sus pronunciamientos anteriores para sostener que la inhabilidad de los sábados se limita exclusivamente al ámbito del proceso.

Una vez expuesta la evolución de la doctrina jurisprudencial sobre la inhabilidad de los sábados a los específicos efectos del cómputo del plazo de caducidad de determinadas acciones en el orden social de la jurisdicción (despido y en materia de Seguridad Social), pasamos a continuación a examinar la respuesta que en el último año han venido ofreciendo las distintas Salas de lo Social de los TSJ sobre este extremo. De entrada no puede desconocerse que son mayoritarios los pronunciamientos de suplicación que siguen la interpretación expuesta por el TS en la citada Sentencia de 2004 en orden a entender que desde la entrada en vigor de la nueva redacción de la LOPJ, los sábados han pasado a ser días inhábiles a todos los efectos. Con todo resulta de interés examinar los argumentos utilizados para sostener esta posición así como para sustentar lo contrario. En ese sentido, frente a la tradicional doctrina de entender el plazo de caducidad como de derecho sustantivo y no procesal (por todas STS de 28 de noviembre de 1997, RA 8920), se erige un nuevo planteamiento que considera irrelevante el hecho de que el plazo de caducidad de la acción sea calificado como sustantivo o como procesal ( SSTSJ de Cantabria de 3 de mayo y de 4 de julio de 2005) centrando por el contrario la atención en la forma en que debe efectuarse el cómputo del plazo y es ahí donde se reconoce que el reiterado plazo de caducidad puede ser contemplado como plazo procesal (SSTSJ Cataluña de 1 de octubre de 2004 y de 13 de abril de 2005). Abundando en este punto debe recordarse aquí que la tesis mantenida por el TS en la sentencia de 14 de junio de 1988 y expuesta anteriormente, no fue pacífica en cuanto contiene un voto particular formulado por varios magistrados poniendo en evidencia la falta de consenso sobre este tema. Y es que sin discutir el carácter sustantivo del plazo de caducidad de la acción de despido, reconocen seguidamente que se trata de un supuesto de "caducidad atípico" porque siendo de derecho sustantivo se computa como procesal en la medida en que tanto la LPL (art. 103.1) como el ET (art. 59.3) se refieren a días hábiles por lo que en su configuración legal se aparta de la regla general conforme a la cual a los plazos sustantivos se les aplica el artículo 5.2 del Código Civil y en consecuencia de su cómputo no se excluyen los días inhábiles, circunstancia que más recientemente ha sido recordada en unificación de doctrina por el TS en sentencia de 15 de marzo de 2005 (RA 3506).

Precisamente este razonamiento le sirve como argumento a la STSJ de Valencia de 15 de abril de 2005 para desestimar un recurso de suplicación interpuesto frente a la sentencia de instancia que declaró el despido improcedente, denunciando el recurrente la infracción de los artículos 103.1 LPL y 59.3 ET en relación con el artículo 182.1 LOPJ para poner de manifiesto que a su juicio la demanda de despido se habría interpuesto fuera de plazo dado que no procede aplicar, como hizo el juzgador de instancia, la inhabilidad a efectos procesales decretada en la nueva redacción del artículo 182.1 LOPJ a un "plazo preprocesal como el existente para impugnar el despido".

