Universitat Pompeu Fabra  
IUSLabor
03/2005
""Portada | Numeros anteriores | Miembros
BUSCADOR

Daño derivado de Accidente de trabajo y deducción del capital-coste de las prestaciones de seguridad social: una clara opción a favor de los intereses empresariales y en contra de la prevención de riesgos laborales. Comentario a la STS UD de 9 de febrero de 2005

 

Dr. Manuel Luque Parra

Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Universidad Pompeu Fabra de Barcelona

 

 

1. Hechos

Nos encontramos ante un trabajador (Sr. Bernardo) que prestando servicios como Peón Especializado en la empresa Nexso Entrecanales Cubiertas, S.A. sufrió un accidente de trabajo el 18 de mayo de 1998 mientras participaba en una obra para la construcción del gaseoducto Llanera-Navia. Las lesiones generadas por dicho accidente supusieron el reconocimiento al trabajador de una situación de IPA con efectos 1 de enero de 2000.

Sin ser necesario a los efectos de este comentario valorar las circunstancias del accidente ni la corrección de la apreciación judicial de culpa empresarial a los efectos del establecimiento de una indemnización de daños y perjuicios, no obstante para completar el escenario de análisis debe señalarse que existe una resolución (firme) de recargo de prestaciones (50%), y una sentencia (también firme) absolutoria de todo tipo de responsabilidad penal de los representantes y mandos de la empresa implicados en el accidente.

En suma, el interés de la sentencia que se comenta se centra en determinar si las prestaciones de Seguridad Social abonadas por lesiones derivadas de accidente de trabajo son deducibles, o no, de la indemnización que hubiera de asignarse al trabajador accidentado como resarcimiento de daños y perjuicios fundado en responsabilidad por culpa civil del empresario.

A tales efectos, he de señalar que la sentencia de instancia desestimó la demanda – social - por daños y perjuicios por considerar la procedencia de dicha deducción, “habiéndose agotado en este caso la cuantía indemnizatoria total mediante las prestaciones de Seguridad Social deducibles, ya abonadas al demandante, e incluyendo entre ellas el capital coste de la pensión constituido por la mutua aseguradora del riesgo de accidentes de trabajo para el pago de la pensión por invalidez permanente reconocida” .

No obstante, en suplicación el TSJ de Asturias estimó el recurso interpretando que no cabe deducir las prestaciones de seguridad social de la indemnización de daños y perjuicios que se decida.

2. Fundamentos de Derecho

Apreciada por el Tribunal Supremo la contradicción existente entre la sentencia de suplicación referida y la invocada por el recurrente (STS de 17 de febrero de 1999), opta finalmente por seguir la doctrina expuesta en ésta última, esto es, la defendida en el caso de autos en primera instancia y, consiguientemente, declara no sólo la necesidad de descontar de la indemnización civil las prestaciones de seguridad social vinculadas al accidente de trabajo, sino que tal detracción debe hacerse en base a su “capital-coste”.

En este punto, el primer aspecto que llama la atención es que el Tribunal no es consciente – o parece no serlo - de la novedad de su pronunciamiento, llegando incluso a afirmar que está siguiendo una jurisprudencia ya asentada en las sentencias: de 10 de diciembre de 1998 , de 30 de septiembre de 1997, de 2 de febrero de 1998, de 2 de octubre de 2000, de 3 de junio de 2003. Una afirmación que no es correcta, por cuanto una cosa es que todas estas sentencias declaren la compatibilidad y descuento de las prestaciones de seguridad social respecto de la cuantía de indemnización de daños y perjuicios que pueda establecerse, y otra cosa muy distinta es que dichas sentencias digan – que no lo hacen – que tal descuento debe realizarse en base al “capital-coste” de la prestación de seguridad social a percibir.

Así el Tribunal Supremo afirma que:

 

“En suma, las prestaciones de Seguridad Social no agotan la indemnización total que pudiera proceder en concepto de responsabilidad civil por culpa o negligencia del empresario en la producción de un accidente de trabajo, pero se integran en ese total indemnizatorio y son , por lo tanto , deducibles del importe que hubiera tenido que abonarse si no hubieran existido tales prestaciones , ya que las mismas no alteran ese importe total y no pueden adicionarse al mismo porque se produciría un exceso carente de causa, como resulta evidente si se tiene en cuenta que el asegurado social percibiría indemnización superior a quien no estuviese cubierto por tal aseguramiento y hubiese sufrido daño equivalente por culpa también equiparable. Puesto que el importe acreditado y no controvertidamente abonable como responsabilidad civil total es inferior al de las prestaciones deducibles en el presente caso, no existe diferencia alguna susceptible de pago ”.

Determinando que con relación a la forma de descuento que el capital coste de la pensión de invalidez permanente es la cuantía correspondiente a tal pensión , obviamente, y por ello mismo incursa en las prestaciones deducibles de la indemnización total reclamada según la doctrina expuesta, ya que es la forma de comparar y compensar prestaciones de tracto único y de tracto sucesivo , mediante la capitalización correspondiente a esta última, sin que haya razón para aplicar tratamiento distinto a las de uno y otro carácter”.

 

3. Valoración

 

Seguramente no descubro nada a nadie si afirmo que las formas de valorar y compensar el daño derivado de un accidente de trabajo es uno de los temas más controvertidos de nuestro panorama jurídico. Y, sin duda, sentencias como la que se comenta no hacen más que aumentar, digamos, la confusión.

Superada ya, a pesar de los esfuerzos de algunos, la controversia en torno al descuento o acumulación del recargo, era claro que tarde o temprano debía abordarse en sede casacional la problemática sobre el descuento o acumulación de las prestaciones de seguridad social – y, en mi opinión, de las mejoras voluntarias. Una necesidad que, al menos con relación a las prestaciones de seguridad social, no se derivaba tanto de decidir cuál era el sistema de coordinación entre la responsabilidad civil y dichas prestaciones, pues era y es homogénea la doctrina judicial a favor de la técnica descuento, como en determinar el modo en que dicho descuento debe realizarse.

Pues bien, como ya se ha expuesto, el Tribunal Supremo realiza dos afirmaciones, una que es novedosa, y otra que también lo es pero exceso. Con todo, ni una ni otra las comparto.

Empezando por la novedad, el Tribunal Supremo postula que la cuantía deducible de la indemnización total por daños y perjuicios derivados de un accidente de trabajo ha de ser “el capital-coste”, “ ya que es la forma de comparar y compensar prestaciones de tracto único y de tracto sucesivo” . Salvo error u omisión, creo que es la primera vez que el Tribunal Supremo se pronuncia sobre cómo y qué cuantía descontar la prestación de seguridad social que perciba el trabajador – o sus beneficiarios – solicitante de una indemnización de daños y perjuicios.

Ello no quiere decir que nuestros tribunales hasta el momento hayan tenido una posición clara al respecto, puesto que lo cierto es que es fácil encontrar sentencias que descuentan el capital-coste, otras que descuentan la cuantía de las prestaciones a percibir por el trabajador (siempre menor que el capital coste), u otras que sencillamente no nos dicen los criterios de detracción.

En cualquier caso, la posición del Tribunal Supremo es clara y sus efectos, como siempre que se toma en cuenta el capital-coste, también: dicha cantidad supera la cuantía de indemnización apreciada con relación al daño profesional, lo que comporta que ninguna cantidad sea debida por el empresario en concepto de indemnización por daños y perjuicios.

En este contexto, mis dudas no son tanto – o no sólo - si la prestación de seguridad social debe detraerse en su capital-coste o siguiendo otro sistema de descuento (cuantía de las prestaciones a percibir, una cantidad del capital-coste…), sino también si las prestaciones de seguridad social se deben o no descontar.