Del mismo modo el TSJ de Cantabria en sentencia de 4 de julio de 2005 revocó la sentencia de instancia que estimó la excepción de caducidad de la acción de Seguridad Social al entender que ha de ser la referencia del artículo 182.1 la que ha de tenerse en consideración para computar el plazo de treinta días hábiles para el ejercicio de esa concreta acción, por lo que al excluir los sábados resulta de la narración fáctica de la sentencia que habían transcurrido un total de 29 días razón por la cual concluye que la acción está viva, o lo que es lo mismo, que el demandante no ejercitó tardíamente su acción. Pero, además, introduce un matiz importante en apoyo de este criterio ya que al aludir al ejercicio de la acción se quiere significar que el plazo lo es para presentar la demanda ante el registro de entrada de los juzgados, esto es, para acceder a los órganos jurisdiccionales e impetrar la acción de la justicia iniciando el correspondiente proceso. Luego se incide en esa conexión directa con el futuro proceso que ya estableciera el TS en la sentencia de 10 de noviembre de 2004. Así las cosas se comprende que en recientes pronunciamientos de suplicación se explique la naturaleza del plazo de caducidad cómo asimilado a los plazos procesales en sentido estricto (STSJ de Madrid de 29 de marzo de 2005; SSTSJ Cataluña de 13 y de 29 de abril de 2005 y STSJ Andalucía/Sevilla de 18 de mayo de 2005).

Ahora bien, como apunta la Sala de lo Social del TSJ Cantabria en sus sentencias de 3 de mayo y de 4 de julio de 2005, el artículo 182.1 LOPJ no define su ámbito de aplicación por referencia a los plazos procesales sino que lo hace declarando el carácter inhábil de determinados días "a efectos procesales", o en otros términos, la norma que se comenta no pretende convertirse en precepto regulador de los plazos procesales específicamente sino que se erige en criterio rector de lo que son días inhábiles para las actuaciones procesales y a tal efecto considera inhábiles los sábados, los domingos, los días 24 y 31 de diciembre, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Autónoma o localidad, atribuyendo la misma naturaleza jurídica a todos ellos sin distinción alguna (STSJ de Cataluña de 13 de enero de 2005 y STSJ del País Vasco de 14 de junio de 2005)). A todo ello puede incluso añadirse que la propia ubicación sistemática del precepto (Libro III, Título I, Capítulo II LOPJ "Tiempo hábil para las actuaciones judiciales") avalaría la interpretación seguida en la doctrina de suplicación.

De lo expuesto se deduce por tanto que cuando en una controversia que se somete a los órganos del orden jurisdiccional social se suscita el tema de determinar si los sábados han de considerarse hábiles o inhábiles a los efectos del cómputo del plazo de caducidad de la acción entablada por el actor (20 días en caso de despido o 30 días en materia de Seguridad Social), procede la aplicación del artículo 182.1 LOPJ y en consecuencia debe excluirse de su cómputo los sábados, ya que si bien es cierto que no se trata de un plazo para efectuar actuaciones en el seno del proceso no puede desconocerse que dicho plazo se refiere al acto de presentación de una demanda impugnando un despido o, en su caso, para reaccionar contra la denegación expresa o presunta de la reclamación previa. En definitiva se trata de escritos que dan inicio al proceso y que materializan el ejercicio de la acción judicial correspondiente lo que resulta coherente con la solución de excluir a efectos procesales los sábados y festivos.

Llegados a este punto se observa que la jurisprudencia de las distintas Salas de lo Social acogen argumentos distintos para apoyar este extremo. Así, en primer lugar se trae a colación la problemática del artículo 135.1 LEC y su aplicación al proceso laboral para justificar también en el cómputo de los plazos la extensión de las reglas procesales al plazo de caducidad de la acción (STSJ de Madrid de 24 de enero de 2005 voto particular y STSJ de Andalucía/Sevilla de 18 de mayo de 2005), razonamiento que es rechazado de plano por otros pronunciamientos toda vez que el artículo 135.1 hace referencia a la presentación de escritos y no al cómputo de los plazos (SSTSJ de Cataluña de 1 de octubre de 2004 y de 13 de enero de 2005). En efecto, una cosa es determinar los días hábiles y en concreto el día final del plazo ( dies ad quem ) de, por ejemplo, 30 días para presentar una demanda de Seguridad Social al amparo del artículo 71.5 LPL (excluyendo los sábados por el carácter de inhábiles que le confiere el artículo 182.1 LOPJ), y otra distinta es verificar la actividad del actor en orden a la presentación de esa demanda sujeta a plazo para lo cual y siguiendo la STSJ del País Vasco de 15 de marzo de 2005 con cita de jurisprudencia emanada al respecto (SSTS de 1 de octubre de 2002, RA 12666 y de 26 de febrero de 2003, RA 3259), tiene un doble camino alternativo y sucesivo en el tiempo: a) el último día del plazo y en horas en que ya no esté abierto el registro de los Juzgados de lo Social, ante el Juzgado de Instrucción en funciones, si se acoge al sistema del artículo 45 de la LPL; y b) hasta las quince horas del día siguiente hábil, en el registro de los Juzgados de lo Social o en el General que se haya establecido, al amparo de lo dispuesto en el artículo 135.1 LEC. Con lo que se consigue facilitar el acceso del ciudadano a la justicia al tiempo que beneficiar al trabajador en el ejercicio de acciones sometidas a plazos tan breves como puede ser los veinte días del despido, dando así cobertura al llamado principio pro actione.