A estas alturas, nadie discute que la indemnización civil debe reparar tanto los daños patrimoniales como los morales, y que – entre los primeros – nos encontramos los daños relacionados con las pertenencias del trabajador en el momento del accidente, los derivados de los gastos de curación y la pérdida de salarios presente y futura (LUQUE PARRA, 2002, p. 51). Siendo así, es dificilmente explicable que la toma en consideración de las prestaciones de seguridad social pueda realmente llegar a anular/neutralizar la indemnización civil por daños y perjuicios cuando dichas prestaciones son sustitutivas – normalmente, de manera parcial – de salarios dejados de percibir ad futurum.

Esto es, si computando el capital-coste de la pensión que perciba el trabajador se concluye, como es el caso, que la cuantía del daño a resarcir ha sido – o será – totalmente compensada por la seguridad social al tomarse en cuenta el capital-coste de la prestación, ¿cómo se han valorado los daños patrimoniales directos (pertenencias del trabajador en el momento de accidente)?, ¿y los daños morales?, ¿se ha tenido en cuenta la proyección profesional futura del trabajador en cuanto a la cuantificación del potencial salario dejado de percibir?... En suma, incluso de aceptarse la posición del Tribunal Supremo con relación a la detracción del captital-coste, es técnicamente imposible que dicha cantidad pueda neutralizar toda la indemnización de daños y perjuicios. Cuando eso sea así, como en el presente caso, es que algo falla, alguién ha hecho mal las cuentas, …

Además, es ciertamente discutible que la cantidad a detraer sea el capital-coste de la prestación, por cuanto como muy bien señala la STSJ del País Vasco de 22 de febrero de 2005 (JUR 97032), “el capital coste de la pensión no es una cantidad percibida por el trabajador, ya que ésta dependerá del tiempo que sea beneficiario de la misma (que puede ser muy reducido, si su derecho a la misma se extingue pronto por cualquiera de las causas previstas para ello, como su muerte, revisión por mejoría, etc.), sino que únicamente constituye el importe inicial que ha de abonar el responsable de la misma a la Tesorería General de la Seguridad Social, que no al beneficiario, y es independiente de lo que éste acabe recibiendo, al estar calculado con técnicas actuariales fijadas en función de la expectativa de vida determinada por su edad. Errores que se patentizan cuando se advierte que, como aquí sucede, ese capital coste resulta muy superior a la totalidad de la indemnización fijada conforme al Anexo, cuando éste quiere compensar al accidentado por los perjuicios que el accidente le ha ocasionado en todos los órdenes de su vida y esa pensión únicamente trata de compensar, y sólo parcialmente, el concreto perjuicio que supone al trabajador la imposibilidad de ejercer su profesión habitual”.

Pero voy más allá, ¿ cómo se puede descontar la totalidad de una prestación de seguridad social, cuando una parte de la misma está siendo cotizada por el trabajador, colaborando por tanto a pagar parte de la indemnización que debe pagar el empresario? . Claro que alguien me podría decir que las contingencias profesionales sólo son cotizables por el empresario, a lo que habría que re-preguntar porqué entonces no se descuenta sólo el diferencial entre la prestación pública por contingencias profesionales y la que hubiese percibido por contingencias comunes, pues sólo ese diferencial es el que se percibe por haber sufrido un Accidente de Trabajo. Lo contrario, vuelvo a repetir, nos lleva inexorablemente a que el trabajador colabora en reducir el quantum indemnizatorio del sujeto infractor y, entonces, no se si con ello se está evitando o no un enriquecimiento injusto del trabajador, pero de lo que sí estoy seguro es que con ello el sujeto que daña no paga la totalidad del daño …, algo – entiendo - contrario a la esencia y concepción de la indemnización de daños y perjuicios.

Y es que, al final, todo es una cuestión de optar por primar los intereses del trabajador-víctima o del empresario-infractor, pues de detraerse las prestaciones de seguridad social únicamente en la cuantía que diferencia la prestación profesional de la común, el trabajador estaría percibiendo una cuantía superior del daño padecido (¿enriquecimiento injusto?). Lo contrario, en cambio, nos lleva a que el empresario pagará menos del daño provocado, por lo que la finalidad preventiva-resarcitoria de la indemnización civil perderá todo su contenido, y seguirá siendo verdad la máxima de que sale más barato no hacer prevención que hacerla.

Así, en este comentario, no estoy poniendo sólo en duda que la prestación de seguridad social deba descontarse en su capital-coste (aportación excesivamente novedosa del Tribunal Supremo), sino – incluso – que deban detraerse tales cantidades. Y es que al igual que no se detraen las cantidades que percibe el trabajador por la existencia de un seguro privado o un plan y fondo de pensiones individual, tampoco es razonable que se descuente el capital-coste de la pensión pública a percibir cuando sólo una mínima parte de ésta responde a la existencia de una contingencia profesional, dado que de existir una contingencia común se percibiría dicha prestación en una cuantía sensiblemente inferior. De hecho, ésta es la propia lógica de la cotización por contingencias profesionales, en el sentido de que sólo el empresario debe asumir el coste de la cotización.

No obstante, tampoco quiero dejar pasar la ocasión para hacer referencia a otro debate cuyas consecuencias actuales, en mi opinión, son tan o más graves dada la inexistencia de crítica alguna al respecto, como es que las prestaciones derivadas de compromisos por pensiones o de mejoras voluntarias se tienen que descontar del quantum indemnizatorio.

Siendo cierto que el coste de dichas prestaciones complementarias es asumido por el empresario (si bien en muchas ocasiones el trabajador puede hacer aportaciones), considero que es un error (grave error) su detracción por cuanto dichas prestaciones no están compensando el daño profesional acontecido por mucho que sean mejoras de las prestaciones públicas derivadas de un Accidente de Trabajo.

En este punto, el lector se estará preguntando qué es sino el daño profesional lo que están compensando….

Pues bien, cualquiera que haya participado directa o indirectamente en un proceso negociador en que se incorporen mejoras voluntarias conocerá que la “compensación” real del establecimiento de dichas mejoras – profesionales o comunes - suele ser una mayor flexibilidad de tiempo de trabajo, o un incentivo de la permanencia en la empresa, o siendo una especie de salario indirecto diferido o, en fin, una forma de buscar una paz social a corto, medio o largo plazo.

De ser así, el descuento de las mejoras voluntarias una vez acaecido el accidente de trabajo y cuantificada la indemnización de daños y perjuicios provoca que al trabajador le estén descontando dicha cantidad dos veces, una buscando su flexibilidad de tiempo de trabajo, o su permanencia en la empresa, o…. y otra cuando tiene un accidente de trabajo. Nuevamente, nos encontramos con una interpretación judicial, bien es cierto que no discutida por nadie, que no favorece la lógica resarcitoria de la indemnización civil, optando por la interpretación más beneficiosa paral os intereses empresariales.

En suma, toda esta discusión se reduce a una cuestión muy simple como es tratar de equilibrar que ante un accidente de trabajo del que se derive una indemnización de daños y perjuicios, el trabajador no perciba más del daño irrogado y el empresario no pague menos del daño causado. La experiencia muestra que este equilibrio es muy difícil de obtener en base a las técnicas del descuento o de la acumulación (sí se obtendría con la técnica de la subrogación, aunque su gestión sea compleja: LUQUE PARRA, 2002, pp. 185 y ss), pero ello no justifica que el desequilibrio, con la excepción del recargo, siempre favorezca a garante de la seguridad, permitiendo que finalmente pague menos del daño causado. Sin duda, todo un despropósito avalado judicialmente.

 
UPF, Barcelona