De otra parte, determinados pronunciamientos de suplicación distinguen en el plazo de caducidad dos tramos y además le aplican distinto régimen. A saber, entienden estos pronunciamientos que por un lado hay que distinguir un tramo comprendido por el plazo anterior a la solicitud de conciliación administrativa o de la reclamación previa, y por otro lado un tramo posterior que comprendería el plazo anterior a la presentación de la demanda o ejercicio de la acción judicial. En ese orden, la STSJ de Murcia de 16 de mayo de 2005, sostiene que el plazo de la acción de despido actúa en dos fases: una administrativa (hasta la presentación de la papeleta de conciliación y práctica del acto conciliatorio) a la que califica de "extraprocesal" y "de obligado cumplimiento" de conformidad con los artículos 63 a 68 de la LPL, y otra judicial, que se inicia a partir de la celebración del acto de conciliación. En virtud de ello concluye que "el cómputo de los plazos no es igual en el ámbito administrativo que en el ámbito judicial" razón por la cual considera viable aplicar a la fase judicial la declaración de días inhábiles del artículo 182.1 LOPJ, pero no a la fase administrativa a la que entiende de aplicación las normas concordantes de la Ley de procedimiento administrativo, Ley 30/92 (con similares argumentos puede verse la STSJ de Castilla La Mancha de 10 de marzo de 2005). Frente a esta tesis se alzan otras decisiones judiciales que no comparten esta interpretación; es el caso de las ya citadas SSTSJ de Valencia de 15 de abril de 2005, de Cantabria de 3 de mayo de 2005, de Madrid de 17 de mayo de 2005 o de Andalucía/Sevilla de 18 de mayo de 2005, que entienden que el marco de referencia debe ser el artículo 182.1, puesto que el plazo se refiere al ejercicio de un acción judicial (la presentación de una demanda) y no a la presentación de escritos o solicitudes ante organismos administrativos, actividad que por lo demás ha sido declarada compatible por el TC con las exigencias de tutela judicial efectiva (SSTC 217/1991, 65/1993, 120/1993, 94/1997).

Finalmente, debe señalarse que incluso este argumento basado en la distinción de tramos o fases es rechazado por la STSJ de Madrid de 24 de enero de 2005 que curiosamente opta por mantener la anterior doctrina del TS considerando la reforma del artículo 182.1 LOPJ limitada al ámbito del proceso y excluyendo aquellas actuaciones anteriores al inicio del mismo, si bien debe tenerse en cuenta que dicha sentencia cuenta con un voto particular que disiente del parecer mayoritario.

Resulta pues obvio a la vista de las consideraciones efectuadas, que son mayoritarias las decisiones de las Salas de lo Social de los TSJ que siguen la doctrina unificada en torno a la aplicación del artículo 182.1 LOPJ en la nueva redacción operada por la Ley 19/2003, por lo que es de esperar que en la práctica acabe imponiéndose dicho precepto como regulación general sobre días hábiles o inhábiles.

 

 
UPF, Barcelona